AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Emilio Portes Gil

CAPÍTULO TERCERO

LA PROPIEDAD TERRITORIAL DURANTE EL PORFIRISMO

LA DICTADURA PORFIRIANA.
El latifundismo. El sistema ferroviario. El sistema bancario. Primeros brotes de descontento. El manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Primeros levantamientos armados. Las huelgas de Río Blanco y Cananea

Al asumir el general Díaz el poder, la situación era de completa anarquía, se sucedían constantemente pronunciamientos que declaraban la soberanía de regiones importantes del país.

Si durante el gobierno de don Benito Juárez, con frecuencia había sublevaciones de caudillos regionales que trataban de sustraer al Poder del Centro el mando de alguna provincia, durante los primeros años del general Díaz estos pronunciamientos también acontecieron. Caudillos regionales, del tipo de Vidaurri en Nuevo León, con gente decidida y valiente se dieron a la tarea de fomentar rebeldías locales.

Convencido el general Díaz de que ante todo se hacía indispensable la tranquilidad del país para poder administrar y desarrollar su programa de Gobierno, desde el momento en que se hizo cargo de la Presidencia, fomentó una administración de caudillaje basada en la fuerza militar.

Si el general Díaz logró el éxito deseado, se debió, principalmente, a su prestigio obtenido en la guerra contra la Intervención Francesa y en la de la Reforma, y a su habilidad militar en la serie de guerras intestinas en que había participado.

Lo cierto es que, en muy poco tiempo, se logró una paz completa en toda la República. El general Díaz asumió todos los Poderes. La organización federativa, que nuestra Constitución de 57 estableció en sus artículos de índole política, no tuvo aplicación alguna. El general Díaz obraba siempre en nombre de la ley, pero ninguna ley fue capaz de evitar todos los actos violatorios que se cometían. Las Cámaras legisladoras, la Suprema Corte de Justicia, estaban enteramente supeditadas al capricho de la dictadura.

El Gobierno de cada Estado era una especie de Delegado del Poder Central. Obraba siempre en representación del presidente y los otros poderes locales se elegían en la misma forma en que se designaban las Cámaras de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. Los gobernadores tenían su representación en los Municipios por conducto de los Jefes Políticos.

En cada Estado se agruparon caudillos regionales adictos al general Díaz. Estos caudillos eran militares que habían combatido a la intervención y que por circunstancias especiales habían llegado a adquirir prestigio en las provincias.

Como consecuencia de la organización política existente, vino la selección hecha por el gobierno de los hombres más capaces o de mayores méritos, por su inteligencia o por su adhesión al mismo, y fue el grupo que gobernó al país.

Toda aquella administración tuvo una tendencia determinada: la de favorecer al régimen capitalista. Por lo demás, no constituyó una novedad, ya que en todo el mundo el dominio del régimen capitalista era absoluto.

El gobierno del general Díaz se justificó al lograr la paz, y la justificación que daban las gentes que entonces colaboraban en la Administración, fue la supresión total de las revueltas y de los desórdenes que durante más de cincuenta años había sufrido el país.

Desde luego, aquella tranquilidad, aquella paz, fue bien recibida en todas partes; pero como es natural pensar, era enteramente mecánica, material, porque para nada se tuvo en consideración la vida espiritual de México, ni mucho menos se preocupó el gobierno por solucionar los problemas que afligían a la inmensa mayoría de las gentes humildes.

En el aspecto agrario, la situación de los campesinos no podía ser más aflictiva. La hacienda mexicana era un enorme latifundio cultivado sólo en mínima parte, explotado raquíticamente con procedimientos antiguos, con aperos coloniales, principalmente con el arado de palo tirado por bueyes.

La hacienda mexicana de la época de la dictadura era el latifundio de oprobio y de miseria. Generalmente al frente de ella estaba un administrador o un arrendatario, ambos con mucho menor cultura que el propietario; pero con mayores pretensiones. Eran los verdaderos capataces que obligaban a los campesinos a hacer producir la tierra. La agricultura era paupérrima, los medios de explotación antiguos y sin técnica, y como la producción tenía que hacerse costeable, se obligaba al peón a trabajar un número de horas excesivo. El propietario poco se preocupaba por trabajar su heredad, comúnmente residía en la capital de la República o en el extranjero, a donde el administrador le enviaba los productos obtenidos, más que de la explotación de la tierra, de la explotación de los peones.

En la casa principal siempre existía lo que a través de nuestra historia se ha llamado la Tienda de Raya, en la que se vendía a los peones mercancías a precios exagerados, generalmente de mala calidad y que adquirían los campesinos no con su dinero, porque por lo regular no se les pagaba en efectivo, sino con fichas o cartones de la finca.

Había otra costumbre muy generalizada en aquella época en todas las haciendas; el baile público de los sábados, organizado para fomentar el vicio y la delincuencia y que tenía como principal objetivo la venta de alcohol y quitar a los asalariados el escaso jornal que habían alcanzado. Como consecuencia de los escándalos que había en el baile público, venía la aprehensión y consignación del delincuente a la autoridad, la imposición de multas, de trabajos forzados en las calles del pueblo o la consignación al servicio de las armas, llamado leva.

El general Díaz, cuando entró al poder, dice don Fernando González Roa en su interesante obra El aspecto agrario de la Revolución Mexicana, comenzó el gran desarrollo ferroviario en el país.

El Gobierno tomó gran empeño en promover la construcción de caminos de fierro aunque fuera de un modo desordenado y poco sistemático. Una vez que se hubieron construido algunos sistemas importantes, puso término a esta actividad el Ministro de Hacienda de aquel gobernante. Desde entonces el gobiernd se preocupó principalmente en construir un gran sistema consolidado, procurando concederle todos los privilegios del monopolio. La construcción de los caminos de fierro vino a determinar de una manera clara el alza de la renta de la tierra, provocando el aumento de los precios. El señor Bulnes nos dice, en una de sus obras, que los caminos de fierro, lejos de poner en contacto con los centros comerciales e inexplotables regiones de producción, han atravesado las tierras cansadas por el cultivo secular.

En consecuencia, los ferrocarriles sirvieron para distribuir ampliamente los productos que antes satisfaCÍan las necesidades de una región. De esta manera los centros poblados se agruparon, no según la productividad de los lugares, sino según la distribución de los productos hecha por los caminos de fierro.

Los precios de los cereales se elevaron enormemente y de esta manera el valor de la tierra llegó alrededor de diez veces mayor que el que tenía antes de la construcción de las vías férreas, porque los hacendados que antes vendian sus artículos a precios insignificantes los pudieron enviar a largas distancias.

El Barón de Humboldt nos da a conocer en su Ensayo Político, los precios que prevalecían en el Bajío a principios del siglo pasado y nos señala progresivamente los aumentos que iban teniendo a mayor distancia de la zona de producción.

Los ferrocarriles, en fin, sirvieron para distribuir lo que ya había y de ninguna manera para aumentar las existencias por repartir, y de allí el natural encarecimiento de los artículos. Volviéndose los hacendados más ricos, su influencia se hizo mucho mayor, y en consecuencia, se aumentó su poder político.

El enorme valor de los cereales vino a aprovechar al productor solamente, porque el asalariado no se benefició con un aumento tan perceptible en sus salarios. Por otra parte, las tarifas ferrocarrileras se estudiaron en el sentido de favorecer a los hombres poderosos; y como éstos eran los comerciantes extranjeros y los terratenientes del país, se puso prácticamente fuera de la competencia a los productores pequeños.

Unas veces en las tarifas se estableció claramente la preferencia y otras veces se otorgaron privilegios bajo el nombre de tarifas diferenciales.

No debe extrañarnos semejante cosa, pues en todas partes donde una clase privilegiada gobierna a la población, ella es la que se favorece de todo avance en el sentido del progreso material.

Hemos citado repetidas veces como un ejemplo a la India, gobernada también por una clase privilegiada; pero hoy tenemos la suerte de que se encuentran en nuestras manos las obras del publicista indio Lajpat Rai, presidente que fuera del Congreso Nacionalista de su patria y uno de los abogados más distinguidos de la India Inglesa. Particularmente su obra titulada England's Debt to India, nos proporciona algunas citas fidedignas de carácter comparativo, pues esta obra está escrita con apoyo en autoridades británicas o indias favorables al régimen británico en el Indostán. El señor Wacha, el más hábil perito en materia de hacienda de la India, dice hablando de los ferrocarriles: >Los intereses mercantiles europeos fueron juzgados de principal importancia mientras que los de la población india fueron, si acaso, conservados como de segunda importancia.

Dándose, como se dieron, las concesiones para la construcción de los ferrocarriles a compañías extranjeras y con una subvención por kilometraje, los técnicos que se encargaron de hacer los estudios para la construcción de las líneas, más que por la región misma por donde debían pasar sus líneas, se interesaron por construir el mayor número de kilómetros para obtener rápidamente las grandes subvenciones que obtuvieron del Gobierno. De ahí, pues, que no se preocuparon porque las líneas ferrocarrileras cruzaran por regiones realmente productivas, no se preocuparon por abrir nuevas fuentes de producción agrícola, sino simplemente por unir los puntos que mayor facilidad daban a la construcción, con el fin principal de hacer el menor gasto por kilómetro y obtener rápidamente el pago de la subvención.

Al lado de esta subvención en metálico, figuró tambien la apropiación por parte de las ferrocarriles, de grandes extensiones de terreno, a uno y otro lado de la vía. Esta apropiación tenía aparejada la concesión para la.explotación de los bosques; no les preocupaba la conservación, lo que veían era la obtención fácil de las grandes utilidades que la tala de los bosques les proporcionó.

Como las mayores ventajas que podían obtener las compañías constructoras procedían de los grandes latifundios, era natural que quisieran, que desearan, mejor dicho, ponerse bien con los grandes acaparadores de terrenos, y no con los elementos desposeídos de estas cualidades. De ahí, pues, que los ferrocarriles trataran de unir las grandes propiedades de México, dejando a muchos kilómetros de la vía las verdaderas propiedades donde podían despertarse nuevas fuentes de producción. Por eso el Sr. Bulnes, en la cita que hace el Maestro González Roa, expresa que las grandes líneas ferrocarrileras pasan por los terrenos agotados de la Mesa Central, y en general, de la República.

Y en cuanto al sistema bancario, que se siguió durante el régimen del general Díaz, y que influyó de manera poderosa en el régimen territorial de México, puede afirmarse lo siguiente:

Originalmente, puede decirse que durante los años anteriores al régimen porfirista, el banquero que más influencia llegó a desarrollar y que más préstamos hacía, principalmente a los agricultores en grande y a la industria incipiente del país, era el Clero; éste, que como hemos visto anteriormente tenía acaparadas grandes riquezas, no desperdició la oportunidad de hacer préstamos a los agricultores y de dar facilidades para tales préstamos. Indudablemente que cobraba un interés relativamente módico; generalmente el cinco por ciento anual; este interés era muy inferior al que cobraron después los bancos que llegaron a adquirir desarrollo y verdadero esplendor económico durante el Gobierno del general Díaz.

Una de las medidas de que se valió el Clero para acaparar gran parte de la propiedad rústica del país y de la propiedad urbana, fue precisamente el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Como los propietarios no llegaron a poder satisfacer esos créditos, la propiedad en parte pasó a manos muertas, a manos del Clero.

Abatido el poder económico de la Iglesia, con motivo de las leyes de nacionalización y desamortización, vino un período en que no hubo realmente instituciones de crédito. Claro que el Clero nunca tuvo carácter de institución de crédito; pero todo el mundo sabía que recurriendo a él se podían obtener capitales para el fomento de la agricultura y para la adquisición de propiedades raíces.

Decíamos que, con motivo de haber perdido el Clero el poder económico, y durante el segundo y tercer período del gobierno del general Díaz, se inició francamente una política de atracción de capitales para inversión en negocios bancarios.

Vino la política que inició el entonces ministro de Hacienda, Lic. Limantour, que dio las mayores facilidades y los mayores privilegios a las instituciones bancarias, y es así como nace toda la serie de bancos, de emisión la mayor parte; refaccionarios otros y algunos hipotecarios y de crédito territorial.

Estas concesiones a los bancos envolvían privilegios de gran consideración; generalmente los Consejos de Administración de aquellos bancos se formaban con personas muy allegadas al régimen oficial; las mejores prebendas que los bancos podían conceder eran para funcionarios del régimen o profesionistas que tenían gran influencia dentro del gobierno. Como consecuencia de ello se obtenía la concesión en forma verdaderamente privilegiada.

Los privilegios principales que llegaron a tener los bancos de emisión, muy ligeramente analizados, podemos clasificados en los siguientes:

El derecho de emitir billetes sin una responsabilidad efectiva; era una responsabilidad ficticia, ya que no se hacía un depósito real sino en otra clase de valores.

En segundo término, una exención completa de toda clase de impuestos a los bancos de emisión; con pretexto de favorecer el crédito nacional tenían en toda la República una exención de contribuciones, no pagaban ni a la Federación, ni a los Estados, ni a los Municipios. Esto los colocaba en una situación privilegiada, que les daba grandes fadlidades para mover todos sus negocios.

En tercer término, no había competencia entre ellos; generalmente había una verdadera ramificación de intereses entre todos los bancos. Los negocios que hacían no eran estorbados por los demás, sino por el contrario, había una colaboración, mejor dicho, una verdadera maffia entre todos ellos para acaparar los negocios de la República, y de la administración del general Díaz.

Como en los primeros años el Erario estaba en situación económica de deficiencia, el Banco principal de emisión, que era el Banco Nacional de México, figuraba como el eterno acreedor del Gobierno; lo que venía siendo desde los gobiernos anteriores.

Esta situación, de acreedor del gobierno, le daba una mayor fuerza ante la opinión pública, y casi se consideraba al Banco Nacional de México como un Banco de Estado, Banco de Estado que no tenía absolutamente de ello ninguna característica; era un banco de creación capitalista, de tendencia centralizadora, un verdadero monopolio; pero tanto al Banco como a los funcionarios mismos de la Administración, les interesaba hacer aparecer a esta institución como el banco que manejaba los negocios de la República.

Otra de las prerrogativas que tenían los bancos era la de su legislación misma. Los créditos bancarios se sujetaban para hacerse efectivos a un procedimiento ejecutivo especial, casi los tribunales salían sobrando; los bancos ejercitaban los distintos procedimientos de apremio y llegaban a obtener el fallo sin ninguna dilación.

Naturalmente esta situación priviiegiada de los bancos empezó a extenderse a todos los negocios del país: llegaron a asumir funciones de bancos refaccionarios. La agricultura era raquítica, y como la producción se componía exclusivamente de cereales, principalmente maíz y trigo, resultaba insuficiente para abastecer el consumo interior, siendo necesario importar cereales para cubrir las necesidades más apremiantes del país. Como la agricultura era pobre, los agricultores llegaron a estar en difíciles condiciones. Al vencimiento de los créditos, se veían en situación apurada para hacer los pagos; pedían, como consecuencia de ello prórrogas y prórrogas; vino de parte de los bancos el acaparamiento de grandes haciendas, es decir, la propiedad se centralizó de tal manera, que esto influyó poderosamente en el sostenimiento del vicioso régimen territorial de México.

La política bancaria se caracterizó desde luego por el hecho de que sólo a los grandes propietarios se hacían préstamos. Naturalmente, como sólo las grandes haciendas podían responder por los créditos, el pequeño propietario, aun cuando ocurriera a solicitar préstamos de refacción, casi nunca los obtuvo, y si los obtenía era en condiciones muy especiales, y muy raras veces. Era natural que el pequeño propietario, para poder atender a las necesidades de sus cultivos, recurriera a los prestamistas, principalmente a los agiotistas, que prestaban con un interés muy fuerte. El tendero que vivía en la población cercana, le prestaba alguna pequeña cantidad de refacción con la promesa de que la cosecha sería vendida al tiempo a un precio irrisorio.

Y en cuanto a los salarios, el Barón de Humboldt, con su genio observador, nos pinta con verdadera maestría el cuadro de miseria en que se encontraban los indígenas durante la época de ia Colonia y muy pocos años antes de la Independencia. Esta descripción que hace, podemos decir es la misma que se ha hecho a través de toda nuestra historia; esta misma descripción es aplicable a la época del México independiente hasta 1910 y después de 1910. Es cierto, como decíamos antes, que ha habido mejoría en los salarios, principalmente en los de la ciudad, y aún en los del campo, pero quiero repetir que actualmente existen regiones del país en donde el salario es tan miserable que las gentes viven muy pobremente.

Con frecuencia se oye en México repetir la idea, enteramente falsa, de que es un país rico, que aquí nadie se muere de hambre, y se agrega que casi no existen hombres sin trabajo, es decir, que el problema de los sin trabajo no es problema que nos afecta. Esto es falso. Hay mucha gente en el campo y en la ciudad que apenas tiene lo necesario para comer. De allí resulta toda esta situación aflictiva en que se encuentra un gran número de pueblos; y como consecuencia la degeneración de la raza, la serie de enfermedades que sufren los familiares y que constituyen verdaderas epidemias, por falta de alimentación. Viene después la mortalidad infantil, que en México fue hasta hace algunos años verdaderamente pavorosa, y la razón fundamental es que las desgraciadas gentes a que me refiero no tienen lo necesario para alimentarse, ni mucho menos lo indispensable para alimentar a los numerosos hijos que generaimente crían.

¿Que el problema de los sin trabajo no existe en México? Es falso. Existe en un porcentaje bastante considerable. Lo que sucede es que aquí el hogar es muy hospitalario. El jefe de la familia y algún otro miembro de ella que trabajan, proveen con sus escasos ingresos y ayudan a la subsistencia del miembro o miembros de la misma familia que no encuentran trabajo. Generalmente una familia pobre puede vivir con $ 5.00 o $ 10.00, componiéndose de cinco o seis personas. La vida que llevan estas gentes es muy miserable, ¿qué pueden comer cinco o seis personas con un ingreso de tal cantidad? Sin embargp, tal suma se alarga en forma tal que sobre los seis miembros, que obligadamente está en condiciones de sostener el jefe de la familia, le alcanza para mantener uno, dos o tres más que carecen de trabajo. Por eso dicen que nadie se muere de hambre en nuestro país; pero en realidad una inmensa mayoría de gente está medio muerta de hambre. El problema de los sin trabajo. es un fenómeno al que debe darse toda la atención debida, porque es grave, y con el tiempo lo será más.

Los señores Lic. don Diódoro Batalla, el Dr. Francisco Martínez Calleja, don Luis del Toro y don José G. Ortiz, prominentes miembros del Partido Liberal, refiriéndose a la situación que privaba en aquellas épocas, expresan lo siguiente:

Analizando los orígenes de nuestra civilización, se puede, desde luego, designar, como elemento primitivo de nuestra sociedad, la coexistencia de dos coeficientes étnicos: el indio y el español, puestos en contacto y en lucha por el fenómeno histórico de la Conquista. Como consecuencia inmediata de la españolización de las comarcas amerrcanas, resultó el inevitable contraste entre una y otra raza. El indígena fue el oprimido, el español el opresor; el uno era el débil, el otro el fuerte; el uno el pobre, el otro el rico; el uno era la carne maleable, el otro el organismo robusto; el indígena soportaba, en su pobreza, en su opresión y en su debilidad, todas las vejaciones, todas las injusticias, todas las crueldades, todos los despojos y todas las rapiñas del español, fuerte, rico e implacable.

Pero las necesidades fisiológicas, imponiéndose por modo inevitable, aproximaron, para la satisfacción de necesidades brutales a los hombres del gremio opresor a las indígenas, indiferentes, pasivas o resignadas. De esas aproximaciones bestiales, producto necesario de la carencia de mujeres españolas, surgió nuestra raza, la raza criolla, colocada por las leyes y, más que todo, por las costumbres virreinales, en un estado de dependencia subalterna, de incapacidad burocrática, que sólo pudo destruir la guerra libertadora de Independencia.

Como resultado de esos elementos étnicos puestos en juego, como ineludible variante en la multiplicidad del desarrollo biológico, surgieron y se delinearon claramente diversas castas sociales, cuyos caracteres y matices principales subsisten y se conservan hasta nuestros días, y pueden fácilmente advertirse a poco que se examinen los grandes perfiles de nuestra sociedad moderna.

Durante el período de la dominación española, el poder perteneció exclusívamente a una raza: la peninsular. Los títulos para aspirar a los honores, a los cargos, a las granjerías, se derívaban exclusivamente de la nacionalidad.

¿Se era español? -Se podía ser todo. ¿No se era español? -No se podía ser nada. Y este monopolio de todo lo bueno, de todo lo grande, de todo lo útil en favor de una raza dominadora, llegaba hasta el seno de los hogares, formaba los grandes delineamientos de la familia y refrendaba a cada generación el predominio peninsular. Marido y Bretaña, de España -decían nuestros antepasados esculpiendo en las formas concisas de un adagio la síntesis del organismo social.

Venían de la Metrópoli todos los empleados de la Colonia, con sed de riqueza nunca exinta, y arrancando de las capas más humildes de la sociedad española, llegaban los aventureros, los inclasificados, los labriegos incultos, surgidos a la categoría de ricos prohombres merced a la tradicional herencia del Tío de las Indias. El comercio en sus diversas manifestaciones; la agricultura, organizando desde entonces la ergástula de nuestros modernos hacendados; la minería, condenando al trabajo subterráneo y negando eternamente la luz del sol a innumerables rebaños de indígenas; el agio, todas las mil variedades del tráfico humano, estaban en poder de los peninsulares, que de la tierra, de las minas, del comercio hacían derivar un nuevo Pactolo, cuyo curso enderezaban a la Metrópoli, de vientre nunca lleno, de ambición jamás saciada.

Formáronse dos castas entre los dominadores: la de los burócratas, con la torpe herencia de los procedimientos lentos y tardos de la Administración ibérica, y la clase de los hombres enriquecidos, que en jerarquías, determinadas por los guarismos que arrojába su riqueza, componían así las capas más o menos elevadas de la sociedad virreinal.

En cuanto a la aristocracia española, sólo los Virreyes pertenecían a ella; que los grandes de Castilla, los hombres de prosapia histórica, aquellos cuyo árbol genealógico arrancaba de las cruzadas, o siquiera de las guerras de reconquista contra los moros, jamás cruzaron el Océano. Formóse, en verdad, cierto modo de aristocracia colonial, integrado por los hombres más ricos que, a trueque de sumas cuantiosas, recibían de la Vieja España improvisados pergaminos; pero esta nobleza sin antecedentes, este gremio social de nueva fabricación, jamás formó una casta especial, limitándose a culminar en los puntos más salientes de las clases enriquecidas.

El criollo fue siempre el producto híbrido y mestizo de dos razas separadas por un mar inmenso de odio; el criollo se vio alejado de los puestos públicos, se vio pospuesto en los honores sociales, languideció en el ocio, arrastró la vida en la obscuridad, y ni aun pudo aspirar al último recurso de nuestros aristócratas modernos, el casamiento con una rica heredera, porque las mujeres ricas eran destinadas por el uso y la costumbre, al zafio labriego peninsular.

El indio fue siempre lo mismo; la figura endeble y raquítica, materia prima de todas las opresiones; el desheredado de la ley, el desposeído de todos los derechos; eternamente al servicio de un amo duro e inexorable.

Y cuando algo como el resplandor de un inmenso incendio comenzó a alumbrar por detrás del campanario del pueblo de Dolores, el indio y el criollo, unidos en un odio común, rompieron la lucha reivindicadora de todos los derechos, en desagravio de todas las espaldas encorvadas -suprema y gigantesca rebelión de la carne azotada contra el látigo de tres siglos de virreinato.

Manos airadas hicieron nuestra separación de la Metrópoli; pero manos esclavizadas y sumisas consumaron la obra de Dolores. Los grandes ideales de la Independencia sufrieron vergonzosamente mixtificación en el Plan de Iguala, adulterándose, de manera absoluta, las obras de los viejos y abnegados insurgentes.

Con la Independencia y con las guerras civiles que surgieron en seguida, perdió su antiguo predominio el elemento español para reconquistarlo más tarde de manera bastante perceptible; se conservaron los viejos elementos invadidos por el criollo; y de nuevo se alzaron la burocracia y la riqueza. En México independiente no pudo haber aristocracia; pero, en cambio, brotó del fondo de todas nuestras revueltas una nueva casta, dominadora y fuerte en cuyas manos han estado los destinos de la República durante la última centuria: la casta militar.

Si durante el período virreinal el predominio fue para los españoles, en la vida independiente de México, fue para los militares, no para los militares de escuela, profundos en estrategia, avezados a la técnica, sumisos a la disciplina, sino para los militares de la guerra civil, lanzados a las altas cumbres del poder por la ola embravecida de sangrientas revoluciones.

En 1879, dice don Luis Cabrera en su libro Obras Políticas, un grupo de jóvenes intelectuales organizaron en la ciudad de Veracruz un movimiento político con objeto de restablecer la Constitución. Al mismo tiempo se amotinaron las tripulaciones de los buques de guerra Libertad e Independencia, que se encontraban en aguas del puerto. El gobernador de Veracruz, general Luis Mier y Terán, uno de los más fanáticos partidarios de Díaz, con toda premeditación y sin causa justificada, acusó a este pequeño grupo de reformadores políticos, de ser los directores del motín.

Mier y Terán se dirigió por telégrafo a Díaz pidiéndole instrucciones; Díaz, sin investigar en lo absoluto la verdad o falsedad del caso, telegrafió inmediatamente, dando a Mier y Terán su famosa orden de: Mátalos en caliente. Esto no obstante que ese grupo de jóvenes fue amparado por el Juez de Distrito de Veracruz, licenciado Rafael de Zayas Enríquez.

En 1890 hubo también una serie de asesinatos en Papantla, a pretexto de que un grupo de agrimensores apareció en el valle colocando sus teodolitos para medir las tierras.

El pueblo se alarmó y no permitió que los ingenieros desempeñaran sus trabajos.

Al día siguiente, como los agrimensores insistieron en hacer la medición de los terrenos, el grupo reapareció con una compañía de rurales y se suscitó un encuentro con la fuerza, resultando varias personas muertas.

Otros hechos de verdadera crueldad fueron las guerras de los indios yaquis y de los indios mayos en el Estado de Sonora, al pretenderse despojarlos de las tierras que durante siglos venían poseyendo.

La guerra se inició en el año de 1880, siendo gobernador del Estado don Ramón Corral, y no vino a terminar sino a principios de la Revolución, cuando se hizo justicia a las tribus.

Las matanzas de obreros de Río Blanco y de Cananea, en 1906 y 1907, fueron otras tantas arbitrariedades que cometió la dictadura por el solo hecho de que los obreros de una y otra factoría se declararon en huelga y pedían mejores salarios. Los generales Manuel M. Diéguez, Esteban B. Calderón, Juan José Ríos, entonces trabajadores en Cananea, fueron recluidos en San Juan de Ulúa. También lo fue el valiente periodista Juan Sarabia.

En 1896 vino el primer levantamiento en el Estado de Chihuahua a causa de lo exorbitante de los impuestos. Otros brotes de rebeldía, como el de las Vacas y Velardeñas, eran reveladores de que el pueblo estaba ya cansado de aquella tiranía. San Juan de Ulúa, Valle Nacional y Quintana Roo, eran los sitios preferidos por la Dictadura para que los delincuentes políticos purgaran sus condenas.

En el mes de julio de 1906 se publicó en San Luis Missouri el Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, que firmaron Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón y Manuel Sarabia.

Este documento, con 28 puntos, es sin duda el más importante de cuantos sirvieron de antecedente a la Revolución Mexicana. En él se analizan todos los problemas de México en sus aspectos político, social, cultural y económico. Se hace una crítica muy severa de los procedimientos despóticos. empleados por el Gobierno; se denuncia la intromisión del Clero en la política, las riquezas que poseía y la tendencia de éste en intervenir en la cosa pública, olvidándose de su misión espiritual. Se estudia la política internacional, expresando que en igualdad de circunstancias, debe darse preferencia al mexicano sobre el extranjero y acabar con los privilegios de que éste disfrutaba.

El Manifiesto hace un balance de las condiciones en que se hallaban los trabajadores y los campesinos, cuya situación era de verdadera miseria. Plantea la jornada de ocho horas, exige la reglamentación del servicio doméstico, pide mejores salarios e higiene en las fábricas y en los talleres, alojamientos, prohibición del trabajo infantil; descanso dominical, indemnización por accidentes de trabajo, pensiones, obligación de pagar a los peones en dinero en efectivo suprimiendo los vales; aboga por la mejoría económica de los jornaleros y medieros para evitar el abuso en el trabajo a destajo.

Se analiza por primera vez en la historia de México el problema del inquilinato, proponiéndose una reglamentación que imponga a los propietarios urbanos la obligación de indemnizar a los arrendatarios que dejan mejoras en sus casas, a fin de obligar a los dueños a renovar las viviendas; pues jamás se preocupan por acondicionar las pocilgas que rentaban a precios exagerados.

En cuanto al problema de la tierra, expresa el importante documento la necesidad de que se haga una distribución equitativa de ella, (a efecto de que pueda lograrse una mejor producción) entre los millones de campesinos que vegetaban en la miseria y en la incultura.

Trata de la emigración de nuestros conciudadanos hacia los Estados Unidos, como consecuencia del despojo de las tierras de que han sido víctimas.

Censura el pésimo sistema de tributación, aboga por la supresión del impuesto del timbre y del gravamen sobre sueldos y salarios.

Finalmente, plantea el problema educativo, abogando por llevar la escuela a todas las regiones del país y exige que se expropien todos los bienes de los funcionarios del gobierno, que los han adquirido abusando del poder para enriquecerse, y que el producto de tales bienes se dedique al pago de la Deuda Pública.

Estudiando detenidamente cada uno de los postulados del Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, se llega a la conclusión de que es, indudablemente, el documento político más importante y más completo de cuantos se han publicado antes y después de la Revolución de 1910.

No cabe duda que los firmantes del documento que comentamos tenían una clarísima idea de todos y cada uno de los problemas nacionales. ¡Lástima que los hombres que redactaron ese programa hayan muerto, uno, en San Juan de Ulúa, otros víctimas de las enfermedades y de la miseria y el más grande de todos ellos, Ricardo Flores Magón, en una inmunda prisión de los Estados Unidos, calumniado infamemente, pues se le acusó injustamente de traición a la Patria.

Pero no sólo el grupo liberal encabezado por Flores Magón era el que denunciaba los actos arbitrarios de la Dictadura; un escritor como Eliseo Reclus, distinguido sociólogo francés, se expresaba así:

La guerra de Independencia ha arrojado a los españoles, pero el sistema de la gran propiedad que ellos introdujeron se ha mantenido. Los trabajadores de los campos muy débilmente retribuidos y retenidos por la fuerza de las cosas en la dependencia de los señores territoriales, sólo por ser hombres difieren de los verdaderos ciervos.

También escritores mexicanos, todos prominentes miembros del tradicional Partido Liberal como don Genaro Raygosa, don Francisco Bulnes, don Andrés Molina Enríquez, éste en su libro Los grandes problemas nacionales; don Wistano L. Orozco, don José María Vigil, don Salvador Brambila y Sánchez, don Matías Romero, don José Lorenzo Cossío y otros muchos en la obra México y su Evolución Social, denunciaron el estado de miseria, de atraso y de incultura en que se hallaba el pueblo de México, como consecuencia del acaparamiento de las tierras de que disfrutaban los grandes latifundistas.

Ya para fines del año de 1909 el balance político, social, económico y cultural de aquel régimen, podemos resumirlo en la siguiente forma:

En primer lugar, debemos reconocer que el general Díaz tuvo virtudes excepcionales que lo caracterizaron como hombre superior; fue un patriota que dio pruebas inequívocas, en multitud de ocasiones, de su gran amor a la Patria. Como gobernante fue austero, honesto y sirvió a su país con gran dignidad, significándose ante el mundo como un estadista.

Pero lo que sucede siempre con los grandes hombres, llegó un momento en que las gentes que lo rodeaban y colaboraban con él pensaron que el Dictador era un super-hombre indispensable, haciéndole creer que México no podía ser gobernado sino por el porfirismo. He allí el gran error en que incurrió el general Díaz. La política del grupo científico, en que figuraron los hombres más eminentes y cultos de la época, se encerró dentro de un criterio exclusivista, y trató de ahogar, y de hecho lo consiguió, durante siete lustros, las aspiraciones del pueblo mexicano. Tal criterio produjo:

I. La total anulación del civismo. La función electoral estuvo absolutamente en manos de los directores de la política, quienes disponían a su arbitrio de los gobiernos de los Estados, Ayuntamientos, Cámaras de Diputados y Senadores, Congresos Locales, que eran desempeñados por gentes que en muchos casos ni siquiera conocían sus regiones.

II. Miseria de los campesinos, como consecuencia del ominoso régimen de la hacienda, el acaparamiento de tierras, que eran poseídas por muy pocos propietarios y como corolario todos los vicios de un régimen de tal naturaleza; jornales miserables, consignación al servicio de las armas, tiendas de raya, poquísimas escuelas, maltrato humillante de los peones y en muchos casos abusos con sus mujeres.

III. Ninguna garantía para los trabajadores de la ciudad. El derecho de huelga nulo, violencia y matanza cuando algún movimiento de protesta surgía.

IV. Apoyo absoluto a los monopolios, compañías mineras, petroleras, a bancos cuya omnipotencia llegó a tal grado con motivo de la protección que la legislación les reconocía, que gran parte de las propiedades urbanas y rurales fueron acaparadas por ellos.

V. Los extranjeros gozaban de una situación privilegiada, sobre todo los norteamericanos y los europeos. Sus negocios eran vistos por los funcionarios como preferentes y las gestiones que hacían ante las autoridades administrativas y judiciales se atendían sin dilación alguna.

VI. La administración de justicia totalmente supeditada al poder público en la Federación y en los Estados.

VII. 72 millones de hectáreas del territorio nacional en poder de unas cuantas compañías colonizadoras y de ciudadanos extranjeros, según datos estadísticos y estudios del eminente jurisconsulto don José Lorenzo Cossío.

Tan enorme adjudicación de tierras, según asienta don Fernando González Roa en su libro El aspecto agrario de la Revolución Mexicana, se hallaba distribuida de la siguiente manera: en la Baja California estaban concesionadas 11 y 1/2 millones de hectáreas a cuatro personas; en Chihuahua 14 1/2 millones a siete concesionarios; en Chiapas se adjudicaron a un solo concesionario 300,000 hectáreas; en Oaxaca se adjudicaron a cuatro concesionarios más de 3 millones 200,000 hectáreas; en Tabasco 750,000 a una sola persona; en los Estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León se entregaron a un solo propietario 5 millones de hectáreas y en Durango, a dos concesionarios, muy cerca de dos millones. Es decir, de los 200 millones de hectáreas de que consta el territorio nacional, muy cerca de la cuarta parte era poseída por extranjeros y algunos mexicanos.

VIII. Concesiones ilimitadas a compañías inglesas y monopolios. A Pearson and Son, antecesor de la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, se le otorgó para la explotación de tierras nacionales o baldías, prácticamente toda la costa del Golfo de México. La misma compañía, basándose en sus prerrogativas, se dedicó también a la explotación de grandes predios pertenecientes a particulares, cuyas quejas, cuando las había, no eran tomadas en consideración. También se otorgó a la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila la concesión para la exploración y explotación del subsuelo de los lagos, lagunas, albuferas, con terrenos baldíos y nacionales, así como de aquellos cuyo título hubiese sido expedido por el Gobierno Federal con reserva del subsuelo. Naturalmente, todas estas concesiones libres de toda clase de impuestos y gravámenes.

IX. 20,000 kilómetros de ferrocarriles, construidos con un plan antieconómico, inspirado más que en un programa de fomento a la producción agrícola o industrial, en el deseo de luchar con las concesiones y obtener del gobierno fuertes subvenciones en metálico, ($10,000.00 a $20,000.00 por kilómetro) y aprovechar también las maderas de los bosques que ya se explotaban sin tasa ni medida por las compañías constructoras.

X. En cuanto a la política exterior, se inspiró siempre en el propósito de halagar a los gobiernos imperialistas, a cuyos súbditos se les otorgaron todos los privilegios para la explotación de los recursos nacionales del país.

Por supuesto que al hacer la crítica al gobierno del general Díaz por las facilidades que se dieron a las compañías extranjeras para la construcción de ferrocarriles, para la fundación de bancos y demás que significaban un gravamen para el país, que tendrían que pagar las futuras generaciones, no hemos dejado de pensar en que el dictador indudablemente obró con patriotismo.

Se había hecho cargo del gobierno el año de 1880. El país estaba en la anarquía más completa. Bandas de rebeldes asolaban los campos y las poblaciones.

El descrédito en el extranjero era general y la bancarrota del régimen era manifiesta.

Si el general Díaz no hubiera dado todas las facilidades para la inversión de capitales extranjeros, habría sido difícil, casi imposible, la reconstrucción de México.

La construcción de ferrocarriles significó un fuerte impulso a la unidad nacional, ya que las vías comunicaron regiones lejanas que antes estaban abandonadas.

Los bancos. influyeron para que se tuviera confianza en México en el extranjero, y las grandes facilidades que se dieron a las compañías que invirtieron grandes recursos para la exploración y explotación del petróleo y minerales, a pesar de las iniquidades que se cometieron; de los despojos de tierras y de los asesinatos, ocasionaron que México pudiera disponer de los recursos del subsuelo, lo cual también significó un progreso efectivo.

Las naciones europeas cuyos ciudadanos tenían fuertes inversiones en México, cuando tenían que tratar de alguna reclamación de importancia, lo hacían a través de la Cancillería Norteamericana; es decir, la personalidad nacional de México era discriminada y su soberanía como país libre no era reconocida.

XI. En materia de educación, la herencia del porfirismo fue muy pobre, baste decir que los presupuestos de los años de 1876 a 1930, en conjunto, eran inferiores al presupuesto de 1953 del régimen revolucionario.

En las postrimerías de la administración del general Díaz la situación había llegado a un estado verdaderamente insoportable. El malestar económico, agregado al político que se sentía ya para 1910, fue lo que vino a determinar el movimiento revolucionario que acaudilló don Francisco I. Madero. En septiembre de ese año, en que se celebró el Centenario de la Independencia, los festejos no tuvieron otra finalidad que demostrar a la Nación el poder y la fuerza material que llegó a adquirir aquella administración. Toda la aristocracia se aprestó a recibir a los numerosísimos embajadores que vinieron de todo el mundo a presenciar los festejos, que constituyeron una refinada demostración de lujo de las clases pudientes de México. El pueblo tomó muy poca participación en las fiestas, asistió como simple espectador, y casi vio con desprecio los acontecimientos.