Presentación

A principios de febrero del año 2004, se inciaron los trabajos de la Convención Nacional Fiscal, habiéndose tomado el día 5 de febrero, pensamos que por su enorme contenido emblemático en cuanto símbolo tradicional de los trascendentales cambios que a nivel constitucional ha experimentado México a lo largo de su desarrollo, como fecha inaugural del evento

El que se haya escogido esa fecha para el inicio de esa Convención, hacía entrever la posibilidad de cambios en materia constitucional. Y es que, sin duda alguna, la acelerada transformación que ha venido experimentado la República Mexicana, así lo aconsejaba.

Nada sencilla fue la labor que se realizo en esa Convención Nacional Fiscal puesto que, además de los consabidos problemas de ordenar, dentro de lo posible, la intrincada y complejísima Hacienda Pública, hubo de enfrentar, paralelamente, el conjunto de asuntos, éstos de índole netamente político, derivados del proceso de reestructuración en que se encuentra la administración pública nacional a raíz del, ya inevitable, desmoronamiento del concepto de partido único, bajo el cual se desarrolló por muchísimo tiempo.

Por supuesto que no fue para nada fácil ni mucho menos rápida la tarea de los convencionistas, puesto que no obstante que éstos pretendieron aligerar sus trabajos con algunas mañosas medidas, obviamente de caracter político, difícil resultó que los diferentes sectores que conforman la sociedad mexicana se quedasen, como se dice comúnmente, chupándose el dedo.

Finalmente, y para mal de todos, los trabajos de esa Convención no satisfacieron las perspectivas que la sociedad mexicana había depositado en aquél evento.

Desgraciadamente los trabajos de los convencionistas no rindieron los frutos esperados, por lo que, en un futuro no lejano, inevitablemente, la República habrá de nuevo de abocarse a llevar a la práctica la cada vez más necesaria reforma hacendaria.

Es de esperar, pues, que lleguen a concretarse los necesarios acuerdos entre los poderes de la Unión, las fuerzas políticas, los diversos sectores productivos y distributivos de México, para que la República pueda superar ese auténtico escollo que constituye la carencia de una reforma hacendaria lograda de cara al futuro.

Es de esperar que, por fin, se logren trascender los facilones caminos por medio de los cuales se busca, única y exlusivamente, la manera de bolsear a la sociedad con una mayor rapacidad, buscando los típicos acuerdos en lo obscurito para concretar la repartición del botín; es necesario tener muy en claro que dificilmente la sociedad mexicana, o por lo menos, sus sectores más avanzados, se prestarán a participar en tan burdo juego.

Así pues, el camino correcto, el camino que deberá seguirse es, sin duda, tratar a fondo el problema fiscal en lo general, no circunscribiéndose a las minucias de la rapacidad recaudatoria que, dicho sea de paso, en mucho han frenado el avance en esta materia.

La Convención Nacional Fiscal que realizó sus trabajos el pasado 5 de febrero del 2004, contó con ricos antecedentes. En efecto, esa Convención fue la Cuarta Convención Fiscal Nacional que se celebraró en México. En las tres anteriores, celebradas durante los años de 1925, 1933 y 1947, se abordó la problemática fiscal de acuerdo a la realidad que en su momento la República enfrentaba; y aunque ciertamente, ninguna de las tres logró, en un cien por ciento, los objetivos que en un inicio se había fijado, sin embargo, y absurdo sería el negarlo, en mucho contribuyó la labor convencionista para encausar la Hacienda Pública de modo tal que permitera el avance de México.

Ahora, en la primera década del siglo XXI, cada vez es más evidente que los acelerados cambios que a nivel mundial se han generado tanto en los terrenos de la producción, la distribución y el consumo, requieren una particular atención puesto que resulta insostenible mantener, hacia el futuro, a la República misma, si no se toman las medidas necesarias para que la Administración Pública cumpla con sus obligaciones en el normal desenvolvimiento del país.

El tema de garantizar los recursos suficientes para que la Administración Pública, en sus vertientes municipal, estatal y federal pueda satisfacer las necesidades de una población en ascenso, resulta de vital trascendencia.

El tema de la evasión fiscal, de ahora en adelante, habrá de entenderse como un verdadero lastre del que la República debe de deshacerse lo más pronto posible.

Mediante la presente recopilación de documentos relativos a las tres primeras convenciones fiscales, buscamos poner al alcance de los interesados, material que sin duda les será de utilidad para comprender los objetivos que se han buscado alcanzar en el pasado, y de los cuales, algunos, muy probablemente, deberán de ser de nuevo analizados, como es, en nuestra opinión, el caso del punto relativo a la participación y corresponsabilidad de los tres niveles de administración: el municipal, el estatal y el federal, en el ordenamiento de los asuntos fiscales de la República.

Esperamos que esta breve recopilación documental sirva a quien la lea para entender los grandes cambios que sobre el asunto fiscal México está obligado a realizar.

Chantal López y Omar Cortés