Capítulo 8

Antes de la revolución de 1789, la sociedad y el gobierno -constituidos sobre el principio de autoridad- tenían una forma jerárquica. La misma Iglesia -a despecho de los sentimientos de igualdad democrática de que está esmaltado el Evangelio- había reconocido esa escala de condiciones y de fortunas, fuera de la cual no se concebía sino la nada. En el sacerdocio como en el estado, en el orden económico como en el político, reinaba sin oposición una ley que se consideraba como la expresión de la justicia misma: la ley de la subordinación universal. No se levantaba contra ella ni una sola protesta -tan racional y hasta divina parecía- y no creaba, sin embargo, felicidad. La penuria era general: el obrero de la ciudad como el bracero del campo, reducidos a un salario mínimo, se quejaban de la dureza del maestro, del noble o del clérigo. El maestro a su vez, a pesar de sus derechos y de su monopolio, se quejaba del impuesto, de las usurpaciones de sus cofrades, de los curiales y de los curas. El noble se arruinaba y teniendo sus bienes empeñados o vendidos, no encontraba otro recurso que su propia prostitución o el favor del príncipe. Cada cual buscaba y solicitaba mejorar su mala suerte, ya por medio del aumento de sueldos y salarios, ya por el de los beneficios. Este pedía la reducción del precio de un arriendo que aquél encontraba todavía insuficiente; los más favorecidos, los curas beneficiados y los negociantes, eran los más descontentos. En breves palabras, la situación era intolerable; tanto, que acabó por una revolución.

Después de 1789, la sociedad ha sufrido un cambio inmenso y sin embargo la situación no parece mejor. Hoy más que nunca piden todos buen alojamiento, mejor alimentación, vestimenta digna y mucho menos trabajo. Los obreros se organizan (1) y se declaran en huelga para que se les reduzca las horas de trabajo y se les aumente los salarios. Los maestros, obligados -según se dice- a ceder por ese lado, buscan economías en la producción a expensas de la calidad de los productos. Hasta los parásitos se quejan de que sus prebendas no les alcanzan para cubrir las necesidades de la vida.

Para asegurarse la disminución de trabajo -a la que ante todo aspiran-, mantener su salario en alza y perpetuarse en un cómodo statuo quo, los obreros no se limitan a organizarse contra sus maestros; se organizan en ciertos puntos contra la concurrencia de los trabajadores de afuera, a quienes prohíben la entrada en sus ciudades; se combinan contra el uso de las máquinas y se ponen en guardia contra la admisión de nuevos aprendices, vigilando a los amos, intimidándolos y cohibiéndolos por medio de una policía oculta e inquebrantable.

Los maestros, por su parte, no quedan debiendo nada a los trabajadores. Es la lucha del capital contra el salario, lucha en que la victoria está guardada, no para los grandes batallones sino para las grandes bolsas. ¿Quién resistirá por más tiempo la huelga: la caja del amo o el estómago del obrero? A la hora en que escribo, la guerra es tan viva en ciertos puntos de Gran Bretaña, que se teme que el libre cambio --concedido e inventado para el triunfo del capitalismo inglés- se vuelva contra Inglaterra misma, cuyo pueblo, cuya organización y cuyos medios distan de tener la flexibilidad que los distingue en Francia.

Convendría, no obstante, salir del paso, buscar remedio a un mal tan grave. ¿Qué dirá la ciencia, la ciencia oficial? Afortunadamente nada: nos aburre con su eterna ley de la oferta y la demanda, ley falaz en los términos en que se la formula; ley inmoral, útil solamente para asegurar la victoria del fuerte contra el débil.

Y la mutualidad, de que nos hemos servido ya para reformar los seguros y hacer una corrección feliz en la ley de la oferta y la demanda, ¿no puede tampoco decirnos nada?; ¿cómo aplicarla al trabajo y al salario?

En las zonas forestadas, cuando a la entrada del invierno se realiza la poda de los montes, los labradores se reúnen y van juntos al bosque. Unos derriban los árboles, otros forman los haces de leña, algunos cortan duelas, los niños y las mujeres recogen las astillas; finalmente, hechos los lotes, se pasa al sorteo. Hay aquí trabajo en común, hasta asociación, si se quiere, pero no aplicación de la mutualidad al trabajo y al salario.

Un incendio acaba de devorar un pueblo. Todo el mundo se ha sacrificado para conjurar el desastre; se han salvado algunos muebles, algunas provisiones, ganado, aperos. Es necesario, ante todo, reedificar las casas. Los habitantes se unen y se reparten el trabajo. Unos abren cimientos, otros se encargan de la albañilería, algunos de la carpintería. Poniendo todos el hombro al trabajo, la obra adelanta rápidamente y cada familia recobra su casa. Por haber trabajado todos para todos y por haber sido recíproca la asistencia, se ve ya cierto carácter de mutualidad en la tarea. Pero ese mutualismo no ha podido existir sino bajo una condición: la reunión de todos los esfuerzos y la fusión de todos los intereses, pero por un tiempo determinado y de suerte que tenemos más una asociación temporal que una mutualidad.

Para que haya mutualidad perfecta es preciso que cada productor, contrayendo una obligación formal y determinada para los demás -que por su parte contraerán otra igual para con él-, conserve su plena independencia de acción, su completa libertad de conducta y su personalidad integra, puesto que, según la etimología, la mutualidad consiste más en el cambio de los servicios y de los productos que en la reunión de las fuerzas y en la comunidad de los trabajos.

La reunión de las fuerzas, del mismo modo que la separacion de las industrias, es un poderoso medio económico. No lo son menos, en ciertos casos, la asociación y la comunidad. Mas nada de todo esto es aún mutualismo ni podría resolver el problema del trabajo libre y del salario justo. Es precisamente ese problema -una aplicación esencial de la mutualidad- el que debemos tratar en este momento.

Para llegar a nuestro objetivo, hemos de recorrer un camino bastante largo y servirnos de más de una idea.

1.- Desde 1789, Francia es una democracia. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley civil, política y económica. La antigua jerarquía ha sido arrasada, el principio de autoridad se ha desvanecido ante la declaración de los derechos del hombre y el sufragio universal. Todos poseemos el derecho de propiedad, el de industria, el de concurrencia; últimamente se nos ha dado el de coalición y el de huelga. Esa adquisición de nuevos derechos que habría podido pasar en otros tiempos por una rebelión, ese progreso democrático, es un primer paso hacia la constitución mutualista de la nación. Nada ya de discriminaciones, nada ya de privilegios de raza ni de clase, nada ya de preocupaciones de rango; nada, por fin, que se oponga a la libertad de contratación entre todos los ciudadanos, todos ya iguales. La igualdad de las personas es condición fundamental de la igualdad de las fortunas, que no puede surgir sino de la mutualidad, de la libertad misma.

No es, empero, menos obvio que esa ecuación política tampoco nos da el medio de descifrar el enigma. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre el derecho electoral y la determinación justa del salario?, ¿entre la igualdad ante la ley y el equilibrio de los servicios y los productos?

2.- Una de las primeras ideas que haya concebido la Francia democrática ha sido la de una tarifa. Las leyes de maximum son esencialmente revolucionarias. Así lo quiere el instinto del pueblo y ese instinto no deja de tener un lado eminentemente jurídico y reflexivo. Hace mucho tiempo que he preguntado por primera vez -sin que nadie me haya respondido- ¿cuáÍ es el justo precio de un par de zuecos?, ¿cuánto vale el jornal de un carretero?, ¿cuánto el de un cantero, el de un veterinario, el de un tonelero, el de una costurera, el de una oficial cervecero, el de un comisionista, el de un músico, el de una bailarina, el de un peón, el de un mozo de cuerda? Porque es evidente que si lo supiésemos, tendríamos decidida la cuestión del trabajo y de los salarios: nada más fácil entonces que hacer justicia, brindando bienestar y seguridad para todos. ¿Cuánto, por la misma razón, deberían costarnos el médico, el notario, el magistrado, el profesor, el general, el sacerdote? ¿Cuánto deberíamos dar a un príncipe, a un artista, a un compositor de música? ¿Cuánto es justo que el capitalista --suponiendo que exista- gane sobre el salario del obrero? ¿Cuánto habrá que concederle por sus derechos de maestro?

La oferta y la demanda, contesta imperturbablemente el economista de la escuela inglesa, el discípulo de A. Smith, Ricardo y Malthus. ¿No es esto irritante hasta la brutalidad? Todo oficio debe producir al menos lo necesario para cubrir las necesidades del que lo ejerce; si no es así, se lo abandona y no sin razón. Aquí tenemos ya para el salario, y para el trabajo, un primer límite, un minimum, más acá del cual no es posible retroceder. No hay oferta ni demanda que valga: es indispensable poder vivir trabajando, como decían en 1834 los obreros lioneses. Si se puede mejorar ese minimum, tanto mejor; no envidiemos al obrero el bien que logre por medio del trabajo. Mas en una sociedad en que las industrias son una desmembración de otras, y los precios de los objetos ejercen unos sobre otros una constante influencia, es claro que no puede ir muy lejos el alza. Cada uno combate la ambición de su prójimo, viendo que el alza del salario para éste es necesariamente una pérdida para aquél, cualquiera sea la buena voluntad que tengamos todos. Nuestra cuestión equivale, pues, a decir: encontrado el minimum de los gastos necesarios para la vida del obrero, y suponiendo posible semejante determinación, búsquese la norma del salario o la condición de aumento del bienestar general.

Dejemos, pues, a un lado el maximum, los aranceles, los reglamentos y todo el aparato de 1793; no se trata ya de eso. La revolución, democratizándonos, nos ha lanzado por las vías de la democracia industrial, primero e importante paso. Ha surgido de ahí una segunda idea: la determinación de los trabajos y de los salarios. En otro tiempo esta idea habría sido escandalosa, pero hoy es muy lógica y legítima; no la abandonemos.

3.- Para apreciar equitativamente el jornal de un trabajador, es preciso saber de qué se compone, qué cantidades entran en la formación del precio y si no hay en él elementos extraños, valores negativos.

En otros términos, ¿qué entendemos comprar y qué debemos lealmente pagar por el jornal de un obrero, de cualquiera que nos preste un servicio?

Lo que entendemos pagar a la persona de quien reclamamos un servicio, lo que entendemos exclusivamente adquirir, es el servicio mismo, ni más ni menos.

En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan claras. Hay circunstancias en que pagamos, sobre el valor del servicio obtenido, un tanto por el rango, el nacimiento, la nobleza, los títulos, los honores, las dignidades, la fama del funcionario. Así un magistrado de audiencia cobra un sueldo de 4.000 francos, mientras un presidente cobra 15.000. Un jefe de sección en un ministerio gana 15.000 francos y un ministro, 100.000. Así los sacristanes de las parroquias rurales cobran 850 francos, al paso que los obispos reciben por lo menos 20.000. Un primer actor del teatro francés o de la Opera exige por año 100.000 francos de sueldo fijo y no sé cuántos gajes, y su suplente no tendrá por mes sino 300. ¿Cuál es la razón de esas diferencias? La dignidad, el título, el rango, no sé qué de metafísico y de ideal que, lejos de poder ser pagado, repugna que sea materia de venta.

Mientras aumenta la renta de unos por la fama que se les fomenta, otros -los más- ven reducir a la nada su salario por el desprecio que se hace de sus servicios y el estado de indignidad en que sistemáticamente se les tiene. Unos son el reverso de la medalla de los otros. La aristocracia supone la servidumbre: para aquélla la opulencia; para ésta, las privaciones. En todo tiempo se ha negado al esclavo el derecho a sus propios productos. Así fue con el siervo feudal, de quien el señor tomaba hasta cinco días de trabajo por semana, dejándole sólo uno -pues el domingo estaba consagrado a Dios- para atender a su sustento. La libertad del obrero para disponer de su trabajo y de los productos de su trabajo data sólo de 1789. ¿Acaso se cree que no hay aún entre nosotros trabajo servil? No diré que haya trabajo absolutamente gratuito -¿quién se había de atrever a exigirlo?- ¡pero sí trabajo pagado por debajo de las necesidades primordiales de la vida y del simple respeto de la humanidad! Los que sobre este punto abriguen todavía alguna duda no tienen más que abrir el libro de Pedro Vincard (2). Nuestras fábricas, nuestros talleres, nuestras manufacturas, nuestras villas y nuestras ciudades rebosan de gente que vive con menos de 60 céntimos diarios; se dice que algunos no llegan a tener ni 25. La descripción de esas miserias es una vergüenza para la humanidad y revela la profunda mala fe de nuestra época.

Se me alegará que en todo esto no se trata sino de excepciones más o menos felices o infelices; que las naciones tienen a honra y gloria pagar bien a sus reyes, a sus príncipes, a sus magistrados, a sus grandes funcionarios, a sus talentos ilustres; que no es racional asimilar al vulgo de los industriales y de los braceros.

Pero al ir bajando la escala social, se observará con sorpresa que en todas las profesiones los hombres se juzgan del mismo modo. El médico y el abogado, el zapatero y la modista, cobran su popularidad y hay gentes que cotizan hasta su probidad, como la cocinera que por un salario mejor prometía renunciar a la sisa. ¿Qué hombre hay que no se estime en algo más que sus pares ni se imagine honrarlos, aun trabajando para ellos lucrativamente? Siempre que se trata de fijar el salario, si es el mismo productor el que lo fija, aparecen dos partes: la del personaje, quia nominor leo (3) y la del obrero. Hay en Francia cien cirujanos a quienes no habría inmutado extraer la bala del pie de Garibaldi, mas para un herido ilustre hacía falta un médico célebre. Garibaldi ha parecido con esto diez veces más heroico y el Dr. Nélaton, diez veces más hábil. Para cada uno el hecho ha sido un reclamo: así va el mundo económico.

Ya, pues, que estamos en plena democracia, ya que gozamos todos de los mismos derechos, ya que la ley nos dispensa a todos favor y consideración iguales, pienso que cuando nos ocupemos de negocios, debemos prescindir de toda preferencia y poniendo recíprocamente a precio nuestros servicios, no tomar en cuenta sino el valor intrínseco del trabajo.

La utilidad es equivalente a la utilidad.

La función, equivalente a la función.

El servicio, al servicio.

El jornal de trabajo, al jornal.

Y por lo tanto el producto no puede sino quedar pagado por un producto que haya costado otro tanto de fatiga y de gasto.

Si en semejantes tratos hubiese que hacer alguna gracia, no sería por cierto a los trabajos brillantes, agradables y honoríficos que todo el mundo codicia, sino -como ha dicho Fourier (4)- a esos trabajos penosos que chocan con nuestra delicadeza y repugnan al amor propio. A un ricacho le da el capricho de tomarme por ayuda de cámara; y no quiero -me diré yo- necios oficios, propios tan sólo de necios. Los cuidados que se dispensan a las personas son, más que trabajos de utilidad, actos caritativos que ponen al que los ejerce por encima del que los recibe. Como yo no quiero que se me humille, no me resignaré a prestar mis servicios si no me paga el 50 por ciento de su renta el que desee que yo sea su criado. Sin esto salimos de la fraternidad, de la igualdad, de la mutualidad y hasta de la moral y de la justicia. No somos ya demócratas; somos una sociedad de criados y de aristócratas.

Pero no es cierto -se me dirá- que se equivalgan las funciones, ni los servicios, ni los jornales de trabajo. Sobre este punto la conciencia universal protesta y declara que sería inicua vuestra mutualidad. Querámoslo o no, es pues, indispensable que nos atengamos a la ley de la oferta y la demanda, modificada -en lo que tiene de feroz y de falsa- por la educación y la filantropía.

Me avergonzaría que se afirmara que los industriales, los funcionarios, los científicos, los negociantes, los obreros, los labradores -todos los que trabajan y producen- son unos hacia otros como animales de género diferente y de especie desigual, entre los que no cabe comparación posible. ¿Qué es la dignidad de la bestia de carga comparada con la del hombre? ¿Qué medida común hay entre la servidumbre de aquélla y la noble y libre acción de ésta? Así arguyen los que sostienen la teoría de la desigualdad. A sus ojos, no habría entre un hombre y otro menos distancia que entre un hombre y un caballo. Deducen, por tanto, que no sólo son inconmensurables los productos del trabajo humano sino que hasta los hombres mismos -por más que se haya dicho en contrario- son desiguales en dignidad y en derechos y que cuanto tienda a nivelarlos queda destruido por la naturaleza de las cosas. En eso -falsean-, en esa desigualdad de las personas, está el origen de las diferencias de rango, condición y fortuna.

El que, por interés y vanidad aborrece la verdad es siempre fácil que se pague de frases. Pascal, buscando la filosofía de la historia, concebía la humanidad como un solo individuo que no moría jamás, acumulaba en él todos los conocimientos y realizaba sucesivamente todas las ideas y todos los progresos. Así se representaba Pascal la unidad y la identidad de nuestra especie, y se elevaba desde ella a los más altos pensamientos sobre el desarrollo de la civilización, el gobierno de la providencia y la solidaridad de los estados y de las razas. La misma concepción es aplicable a la economía política. La sociedad debe ser considerada como un gigante de mil brazos que ejerce todas las industrias y produce toda la riqueza. La animan una sola conciencia, un solo pensamiento y una sola voluntad, y en el encadenamiento de sus trabajos se revela la unidad y la identidad de su persona. Cualquiera sea lo que emprenda, ese ser prodigioso permanece siempre el mismo, tan admirable y tan digno en la ejecución de los más pequeños pormenores como en sus más maravillosas concepciones. En todas las circunstancias de su vida, es igual a sí mismo y se puede muy bien decir que con cada uno de sus actos compensa el otro.

Se insiste diciendo que aun cuando se concediese la misma dignidad moral a cada uno de los individuos que componen la sociedad, de acuerdo con sus facultades, no serían menos desiguales entre sí y que esto basta para echar abajo la democracia a cuyas leyes se pretende someterlos.

Sin duda alguna, los individuos son desiguales en capacidad como son iguales en dignidad. ¿Qué se debe deducir de esto? Una sola cosa: que concordes sobre nuestra igualdad, tenemos que considerar la medida de nuestras desigualdades.

Así, dejando respetuosamente a un lado la personalidad humana -que declaramos inviolable-, el ser moral y las cosas de la conciencia, tenemos que estudiar al hombre de acción, al trabajador, en sus posibilidades y en sus obras. Descubrimos al primer golpe de vista un hecho importante: que si bien la capacidad varía de hombre a hombre, esas diferencias no son, sin embargo, infinitas; quedan dentro de límites bastante reducidos. Así como en física no podemos llegar ni al frío ni al calor extremos y nuestras medidas termométricas oscilan a no muy grandes distancias de una media muy impropiamente llamada cero, es también imposible fijar el límite negativo o superlativo de la inteligencia y de la fuerza, ya en el hombre y los seres irracionales, ya en el Creador y el mundo. Todo lo que podemos hacer es -para la inteligencia, por ejemplo- marcar grados, necesariamente arbitrarios, por encima y por debajo de un punto convencional y fijo que llamaremos sentido común. Para la fuerza, convenir también en una unidad métrica -verbigracia la fuerza de un caballo- y contar enseguida de cuantas unidades y fracciones de esa unidad de fuerza es capaz cada uno de nosotros.

Como en el termómetro, tendremos, pues, para la inteligencia y para la fuerza, términos extremos y uno medio. El medio es el punto al que se acercará la mayor parte de los hombres; los extremos, aquellos a los que se elevará o descenderá una minoría. He dicho hace poco que la distancia entre los términos extremos es bastante corta; efectivamente, un hombre que reuniese la fuerza de dos o tres hombres medios sería un Hércules y el que tuviese la inteligencia de cuatro sería un semidios. A esos límites que tiene el desarrollo de las facultades humanas, hay que añadir las condiciones de la vida y de la naturaleza. La duración máxima de la existencia es de setenta a ochenta años, de los que debemos deducir un período de infancia, otro de plenitud y uno final de decrepitud y retiro. El día es para todos de veinticuatro horas, de las que pueden emplearse en el trabajo sólo de nueve a dieciocho, según las circunstancias. Cada semana tiene su día de descanso, y por más que el año tenga trescientos sesenta y cinco días, no se puede contar para el trabajo con mucho más de trescientos. Es decir, que si hay desigualdad en las facultades industriales, no por eso se desnivela el conjunto: sucede como con los campos, que a pesar de la desigualdad de sus espigas, presentan al horizonte una superficie lisa.

En virtud de estas consideraciones podemos definir el jornal de trabajo diciendo que es -en toda profesión e industria- lo que puede dar en servicio o producir en valor un hombre de fuerza, inteligencia y edad medias, conocedor de su oficio, en un período de doce a quince horas para las cosas en que puede apreciarse por días el trabajo, y en el de una semana, un mes, una estación o un año, para las que reclamen un espacio de tiempo más considerable.

El niño, la mujer, el anciano, el hombre enfermizo o de complexión débil, no llegan generalmente al término medio válido; su jornal de trabajo no será más que una fracción del oficial, normal y legal que se haya tomado por unidad de valor. Otro tanto digo del jornal del trabajador que sólo se dedica a uno de los pormenores de su oficio, dado que su servicio -puramente mecánico- exige menos inteligencia que rutina y no es comparable al de un verdadero industrial.

En cambio, y recíprocamente, el obrero superior -que concibe, ejecuta más rápidamente y hace más y mejor trabajo que otro- no puede dejar de recibir mayor salario y ganar uno, dos, tres o más jornales de trabajo. Con más motivo aún el que a esa superioridad de ejecución uniese el genio de la dirección y el poder del mando, pues pasaría todavía más la común medida. De este modo, quedan respetados los derechos de la fuerza, del talento y hasta del carácter, del mismo modo que los del trabajo: si la justicia no hace discriminación de personas, no olvida tampoco ninguna capacidad.

¡Y bien! yo sostengo que no hay nada más fácil que arreglar todas esas cuentas, equilibrar todos esos valores y hacer justicia a todas esas desigualdades; que es tan fácil como pagar una suma de cien francos con piezas de cuarenta, de diez y de cinco en oro; de cinco, de dos, de uno, y de cincuenta y de veinticinco céntimos en plata; de diez, de cinco, de dos y de un céntimo en moneda de cobre. Siendo todas esas cantidades fracciones las unas de las otras, se las puede representar, completar, saldar y suplir recíprocamente; es operación de la más simple aritmética.

Mas para que se verifique esa operación, es indispensable que haya buena fe en la apreciación de los trabajos, servicios y productos; es necesario que la sociedad trabajadora llegue a tal grado de moralidad, industria y economía, que se sometan todos a la Justicia y que esta se les haga sin consideración a las pretensiones de la vanidad y de la personalidad, sin consideración alguna tampoco a los títulos, categorías, preferencias, distinciones honoríficas, celebridad ni valores de mera opinión. Deben considerarse aquí sólo la utilidad y la calidad del producto, el trabajo y los gastos que éste ocasione.

Esa medición -afirmo y repito- es eminentemente práctica y tenemos el deber de buscarla con todas nuestras fuerzas: excluye el fraude, el agio, el charlatanismo, el favoritismo, la explotación, la opresión. Preciso es, sin embargo, comprender que no puede ser considerada ni tratada como un negocio doméstico, una virtud de familia ni un acto privado. El avalúo de los trabajos, la medida de los valores, es el problema fundamental de la sociedad, problema que sólo pueden resolver la voluntad social y el poder colectivo. Respecto de esto, forzoso es decirlo, no han llenado su fin ni la ciencia ni el poder ni la Iglesia. ¿Qué digo? La inconmensurabilidad de los productos ha sido erigida en dogma; la mutualidad, declarada utopía y exagerada la desigualdad, a fin de perpetuar con la insolidaridad general la penuria de las masas y la mentira.

Toca ahora a la democracia obrera tomar a su cargo la cuestión. Declare su pensamiento y bajo el poder de su opinión fuerza será que obre el estado, órgano de la sociedad. Porque conviene que la clase obrera lo sepa: si satisfecha con mantener agitados sus talleres, hostigar a los burgueses y postularse en elecciones inútiles, permanece indiferente acerca de los principios de la economía política -que son los de la revolución-, falta a sus deberes y será una día condenada por el tribunal de la historia.

La cuestión de los trabajos y de los salarios nos conduce a la del comercio y la especulación con la que cerraremos este capítulo.

En casi todos los pueblos, el comercio ha sido objeto de desconfianza y de menosprecio. El patricio o noble que se entregaba al comercio se desprestigiaba. Estaban prohibidas al clero las operaciones mercantiles y en el siglo XVII hubo un inmenso escándalo cuando se descubrieron las especulaciones y los beneficios de los jesuitas. Los reverendos padres se habían asegurado -entre otros tráficos- el monopolio de la quina. ¿De qué proviene esa condenación tan antigua, que no han podido levantar ni las costumbres modernas ni las máximas económicas? De la deslealtad que en todos los tiempos ha parecido inherente al crédito, deslealtad de la que han desesperado de expurgarlo tanto los moralistas y los teólogos como los hombres de estado. La fe púnica o cartaginesa fue caracterizada en la antigüedad de infame. ¿Qué era, sin embargo, la fe púnica? Lo mismo que la fe griega, la fe ática, la fe corintia, la fe marsellesa, la fe judaica: era la fe comercial.

Para que el comercio fuera leal y sin tacha, sería preciso -independientemente de la mutua apreciación de los servicios y de los productos de que hemos hablado en el anterior artículo- que el transporte, la distribución y el cambio de mercancías se hicieran lo más accesible posible y con la mayor ventaja para todo el mundo. Para esto convendría que todos los productores, negociantes, empresarios de transportes, comisionistas y consumidores -provistos recíprocamente de datos y debidamente respaldados en todo lo relativo a importaciones, materias primas, existencias, calidades, peso, valor útil, gastos de transporte, de conservación, etc.- se obligasen a dar y a recibir lo que hubiesen convenido a determinados precios y condiciones. Se deberían publicar constantemente estadísticas sobre el estado de las cosechas, la mano de obra, los salarios, los riesgos y siniestros, la abundancia y la escasez de brazos, la importancia de las demandas y el movimiento de los mercados, etcétera, etcétera. Supongamos, por ejemplo, que de los cálculos más detallados y exactos, realizados a lo largo de muchos años, resultase que el precio medio de utilidad del trigo fuese en promedio anual de 18 francos por hectolitro: variaría el precio de venta de 19 a 20 francos y daría al labrador un beneficio neto de 5,30 a 10 por ciento. Si la cosecha fuese mala y hubiese un décimo de déficit, debería aumentar el precio en una cantidad proporcional, tanto a fin de que la pérdida no pesase toda sobre el labrador como para evitar que el público se resintiese de esa alza exorbitante, pues bastante es ya que padezca a causa de la escasez de grano. En buena economía política, como en buena justicia, no es admisible que la penuria de todos se convierta en el manantial de riqueza de unos pocos. Si por lo contrario hubiese abundancia de trigo, debería disminuir el precio en una proporción análoga, para evitar que el envilecimiento del precio de los cereales fuese para el labrador una causa de déficit, y para que el público pudiese aprovechar tan buena fortuna, para ese año o para los ulteriores; el sobrante no consumido debería ser, naturalmente, objeto de ahorro. En ambos casos se ve cómo la producción y el consumo -garantizándose mutuamente y a justo precio uno la colocación y otro la compra del trigo- se regularizarían admirablemente; cómo la abundancia y la escasez, distribuyéndose por igual sobre la masa de la población, por medio de una estadística inteligente y de una buena policía económica, no llevarían para nadie ni exagerados beneficios ni excesivos déficit; sería éste uno de los más bellos y fecundos resultados de la mutualidad.

Pero es evidente que tan preciosa institución no podría ser sino obra de la voluntad general y justamente contra esa voluntad levantarán la voz los liberales de la economía política, so pretexto de gubernamentalismo. A destruir una extorsión organizada, inatacable e invencible por medio de la protesta filosófica y de la justicia privada, prefieren, apuntalar el mercantilismo. ¿Puede encontrarse acaso la perfección en este mundo y no es bastante rica la libertad para pagar sus orglas?

En la Bolsa como en el mercado, en los tribunales como en las plazas, resuenan quejas contra la especulación. ¿Y qué es en sí la especulación? Un apologista suyo nos lo decía no hace mucho: es el arte de prever, en una sociedad entregada al comercio anárquico, las oscilaciones de los valores y aprovechar por medio de compras y ventas oportunas el alza y la baja. ¿En qué podría ser inmoral ese género de operaciones que, preciso es reconocerlo, exige una gran capacidad, una prudencia consumada y una multitud de conocimientos? Dada la situación social en que vivimos, el papel de agiotista es tan honroso como el de héroe; no seré yo el que le eche mi piedra. Pero se me ha de confesar también, en cambio, que si bien dentro de una sociedad en estado de guerra la especulación agiotista no puede ser objeto de recriminaciones, es por lo menos esencialmente improductiva. El que se ha enriquecido por medio de diferencias, no tiene derecho al reconocimiento ni a la estimación de los hombres. Si no ha estafado ni robado a nadie -hablo del agiotista pasado de moda, que no emplea más que su talento previsor y de ningún modo la mentira ni el fraude-, no puede tampoco vanagloriarse de haber creado nada. La conciencia preferiría que hubiese empleado en otra carrera su talento, dejando que los valores siguieran su curso natural, sin sobrecargar la circulación con un tributo del que el público podía haber prescindido. ¿Por qué ese derecho, similar al que se cobra a la puerta de nuestras grandes poblaciones, pero que no tiene como éste por excusa la necesidad de atender a los gastos de una ciudad? Tal es el motivo que en todo tiempo ha hecho odioso al agio, tanto para los economistas como para los moralistas y los hombres de estado. Motivo justo, puesto que está fundado en la conciencia universal, cuyos juicios son absolutos e imprescriptibles y contrarios a los de nuestras atrasadas y transitorias legislaciones.

Los que, aprobando el statu quo político y social, afectan tanta severidad hacia los agiotistas, harían bien en mostrarse algo más consecuentes y no detenerse en la mitad del camino. En el estado actual de la sociedad, el comercio, entregado a la más completa anarquía, sin dirección, sin datos, sin punto de mira y sin principio, es esencialmente agiotista. Ni puede dejar de serIo. Debemos, por lo tanto, o condenarlo todo o permitirlo todo o reformarlo todo. Esto es lo que trato de hacer comprender en pocas palabras.

Es justo que el particular que haga a su costa y riesgo una vasta operación de comercio que haya de redundar en provecho del público, encuentre en la reventa de sus mercancías una honesta recompensa. Este principio, lo repito, es de toda justicia: la dificultad está sólo en aplicarlo de manera irreprochable. De hecho, todo beneficio realizado en los negocios, si no es debido exclusivamente al agio, está por lo menos infestado de él en mayor o menor escala; imposible de todo punto separarlos. En una sociedad insolidaria, desprovista de garantías, cada cual trabaja para sí, nadie para otro. El beneficio legítimo no se distingue del agio. Trabaja todo el mundo por retirar la mayor prima posible; así caen en el agio el industrial como el comerciante; cae en el agio el hombre de ciencia; cae en el agio el poeta lo mismo que el comerciante, el músico y la bailarina; cae en el agio el médico; caen en el agio el hombre célebre y la cortesana, lo mismo el uno que la otra; y en realidad no dejan de caer en el agio sino los asalariados, los obreros, los funcionarios públicos que cobran sueldo o salario fijos.

Convengamos, pues, en que el primero que, separando mentalmente el agio del cambio, el elemento aleatorio del conmutativo y el beneficio de la especulación del beneficio del negocio, dejó para otros las operaciones reales del comercio y se circunscribió a especular sobre simples fluctuaciones, no hizo más que sacar la consecuencia del estado de guerra, egoísmo y mala fe en que todos vivimos. Se erigió, a costas y expensas del público, en censor de los actos mercantiles, poniendo al descubierto, por medio de operaciones ficticias, el espíritu de iniquidad que reina en las operaciones reales. A nosotros nos toca ahora aprovechar la lección, porque tratar de prohibir por una simple medida de policía los juegos de Bolsa y las ventas a plazo se puede considerar como una empresa irrealizable y tan abusiva como el mismo agio.

El mutualismo se propone curar esta lepra, no envolviéndola en una red de penas gazmoñas e inútiles, ni tampoco coartando la libertad del comercio -remedio peor que la enfermedad- sino tratando el comercio como el seguro, rodeándole de toda clase de garantías públicas y haciéndole por este medio completamente mutualista. Los partidarios de la mutualidad conocen tan bien como cualquiera la ley de la oferta y de la demanda, y no está en su ánimo violarla. Estadísticas detalladas y renovadas a menudo; informaciones precisas sobre las necesidades generales y las existencias; una descomposición leal de los precios de utilidad; la previsión de toda suerte de eventualidades; la determinación entre productores, comerciantes y consumidores, por medio de un amistoso debate, de un tipo máximo y mínimo de beneficio proporcionado a las dificultades y a los riesgos de los negocios; la organización, por fin, de sociedades reguladoras: tal es poco más o menos el conjunto de medidas por las que piensan disciplinar el mercado. Libertad tan amplia como se quiera, dicen; pero también, y esto es aún de más importancia que la libertad, sinceridad y reciprocidad, luz para todos. Hecho esto, sea la clientela para el más diligente y el más probo. Esta es su divisa. ¿Es creíble que después de algunos años de tal reforma no viésemos enteramente cambiadas nuestras costumbres mercantiles con gran ventaja de todos?