AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
Emilio Portes Gil
CAPÍTULO UNDÉCIMO
PERIODO PRESIDENCIAL DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS
LA OBRA DE CÁRDENAS EN MATERIA AGRARIA
El día que me hice cargo del gobierno provisional de la República, en el mensaje que leí al tomar posesión, expresé que consideraba un deber ineludible e inaplazable proceder con la mayor actividad a continuar la labor de dotación y restitución de tierras a los pueblos, así como a expedir el Código Federal del Trabajo que venían reclamando las organizaciones obreras.
Preveía yo que pronto algún grupo de generales intentaría, como sucedió, iniciar una revuelta en contra del gobierno constituido, y para contrarrestar esa labor de los infidentes, necesitaba demostrar a los campesinos y a los obreros, que el gobierno de mi cargo estaba resuelto a proceder diligentemente a resolver los problemas sociales más importantes.
Ahora bien, como el presupuesto de la Comisión Nacional Agraria era raquítico, a fin de reforzar el personal que se necesitaba para cumplir el ofrecimiento que había hecho a los campesinos, en el sentido de que la actividad que desplegaría el gobierno provisional no sería menor que la que habían realizado los presidentes Obregón y Calles, ordené a la Secretaría de Guerra que pusiera a disposición del Departamento Agrario 150 ingenieros militares, que serían pagados por la propia Secretaría de Guerra.
Con este grupo de técnicos, en colaboración con los agrónomos que dependían de la Secretaría de Agricultura, se organizaron brigadas en los Estados de México, Morelos, Puebla y Veracruz, en los cuales el reparto de tierras había sido lento.
Así fue como en esas entidades se desarrolló la mayor actividad para dotar a los campesinos de las tierras a que tenían pleno derecho.
De las estadísticas publicadas por el Departamento Agrario aparece que en los 14 meses que estuve al frente del gobierno provisional, es decir, del día 19 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930, se entregaron a los campesinos 2 065,847.97.79 hectáreas, beneficiándose con esto 155,826 familias, es decir, el ritmo de reparto de tierras que hizo el gobierno provisional fue superior, en proporción, al que en seis años habían hecho mis antepasados, y sin duda alguna, en la misma proporción que el ritmo que llevó el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, ya que éste, en los seis años, repartió 20'072,957.33.64 hectáreas, beneficiando a 774,009 familias.
Es de advertirse que el gobierno provisional de 29 dejó gran número de expedientes resueltos y que por la brevedad del tiempo no pudieron ser entregadas las tierras. Dichas resoluciones se ejecutaron durante el gobierno del señor Ing. Ortiz Rubio.
Igual actividad se siguió en la dotación de aguas.
Como los campesinos eran víctimas de las guardias blancas y de las acometidas de los latifundistas, expedí, con fecha 19 de enero de 1929, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensas Rurales, cuya exposición de motivos dice así:
Para que una nación pueda ser fuerte necesita la ayuda de todos sus ciudadanos, no sólo en lo que se refiere a estar de acuerdo con la línea de conducta que se hubiere trazado el Gobierno, sino, muy principalmente, respaldándolo real y positivamente para resolver los distintos problemas que se le presenten.
Tomando por ello en cuenta las condiciones excepcionales en que actualmente se encuentran las organizaciones agraristas, el nivel moral a que han llegado los diferentes elementos que las integran, la conciencia de su responsabilidad ante los problemas de la Patria, como factores de orden, y el deseo que frecuentemente manifiestan de contribuir con el gobierno para asegurar la paz de la Nación; el C. presidente de la República acepta su cooperación para que constituyan las Defensas Rurales, las cuales vendrán a ser la vanguardia de la legión que defenderá los postulados revolucionarios y los principios de reivindicación social, haciendo que la tranquilidad impere en el país, para que los trabajadores del campo y de las ciudades, gocen de garantías, a fin de que el comercio y la industria se acrecienten, recibiendo con esto, propios y extraños, los beneficios de las conquistas revolucionarias; y disfrutando de la tranquilidad a que todos los habitantes de la República tienen derecho.
El Supremo Gobierno tiene la convicción de que cada agrarista de los que formen parte de las Defensas Rurales, será un ciudadano armado dispuesto aun al sacrificio de su vida si fuere necesario, para sostener y hacer respetar las instituciones, así como una garantía de orden, puesto que consciente y voluntariamente, se presta a ser guardián de la comunidad.
Es innegable que los agraristas, al aceptar someterse a un régimen de disciplina, para cumplir debidamente con la misión que se les impone, asumen una responsabilidad con sus molestias inherentes; pero el Gobierno sabe que así se da una oportunidad a los campesinos para que demuestren su abnegación y sobre todo, su espíritu de orden, pues no abrigarán más ambición, que la muy grata e íntima de estar cumpliendo con un sagrado deber para con la Patria.
El Gobierno, como representativo de la Revolución, puesto que en ella tiene su origen, al depositar su confianza en el elemento agrarista, espera que éste corresponda dignamente, y que las armas que pone en sus manos siempre sean empleadas con lealtad.
El C. presidente de la República, como jefe Supremo del Ejército, y con él el C. secretario de Guerra, y los jefes de Operaciones, se hacen responsables ante la nación de la conducta de los componentes de las Defensas Rurales, pues los agraristas sabrán estar a la altura de su misión, haciendo honor a la distinción que se les hace, y sabrán castigar al miembro de la defensa que no cumpla con la obligación que contrae de no hacer un mal uso del arma que se le presta.
Sabedores los agraristas de que toda agrupación necesita sujetarse para su funcionamiento a una reglamentación, convienen en que deben someterse a una disciplina, que por tratarse de elementos armados, tiene que ser severa y rígida, pues de otra manera no existiría responsabilidad.
Por ello, el presente Reglamento, sin llegar al rigorismo disciplinario del ejército, establece dentro de sus lineamientos, deberes que implican la unidad disciplinaria.
La República entera está pendiente de la conducta de los agraristas, y el Supremo Gobierno está seguro de que no se arrepentirá de haber depositado su confianza, en la clase social que lleva por bandera, el postulado más noble de la Revolución Mexicana:
Tierra y Libros para Todos.
En los artículos principales se especifica lo siguiente:
Art. 1° Los agraristas organizados formarán las Defensas Rurales que el Gobierno de la República considera conveniente organizar, a fin de que cooperen a la conservación del orden interior, de conformidad con las prescripciones que establece el presente Reglamento.
Art. 2° En cada pueblo se integrará una Defensa Rural, que se distinguirá de las demás, agregandO el nombre de la localidad.
Art. 3° Las Defensas Rurales canstituirán, con carácter provisional, el pie veterano de las reservas a que se refiere la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales.
Art. 4° La conscripción de las defensas, será regional y su arganización se regirá por lo dispuesto en el Art. 25 de la citada Ley Orgánica.
Art. 5° Las Defensas Rurales, para el desempeño de su misión, quedarán directamente subardinadas a las autaridades militares.
Art. 6° Cada Defensa tendrá un Jefe electo por mayoría de votos, que se denominará Comandante.
Art. 7° Si la Defensa lo desea, se designará como Comandante a un miembro del Ejército·
Art. 31. Igualmente se procederá a su desarme, cansignando a los responsables a las autoridades competentes, en el caso de que no cumpla con el compromiso de dar garantías, cometa desmanes, haga mal uso de la fuerza depositada en sus manos, se extralimite en sus atribuciones o no auxilie a las fuerzas federales.
Art. 32. El Supremo Gobierno se reserva el derecho de proceder al desarme de las Defensas Rurales, cuando ya no crea necesaria su cooperación.
Art. 33. A las Defensas Rurales, podrán ingresar además los ciudadanos de buena conducta en pleno ejercicio de sus derechos.
En la página 542 de su interesante libro El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria, el señor profesor don Jesús Silva Herzog, que reconoce que la actividad agraria desarrollada por mí sólo fue superada por el presidente Cárdenas, expresa en uno de dichos párrafos, lo siguiente:
El licenciado Emilio Portes Gil, a quien varias veces hemos citado en este libro, por su participación en la vida pública del país y par su profesión de fe agrarista, en alguna acasión por la menos, no lo ha sido tanto en el ejercício de su prafesión,
Realmente no me explico cómo el señor Silva Herzog me hace cargo tan injustificado, puesto que estoy satisfecho de que durante el largo ejercicio de mi profesión jamás he abjurado de mi fe agrarista, y nunca he defendido intereses contrarios a los campesinos, ni tampoco he aceptado patrocinio alguno en asuntos contrarios a los obreros.
Posiblemente el señor Silva Herzog se refiere al cargo malévolo que se me ha hecho de que yo defendí a los propietarios del latifundio de Cananea. Cuando algunas personas me hicieron ese cargo, y sobre todo en la polémica que sostuve hace algunos años con el ex secretario de Agricultura, don Gilberto Flores Muñoz, desmentí categóricamente el que yo haya defendido al latifundio de Cananea, ya que tal cargo tuvo su origen en el hecho de que cuando era presidente de la República el señor don Adolfo Ruiz Cortines, sabiendo que yo tenía influencia en algunos de los propietarios de dicho latifundio, en virtud de que estaba patrocinando a uno de ellos en un divorcio, me llamó para pedirme que convenciera a los propietarios para que vendieran al gobierno en un justo precio la citada propiedad.
Como los herederos estaban divididos en dos grupos, yo me encargué de convencer a los disidentes a fin de que aceptaran las proposiciones de compra que les hacía el gobierno, lo cual sucedió meses después. Esta fue toda mi intervención en este asunto. Pero nadie me puede probar que haya defendido yo a los mencionados propietarios del susodicho latifundio en lo que se refiere a las afectaciones que se les hacían.
Al rendir el informe de las labores realizadas por el gobierno provisional, del 19 de diciembre de 1928 al 19 de septiembre de 1929, expresé ante la Cámara de Diputados lo siguiente:
Ciudadanos Diputados y Senadores:
Juzgaría no haber cumplido satisfactoriamente con mi deber, si después de haber dado cuenta con las actividades de las distintas dependencias de la Administración, no diera también cuenta, para conocimiento de la Representación Nacional y del país entero, con las preocupaciones más íntimas a las que he debido hacer frente durante mi corta gestión. Tales preocupaciones se han derivado del deseo constante de cumplir con los compromisos contraídos, de desarrollar el programa esbozado, y de ponerme a la altura de la enorme responsabilidad que la investidura que ostento trae aparejada; y para reseñarlas de un modo metódico, considero conveniente volver a las declaraciones que formulé el día que rendí mi protesta como presidente de la República.
En aquella ocasión aseguré que el gobierno provisional no tomaría partido en la elección presidencial que ya se avecina, y que dejaría a los partidos políticos para que se disputaran el triunfo en el terreno de la lucha democrática; y puedo declarar con satisfacción que tal propósito ha venido cumpliéndose y que se cumplirá del modo más estricto hasta el día de la elección. Mi mayor satisfacción a este respecto es la de que los mismos candidatos han reconocido mi apartamiento de la pugna electoral y no han siquiera señalado la participación de empleados federales de categoría inferior en ninguna de las actividades de carácter electoral.
Manifesté también que la moderación de los grupos políticos simplificaría mi tarea y ahorraria sacrificios a la Nación, y quiero aprovechar este momento para reiterar la misma súplica a los candidatos y partidos contendientes. Ya en marzo la falta de ecuanimidad y el afán imposicionista del grupo valenzuelista, desencadenaron una lucha que, afortunadamente, no fue ni larga ni sangrienta, y la proximidad de esa pugna estéril y criminal, deberá servirnos para moderar nuestra contienda política, llevándola a un terreno de compostura y de decencia, que dignifique nuestras prácticas electorales y que haga menos escabrosa la posición de las autoridades federales.
Ofrecí, igualmente, prestar acatamiento a los preceptos constitucionales que garantizan nuestra reforma social, y puedo vanagloriarme de haber sido leal a mi promesa. En materia agraria, en el mismo mes de diciembre, elevé al conocimiento de las Cámaras un proyecto de ley que facilitaba la resolución de nuestro problema agrario, y tal proyecto, discutido por las Cámaras y elevado a la categoría de ley, ha servido para desarrollar una intensa labor de dotación y restitución de tierras, que se ha completado con un programa general de educación y organización campesina. En materia obrera, el proyecto de Código de Trabajo, que se principió a discutir con toda anticipación, se envía ya a las Cámaras y a éstas les corresponderá refrendar el cumplimiento del deber que ya dejó satisfecho el Ejecutivo al formular su proyecto, y al enviarlo sin ninguna vacilación, afrontando los ataques y las críticas que fácilmente hubiera eludido con sólo abstenerse de laborar en la materia.
Prometí no usar del Poder para constreñir la libertad de expresión y afirmé que para definir mi prestigio y aun la misma respetabilidad de la Administración, confiaba íntegramente en el buen juicio de la masa consciente del país, y puedo igualmente proclamar que no he faltado a esta promesa. La voluntad del Gobierno no se ha movido para detener la pluma o para moderar la fogosidad de quienes en cualquier forma me han atacado. Las intemperancias del grupo valenzuelista no fueron siquiera contestadas, porque pensé que hacerlo habria significado tomar parte contra un grupo político al que por deber de funcionario debía dar toda clase de garantías. Y también he permanecido inalterable cuando agitadores impreparados, que inútilmente tratan de ostentar una representación obrera que nadie les ha dado, aprovecharon una discusión de carácter doctrinario para alardear de valerosos, lanzándome ataques que resonaron en un local ofrecido por el gobierno y que fueron lanzados a conciencia de que no se ejercerían represalias, ni se guardarían rencores, ni se cobrarían venganzas.
Ofrecí, finalmente, que escogería mis colaboradores de entre los hombres mejor preparados, y que procuraría que ninguno de los altos funcionarios de la Federación ostentara un boato que estuviera en disonancia con la situación económica del país y con el apostolado revolucionario que sustentamos, y espero que en la conciencia nacional viva la impresión de que tal ofrecimiento ha sido cumplido por mí en lo personal y también por mis colaboradores más íntimos.
El ofrecimiento relacionado con substituir los hombres leales a los hombres, por los hombres leales a los principios, considero también haberlo dejado satisfecho de modo especial en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos componentes, varios de ellos desconocidos para mí en lo personal, merecieron al ser designados la confianza de la Nación, y ya durante su actuación el aplauso y la confianza de todos los ciudadanos del país.
Y antes de terminar permitidme que, remontándome para recorrer el ciclo anterior de nuestra Administración, recuerde por unos instantes los terribles días de luto nacional que transcurrieron a raíz de la muerte del presidente electo general Alvaro Obregón, y la clarinada de esperanza que significó el mensaje presidencial del señor general Plutarco Elías Calles.
En aquella ocasión, sin saber quién ocuparía la primera Magistratura de la Nación, y sintiendo hervir cerca de sí los gérmenes de la conjura que habría de estallar meses más tarde, el general Calles se elevó sobre las mezquindades de los egoísmos pasajeros, y con la fórmula: país de instituciones y no país de hombres, presentó ante la faz de la Nación un programa que dignificaba nuestro medio político y que hacía florecer en nuevas conquistas el martirio desgraciadamente irreparable del general Obregón.
Abogó entonces el señor general Calles por la abolición del caudillaje, y por la necesidad de dar un paso definitivo que nos pasara de la categoría de pueblo y de gobierno de caudillos, a la condición pacífica y civilizada de pueblo de instituciones y de leyes. Planteó el mismo estadista la necesidad de eliminarse personalmente y de que sus sucesores, inspirados exclusivamente en conveniencias patrióticas, hicieran un apostolado de la tolerancia política y del respeto a la ley.
Tales declaraciones, que tuvieron toda la fuerza moral de un testamento político, una fuerza real mucho mayor que la de cualquier testamento, porque fueron dictadas, no por un despechado o por un valetudinario, sino por un hombre que estaba en la plenitud de sus facultades mentales y que había tenido a más la fortaleza de sobreponerse a las sugestiones de quienes le aconsejaban continuar en el Poder, como único caudillo superviviente de nuestras tragedias intestinas, fueron recogidas por mí con la más íntima devoción, y quiero vivificarlas al contacto de la Representación Nacional para declarar que me sirven de guía y que me reconfortan en los momentos de prueba.
Necesito expresado así, para poder desmentir de la manera más rotunda y definitiva las especies criminales que se han propalado, haciéndome aparecer como un ambícioso vulgar que después de haber llegado a la presidencia de la República en cumplimiento de un deber, trata de afianzarse en la primera Magistratura de la Nación, dando el más innoble ejemplo de deslealtad y de falta de patriotismo.
No trataría siquiera sobre tópico tan penoso, si en los últimos días no hubieran circulado al respecto las opiniones más descabelladas, y no haría tal, porque no tengo las proporciones de un caudillo que fuera capaz de arrastrar al Ejército o al pueblo en una aventura tan absurda como la que algunas imaginaciones calenturientas han fraguado, ni tampoco he recibido la más ligera insinuación que me permitiera creer en la posibilidad de que un sector honorable de opinión, por pequeño que éste fuese, aceptara de buen grado la prolongación de un mandato que habría de venir aparejado con la bancarrota de la ley.
Pero que conste de todas maneras, no para satisfacción mía, ya que esto habrá de conseguirse de todos modos el 5 de febrero próximo, sino para desahogo de la Nación que quiere un estado social de tranquilidad que le permita trabajar y producir, que no hay la menor razón para sospechar que yo trate de iniciar, o de seguir, o de prohijar ninguna maniobra que tienda a cambiar la fecha de las elecciones y a prolongar mi mandato, mandato que desempeñaré sin ninguna pretensión de marcar etapa, pero sí con la satisfacción de haber iniciado la etapa institucional que anunció el general Calles y por la cual estamos obligados a luchar todos los buenos mexicanos, poniendo en la empresa todo el amor y todo el desinterés de que seamos capaces.
Y al retirarme de este recinto, purificados por el fervor de un patriotismo que habrá de poner óleos de santidad sobre las llagas de nuestras imperfecciones, que nos ilumine a todos la magnitud de nuestra responsabilidad, y que nos dignifique la convicción de que somos, no los amos, sino los servidores del país, ocasionales mantenedores de un poder que por esencia sólo pertenece al pueblo, y al decir pueblo quiero designar exclusivamente a la masa productora, a la mayoría desamparada que es también constructora del orden social, que un programa generoso y revolucionario está tratando de reedificar sobre las bases de respeto mutuo y de justicia social.
Ya fuera de la administración, he sostenido siempre que el programa de la Revolución debe continuar implantándose, con las modificaciones que ameriten las necesidades del pueblo; es decir, las innovaciones que deban introducirse, deben ser siempre cada vez más avanzadas.
Voy a reproducir algunos párrafos de una conferencia que dicté el día 15 de diciembre de 1953 en la Cámara de la Industria de la Transformación.
Dice así:
... Y esto es hacer justicia a la Revolución que a pesar de todos sus tropiezos y de sus errores ha logrado una franca mejoría para todos los grupos sociales de México, pero principalmente para el proletariado del campo y de la ciudad. Es indudable que uno de los problemas que más se han discutido en los últimos 40 años, que ha tenido mayor número de opositores, ha sido el de la Reforma Agraria.
A este respecto yo clasifico a los enemigos de la Revolución en dos grupos:
Aquellos que por su ideología retardataria y por sentirse herederos y representativos de las clases privilegiadas, ven con amargura todo lo que tiende a innovar y a imprimir nuevas modalidades al estado social, económico y cultural del país; y aquellos que han renegado de su pasado revolucionario por no haber logrado satisfacer sus ambiciones de lucro o de poder y que han sido inconsecuentes consigo mismos, cometiendo todo género de claudicaciones.
Los primeros, desde su ángulo equivocado, están en su derecho de censurar y aun de negar los progresos que se han alcanzado en los últimos 40 años; pero es imperdonable que los otros, los renegados del movimiento progresista, se presten a ser instrumentos conscientes o inconscientes de nuestros seculares enemigos y lleguen, generalmente cada seis años, con motivo de la renovación de los poderes federales, a cometer actos de verdadera traición, sólo porque no han satisfecho mezquinas ansias de poder o de lucro. Estos son los peores enemigos de la Revolución.
La crítica que los opositores a la reforma agraria víenen haciendo desde que se inició asume todas las formas, desde la negación falaz que ignora el menor de los éxitos, hasta la censura de muchos técnicos que conocen mucha literatura y legislación sobre tierras, pero que desconocen en la práctica este problema.
Los detractores de la reforma agraria no pueden negar que la masa campesina, compuesta de más de doce millones de indios y mestizos, está en gran parte satisfecha. Esta población, que antes vivía una existencia miserable, de verdadera esclavitud y Que en el curso de toda nuestra larga historia de revoluciones fue factor decisivo para el desorden y la anarquía, es ahora una población pacífica que produce, que viste mejor, que se educa en la escuela rural y que se ha convertido en el más fuerte sostén de los gobiernos. Como consecuencia, México es ya un país que ha liquidado su larga serie de revueltas y de cuartelazos que nos hacían aparecer ante el mundo como un pueblo inculto e incapaz de gobernarse.
Los revolucionarios hemos sido atacados frecuentemente por nuestros enemigos: de traficantes, de explotadores de los negocios públicos y esto, señores, es verdad en gran parte. El enriquecimiento ilícito de gran parte de los hombres de la Revolución es una grave responsabilidad que pesa sobre quienes han incurrido en esta falta y ellos tienen que responder ante la historia de esta acusación. También tenemos que reconocer que la corrupción administrativa ha llegado en ocasiones a un clima de verdadera asfixia.
Se ha cometido el error grave de que muchas gentes, protegidas por funcionarios de la Revolución, se adueñaron de grandes extensiones de las tierras que riegan las importantes presas construidas con los dineros del pueblo. Se ha acusado igualmente de que se han cometido fraudes a los campesinos con semillas y con abonos ineficaces, cobrando un excesivo precio por ellas y lo que es más vergonzoso, que se han vendido propiedades ejidales a influyentes para que sean urbanizadas. De esto la Revolución no es responsable, son los falsos y malos funcionarios que se han prestado a cometer estos actos que caen bajo el imperio de la ley.
Por esto es urgente, necesario, indispensable, volver sobre nuestros pasos y purificar el medio ambiente. Señalar nuevas rutas de honestidad y sacrificio y exigir a todos el cumplimiento estricto del deber ...
Antes de dar fin a mi conferencia citada, formulé los siguientes puntos de vista:
1. Que si hemos cometido errores, la revisión y corrección de ellos sirva a los nuevos hombres que tienen en sus manos la administración pública, para hacer una labor mejor que la que realizamos en el pasado, sin la experiencia y los grandes recursos pecuniarios y técnicos de que ahora se dispone.
2. Considero que todas las tierras que se han puesto en cultivo por las grandes presas construidas, deben servir para dotar con ellas a los campesinos que reclaman tierras, a fin de evitar que muchos miles de labriegos se vean obligados a enrolarse en calidad de braceros para ir a otros países en busca del pan que su patria no les da.
3. Se impone una revisión de operaciones de tierras a gentes que nunca habían sido agricultores, entre quienes existen muchos que adquirieron miles de hectáreas en las regiones irrigadas. Tal revisión tiene como finalidad hacer que vuelvan al patrimonio de la nación muchas superficies que no se trabajan debidamente, que se reservan para especular y que sus propietarios en el caso de que las exploten tienen a su servicio peones que no reciben los beneficios de las leyes del trabajo.
Si la Revolución expropió a los latifundistas de la dictadura creo que no comete ningún atentado al expropiar a los nuevos y voraces acaparadores que se convirtieron en propietarios a bajo precio, con grave perjuicio de los campesinos que habitan esas regiones y andan mendigando un pedazo de tierra para poder vivir.
4. Considero que en la pequeña propiedad de 100 a 150 hectáreas, debe obligarse al . propietario a cumplir con lo que disponen las leyes del trabajo en el capítulo Trabajo del campo, en lo que respecta a salarios, seguros, incapacidad profesional y demás prerrogativas que la ley de la materia prescribe.
5. Que en el futuro la política de irrigación se realice en beneficio de la nación; y que los propietarios a quienes se expropien sus propiedades, reciban la justa compensación proporcional en tierras de riego, quedando a beneficio de ejidatarios o pequeños agricultores las nuevas superficies mejoradas. Esto quiere decir que no se autorice a persona alguna, por influyente que sea, a comprar previamente a bajo precios las tierras en que se van a construir presas, como ha sucedido en ocasiones, con grave perjuicio para el país.
6. Que se acabe con el abuso de expedir certificados de inafectabilidad agraria y ganadera para extensiones de tierras que no son propiamente pequeñas propiedades, ya que es más perjudicial admitir concesiones de inafectabilidad por 25 años para superficies que a pretexto de que se dediquen a la ganadería, no se hace otra cosa que sustraer a la afectación extensiones de tierra perfectamente afectables.