Artículo 94

Todas las controversias se seguirán a instancias de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden Jurídico que determine la Ley y que se ajustarán a las bases siguientes:

I. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer declaraciones respecto de la ley o acto que la motivare.

II. En los Juicios Civiles o Penales; salvo en los casos de la regla o base X, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa en ellas, o que cometida durante la secuela del juicio o procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia se haya alegado en segunda por vía de agravio.

La Suprema Corte, no obstante esta regla, puede suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que los ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.

III. En los juicios civiles o penales sólo procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se afectan las partes substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso.

IV. Cuando el amparo se pida contra la sentencia definitiva en el juicio civil sólo procederá además del caso de la regla anterior, cuando llenándose los requisitos de la regla II, dicha sentencia sea contraria a letra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no han sido objeto de juicio o cuando no las comprenda todas por omisión o negativa expresas. Cuando se pida amparo contra resoluciones no definitivas, según lo dispuesto en la fracción anterior, se observarán estas reglas en lo que fuese conducente.

V. En los casos de juicio penal, la ejecución de la sentencia definitiva, contra la que se pide amparo, se suspenderá por la autoridad responsable a cuyo efecto el quejoso le comunicará dentro del término que fije la ley y bajo protesta de decir verdad, la interposición del recurso acompañando dos copias, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria.

VI. En los juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, a menos que la otra parte diere contra-fianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban antes, si se concediese el amparo, y pagar los daños y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciará la interposición del recurso como indica la regla anterior.

VII. Cuando se quiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se solicitará de la autoridad responsable, copia certificada de las constancias que el quejoso señalare, la que se adicionará con las que indique la otra parte, dando en ella misma autoridad responsable, de una manera breve y clara, las razones que justifiquen el acto que se va a reclamar, de las que dejará nota en los autos.

VIII. Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte de Justicia, presentándole el escrito con la copia de que habla la regla anterior, remitiéndolo por conducto de la autoridad responsable y comunicando esto por la via más rápida, a la Suprema Corte. Esta dictará sentencia sin más trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga el recurso, el que produzca la otra parte y el Procurador General o el Agente que al efecto designare, y sin comprender otra cuestión legal que la que la queja contenga.

IX. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial o de actos de ésta, ejecutados fuera del juicio o después de concluido; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecte a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante distinto Juez, con tal que tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieron y oyéndose los alegatos, que no podrán exceder de una hora cada uno y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieran a la Suprema Corte y dentro del término que fija la ley, de la manera que expresa la regla VIII. La violación de las garantías de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 45, 48, 50, 53, 61 y 64, se reclamará ante el mismo tribunal o funcionarios que las cometan, pero el agraviado puede recurrir en todos los casos a la Suprema Corte de Justicia contra la resolución que se dicte.

Si no hubiere dos Jueces en el mismo lugar en que reside la Autoridad responsable, cuando uno de ellos lo sea la ley determinará ante quien se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca.

X. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad penal y civil, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

XI. Si después de conseguido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamando o tratare de eludir la sentencia de la autoridad que ampare, será inmediatamente separada de su cargo, sus actos postenores todos serán nulos y deberá ser consignada a la autoridad superior que corresponda, para que la juzgue.

XII. Los Alcaldes y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las 72 horas que señala el artículo 25, contadas desde que aquel esté a disposición de su Juez, deberá llamar la atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no recibe la constancia mensionada dentro de las 3 horas siguientes, lo pondrán en libertad. Los infractores del artículo citado y de esta regla XII, serán consignados a la autoridad competente y cesarán en su cargo, así como los policías, militares o particulares que verifiquen una aprehensión y no pongan al reo o reos inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente, o de la autoridad administrativa, cuando se trate sÓlo de infracciones a los reglamentos de policía de los Municipios, la consignación a la autoridad judicial la hará de oficio el Ministerio Público. Si la detención se hiciere fuera de los municipios, o en lugares donde no residan las autoridades judiciales o administrativas y a horas en que no se puedan transitar los caminos, los aprehensores podrán retener en su poder a los reos, hasta la hora en que sea posible el tránsito, en que sin pérdida de tiempo se recorrerá la distancia y se pondrán los reos a disposición de la autoridad correspondiente.