DEL ESTADO DE INSPIRACIÓN PLURALISTA

Ninguna concepción media puede luchar con suficiente poder contra esta forma masiva de la opresión que seduce progresivamente a todos los pueblos desilusionados y debilitados por los parcos alimentos de la civilización liberal. Sólo una mística viva del hombre integral puede suscitar la defensa heroica que se impone hoy alrededor de las últimas zonas parcialmente incontaminadas. Volvamos, pues, a partir de la base.

La realidad política está compuesta de personas que intentan encarnar su voluntad comunitaria, y de sociedades, que agrupan a hombres unidos en la búsqueda de un fin humano cualquiera o simplemente en la expresión de una afinidad afectiva o espiritual.

La patria, descrita más arriba, es la más primaria, la más instintiva de estas sociedades. Sobre ella se superponen las sociedades económicas, culturales o espirituales.

La nación es el abrazo que reúne a ese florecimiento espontáneo de sociedades diversas alrededor de las personas, bajo la unidad viva de una tradición histórica y de una cultura particularizada en su expresión, pero con poder de universalidad. Es, como se ve, una realidad mixta y no cristalizada: por abajo, receptáculo de una multiplicidad de sociedades a las que no tiene que digerir, sino que mantener con vigor; por arriba, si no comunidad en el sentido perfecto de la palabra, sí al menos entidad comunitaria, vínculo flexible y vivo entre la universalidad que únicamente cada persona como tal puede alcanzar y llevar, y las sociedades carnales que rodean y retienen al individuo.

Por encima de la patria y de la nación, mantenemos la prioridad de la comunidad espiritual personalista, que se realiza más o menos perfectamente entre personas, más frecuentemente a pequeña escala, pero que permance como modelo lejano de todo el desarrollo social.

El Estado no es una comunidad espiritual, tina persona colectiva en el sentido propio de la palabra (3). No está por encima de la patria ni de la nación, ni con mayor razón de las personas. Es un instrumento al servicio de las sociedades, y a través de ellas -contra ellas si es preciso- al servicio de las personas. Instrumento artificial y subordinado, pero necesario.

Personas y sociedades, por la fuerza disolvente del individualismo, y por la gravidez de las necesidades materiales, sucumbirían a la anarquía si fuesen dejadas a su deriva. El optimismo del individuo liberal y el utopismo anarquista no se apoyan más que en un conocimiento simplista de la persona. Es preciso un recurso último para arbitrar los conflictos de las personas y de los individuos entre sí: este último recurso es la jurisdicción del Estado. Por lo demás, cuando cierto número de sociedades manifieste una voluntad nacional común, el Estado protegerá su seguridad.

El Estado no tiene únicamente ese papel negativo. Las personas buscan su realización en sociedades diversas. Estas sociedades trabajan en orden frecuentemente disperso, sus medios son limitados, y sus acciones, incoherentes. El Estado, servidor de las personas, tiene como función poner a disposición de estas iniciativas los mecanismos de coordinación que facilitarán sus esfuerzos. Pero es necesario precaverse aquí de dos peligros.

El primero sería el de reintroducir, por esa vía indirecta, el imperialismo del Estado: se le evitará cuando, sin quitar a esta función del Estado el rigor de un derecho, se le niegue la autoridad espiritual. El poder del Estado, en su misma función política, está limitado por abajo, no exclusivamente por la autoridad de la persona espiritual, sino por los poderes espontáneos y consuetudinarios de todas las sociedades naturales que componen la nación. Como dice Georges Gurvitch, la soberanía del Estado no es más que un pequeño lago perdido en el inmenso mar de las soberanías particulares. Por arriba, el Estado está sometido a la autoridad espiritual, bajo la forma aquí competente, que es la soberanía suprema del derecho personalista. A fin de guardarse contra los abusos del poder del Estado, estas dos soberanías autorizadas deben poseer, frente al Estado, sus órganos propios de iniciativa y de defensa: las primeras se encarnarán en los organismos completos y ampliamente autónomos de los gobiernos locales, de los grupos económicos y de los grupos espirituales; la segunda podrá ser confiada a la custodia de un Consejo supremo, a imagen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del Consejo de Estado francés, pero de un Consejo supremo joven y progresivo, elegido por las fuerzas vivas de la nación, y que no sea, como el primero, el refugio de las inercias conservadoras, o, como el segundo, un simple órgano jurídico de solución oficial de litigios.

Así el personalismo cerca y obliga al Estado, igual que el Estado cerca y obliga hoy a la persona. Esta inversión de términos es normal, ya que el Estado es el instrumento, y no la persona. Sin embargo, si es necesario negar al Estado cualquier atisbo de autoridad espiritual, sería un nuevo peligro el rehusarle un servicio de orden espiritual. La actividad del Estado no es formalmente material; vinculada al hombre, es formalmente espiritual, por limitado que sea su alcance. Ciertas fórmulas, que hacen del Estado una especie de empleado para los trabajos serviles, de ejecutor de las tareas sin importancia, suponen el riesgo, sea cual sea su intención, de prestarse a confusión en sus términos. El Estado personalista no es una Iglesia o un sustituto de la Iglesia, ni mucho menos un simple mecanismo técnico, filosóficamente neutro e indiferente como es, al menos en teoría, el Estado liberal. El Estado personalista no es neutro, es personalista.

¿Quiere esto decir que él se atribuye el derecho de imponer por la fuerza el personalismo como otros imponen el fascismo o el comunismo? Esto sería una contradicción en los términos. La tradición clásica gustaba de decir que el poder del Estado no es de naturaleza despótica, como el del hombre sobre las cosas, sino de naturaleza política: es un poder flexible, tal como lo requieren unas persónas que no obedecen a un gesto, sino mediante una adhesión libre. Como el Estado, en sentido estricto, no es ni una persona ni una comunidad de personas, resulta absurdo pensarlo como posible portador de una verdad y su propagandista, lo cual no es propio más que de las personas y de las comunidades espirituales. No tiene el Estado por qué determinar la vocación de las personas ni la orientación que esa vocación ha de seguir; ni tiene por qué solicitar gestos que perpetúen la hipocresía social y el servilismo espiritual. Las fuerzas espirÍtuales no tienen nada que perder con tal concepción del Estado: lo que ellas le mendigarían hoy para apoyarlas, él se lo volvería a arrebatar para combatidas, si cambian las circunstancias, con la excusa falaz, pero difícilmente discutible, de los compromisos de la víspera. Nosotros no somos liberales. Unos y otros creemos en una verdad, humana o sobrehumana, y pensamos que ella no debe seguir siendo asunto privado, sino que debe penetrar en las instituciones igual que en los individuos. Pero únicamente debe penetrar en ellos por influencia directa; el papel del Estado se limita, de una parte, a garantizar el estatuto fundamental de la persona; de otra, a no poner obstáculos a la libre concurrencia de las comunidades espirituales.

Por ello el Estado debe garantizar necesariamente ese estatuto fundamental, que es un estatuto personal. Este servicio justifica el empleo de la violencia en unas circunstancias definidas. El Estado tiene derecho de coerción sobre los individuos o sobre los cuerpos sociales, en los siguientes casos, y únicamente en ellos:

l° cuando un individuo o un grupo amenace la independencia material o la libertad espiritual de una sola persona: así, el Estado tiene el deber de luchar contra la tiranía de los trusts, o de los bancos, o de un partido armado, hasta la eliminación completa del peligro;

2° cuando un individuo o un grupo, cediendo a su anarquía natural, se niegue a las disciplinas sociales que se juzguen necesarias por los Cuerpos organizados de la nación, de acuerdo con él, para asegurar la independencia material o la libertad espiritual de las personas que componen la comunidad nacional: por ejemplo, juzgando que la independencia material de las personas está comprometida por un modo determinado de la economía, tiene derecho a instituir un servicio público encargado de asegurar a todos este mínimo vital, y a forzar a cada uno a colaborar en su consecución.

Cuando haya conflicto entre el Estado y el individuo o los Cuerpos interesados, habrá de juzgados el Tribunal Supremo de garantías. Lo esencial es que el Estado se eclipse después de cada iniciativa, y ponga en manos de los organismos constituidos de la nación la ejecución de las iniciativas que haya adoptado para la salvaguardia del estatuto común.

Ahora se ve de qué forma somos antiestatistas. Reducimos considerablemente el espacio y el poder del Estado, pero, por el contrario, allí donde él es competente, su poder de jurisdicción, por la misión que le conferimos, con una autoridad acrecentada, debe disponer de todos los recursos de la ley, incluida la fuerza. Esta nueva fuerza dada al Estado legítimo nos ahorra el ceder a la idea peligrosa de las dictaduras excepcionales (dictaduras de transición) en períodos de desorden excepcionales. Una dictadura incondicionada no es nunca una dictadura transitoria, ya que el poder tiene la tendencia normal, cuando no está limitado, de abusar sin límites de su situación de hecho. El Estado personalista es dictatorial allí donde la persona está amenazada, y sólo lo es allí, en virtud de su control del derecho. Este rigor impide desde el origen la formación de desórdenes de tal extensión que, en un momento dado, únicamente resulten posibles ciertas operaciones de cirugía. No es más que una fuerza de la fuerza, una presión contra la opresión.

En toda la zona de las actividades sociales y espirituales libres, el Estado personalista colabora de una doble forma con las sociedades. Suscita, anima las iniciativas, ofrece organismos de colaboración, coordina y arbitra los conflictos. Además, al mismo tiempo que reprime sin piedad cualquier ataque al estatuto de la persona, otorga, dentro de la inspiración Reneral del estatuto, un estatuto jurídico propio y autónomo a todas las familias espirituales que respeten este estatuto fundamental (4). Su derecho es un derecho vivo y vario, fuertemente apoyado en la costumbre, contrariamente al derecbo racionalista de los regímenes estatistas.

Aunque no se identifique con la nación, no por eso el Estado es menos el guardián de la nación; aunque no sea el autor de su unidad flexible, no por eso es menos el protector de su paz interior. El Estado de inspiración pluralista tiene como función, al mismo tiempo que asegurar la diversidad y la autonomía de las familias espirituales agrupadas bajo su fuero, el velar por la paz y amistad entre estas distintas sociedades. Absteniéndose de transformar la nación en sociedad cerrada, debe preparar los caminos hacia la universalidad, impidiendo a las sociedades componentes el replegarse sobre sí mismas y dividir a la ciudad contra sí misma. Las modalidades de este equilibrio entre el pluralismo de los estatutos y la unidad de la ciudad no serán siempre fáciles de determinar: en más de una circunstancia, una fórmula directriz pudiera ser ésta: estatutos autónomos, mecanismos comunes. El sentido de la persona, en cualquier caso, crea el clima más favorable a esta búsqueda: él es el vínculo entre la sociedad controlada y el organismo de control.