Manifiesto del gobierno a la Nación

Epílogo

A pesar de que se han mencionado en este manifiesto, los negocios más importantes que han ocurrido durante la existencia del actual gobierno, ni han podido tocarse otros de menor categoría, ni aun los relacionados han podido presentarse con el desarrollo correspondiente. Cuando se reuna el congreso constitucional a cuya elección va a procederse dentro de poco, cada una de las secretarías del despacho dará cuenta circunstanciada de los asuntos de su incunbencia, comprendiendo en ella, no solamente los que hubiere en adelante, sino los ocurridos ya.

El gobierno juzga excusado entrar aquí en explicaciones acerca del programa que se propone seguir. Cuando se encargó del poder manifestó sus ideas en este punto; y los hechos, cuya elocuencia es siempre muy superior a la de las palabras, han demostrado ya si las promesas hechas han tenido cumplimiento en cuanto ha cabido en la posibilidad. Hoy, pues, se limitará a decir unas cuantas palabras en esta línea.

El primer deber del gobierno, así como su mas vivo deseo, es el de conservar la independencia y la integridad nacional, y tiene por lo mismo la más firme e indestructible decisión de no entrar en arreglo ni celebrar negocio alguno, que pueda poner una u otra en peligro. Antes que dar un sólo paso en ese sentido, preferiria mil veces caer.

Indulgente el gobierno con los reaccionarios, los ha perdonado, una, dos y tres veces, llenando así lo que ha considerado un deber de humanidad y de conveniencia pública. No es de creerse que nuevas sublevaciones perturben la tranquilidad conquistada a costa de tantos esfuerzos; pero si así fuere, no seria ya posible seguir obrando como hasta aquí. Si el perdon generoso otorgado a los vencidos, encuentra por recompensa la repetición de asonadas escandalosas, se reprimirán severamente, sin apartarse en un ápice de la observancia de las leyes aplicables al caso, pero sin dispensarlas tampoco en favor de nadie. A la clemencia succederá la energía: no habrá ya concesiones de indultos; y del castigo que se aplicará irremisiblemente, por grave que sea, no podrán quejarse los que obliguen por su culpa a la autoridad suprema, a desplegar el rigor necesario para la salvación de la sociedad.

Y este estricto cumplimiento de las leyes se hará extensivo a todos los negocios que ocurran. Convencido el gobierno de que una de sus principales obligaciones es no tolerar la impunidad de ningún delincuente, porque todo órden, todo progreso es imposible si se tuerce o se quiebra la vara recta de la justicia, está decidido a someter a juicio a cuantos falten a sus deberes, sin que lo detengan consideraciones personales ni miramientos de ninguna clase. Los tribunales fallarán lo que estimen justo, en la causa de cada acusado, y sus sentencias se ejecutarán en los términos en que sean pronunciadas.

El gobierno cuenta con el auxilio de la Divina Providencia, que implora fervientemente, para que lo guie por la senda escabrosa que tiene aún que atravesar. Conociendo cuán fácil es extraviarse, teme no tener siempre el acierto que tanto desea; pero cuando le falte, será por error y no por mala intención, pues afirma con la mano sobre el corazón, y poniendo por testigo de su veracidad al Ser Supremo para quien nada hay oculto, que ni uno sólo de sus actos dejará de tener por único y exclusivo objeto, la prosperidad, el engrandecimiento, la felicidad de la nacion.

México, Marzo 4 de 1857.
Ignacio Comonfort, presidente la República.
Ezequiel Montes, ministro de relaciones esteriores.
Ignacio de la Llave, ministro de gobernacion.
José M. Iglesias, ministro de justicia, negocios eclesiásticos e instruccion pública.
Manuel Siliceo, ministro de fomento, colonizacion, industria y comercio.
Juan Soto, ministro de guerra y marina.
Juan Antonio de la Fuente, ministro de hacienda y crédito público.