Artículo 37

Los fraccionamientos y reparticiones hechos hasta el año de 1927. de tierras y aguas, de haciendas o latifundios de propiedad particular, con el fin de una distribución equitativa, serán objeto de una rectificación, sujeta a las prescripciones de esta Constitución, y terminada que sea, nunca jamás se harán nuevas reparticiones y fraccionamientos agrarístas, debiéndose observar al llevarse a efecto esta rectificación las reglas siguientes:

I. Los Sindicatos de Agricultores de cada municipio donde hubo fraccionamientos, formarán un estado detallado que muestre los lugares y extensión de tierras tomadas por los agraristas de cada hacienda o rancho; la extensión total, de tierras de labor, de riego, cerril o pastal; la extensión restante después del fraccionamiento; las corrientes de agua desviadas y las que hayan sido aumentadas en alguna manera por los agraristas, el aumento o disminución de cultivos en cada clase de tierras y labores. Estos estados abarcarán los últimos cinco años de efectuado el fraccionamiento. Podrán consignarse cuantos más datos juzguen necesarios los sindicatos, en los estados que se formarán por triplicado.

II. Un segundo estado que se hará también por triplicado, contendrá los nombres de cada agrarista, la extensión de terreno que cultiva y de qué clase, si ha aumentado el cultivo, ha disminuido, o lo abandonó, o lo dejó de cultivar por enfermedad o muerte, cuantos agraristas después de 1915 recibieron parcelas y en qué cantidad de hectáreas, cuantos las abandonaron y cuantos y quienes las retienen y cultivan o no en los últimos cinco años hasta 1927.

III. Por su parte los agraristas formarán por triplicado otros estados en manera análoga, que puedan servir de punto de comparación con los presentados por el Sindicato de Agricultores o por los propietarios interesados en defecto de aquella corporación.

IV. Ambas partes presentarán además una lista de todas las haciendas que tenga el municipio conteniendo la extensión en hectáreas de cada una y señalando la cantidad de hectareas en cada clase de tierras que tenga, y si fue afectada o no por el agrarismo.

V. Los agraristas por su parte rendirán un certificado cada uno en que compruebe:

a) Ser labradores o agricultores desde antes de 1915, perfectamente conocidos como tales, en el municipio.

b) Que labran y cultivan su parcela personalmente y no han dejado de hacerlo los últimos cinco años.

c) Que tengan fama de ser hombres pacíficos dedicados al trabajo.

d) Que no reciben refaccionamientos o ayuda de otras personas y en caso de recibirlos que demuestren como son pagados o devueltos y con cuanto esos préstamos ayuda.

VI. El tolal de hectáreas de tierras que estén en cultivo por los agraristas afectará a todas las haciendas y ranchos del propio municipio, conforme a su extensión y limitaciones fijadas por esta ley, de manera igual y equitativa.

VI. bis. No serán ratificados en su posesión los agraristas que no llenen los requisitos de la base V y los que se compruebe que tienen y han tenido la parcela a su nombre pero son explotados por los llamados líderes agraristas pagándoles a aquellos un jornal o un tanlo por ciento de los productos de cosecha.

VII. En los municipios donde hay una hacienda o rancho cuyos propietarios voluntariamente la fraccionen ya sea aceptando la indemnización del Estado o de los propios agraristas en los mismos términos, el problema se resolverá dando a los agraristas su parcela en esta propiedad y siempre que los parcelarios queden en análogas condiciones en cuando a producción y facilidades. Bajo estas condiciones, los agraristas no podrán oponerse a la resolución del caso en esta forma, y deberán aceptar la parcela que se les señale. Si de la extensión qUe tenga la propiedad que se fraccione faltare, para satisfacer al total de los agraristas ya establecidos, podrá sortearse si el faltante fuere poco, entre las haciendas o propiedades que van a quedar libres.

VIII. No se causarán daños inútiles a las haciendas al hacer la rectificación de las parcelas cuidando de que estas sean de fácil acceso y de práctica independencia para parcelarios y resto de los terrenos de los propietarios. En todo caso los parcelarios deberán aceptar las parcelas que en las Juntas Agrarias.

Las parcelas tendrán derecho y obligación de paso para las personas y animales y para las corrientes de agua.

IX. La extensión de cada parcela será lo que pueda cultivar y beneficiar una sola persona, y no pasará de cinco hectáreas como máximo, para cada labriego. Si en años anteriores se observó qué cantidad de hectáreas cultivó cada agrarista, se les señalará ese número de hectáreas, y en ningún caso se excederá del máximo.

X. Las parcelas nunca podrán ser vendidas, rentadas, embargadas, ni sujetas a ningún gravamen fiscal. Al ser abandonadas por sus poseedores o sus herederos, después de hecha esta rectificación, el Ayuntamiento del lugar las sorteará y entregará a labriegos solicitantes del municipio, que reúnan los requisitos a, b, c, y d de este artículo.

Se considerará abandonada una parcela cuando en todo un año no haya sido sembrada y cultivada. Concediéndose acción popular para denunciar todas las que se hallen abandonadas.

XI. Las propiedades rurales que tengan una extensión de trescientas hectáreas en tierras de labor o riego y seiscientas de pastales o cerriles no serán grabadas en la rectificación agraria, constituyendo una propiedad de tales dimensiones, la máxima extensión de la pequeña propiedad, no pudiendo ratificarse ninguna parcela o extensión de tierra tomada por el agrarismo.

Para la aplicación del gravamen o exención se tendrá en cuenta la extensión que tenían las propiedades rurales el primero de enero de 1915. Debiéndose respetar las divisiones que hayan sufrido posteriormente por ventas, herencias sancionadas por las leyes.

XII. Ninguna propiedad será gravada en esta rectificación con más de UNA tercera parte de la extensión de cada una de las clases de tierras que contenga.

XIII. Todas las propiedades rurales que excedan en extensión a la señalada por la base XI sufrirán el gravamen agrarista según la extensión que tengan en cada clase de tierras.

XIV. No podrán ser objeto de fraccionamiento las tierras donde se ubiquen presas, o cualquier captación de agua, el perímetro donde se asienten las habitaciones, corrales, abrevaderos, sesteos, y demás dependencias de la hacienda, ni las tierras sembradas de árboles frutales, oleaginosos o textiles que requieran para su desarrollo más de tres años.

Las haciendas conservarán la preferencia al uso de las aguas que provengan de presas, depósitos, o corrientes continuas pertenecientes a las mismas, pudiendo repartirse el agua sobrante entre los parcelarios.

XV. En posesión de la documentación que se dispone en estas bases, y que pudiéndose debe ser ampliada con cuantos datos se obtengan y con planos o croquis de los terrenos, ranchos y haciendas del municipio. Tres delegados del Sindicato de Agricultores, o de todos los propietarios de las tierras del municipio, tres representantes de todos los agraristas, y un miembro del Ayuntamiento del propio municipio, se darán cita y reunirán en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial a que pertenezca el municipio. el día señalado por el juez del propio Tribunal, pudiendo ser asistida cada parte por un abogado.

Bastarán tres sesiones o juntas, para dejar terminado el problema agrario de cada municipio.

En la primera se determinará quiénes son los agraristas que serán ratificados en su posesión, quienes estarán sujetos a rectificación; si no hay hacienda que sea fraccionada totalmente por voluntad de su propietario, y en su defecto, cuáles haciendas y en qué extensión de terreno y de qué clase deberán sufrir ratificación u obtener rectificación; cuál y en qué extensión de terreno volverá a la propiedad rural.

En la siguiente sesión determinado y descartado todo agrarista que no haya llenado los requisitos debidos, señaladas las haciendas libres del gravamen agrario y fijada la extensión de tierras y lugares de las haciendas que deban sufrir él fraccionamiento en la parte que les corresponde, se procederá a señalar el lugar y hectáreas de la parcela de cada agrarista. Y por último en la tercer sesión, conocido que sea el valor indemnizable a cada propiedad, se le expedirá una constancia, la que será canjeada por los bonos que deberá crear la Corte Suprema de Gobierno, para el pago de las indemnizaciones agrarias, a cada agrarista se le entregará una Hijuela que ampare su parcela, ambos documentos serán firmados por todos los delegados y autorizados por el juez, consignando en ellos cuantas clausulas sean necesarias para su legalidad, seguridad y firmeza, por efecto constitucional de esta ley.

Si en las juntas hubiere inconformidades, el juez resolverá en cada caso apegándose a la letra de la ley o del derecho. Si los propietarios o el sindicato de agricultores o los agraristas no enviaren sus delegados, el Juez nombrará quien los represente celebrándose las juntas diez días después para el acopio de datos y documentación de los representantes nombrados oficialmente. En los expedientes que se formen deberán obrar los planos, de las propiedades afectadas por el agrarismo, y perfectamente detalladas las servidumbres que se establezcan, las colindancias, los desvíos de las corrientes, los derechos de cada parcelario sobre las corrientes de agua y cuanto detalle sea necesario para evitar perjuicios y posibles litigios posteriores. Finalmente se dará posesión jurídica de sus parcelas a cada agrarista y a los propietarios, de las tierras que vuelven a formar parte integrante de su propiedad.