AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Emilio Portes Gil

CAPÍTULO UNDÉCIMO

PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS

LA OBRA DE CÁRDENAS EN LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS
Sentencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Amparo que interpusieron las Compañías ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conferencias que celebró el autor con los directores de las empresas a fin de fijar el monto de la indemnización.

El otro acontecimiento de gran resonancia mundial, por haber sido medida de justicia por un país económicamente débil contra la fuerza financiera más poderosa del mundo, Estados Unidos e Inglaterra, fue el Decreto del presidente Cárdenas del 18 de marzo de 1938, expropiando los bienes muebles e inmuebles de las empresas: Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S. A; Naviera San Cristóbal, S. A; Naviera San Ricardo, S. A; Huasteca Petroleum Company; Sinclair Pierce Oil Co.; Mexican Sinclair Petroleum Corporation; Stanford y Cía., Sucs., S. en C.; Penn Mex. Fue1 Co.; Richmond Petroleum Co. of Mexico, S. A; Comoañía Petrolera Clarita S. A; Compañía Petrolera Cacalilao, S. A; California Standard Oil Co.; Sabalo Transportation Co., S. A; Compañía de Gas y Combucotible Tmperio. S. A; Consolidated Oil Companies of Mexico, S. A.; Compañía Petrolera El Agwi, S. A.

Los antecedentes de este histórico acontecimiento son elocuentes desde el punto de vista de la justicia social. Al llegar el general Cárdenas al poder, en 1934. la organización sindical del país tenía una vida precaria, pues la reglamentación de las relaciones obrero-patronales no se había consolidado totalmente, no obstante nuestros esfuerzos desde 1929 en que federalizamos la Ley Laboral. En 1935, cada empresa tenía un sindicato, siempre dividido, casi eran permanentes los conflictos intergremiales entre mayorías y minorías. Por tal razón. las cláusulas de cada contrato con las compañías petroleras eran distintas según el lugar, el salario, la habitación de los obreros, conviviendo con su familia en barracas insalubres y sin comunicación, en contraste con el esplendor de las zonas residenciales de los dirigentes extranjeros y altos empleados. Por lo general, las empresas eludían el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que desde 1935 comenzara a plantearse la unidad sindical. La política obrerista del gobierno era congruente con las palabras del general Cárdenas en la Convención Nacional de Querétaro, al declararlo su candidato el Partido Nacional Revolucionario:

Lo esencial para quepu1edan realizarse en su integridad los postudados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas de coordinación social contenidas en el programa de Gobierno, que acaba de aprobarse, consisten en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las Leyes, por hombres que sinceramente sientan la Revolución: que sean cabalmente conscientes de su responsabilidad; que tengan verdadero cariño a las masas proletarias y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades históricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se han dado al pueblo en sus generosas luchas, para que de esta manera las ejerciten con resolución y honradez.

Como candidato presidencial Cárdenas había dicho al pueblo de Veracruz:

Haré un gobierno de orden esencialmente revolucionario y estrictamente moral.

Y a los alijadores del puerto, estibadores y ferrocarrileros:

Mi mensaje es en el sentido de que procuren la unificación, a fin de que más tarde, debidamente organizados, puedan exigir a quien llegue al poder, el cumplimiento de sus obligaciones para con el pueblo de México.

Y ya siendo presidente, ante la obstinación patronal de dividir a los sindicatos y de organizar sindicatos blancos, había dicho:

Recomiendo a la clase patronal que cumpla de buena fe la Ley; que cese de intervenir en la organización sindical de los trabajadores y que dé a éstos el bienestar económico a que tienen derecho, dentro de las máximas posibilidades de las empresas.

Sus opiniones establecían ya puntos de doctrina:

El concepto moderno de la función del Estado y la naturaleza misma de la legislación del trabajo, en amplitud universal, requieren que los casos de duda sean resueltos en interés de la parte más débil. Otorgar tratamiento igual a dos partes desiguales no es impartir justicia ni obrar con equidad. Las huelgas, si se mantienen dentro de la Ley y exigen prestaciones posibles dentro de la capacidad económica de las empresas, favorecen el interés social porque ayudan a resolver el más grave de los problemas: la miseria de los trabajadores.

El jefe del Departamento Autónomo del Trabajo, Lic. Genaro V. Vázquez, dirigiendo a los trabajadores un mensaje, el primero de mayo de 1935, había dicho:

Esta conmemoración de los sacrificios del proletariado del mundo, nos sirve para invitar nuevamente a las clases trabajadoras mexicanas a madurar, con la práctica y el ejercicio de sus virtudes, los anhelos de unificación, de cohesión y de solidaridad a que aspira la intención presidencial, para justificar los caminos de la Justicia Social y levantar la estructura de una nueva sociedad.

El 20 de julio de 1936, en Gran Convención, se constituyó el Sindicato Unico de los Trabajadores de las Empresas Petroleras, planteándose mejoramiento en las condiciones de vida, aumento de salarios, etc. Estas demandas colectivas se dieron a conocer a las empresas en mayo de 1937 con emplazamiento de huelga. Las emoresas ocurrieron al presidente Cárdenas ofreciendo entenderse con sus trabaiadores; pero a pesar de la intervención presidencial, el entendimiento fue imposible y la huelga estalló el 25 de mayo mismo. La amenaza de una huelga general por solidaridad de todos los sindicatos, hizo intervenir al presidente. La huelga acabó el 7 de junio siguiente, planteándose entonces por los trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación el Conflicto de Orden Económico. Las prestaciones del Contrato Colectivo presentado por los trabajadores ascendían a $174.611,640.00. Hubo de nombrarse una comisión especial para conocer el estado económico de las empresas, que en realidad no eran sino parte de los trusts norteamericanos e ingleses, y tenían poder suficiente para mover influencias. La Junta Federal afrontó la demanda sindical que comprendía 18 puntos a cual más escabroso, pero justos. El dictamen de la Comisión pericial fue sorpresivo por haberse descubierto:

a) Que todas las empresas estaban desvinculadas de nuestra economía y habían recuperado desde 10 años antes, el importe de sus inversiones;
b) Que todas sus utilidades, sólo dejaban en México salarios e impuestos;
c) Que el 60% del petróleo oriundo de nuestro subsuelo se exportaba a Inglaterra y a Estados Unidos;
d) Que sólo la Compañía de Petróleo El Aguila con sus empresas filiales; había producido el 59.33% de la producción total;
e) Que la curva de precios del petróleo y derivados era ascendente;
f) Que el costo de la vida de la familia de un obrero había ascendido un 88.96%, siendo inferiores los salarios de los obreros petroleros, que los de los ferrocarrileros y mineros;
g) Que los salarios de los trabajadores americanos de México eran superiores a los de los mexicanos.

El último de los 40 puntos contenidos en el dictamen pericial era definitivo:

Los compañías petroleras demandadas han obtenido en los tres últimos años (1934-36) utilidades muy considerables; su situación financiera debe calificarse de extraordinariamente bonancible, y, en consecuencia, puede asegurarse que sin perjuicio alguno para su situación presente y futura, por lo menos durante los últimos años, están perfectamente capacitadas para acceder a las demandas del Sindicato.

El laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Grupo 7,se dio a conocer el 18 de diciembre de 1937, estableciéndose puntos de renovación y creación de nuevos conceptos sobre el derecho de los trabajadores en diversos aspectos: empleados de confianza, indemnizaCión en casos de reajuste, jornada de 40 horas semanarias, servicios médicos, seguro de vida, riesgos profesionales, descanso y vacaciones, ahorro, becas para los hijos de los trabajadores en plan de perfeccionamiento técnico, casas para los trabajadores, etc. Diez días más tarde, el 28 de diciembre de 1937, las compañías petroleras ocurrieron a la Suprema Corte de Justicia en demanda de amparo.

La situación política nacional era favorable al gobierno. El presidente contaba con el apoyo de la opinión pública. El 22 de febrero de 1938 se inició el Congreso General Ordinario de la central más fuerte a la que pertenecían los trabajadores petroleros. Invitado el presidente de la República, fue recibido con entusiasmo. Entre otros informes a la asamblea, dijo:

Para que la marcha de la Revolución continúe sin que se detenga la ejecución de las obras inherentes a su acción eminentemente constructiva, es necesario que en todo momento estemos preparados para resistir, aun a costa de serios sacrificios económicos, los ataques de los que no han comprendido la justicia de la causa de México y que se empeñan en hacerla fracasar creando situaciones de incertidumbre y de alarma. Tal es el caso de las empresas petroleras en su reciente actitud frente al conflicto con sus trabajadores, al hacer el retiro violento de sus depósitos y efectuar intencionada campaña de publicidad para inquietar a los hombres de empresa y restringir o negar el crédito a las industrias, como si se pretendiera usar de coacción ilegítima para forzar el sentido de la resolución definitiva en beneficio de sus intereses, e impedir el normal y recto desarrallo del proceso ante las tribunales correspondientes.

Por otra parte, ya hemos hecho del conocimiento de la Nación que el gobierno está preparado para limitar sus presupuestos cuando las condiciones económicas así la reclamaren. Pero ni en un caso así, ni la disminución temporal de las obras públicas podría causar serias trastornos al país. Los campesinos ejidatarios y los trabajadores al servicio del Estado, en carreteras. en ferrocarriles, en obras de irrigación, etc., están solidarizados con el Gobierno para aceptar una reducción de créditos y salarios si fuese necesario.

La opinión internacional respecto al desarrollo del conflicto era guiada par folletos intencionados y por la prensa inglesa y narteamericana, anunciando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un caso de denegación de justicia.

Era el momento en que México, su Revolución y su Gobierno, vilipendiados por la prensa imperialista, aparecían ante el mundo como el caos de la justicia y el desastre de la libertad. En Norteamérica, a pesar de los irreductibles ímpetus e ideas del secretario de Estado, señar Hull, en favor de las campañías petroleras, había una voz respetable que atemperaba los impulsos imperialistas del secretario de Estado y ésta era, indudablemente, la del presidente Franklin D. Roosevelt, cuya afinidad ideológica con el presidente Cárdenas era históricamente la misma que la que existió en momentos igualmente aciagos, entre otros dos grandes presidentes: Juárez y Lincoln.

El 19 de marzo. de 1938, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justiciá de la Nación, integrada par los ministros J. López Sánchez, Octavio M. Trigo, Salomón González Blanco y Alfredo Iñárritu, negó a las empresas el amparo de la Justicia de la Unión. A pesar de que las compañías no tenían atra alternativa que la de cumplir el Laudo Laboral, sus directores continuaron viendo al presidente en busca de un arreglo, a lo que tal vez, en otras condiciones, los trabajadores hubieran accedido. Las empresas continuaron en actitud cada vez más insolente, realizando actos hostiles, tales como retirar sus fondos de los bancos y haciendo más virulenta la publicidad exterior. Tuvo que llegar la hora decisiva, y llegó. El 18 de marzo de 1938, después de un breve Cansejo de secretarios de Estado, el presidente dio a conocer a sus colaboradores el Decreto Expropiatorio de los bienes de las compañías petroleras; todas manifestaron su conformidad con la medida y lo sancionaron con su firma quienes debían de hacerlo. Posteriormente el presidente Cárdenas lo hizo público a la Nación, lanzando el manifiesto, algunos de cuyos párrafos son los siguientes:

La actitud asumida por las Compañías Petroleras negándose a obedecer al Mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión, el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación, un remedio eficaz que evite definitivamente, para él presente y para el futuro, el que los fallos dé la Justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas, mediante una simple declaración de insolvencia como se pretendió hacerlo en el presente caso.

Por otra parte, las Compañías Petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que se les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y mal intencionada que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los Gerentes de las propias Compañías, que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas Compañías buscaron lesionar seriamente los intereses económicos, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones dictadas por las Autoridades Mexicanas.

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, seguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras Leyes para someter a la obediencia, a las Compañías Petroleras. Se trata de un caso evidente y claro que obliga aL Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las Compañías Petroleras a la obediencia; sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las Compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las Autoridades del Trabajo, de no ocupar el Gobierno las instalaciones de las Compañías, vendría la paralización inmediata de la Industria Petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del País.

En tal virtud, al expedir el Decreto que corresponde, se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este Manifiesto, al Pueblo de mi Patria, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la Nación entera, apoyo moral y material necesarios, para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos usado ni buscado por nuestro propio criterio.

El Gobierno ha dictado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello, sólo pido al Pueblo confianza plena, respaldo absoluto a las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener en este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional, que consumamos, una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las poderosas Naciones, queremos decir que nuestra expropiación petrolera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las Naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada, sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al extranjero, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que recibir las masas populares y las naciones en conflicto.

Dado a conocer al país el anterior Manifiesto en el que claramente se advierte la solidaridad de México con los países democráticos, se constituyó el Consejo de Administración del Petróleo, que integraron dos representantes de la Secretaría de Hacienda, dos de la de Economía y tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros, figurando como tales los señores Lic. Eduardo Suárez e lng. Enrique Ortiz, por la primera de dichas Secretarías; por Economía los señores Efraín Buenrostro e Ing. Rafael Michel y por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, el secretario general Juan Grey, Fernando Vázquez y Rubén de la Fuente.

Las manifestaciones de entusiasmo en apoyo del presidente fueron imponentes. Todas las clases sociales, sin exclusión, mostraron su solidaridad al gobierno de la República.

El día 29 del mismo mes la Compañía de Petróleo El Aguila pidió amparo por la ocupación de su edificio de la Avenida Juárez.

Al mismo tiempo, el presidente de la República hizo declaraciones en el sentido de que México no rehuía el compromiso de pagar el importe justo de los bienes expropiados, destinando el 20% del importe de las ventas de petróleo en el exterior, al pago de la indemnización de las compañías.

El Gobierno de Inglaterra se dirigió reiteradamente al de México, pidiendo la devolución a la compañía de Petróleo El Aguila, de su propiedad.

El presidente Cárdenas, con toda dignidad, rechazó la intervención diplomática.

Se hizo un cálculo de la extracción de petróleo a partir del año de 1901; cálculo que arrojó 3,500 millones de pesos mexicanos.

El ministro inglés notificó al gobierno de México haber recibido instrucciones de abandonar el país, con lo cual quedaron rotas nuestras relaciones con el Imperio Británico.

El día 8 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó a las Compañías Petroleras el amparo contra la expropiación de sus bienes.

Mientras todas las clases sociales acudían a los lugares señalados para depositar su ayuda pecuniaria para pagar la deuda petrolera (conmovía a todos los que vivimos con Cárdenas esos días históricos, ver a mujeres del pueblo, quienes al no tener efectivo, entregaban aretes, anillos, prendedores), la prensa del mundo comentaba en términos injuriosos y soeces la expropiación, sin que el Gobierno temiera, ya que el país le había dado el más terminante y soberano de los apoyos públicos.

Yo había renunciado al puesto de presidente del Partido Nacional Revolucionario a mediados del año de 1936, para dedicarme al ejercicio de mi profesión, pero fui de los primeros en dirigirme al presidente Cárdenas, protestándole mi solidaridad. con el gobierno de la República en aquellos momentos tan trascendentales para el país.

El mensaje que le dirigí al presidente Cárdenas, decía así:

Con entusiasmo me solidarizo con la actitud enérgica y patriótica que ha tomado usted al expropiar los bienes de las compañías petroleras. Considero que este acto trascendental, será de grandes beneficios para el país y fija normas y orientaciones para todos los pueblos débiles que defienden su soberanía. Atentamente.

E. Portes Gil.

En los primeros días del mes de noviembre de 1938, pidió una entrevista conmigo un distinguido abogado, miembro del despacho del señor licenciado Basil O'Connor, de Nueva York.

El señor O'Connor es uno de los grandes abogados del foro estadounidense. Había sido, durante muchos años, socio del presidente Pranklin Delano Roosevelt cuando éste se dedicaba al ejercicio profesional. Además, el señor Basil O'Connor era presidente de la Cruz Roja de los Estados Unidos de Norteamérica.

El enviado del señor O'Connor me manifestó que venía de parte de dicho señor, con objeto de invitarme a ir a la ciudad de Nueva York para iniciar pláticas con las compañías petroleras norteamericanas, y llegar a un arreglo en lo que respecta a la indemnización por los bienes que se les habían expropiado.

Indiqué al representante del señor O'Connor que yo no podía resolver nada sobre el particular, ya que no tenía representación alguna en el Gobierno, y aun cuando era cierto que llevaba con el presidente Cárdenas una estrecha amistad personal y política, necesitaría, antes de aceptar una invitación de esa naturaleza, consultar con el jefe del Ejecutivo asunto tan trascendental.

El representante del señor O'Connor me hizo ver que su bufete se había fijado en mí porque sabían la amistad que cultivaba con el presidente Cárdenas, y además, porque conocían mi larga actuación en la vida pública de México y en la ciencia jurídica.

Como esta cuestión la consideré de suma importancia, manifesté al abogado que en vista de que el presidente Cárdenas se encontraba en el Estado de Yucatán, tendría yo que salir a entrevistarlo y poner en su conocimiento el propósito que lo traía a México; propósito que había sido sugerido por los mismos petroleros.

A mediados del mes de noviembre me dirigí a la ciudad de Mérida, donde se hallaba el presidente, y desde luego hice de su conocimiento mi entrevista con el representante del licenciado O'Connor.

Al pedirme mi opinión, le dije que era de tomarse en consideración, y que si él estaba dispuesto a que se iniciaran pláticas, puesto que las compañías eran las que lo pedían, y si yo gozaba de su confianza, con gusto aceptaría la misión.

El general Cárdenas desde luego llamó al señor licenciado don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y arreglados todos los pormenores del viaje, el día 31 de diciembre de ese año de 1939 salí a la ciudad de Nueva York.

El día siguiente tuve la primera entrevista con el señor O'Connor en su despacho, habiéndole manifestado que el presidente Cárdenas había aceptado la. sugestión. que por su conducto había yo recibido; en la inteligencia de que estaba yo autorizado, según carta que le mostré, para iniciar pláticas con los representantes de las compañías, siemore y cuando se hiciera constar que eran ellos quienes habían hecho la invitación al Gobierno de México para tratar este asunto tan importante.

Cuatro o cinco días después, acompañado del Cónsul General de México, séñor don Rafael de la Colina, competentísimo diplomático y gran conocedor del idioma inglés, nos presentamos en el Metropolitan Club de Nueva York, que está situado frente al Central Park, y en mesa a la que asistieron ocho distinguidos representantes de las compañías, se iniciaron las pláticas.

Representaba a la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva York, el señor Fulton, yerno del señor Rockefeller y hombre de gran capacidad en materia de petróleo.

La exposición que hice a los representantes de las compañías fue más o menos la siguiente:

Vengo con la representación del presidente Cárdenas para tratar con ustedes la manera de llegar a un arreglo, en lo que respecta únicamente a la indemnización que las cómpañías expropiadas deberán recibir como importe de sus bienes.

Quiero hacer constar, también, que ha sido a invitación de ustedes, hecha por conducto del señor Basil O'Connor por lo que vengo en representación de mi gobierno, según carta que me permito mostrarles.

Después manifesté que para iniciar las pláticas, tenía instrucciones del presidente de pedirles que suspendieran todos los ataques que en la prensa de los Estados Unidos y de Europa, se venían haciendo a México, acusando a su gobierno de haberse apoderado indebidamente de los bienes de las compañías. El señor Fulton, cortésmente, expuso que ellos eran ajenos a esos ataques, y que sí reconocía que habían dictado medidas muy severas para establecer el boicot al gobierno de México en materia de exportación de petróleo y de adquisición de la maquinaria necesaria para hacer la explotación; pero que desde luego estaban de acuerdo en que en lo futuro no continuara la campaña de ataque al gobierno mexicano.

Establecida la primera condición, expresé, por conducto del señor de la Colina, que, en mi concepto, ellos -ustedes, dije- no conocen a fondo el problema que estamos discutiendo (En estas pláticas estuvo presente también el señor Lic. Javier Piña y Palacios, socio entonces de mi bufete).

Voy a empezar por mostrar a ustedes fotografías de las condiciones de miseria y de insalubridad en que se encuentran los trabajadores de las compañías.

Al efecto saqué una serie de fotografías de las chozas miserables en que viven los trabajadores de la Huasteca, de la insalubridad de los campos petroleros, en donde el paludismo y la tuberculosis hacen víctimas, por millares, en las mujeres, en los niños y en los obreros. Agregué:

El pueblo donde brotó el pozo más rico del mundo Cerro Azul, con producción de 250,000 barriles diarios, se encuentra en las condiciones más lamentables de miseria y de insalubridad.

En cambio, los jefes y empleados de nacionalidad norteamericana, inglesa, y holandesa, viven en la parte alta del pueblo, en las colinas, disfrutando de las mayores comodidades en casas de aire acondicionado, refrigeración y desinfección.

El año de 1918, expresé a mis interlocutores, hizo una visita a los campos petroleros de la Huasteca el señor Doheney, entonces director de la Standard, y aunque el señor Doheney estaba clasificado como un hombre cruel, duro e inhumano, cuando visitó a sus trabajadores, se conmovió ante aquel espectáculo; después de acordarles algunos beneficios, y ayudar a las madres y a los niños con obsequios, reconvino con toda energía al señor William Greene, gerente de dicha compañía, para que procediera a mejorar la condición de los trabajadores.

El conflicto se inició ante la Junta Federal de Conciliación, a la que ocurrieron los directores de las compañías que ustedes representan.

Después de una tramitación en que se adujeron todas las pruebas, alegatos de los abogados representantes de las compañías y de los trabajadores, la junta dictó un laudo condenando a las compañías al pago de $26.332,745.00.

Las compañías, inconformes con aquel laudo, pidieron amparo ante la Justicia Federal.

Quiero hacer una digresión, expresé en la junta.

Yo soy abogado postulante y tengo mi despacho en la Avenida Juárez Núm. 56, segundo piso.

El quinto piso de ese edificio había sido arrendado por los directores de las compañías para discutir, en juntas, toda la serie de incidentes que tuvieron lugar por la demanda de los trabajadores.

Un día bajaron a mi despacho los señores Anderson, gerente general de la Huasteca, y Anacleto Blakeley, alto funcionario de la Compañía de Petróleo El Aguila.

Los dos, antiguos amigos míos, a quienes yo les había ganado demandas, que después de pláticas se transigieron.

Igualmente, en el año de 1922, había sido nombrado árbitro por los trabajadores de El Aguila y por ésta, para zanjar un conflicto de huelga que había durado ya 4 meses.

Hago esta explicación a ustedes, para que conozcan los antecedentes que yo he tenido en materia de petróleo.

Tan luego como se inició la plática, los señores Blakeley y Anderson, que dominan muy bien el idioma español, me dijeron:

Venimos a consultarle a usted su opinión sobre qué es lo que considera que debemos hacer en este conflicto tan enojoso como representantes de nuestras compañías.

Queremos una consulta del abogado y del amigo.

Contesté a los señores Anderson y Blakeley, que como abogado no les podía dar ninguna opinión, en virtud de que yo no podía cobrarles honorarios, pues antes que abogado me consideraba mexicano, y como el pleito había sobrepasado ya los límites legales, ya que las compañías estaban cometiendo una franca desobediencia al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mi deber no podía discutirse.

Pero ya que ustedes me hacen esta consulta, por la que me dicen me pagarán fuertes honorarios, a los que previamente hago renuncia, sí les digo, como amigo que he sido de ustedes, que las compañías deben someterse al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no recurrir al amparo, porque éste es manifiestamente improcedente.

En cierta forma convencí a los señores Anderson y Blakeley, y me dijeron que los abogados de las compañías estaban obstinados en recurrir al amparo.

Yo creo, les dije, que sus abogados mexicanos los están metiendo en un lío muy grande, pues por el deseo de percibir las igualas que ustedes les pagan, quieren prolongar una situación que está perdida.

Creo que lo debido es que lleguen a un entendimiento con el presidente Cárdenas.

El laudo es por 26 millones de pesos. Ustedes ofrecen 18. Fácil es llegar a un entendimiento.

Se despidieron los señores Anderson y Blakeley; al día siguiente, vi por la prensa que las empresas habían recurrido al amparo de la Justicia Federal.

Les hago conocer estos antecedentes, repuse a los representantes de las compañías petroleras, volviendo a afirmar que quizá muchos de esos detalles son desconocidos por ustedes.

No veo aquí presente, dije, a los representantes de la compañía inglesa de petróleo El Aguila, y el hecho de que no haya ningún representante de dicha empresa, significa que ésta pretende que ustedes, los representantes de las compañías norteamericanas, sean las que se hagan cargo de este conflicto tan grave, y claro, como los Estados Unidos han venido representando el papel de coco -expliqué lo que en español se llama coco en la América Latina- seguramente juzgan que el Gobierno Norteamericano intimidará al gobierno de México y sólo obligarán a llegar a un arreglo; pero, afortunadamente, el presidente Roosevelt ha manifestado que el gobierno de su cargo no intervendrá por ningún motivo en este conflicto.

Me refiero a la ausencia de los representantes de la compañía El Aguila para insistir en un hecho que es innegable. Esta compañía, según estadísticas en un boletín económico de Londres, tuvo en el año de 1937 una utilidad de más de 130 millones de pesos de la explotación de sus pozos en México. Y yo me pregunto: ¿qué son 26 millones de pesos, es decir, 7 millones de dólares para compañías tan poderosas? Además, expresé, la compañía de El Aguila es propietaria del 59.33% del petróleo de México. Y las compañías norteamericanas sólo representan el 40%.

El señor Fulton, pidiendo una excusa. me cortó la palabra para decirme:

Yo no conocía esos datos.

Aquí tiene usted, dije al señor Fulton, la demostración de que en efecto lo que digo es verdad.

- De tal suerte que de los 7 millones de dólares que ustedes tenían que pagar, el 59.33 lo tendrá que pagar El Aguila y el 40% ustedes.

Ante la expectación que produjo aquella afirmación mía, y la confusión del señor Fulton de que él no conocía esos datos, se suspendió la junta para seguir durante más de un mes la serie de pláticas iniciadas aquella noche.

Como resultado de esas pláticas cesó la tremenda campaña de prensa que en todo el mundo se venía desarrollando en contra del gobierno de México.

Después de nuevas pláticas. llegamos a estas conclusiones:

Primera. El gobierno de México, como lo ha manifestado desde el día de la expropiación, está dispuesto a pagar el importe de los bienes expropiados a las compañías previo un avalúo que se haga por peritos nombrados por las empresas y por el gobierno de México.
Segunda. Este pago se hará en abonos anuales previo el convenio que se firme en su oportunidad.

Como se iniciaba la campaña presidencial en favor del señor general Avila Camacho como candidato a la presidencia de la República, me despedí de aquellos señores en una gran cena que nos ofrecieron a mí, al licenciado Piña y Palacios que me acompañó, y al señor de la Colina, cónsul general de México.

Los primeros efectos de las mencionadas pláticas no se hicieron esperar; muy pocas semanas después se inició el rompimiento del frente de las compañías petroleras, habiendo venido el representante de la Sinclair, a tratar directamente con el presidente Cárdenas la forma de solucionar las dificultades con esa compañía y para llegar a un acuerdo sobre indemnización.

Roto el frente tan compacto que habían formado las compañías, después, ya durante la presidencia del general Avila Camacho. se llegó a un arreglo de 1a indemnización previo el avalúo que se hizo de los bienes.

Cuando acepté la representación que el presidente Cárdenas me confirió para tratar este asunto, le supliqué que se conservaran en la mayor discreción las gestiones que por mi conducto se iniciaban, y que con excepción del señor licenciado Suárez y del cónsul de la Colina, nadie más debía conocer esta cuestión. Además le manifesté que aparte de los gastos indispensables que ocasionara mi estancia en Nueva York, no tendría él que preocuparse por ningunos otros.