Influencia del gobierno imperial en el derecho público.

No fue súbitamente y de un solo golpe como el gobierno imperial destruyó las antiguas instituciones y se constituyó en verdadera autocracia. Respetáronse desde luego las formas republicanas. Bajo los primeros emperadores hasta Adriano, el gobierno fue una especie de monarquía republicana, en la que el emperador no era más que el primer magistrado de la República (princeps reipublicae). Aunque, en la práctica, el poder del príncipe conociese pocos límites, en teoría al menos, la soberanía pertenecía aún al pueblo romano; en tiempo de Tiberio y aun bajo Clandio, el pueblo se reunió también algunas veces por tribus para sancionar las leyes. Vamos a mencionar muchos plebiscitos muy importantes para el derecho civil que se dieron al principio del imperio. Pero hácese ya notar la propensión de los emperadores a acrecentar a costa de las asambleas populares la acción legislativa del Senado; encontramos en este período, y particularmente contando desde Tiberio, un gran número de Senado-consultas sobre diversas partes del derecho privado. Por lo demás, el Senado, en notable decadencia de su antigna ilustrución, no es, para los emperadores, más que un instrumento servil, cuya preponderancia relativa y enteramente de forma le sirve de transición para llegar, a fines de este período, a ejercer exclusivamente por sí mismos la omnipotencia legislativa.

Tenemos, en efecto, que señalar, en el período actual, una nueva fuente del derecho, cuya fecundidad se aumenta a medida que el poder imperial degenera en absolutismo. Queremos hablar de las Constituciones imperiales, con cuyo nombre se designa la orden o voluntad expresa del príncipe.

El emperador reunió en su persona las prerrogativas de todas las antiguas magistraturas (1); sin embargo, existen aún, pero en un grado necesariamente inferior, cónsules, tribunos, pretores, ediles. Estos magistrados, durante todo el reinado de Augusto, continuaron siendo nombrados en las reuniones anuales del pueblo. Era éste un homenaje más apurente que real a la soberanía popular, porque el pueblo no podía elegir sino los candidatos presentados por el emperador. Así, en tiempo de Tiberio, el derecho de hacer las elecciones trasladóse, sin oposición, de los comicios al Senado. El número de ciudadanos se había aumentado cousiderablemente desde que por la ley Julia se concedieron los derechos de ciudad a toda la población libre de Italia, y aunque Augusto, al permitir a los habitantes de los municipios enviar sus votos escritos a las elecciones de Roma, hubiera restringido este derecho a los miembros de las curias, la celebración de las asambleas electorales presentaba mas dificultad que utilidad real. Tiberio suprimió, pues, de hecho estas asambleas atribuvendo al Senado el derecho de representar el conjunto de los ciudadanos y de votar por ellos: comitia e campo ad patres transtulit dice Tácito.

A contar de esta epoca, las convocaciones del pueblo, que habían llegado a ser verdaderamente inútiles puesto que el Senado se halla en adelante en posesión de hacer las leyes y las elecciones, apenas tienen ejemplo (2), pues se considera al Senado como representando al pueblo, y pudiendo ser consultado en su lugar: Aequum visum est senatum vice populi consuli (lnstit., lib. I, tít. II, 5).

Al lado de las antiguas magistraturas se elevan, por otra parte, cargos nuevos, de creación imperial, y que adquieren prontamente una preponderancia marcada, En este número se encuentran el prefecto de la ciudad (praefectus urbis) y los prefectos del pretorio (praefecti praetorio) (3).

Uno de los resultados más notables que estos cambios políticos y estas tendencias a la centralización produjeron en la administración de justicia, fue el establecimiento de una jerarquía judicial y de un segundo grado de jurisdicción. El emperador fue, compréndase bien, el juez supremo. Centralizó en sus manos el poder judicial, como había centralizado el poder legislativo. Estas innovaciones necesitaron la creación de un consejo imperial, compuesto de altos funcionarios y de jurisconsultos (auditorium principis), encargado de examinar los asuntos de que entendía el emperador, ya por apelación, ya, en algunos casos, por evocación, y de preparar las decisiones (decreta) que se habían dado en nombre del príncipe, aproximadamente como se dan en el día las decisiones del Consejo de Estado en materia contencioso-administrativa.

Pero las consecuencias más notables del establecimiento del gobierno imperial fueron:

1° abrir una ancha vía a los progresos de la civilización en las provincias;

2° favorecer el inmenso desarrollo que recibio el derecho privado, en este período, que fue verdaderamente la edad de oro de la Jurisprudencia.

Las provincias se habían dividido, en tiempo de Augusto, entre el pueblo y el emperador. Aquéllas cuyo dominio eminente pertenecía con más especialidad al pueblo (provinciae populi) eran gobernadas, como en otro tiempo, por los cónsules y los pretores que salían de su cargo; su impuesto, pagado en el tesoro público (aerarium), se llamaba stipendium. Las demás eran propiedad del César (provinciae Caesaris); su impuesto, llamado propiamente tributum (Gayo, 2, 21) se pagaba en el tesoro particular del príncipe (fiscus); eran gobernados por legados enviados por el príncipe (legati Caesaris). Las diferencias, ligeras por otra parte, que habían podido existir entre los poderes de los gobernadores de las provincias tributarias, debieron desaparecer a medida qne se fortificó el poder central en manos de los emperadores. Dióse a todos estos gobernadores la denominación general de presidente de la provincia (praeses provinciae). Mas estables en sus funciones, inspeccionados hasta cierto punto por la autoridad imperial, su gobieroo perdió algo de esa violenta avidez, de esa ambición opresiva que caracterizaron el gobierno de Verres y otros procónsules de la República. Las provincias, la Galia especialmente, se elevaron, en los I, II y III siglos, a esa brillante prosperidad cuyos imponentes vestigios asombran a los modernos. Pero, como dice M. Guizot, a propósito precisamente de las mejoras de que fueron deudoras al gobierno imperial las provincias. los beneficios del despotismo son escasos, y en breve se nos aparecerá el imperio, en el siglo IV, en un estado general de decadencia y de aniquilamiento.

El dominio eminente, que en las provincias pertenecía, como se acaba de decir, al pueblo romano o al príncipe, hacia que, a menos que el suelo no fuese el de una ciudad que gozara por privilegio del jus italicum, el detentador no tenia en él, como el terrateniente del antiguo ager publicus en Italia, más que la simple posesión: In eo solo (dice Gayo, 2, 7) dominium populi romani est vel Caesaris; nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur. El detentador de los fondos provinciales no podía, por consiguiente, disponer de ellos según las reglas del derecho civil (jure quiritium), aun cuando hubiese sido ciudadano romano, porque estas reglas no se aplicaban más que a la transmisión del dominio propiamente dicho. Pero el derecho pretorio había previsto, como ya hemos indicado anteriormente, para esta situación, estableciendo en cuanto a la posesión reglas de transmisión que hacían de ella una especie de propiedad natural, útil, colocada en las provincias bajo la protección juridica del presidente, el cual hacia allí las veces de pretor. De manera que, sobre este punto, la diferencia de las dos propiedades, romana y provincial, concluyó por hallarse más en la forma que en el fondo de las cosas. Pero una diferencia más importante y que marcó por largo tiempo la inferioridad política de las provincias, fue el impuesto territorial. In provinciis, dice Ageno Urbico, omnes etiam privati agri tributa atque vecligalia persolvunt. El impuesto territorial era la consecuencia del principio que reservaba el dominio al Estado; el vectigal era el canon o foro, en cierto modo el alquiler que los provincianos pagaban a Roma.

No se crea por esto que en cada provincia el derecho local fuese destruido por el solo hecho de la conquista; pues, por el contrario, subsistió, y el Derecho romano no regía, en general, sino a los romanos que habitaban en la provincia. Pero, bajo la Influencia de una civilización nueva mas adelantada, que generalizaba las relaciones y relajaba los lazos del régimen aristocratico, a que se hallaban sometidos antes de la conquista la mayor parte de los pueblos extranjeros, las costumbres locales desaparecían insensiblemente y el carácter nacional de las dIversas provincias se eclipsaba cada día más. La transformación fue a veces tan completa, en las Galias, por ejemplo, que los habitantes adoptaron la lengua y los usos de los romanos. ¡Cómo había de haberse conservado el antiguo derecho galo! El Derecho romano, al fin de este período, se extendió, pues, por todo el imperio. Un gran número de provincianos individualmente, distritos enteros, obtuvieron el derecho de ciudadanía romana (4), cuando en 212 Caracalla concedió el título de ciudadano a todos los habitantes del imperio (5); título, por otra parte. que no era casi más que honorífico, porque había perdido sus antiguas prerrogativas, en el orden político, por la supresión de las asambleas legislativas y electivas; en el orden civil, por la preponderancia que había tomado, en la práctica, el derecho pretorio, el jus gentium, sobre el antiguo jus civile, el derecho de las Doce Tablas.

Así, la Constitución de Caracalla pasa por haber sido sobre todo inspirada por miras fiscales; tuvo por objeto principal extender a los provincianos el impuesto de un vigésimo sobre las sucesiones y otros impuestos indirectos con que se hallaba gravada la Italia después de Augusto.

Lo cierto es que Caracalla no relevó a las provincias del impuesto territorial, cuya exención fue largo tiempo, aun para Italia, un vestigio postrero de su grandeza pasada. Sólo se cambió la condición de sus individuos, permaneciendo la misma la de las tierras. La distinción jurídica entre el suelo itálico y el suelo provincial no fue completamente quitada por Justiniano.

Las provincias adquirieron generalmente, con las costumbres y el derecho privado de los romanos, la organización municipal que regía la Italia. Al fin de este periodo, las ciudades provinciales son gobernadas en todo el Imperio como las antiguas colonias o municipios; por un Senado o cuerpo municipal, curia, ordo decurionum. Tenían, como las ciudades de Italia, magistrados, duumviri, quatuorviri, encargados de la primera instancia, y salvo la apelación al presidente, de una parte de la jurisdicción civil. Esto es incontestable respecto de las ciudades que, como Lyón, Viena y Colonia, gozaban del jus italícum. M. de Savigny piensa que era de otra suerte respecto de las demás, y que en general la administración de justicia pertenecía directamente a los lugartenientes del emperador, que la ejercían, ya por sí mismos, ya por medio de sus legados, y que recorrían la provincia con este doble objeto.