AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
Emilio Portes Gil
CAPÍTULO QUINTO
LA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONALISTA
EL DISTANCIAMIENTO ENTRE CARRANZA Y OBREGÓN
Ataque al General Obregón por los amigos de Carranza. Contestación viril del General Obregón. Crisis ministeriales en Veracruz. Obregón renuncia a la Secretaría de Guerra y Marina. El Partido Liberal Constitucionalista. El General Calles es nombrado Secretario de Industria. Comercio y Trabajo. Claudicaciones del régimen en materia agraria, obrera y violación al voto público, y a la libertad de prensa.
El distanciamiento entre el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, y el general Obregón, se inició desde principios del año de 1915, cuando la Primera Jefatura se hallaba instalada en el puerto de Veracruz.
Quienes iniciaron tal distanciamiento fueron, a no dudarlo, los señores ingeniero Félix F. Palavicini, los abogados José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas y otros colaboradores cercanos del primer Jefe.
La serie de intrigas y cargos que los mencionados señores, ex-diputados renovadores, hacían al general Obregón, dieron motivo a que éste, en momentos en que iniciaba el avance al centro de la República para enfrentarse a la poderosa División del Norte, que comandaba el general Villa, dirigiera al señor Carranza el siguiente mensaje:
Creo que con las profecías que respecto de Angeles hice a usted en Sonora, las que hice de Maytorena, las relativas al gobernador de Sinaloa, Felipe Riveros, sobre quien suplicaba a usted no aceptarlo en el gobierno de aquel Estado, profecías que, desgraciadamente para nuestro país, resultaron exactas, estoy en la obligación de señalar otra vez a usted los gérmenes que traerán nuevos trastornos al movimiento que hoy iniciamos, asegurando que ésta no es sólo la opinión personal mía; es la de todos los que conocemos la labor de estos malos mexicanos.
Agregando en la propia comunicación:
... el triste presentimiento de que nunca podremos establecer un gobierno verdadero, con elementos tan disímbolos que en su mayoría sólo buscan el medro personal, sin preocuparles, siquiera, la sangre que cuesta a nuestro país cada día.
En Veracruz, donde yo prestaba mis servicios como subteniente escribiente de Asesor, la agitación que se sentía por las publicaciones que se hacían a diario en los periódicos dependientes de la Secretaría de Educación, a cargo del señor Palavicini, eran comentadas desfavorablemente en todos los corrillos. Llegaron, inclusive, los enemigos de Obregón, a propalar la especie de que el caudillo de Sonora cometería con el señor Carranza una traición semejante a la que consumó el general Pascual Orozco con el señor Madero.
La crisis estalló al fin en los días en que el general Obregón iniciaba el ataque a las huestes villistas. Esa crisis se tradujo en las renuncias de los señores licenciado Rafael Zubarán Capmany, secretario de Gobernación; Jesús Urueta, de Relaciones Exteriores; Escudero y Verdugo, de Justicia; este último declaró simple y llanamente:
Es por todos motivos censurable que mientras los bravos soldados a las órdenes del general Obregón se baten en Celaya, los dineros que debían servir para pagar las fuerzas constitucionalistas y demás gastos de guerra, se gastaran preferentemente en pagar sueldos a los amigos, con pretexto de que eran partidarios de la causa.
También renunció don Luis Cabrera. El señor Carranza no aceptó las renuncias de Urueta y de Cabrera, pero como Urueta insistiera en retirarse del gobierno, al fin se le aceptó la dimisión, haciendo estas declaraciones:
Los motivos que me obligan a renunciar son los que están a la vista. Mi permanencia en la subsecretaría de Relaciones, es absolutamente incompatible con los elementos que usted, señor Carranza, ha creído necesario conservar y con las tendencias y procedimientos de estos elementos.
También se hizo una declaración por los dimitentes, quienes expresaron, al dirigirse al señor Carranza, lo siguiente:
Usted sabe también, que con igual lealtad le presentamos la cuestión de confianza, al ver que elementos indelicados, dentro del propio gobierno constitucionalista, comenzaron a laborar por producir la división y la desconfianza entre usted y nosotros.
A su vez, el ingeniero Palavicini expresó, con toda mala fe, al comentar el discurso de Obregón, lo siguiente:
Como yo lo había supuesto, el golpe del señor Carranza había sido adelantarse a un complot tramado contra él, desde Celaya, donde ya había empezado a organizarse el obregonismo.
A fines del año de 1916 ocurrió en Morelos un grave incidente: don Pablo González ordenó el fusilamiento de un teniente coronel y de un coronel en Cuernavaca, a pesar de las órdenes que recibió del secretario de Guerra, general Obregón, para suspender tal acto.
Ante esta situación de franca desobediencia, el general Obregón pidió al primer Jefe que se hiciera una investigación a fin de que si procedía, se hiciera la consignación del general González.
Nos tocó actuar en este asunto al señor licenciado don Arturo H. Orcí y a mí, como abogados asesores de la Secretaría de Guerra, acompañando al general Obregón al acuerdo de ese día, en que se demostró al primer Jefe que la desobediencia del general Pablo González había sido manifiesta, al ordenar el fusilamiento de dos distinguidos jefes militares.
El señor Carranza se limitó a ordenar que dicho asunto fuese debidamente estudiado por el licenciado Fernando Cuén y por el suscrito, con lo cual, de hecho, quedaba aplazado indefinidamente.
El Partido Liberal Constitucionalista se fundó a mediados del año de 1916, siendo sus principales organizadores los civiles y militares que habían tomado parte activa en la Revolución.
A las sesiones concurrían entre otros distinguidos militares, los siguientes:
Obregón, González, Hill, Hay, Manuel García Vigil, Aguirre, Baca Calderón, Serrano, Siurob, Jesús M. Garza, Aarón Sáenz, Miguel A. Peralta, Alvarado, Aguirre Colorado y muchos más de indiscutibles méritos revolucionarios. Entre los civiles recuerdo a don Rafael y Juan Zubarán Capmany, Cutberto Hidalgo, Hermilo Pérez Abreu, José Inés Novelo, Jesús Acuña, Rafael Martínez de Escobar, Claudio N. Tirado, Froilán C. Manjarrez, Juan de Dios Bojórquez, José Inocente Lugo, Luis Sánchez Pontón, Luis G. Monzón, el que escribe y otros ciudadanos de aquella época.
El programa del Partido Liberal era el programa de la Revolución: Sufragio Efectivo. No Reelección.- Reforma Agraria.- Leyes del Trabajo y Previsión Social.- Independencia de los Poderes.- Pronta y expedita administración de justicia.- Autonomía de los Ayuntamientos.- Respeto a la soberanía de los Estados y demás principios democráticos, sociales y políticos que después han sido adoptados por todos los partidos revolucionarios.
En aquella época -sin duda de romanticismo revolucionario- los fines que se perseguían eran utópicos, pero muchos llegaron a realizarse y han seguido realizándose posteriormente.
Se peleaba por algo que se creía factible y patriótico; había respeto a la independencia de los Poderes Legislativos y Judicial y los gobernadores de los Estados tenían una personalidad que era tomada en consideración por el Gobierno Federal. Por lo general, estaban al frente de los destinos de las Entidades Federativas, militares o civiles que habían participado en la lucha armada y gozaban de prestigio en sus respectivas Entidades.
Un caso que puede servir para darse cuenta de la personalidad de algunos gobernadores es el del ameritado general don Mariano Arrieta. Cuando el general Arrieta fue postulado unánimemente en su Estado para el cargo de gobernador, el señor Carranza, que tenía muy especial cariño para el mencionado mílite, deseando evitar que de llegar al gobierno de Durango no pudiera con las graves responsabilidades que el puesto implicaba, por conducto de alguno de sus allegados y en forma muy cariñosa y digna, sugirió al general Arrieta que era preferible que no aceptara su postulación y dejara el lugar a otra persona de su confianza, más preparada para el puesto.
El general Arrieta, según me contó la persona que intervino, le manifestó:
Diga usted al primer Jefe que con todo gusto voy a renunciar a la postulación para el gobierno del Estado, y dígale también, que cuando pasó él por Durango con rumbo al Estado de Sonora, en condiciones aflictivas y carente de toda clase de elementos, yo me presenté y me puse a sus órdenes con mis fuerzas. En aquellos días el primer Jefe no me puso ninguna objeción para aceptar mis servicios y, ahora, porque no tengo ninguna cultura, se me impide lograr el sueño de mi vida, que es el gobierno de mi Estado; que con todo gusto voy a renunciar a la postulación.
Sabedor el señor Carranza de aquella noble actitud del general Arrieta, lo citó para decirle:
General, siga usted como candidato al gobierno de su Estado. Nadie tiene derecho para impedir que su pueblo ejercite sus derechos y elija al gobierno que le guste.
Con esto se puso de manifiesto la altura moral de dos hombres: Arrieta, que renunciaba generosamente al gobierno que ya tenía en sus manos, y el primer Jefe, que no puso ningún obstáculo para que el revolucionario fuera aceptado por su pueblo.
Arrieta, a pesar de su incultura, fue uno de los mejores gobernadores de Durango y siguió siendo guía de los humildes.
Su nombre es pronunciado con respeto por todos los duranguenses. Esto contrasta con la incapacidad de algunos de los hombres que han llegado a los gobiernos de los Estados por designación del centro y que a pesar de su cultura no han podido gobernar con eficiencia a su pueblo.
Los políticos de aquella época no pensábamos en prebendas; en negocios que después se han considerado lícitos por algunos funcionarios públicos, ni menos usábamos la influencia que nos daba el puesto para lucrar, para enriquecernos a costa del Erario Público. Nadie pensaba en traficar con los negocios del Estado. No había mordidas ni contrabandos; ni contratos de obras públicas que se dieran, como ha sucedido después, los mismos funcionarios, quienes para evitar la maledicencia, forman sociedades anónimas usando la influencia que les da el puesto.
A los parientes de los altos funcionarios, cuando más, se les daba algún empleo; pero los hermanos de los magnates, o los hijos de ellos, no disfrutaban de jugosos contratos o concesiones.
Las asambleas del Partido Liberal Constitucionalista se celebraban noche a noche en los lujosos salones del antiguo Jockey Club en el Palacio de los Azulejos, donde ahora se encuentra el elegante café Sanborn's y al que van a solazarse de día y de noche, pero sobre todo a la hora del desayuno, nuestros comunistas criollos que ganan, en las dependencias oficiales, muy buenos emolumentos.
Pero volvamos nuevamente al tema: El Partido Liberal Constitucionalista.
Como las sesiones de la organización coincidían con la celebración del Congreso Constituyente de Querétaro y en esos días se discutían los artículos 3°, 27, 28, 123 y 130 de la Carta Magna, que no figuraban en el proyecto mandado por el primer Jefe, como fueron aprobados, las sesiones del Partido se prolongaban hasta las altas horas de la noche.
Martínez de Escobar, Froylán C. Manjarrez, Luis G. Monzón, Juan de Dios Bojórquez, el doctor Miguel Alonso Romero, que asistían a las asambleas y eran además constituyentes del grupo radical que encabezaban Múgica, Jara y otros legisladores, aprovechaban la tribuna para hacer conocer a los asistentes cuál era el sentir de la mayoría del Constituyente. Consideraban que contra el grupo de la izquierda estaban los antiguos renovadores de la XXVI Legislatura: Luis Manuel Rojas, Palavicini, Cravioto, Macías y otros y que al final tendrían que aprobarse las reformas avanzadas que inspiraron los artículos 3°, 27, 123 y 130 de la Constitución.
Obregón, García Vigil, Sánchez Pontón, Siurob, Zubarán Capmany y Urueta eran los principales oradores de aquellas memorables jornadas, sobre todo los dos primeros de gran dialéctica, de gran elocuencia, apasionados. Sus discursos entusiasmaban a la asamblea.
Los constituyentes radicales: Martínez de Escobar, Bojórquez, Monzón, recibían el estímulo de los miembros del Partido Liberal Constitucionalista.
Algunas veces también veíamos a don Andrés Molina Enríquez, quien con el ingeniero Pastor Rouaix, fueron los verdaderos autores del artículo 27 constitucional. Molina Enríquez concurría a las sesiones del Partido Liberal Constitucionalista y frecuentemente, este gran revolucionario agrarista, iba a la Secretaría de Guerra y Marina a conversar con el invicto Manco de Celaya sobre tema tan apasionante. De allí que el general Obregón haya sido también el ideólogo que inspirara la Reforma Agraria, la nacionalización del petróleo y las demás disposiciones del Artículo 27 de la Carta de Querétaro, que devolvieron a la Nación la soberanía efectiva sobre las tierras, bosques y aguas del territorio.
Al verificarse las elecciones de Poderes Federales, se planteó la cuestión de si el Partido Liberal Constitucionalista debería apoyar la elección del señor Carranza. García Vigil, Siurob, Sánchez Pontón, Peralta, Cutberto Hidalgo y otros se oponían a aquella elección, calificándola de violatoria del principio de la No Reelección. Durante tres o cuatro sesiones se discutió este asunto, y al final la asamblea aprobó un acuerdo, en el que se sustentaba la tesis, de que la elección del señor Carranza sí era una reelección, pero que por una consideración muy especial para el hombre que había sacrificado su bienestar, encabezando la revolución para restaurar el orden constitucional, por esta sola vez el Partido Liberal Constitucionalista apoyaría aquella elección.
Cuando García Vigil interpeló al general Obregón sobre cuál sería su actitud como secretario de Guerra en el asunto que se discutía, el general Obregón contestó:
Soy militar por accidente y accidentalmente secretario de Estado, pero antes soy revolucionario y me disciplinaré a lo que esta asamblea soberana acuerde.
Esta declaración fulminante provocó un efusivo aplauso a Obregón.
Terminada la sesión, la multitud se lanzó a la calle vitoreando a la Revolución y al heroico mutilado.
Las elecciones para la designación del constituyente fueron entusiastas y efectivas. El primer Jefe permaneció impasible como era su costumbre y se esmeró por dar toda clase de garantías a los votantes. Muchos de sus amigos íntimos que creían seguro el triunfo, fueron derrotados por las huestes peleceanas.
Lo cierto es que desde entonces se inició la escisión del constitucionalismo, sin que tal escisión se hiciera pública; pero sí subrepticiamente. Los carrancistas por una parte, los obregonistas y los pablistas por la otra, desarrollaban trabajos para hacer resaltar las tres grandes personalidades de la Revolución.
Esta escisión se agudizaba a medida que pasaban los días, haciéndose evidente en el constituyente.
El grupo adicto a Carranza, jefaturado por Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías y Félix F. Palavicini y otros constituyentes, continuaba en su labor de intrigas.
Como consecuencia de la manifiesta hostilidad de que era víctima el general Obregón, se vio obligado a presentar la renuncia del cargo de secretario de Guerra y Marina y de general de división del Ejército Constitucionalista, al iniciar su período constitucional el señor Carranza, haciendo declaraciones en el sentido de que se retiraba al Estado de Sonora para dedicarse a la agricultura. Con ese motivo el señor presidente de la República le ofreció un banquete en el restaurante Chapultepec, acto al que asistimos los miembros del gabinete presidencial, los diputados y senadores a la XXVII Legislatura, y los generales Benjamín G. Hill, Pablo González, José Siurob y otros altos miembros del ejército.
El día de la salida del general Obregón para el Estado de Sonora, el presidente Carranza, acompañado de su gabinete, asistió a despedirlo en la estación Colonia.
Corroborando estas opiniones el historiador michoacano Jesús Romero Flores comenta:
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE SONORA
A mediados del año de 1919 gobernaba el Estado de Sonora el señor general Plutarco Elías Calles y estaba próximo a entregar el poder al nuevamente designado, don Adolfo de la Huerta, por elecciones que a su favor se habían llevado a cabo en aquella Entidad.
La opinión pública del país se encontraba fuertemente agitada; pues aunque faltaba todavía un año para las elecciones presidenciales, los candidatos y sus partidarios empezaban a tomar actitudes y dispositivos para la campaña, que amenazaba ser violenta.
En todos los Estados los grupos obregonistas eran numerosos y fuertes; pero es lógico suponer que el Estado de Sonora respondía en un solo impulso al deseo de elevar a la primera magistratura a uno de sus hijos, el ilustre vencedor de Celaya.
Pero como el señor Carranza y con él los más destacados elementos de su administración, se mostraban opositores a la candidatura del general Obregón, las relaciones entre el gobierno Federal y aquella lejana Entidad empezaron a ser cada día más delicadas, próximas casi a la ruptura, agravándose tales circunstancias por dos hechos que someramente recordaremos.
El señor presidente Carranza, en acuerdo de fecha 11 de junio, declaró que las aguas del Río de Sonora eran de propiedad federal; este hecho, en cualquier otra época hubiera causado disgusto a los sonorenses, ahora, dadas las circunstancias que prevalecían, motivó una larga serie de representaciones, alegatos y protestas, viéndose en aquella determinación del Ejecutivo Federal un acto de marcada aversión y propósito de molestar a los hijos del Estado, ya que ese viejo asunto de aguas había quedado pendiente desde la administración porfiriana. El señor presidente desoyó la petición del gobierno de Sonora y la de los ayuntamientos, vecinos y corporaciones que pidieron la reconsideración de su acuerdo, y este hecho fue el principio de la ruptura de hostilidades.
En seguida vino otro hecho, también impolítico, que acabó de agravar la situación.
Al tomar posesión del cargo de gobernador de Sonora, el señor don Adolfo de la Huerta, en septiembre de 1919, se propuso realizar la completa pacificación del Estado, buscando la manera de que los indios yaquis, levantados en armas, se sometieran al gobierno.
El problema del yaqui, como se llamó a este asunto, existía desde el principio de la administración del general Díaz, quien trató de reducir a los indios empleando para ello los más atroces procedimientos. La raza yaqui, unas veces en guerra y otras en transitoria sumisión al gobierno, tenía un gran fondo de justicia en sus peticiones, y no era racional que solamente por mantener un principio de autoridad se les quisiera exterminar sin atender a sus necesidades, ni oírlos en sus justas demandas.
El gobernador De la Huerta fue autorizado por el presidente Carranza para arreglar la pacificación de la tribu, entrando en pláticas con los jefes de ella y siempre tomando la parte principal que le convenía, como representante de la Federación, el señor general Juan José Ríos, jefe de las operaciones militares en Sonora.
La rendición quedó consumada: se señalaron lugares de concentración, se ministraron cantidades en metálico y en víveres; se señalaron las tierras que deberían repartirse a los indios y se terminó con un tratado lo más liberal y decoroso que podía y debía haberse estipulado.
Pero, una vez sometido todo lo actuado a la aprobación del señor presidente Carranza, éste con uno u otro pretexto, se negó a sancionar el convenio, orillando con ello al gobierno de Sonora a una serie de dificultades que pudieron ser de trágicos resultados, a no ser por la buena voluntad y atingencia que se pusieron para evitarlos.
Este nuevo incidente vino, como es fácil comprenderlo, a acentuar más las dificultades entre Sonora y Carranza.
Para restar un elemento de fuerza al grupo sonorense, el señor presidente Carranza llamó, para tomar parte en su gabinete, al señor general Plutarco Elías Calles, que acababa de entregar el gobierno de Sonora, nombrándolo, en octubre, secretario de Industria y Comercio. Dicho militar no pudo permanecer mucho tiempo entre elementos que le eran antagónicos, y en enero del siguiente año se vio precisado a dimitir su puesto.
Se iniciaba el año de 1920 con una extrema tirantez de relaciones entre Sonora y el gobierno del señor Carranza; para nadie era un secreto que aquella situación tendría que resolverse por medio de un nuevo movimiento armado, aun cuando hacían esfuerzos por evitarlo, entre otros, el propio general Obregón, que hubiera deseado seguir desarrollando su gira democrática y que el voto público, expresado en los comicios libremente, hubiera venido a poner término a aquella anómala situación que prevalecía en Sonora y en otras Entidades (Tomado del libro La Constitución de 1917 y los primeros gobiernos revolucionarios de Jesús Romero Flores).
Así presenciamos actos bochornosos de encarcelamiento, secuestros, atropellos sin cuento y deportaciones a lugares de peligro.
Los hermanos Zamora Plowes fueron deportados a la Huasteca; Agustín Arreola, Valadés y José Rangel, directores de periódicos en Nayarit, así como Capistrán Garza y el suscrito, a Chihuahua; Barrera Peniche fue fueteado por Murguía, y los periodistas Vicente Villasana y Lic. Federico Martínez Rojas, directores de El Mundo y El Diario, respectivamente, de Tampico, Tamps., fueron bárbaramente golpeados en ese puerto por el esbirro coronel federal, Carlos S. Orozco.
LA XXVII LEGISLATURA
Las elecciones para diputados y senadores a la XXVII Legislatura, que siguió al Congreso Constituyente, se efectuaron el primer domingo del mes de abril de 1917.
El entusiasmo del pueblo en toda la República durante el desarrollo de los trabajos de propaganda, casi podríamos decir, no ha sido igualado en las posteriores justas cívicas electorales. Era el romanticismo de la Revolución, que después se ha venido extinguiendo por la serie de violaciones a las Leyes Electorales, y la indebida intromisión de las autoridades federales y locales en estos asuntos. La XXVII Legislatura se caracterizó por su actuación de absoluta independencia; por su labor legislativa que no ha sido superada por ninguna de las siguientes y por su ideología eminentemente revolucionaria.
En la XXVII Legislatura figuraron los hombres más eminentes de la época.
En la Cámara de Diputados, Jesús Urueta, Manuel García Vigil, Rafael Martínez Escobar, Luis Sánchez Pontón, José Siurob, Rafael Martínez Rip-Rip, gran periodista, Juan Zubarán, Miguel Alonso Romero, Eduardo Hay, Jesús Acuña, Froilán C. Manjarrez, José de Jesús Ibarra, Luis L. León, Basilio Badillo, Jacinto B. Treviño, Aarón Sáenz, Manuel Cepeda Medrano, Flavio y Alfonso Pérez Gasga, Manuel Rueda Magro, Federico Montes, Mareiano González, Pedro A. Chapa, Jesús López Lira, Uriel Avilés, Elíseo L. Céspedes, Eduardo Neri, Alfonso Cravioto, los generales Aguirre Colorado y José María Sánchez y otros muchos que por el momento siento no recordar.
En el Senado los abogados Rafael Zubarán Capmany, José Inés Novelo, el Dr. Cutberto Hidalgo, Hermilo Pérez Abreu, José J. Reynoso, Francisco González, que fue el primer contralor General de la Nación, Emiliano P. Nafarrate y otros muchos distinguidos revolucionarios de entonces.
En la Cámara de Diputados la discusión de credenciales se prolongó durante casi tres meses. Fue entonces cuando se puso en práctica, a iniciativa del general Eduardo Hay, el famoso cuchillo de tres filos, para calificar la elección. Según el cuchillo de tres filos debería estudiarse en cada caso electoral, el criterio legal, el moral y el político.
Según el criterio legal, las comisiones revisoras de credenciales deberían apegarse estrictamente a las disposiciones de la Constitución y de la Ley Electoral, en cuanto a los requisitos que deberían reunir los presuntos diputados, en relación con la edad, la vecindad y la residencia, y cuando tal criterio quedaba plenamente demostrado, se analizaba el segundo, o sea el político, que se aplicaba en forma estricta. Por este criterio se entraba al estudio de la situación de los candidatos en las filas de la Revolución o en el campo enemigo; haber sido porfirista era un cargo grave que a veces se perdonaba; pero haber servido a la usurpación huertista significaba no sólo el rechazo de la credencial, sino la consignación del candidato a los tribunales para que se le instruyese juicio o se le aplicaran las penas a que se había hecho acreedor de acuerdo con el artículo 10° transitorio de la Constitución. Finalmente, el criterio moral entraba al análisis de la conducta personal del candidato. Haber tenido mal comportamiento en la Revolución, ser responsable de fraudes, de robo, de cohecho o de asesinato, eran faltas que no se perdonaban.
La discusión de la credencial del señor ingeniero don Félix F. Palavicini fue acalorada. Por la tribuna desfilaron los más eminentes oradores: Urueta, García Vigil, Siurob, José Domingo Ramírez Garrido, quienes en términos enérgicos y violentos combatieron aquella elección, haciendo a Palavicini el cargo de que había traicionado a la Revolución por haber votado aprobando la renuncia de los señores Madero y Pino Suárez. Se le acusó también de que era un incondicional del señor Carranza, de intrigante, porque estaba provocando la división entre los hombres de la Revolución. Palavicini se defendió bizarramente, con entereza, como sabía hacerlo. La discusión fue en extremo violenta y llena de incidentes enojosos; pero al fin la Cámara votó en contra de Palavicini. Este salió del salón con toda dignidad, lanzando miradas de fuego a quienes lo habían atacado en la tribuna.
La discusión de la credencial de don Luis Cabrera, electo diputado por el Distrito de Teziutlán, fue también enojosa.
Cabrera desempeñaba el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público en el gabinete del señor Carranza.
Hablaron, atacando a Cabrera: García Vigil, Cienfuegos y Camus, Martínez de Escobar, Sánchez Pontón, Siurob, pero Blas Urrea, Lucas Rivera o Luis Cabrera, con la entereza que lo caracterizó toda su vida de luchador, se defendió bravamente, barriendo a sus opositores, y no obstante la aplanadora del Partido Liberal Constitucionalista, su credencial fue aprobada por una inmensa mayoría.
Pero, sin duda, la discusión más acalorada que hubo fue la que motivó la credencial del doctor don Luis G. Cervantes, a quien se hacía el cargo de haber sido electo por el Distrito de Monclova, de donde no era nativo, a pesar de que había vivido en dicha ciudad más de 20 años; y por haberse sumado al movimiento constitucionalista, se había visto obligado a ausentarse porque dicha ciudad había caído en poder de las fuerzas de la usurpación huertista.
El doctor Cervantes era un revolucionario íntegro, de convicciones arraigadas, honestísimo; había prestado eminentes servicios a la Revolución atendiendo a los heridos y exponiendo su vida en multitud de ocasiones. Los argumentos que expusieron los defensores del candidato fueron inútiles, se le aplicó el criterio legal estricto, y cuando su credencial fue rechazada, el general Siurob, el general Hay y otros diputados hicieron un elogio muy merecido de aquel modesto ciudadano.
El primero propuso a la Asamblea que al abandonar el salón el doctor Cervantes, todos los diputados nos pusiéramos de pie para aplaudir a aquel hombre de innegables méritos en la Revolución.
El acto fue solemne, Cervantes, humildemente abandonó la Sala de Sesiones en medio de aplausos entusiastas y vivas a la Revolución. El doctor Cervantes siguió prestando servicios al gobierno Constitucionalista en el ramo de Sanidad Militar, estuvo radicado en Tampico, donde me tocó, en el año de 1925, atender a aquel gran ciudadano. Pocos años después murió pobre y olvidado.
La XXVII Legislatura se caracterizó por su espíritu de independencia.
Por primera vez en la historia legislativa de México, hizo que los secretarios de Estado ocurrieran a la Representación Nacional a informar sobre los asuntos que se discutían.
Así desfilaron por la tribuna: el secretario de Gobernación, don Manuel Aguirre Berlanga; el ministro de Hacienda don Luis Cabrera y otros. A veces las discusiones con los secretarios de Estado fueron violentas, de amplísima crítica de los actos públicos del señor Carranza. Frecuentemente fueron rechazados importantes proyectos de Ley. La discusión sobre el ferrocarril de Tehuantepec fue violenta y quedó aplazada definitivamente.
La misma actitud de la Cámara de Diputados para llamar a los secretarios de Estado se siguió en la XXVII, XXVIII, XXIX y XXX legislaturas.
Posteriormente este derecho de la Cámara ha quedado anulado y sólo en la XXXIII Legislatura, en que me tocó desempeñar la presidencia provisional, el secretario de Educación Pública, licenciado Ezequiel Padilla, fue llamado a la Cámara de Diputados a fin de informar sobre el proyecto de ley que creó la Universidad autónoma.
Tal renuncia tácita que después ha hecho el Congreso, lo ha debilitado, influyendo poderosamente en que la fuerza del Poder Ejecutivo se haya centuplicado.
La XXVII Legislatura hizo la consignación al Gran Jurado del valiente y distinguido general Joaquín Musel, electo gobernador del Estado de Campeche; porque se dijo que no era originario de dicha Entidad, sino que había nacido en el puerto de Tampico.
En esta Legislatura el diputado constituyente don Uriel Avilés, luchador infatigable y honesto, se distinguió por su oratoria pueblerina, siempre ingeniosa y llena de frases oportunas. Uriel Avilés pasaba por la tribuna con el aplauso cariñoso de sus compañeros a quienes hacia reír con chistes y anécdotas que se te ocurrían. Entre una de esas anécdotas recuerdo aquella en que Uriel confundió a la Asamblea en una discusión acalorada. Avilés se hallaba en la tribuna y en un pasaje de su discurso, refiriéndose a Pilatos, pero con toda mala intención, expresó: Yo como Sócrates, me lavo las manos. Muchos diputados se pararon para rectificarle: No fue Sócrates, compañero, el que se lavó las manos, sino Pilatos. Y Uriel, con una socarronería provinciana, sin inmutarse, contestó: Y a poco Sócrates no se lavaba las manos. Uriel Avilés bajó de la tribuna entre aplausos y risas de la asamblea.
Un incidente de importancia que ocurrió en aquella Legislatura se originó por algunas frases injuriosas que el diputado Aveleira lanzó a don Luis Cabrera desde la tribuna. Cabrera, indignado, contestó también en frases hirientes. Con ese motivo se concertó un duelo entre los dos representantes, que no llegó a efectuarse debido a que la policía lo evitó al conocer con detalles dónde se iba a verificar.
La XXVII Legislatura ha pasado a la historia como la más independiente, la más digna y la más revolucionaria de todas las legislaturas de la Revolución.
Siendo yo abogado consultor del secretario de Guerra, señor general Alvaro Obregón, Manrique figuró como diputado por el Estado de San Luis Potosí. Como en San Luis había otros políticos de más arraigo, Manrique perdió las elecciones, pues hacía años se había ausentado de aquella Entidad.
Un grupo de potosinos amigos míos me llevó a Manrique para que lo presentara con el general Obregón y solicitara su apoyo a fin de que, desechando la credencial de su contrincante, se aprobara la suya.
Presenté a Manrique con el general Obregón y desde luego obtuve la anuencia del invicto soldado para hablar con el grupo íntimo de sus amigos que ya habíamos entrado a la Cámara: Aarón Sáenz, Cienfuegos y Camus. Ezequiel Ríos Landeros, Margarito Ramírez, Eduardo Hay, José Siurob y otros más quienes decididamente apoyaron a Manrique. Su labor en aquella Legislatura fue brillante. Orador de grandes recursos, agresivo, sincero y desinteresado en lo absoluto, acometió con entereza los problemas que se discutían y sin duda alguna fue de los diputados que más se distinguieron.
El gran mérito de la XXVII Legislatura fue la elaboración de las leyes reglamentarias de la Constitución que acababa de expedirse.
El respeto que el presidente Carranza tuvo para aquel Congreso fue extraordinario.
Se iniciaba ya el obregonismo y los grupos que simpatizábamos con el Manco de Celaya, apasionadamente empezamos a hacer labor hábil en favor de este hombre ejemplar.
Las discusiones se prolongaban a veces hasta la media noche. Los mejores oradores de México: Urueta, García Vigil, Badillo, Siurob, Martínez de Escobar enardecían a la asamblea con sus formidables discursos. Siurob, que se pasaba largas horas en la tribuna, se significó como uno de los oponentes al carrancismo. Lo secundaban en esta actitud José María Sánchez Pontón, dialéctico de gran cultura, que apenas frisaba en los 28 años.
Formábamos el bloque del Partido Liberal Constitucionalista, que llegó a dominar en un 80% en ambas cámaras. Exigíamos que los presupuestos se presentaran durante la segunda quincena de septiembre y las discusiones sobre las partidas de egresos eran severas. Se recortaban grandes cantidades de dinero que se consideraban inútiles.
Fue entonces cuando por iniciativa de don Luis Cabrera, se creó la Contraloría General de la Nación, oficina que tuvo a su cargo, como su nombre lo indica, el control de los gastos de la Federación.
La Contraloría General existió hasta el año de 1933 ó 1934. Hacía la depuración de las cuentas y su funcionamiento evitó grandes despilfarros del Erario Público.
Los gastos de las Secretarías y Departamentos se hacían estrictamente de acuerdo con lo presupuestado, dividiéndose la asignación del año entre 12 meses, y ningún Secretario podía excederse mensualmente de los gastos que correspondían a ese año.
La partida de gastos extraordinarios de los Secretarios de Estado y de la Presidencia de la República era modestísima. El Jefe del Ejecutivo tenía una asignación de $ 50,000.00 mensuales como Gastos Extraordinarios, que no bastaban generalmente para cubrir las necesidades, que consistían, principalmente, en donativos a instituciones de beneficencia, ayuda a los pueblos, escuelas, etc., etc.
De negocios nunca se hablaba. Ningún diputado o senador se ocupaba de patrocinar negocios en las Secretarías de Estado.
Profesionalmente había algunos que sí lo hacían, pero siempre respetando las normas de ética que después tanto se han descuidado.
¡Qué esperanzas que se oyera hablar de los fabulosos negocios que después se han hecho! Recuerdo que con motivo de una concesión que dio la Secretaría de Hacienda para la libre importación de canela a determinado general, se hizo un escándalo mayúsculo en la Cámara. Fue llamado el ministro de Hacienda para que informara de las razones por las que se había concedido una exención de impuestos.
El grupo de diputados radicales que encabezamos Siurob, José María Sánchez y algunos más, presentamos proyectos sobre la Ley de Tierras Ociosas y sobre la Reglamentación del Artículo 123.
Recuerdo que cuando se hizo una discusión sobre este último asunto, se verificó en la Cámara una sesión estruendosa, de crítica al Ejecutivo porque no había expedido la Ley Reglamentaria.
Urueta en la tribuna tronó contra el régimen presidido por el señor Carranza y refirió que en Veracruz se discutió un proyecto de ley que nunca llegó a formularse. En uno de los párrafos de la formidable catilinaria que pronunciara Urueta, decía:
Vanos han sido los esfuerzos para el estudio de la Ley Reglamentaria del Artículo 123 constitucional, y recuerdo que en Faros, donde estaban las oficinas de la Primera Jefatura, se inició el esfuerzo para madurar un proyecto. Allí estaban Zubarán, Palavicini, Luis Manuel Rojas, y otros del grupo íntimo del señor Carranza y, entiendo, que hasta el señor don Francisco de la Serna, Intendente en aquel entonces de las regias residencias presidenciales, tomó parte en aquellos memorables debates.
Como al día siguiente se nombró una comisión para entrevistar al señor Carranza sobre algún proyecto de ley que había mandado al Ejecutivo, la comisión que presidía Urueta y de la que yo era secretario, ocurrió a la casa del primer Jefe, ubicada entonces en las calles de Reforma, muy cerca del Caballito. Fuimos pasados inmediatamente al salón. Tuvimos que esperar algunos minutos mientras el señor Carranza se desocupaba de alguna otra comisión. En esos momentos pasaba cerca de nosotros don Francisco de la Serna, todavía intendente de la Presidencia, con una enorme sandía que llevaba al Presidente.
Don Pancho era muy amigo de Urueta, y cuando pasó cerca de nosotros, se acercó a éste y le dijo:
- Pero Chucho, ¿por qué eres tú tan cruel conmigo, por qué me atacas en la Cámara, si yo soy un mozo del señor Carranza?
- Mira Pancho -le contestó Urueta-, debes estar orgulloso de que el Parlamento se haya ocupado de ti. Tráenos otra sandía como ésa y quedamos siempre amigos.
De la Serna nos trajo la sandía que comimos muy sabrosamente. Después fuimos recibidos por el señor Carranza, quien nos trató con toda corrección a pesar de los durísimos ataques que en la sesión del día anterior se le habían hecho.
En la XXVII Legislatura figuraron también muy prominentemente el licenciado Juan Manuel Alvarez del Castillo, que después se distinguió en la diplomacia representando a México en varios países de América y de Europa, siempre con gran capacidad y prestigio. Benito RamÍrez G.; Salvador Saucedo; Basilio Badillo, eminente escritor y orador; Miguel A. Peralta; José Morales Hesse, ingeniero y revolucionario intachable; Jonás García; Candor Guajardo; Aureliano Esquivel; Josafat Márquez, maestros distinguidos; Crisóforo Rivera Cabrera, siempre valiente en la tribuna; el general Bravo Izquierdo, que siempre ha hecho honor a su apellido; Andrés Magallón; constituyente; José de Jesús lbarra; periodista Juan de Dios Bojórquez, siempre generoso y buen amigo; Francisco J. Múgica, revolucionario de izquierda que no torció jamás sus convicciones; Hilario Medina, gran orador, después ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Zincúnegui Tercero, culto escritor y periodista; Antonio Ancona Albertos, incansable polemista; Porfirio del Castillo, coronel del ejército y orador; don Alberto M. González, que después fue ministro de la Suprema Corte de Justicia; el general Aguirre Colorado, Aguirre Bermejo como le decía Urueta; Efrén Rebolledo, gran poeta; Samuel Mariel, distinguido jurista; Eugenio Méndez, que luchó toda su vida en contra de las compañías petroleras; Juan Aguirre Escobar, que tronaba en la tribuna contra los malos funcionarios; Joaquín Lanz Galera, distinguido Magistrado del Tribunal Colegiado; Juan de Dios Robledo, poeta y periodista; Filiberto C. Villarreal, que con sus bigotes a la Kaiser desafiaba a la Asamblea; José R. Padilla, antiguo sacerdote del culto católico, después formidable anticlerical; Jesús Acuña, que fue ministro del gobierno del primer Jefe; Froilán C. Manjarrez, Filomeno y Luis Mata, periodistas; Alfredo Robles Domínguez, fervoroso revolucionario; Alberto Román, médico muy competente; Salvador Escudero, el poeta jalisciense, autor de aquellos versos tan bellos no hable quien no sepa de estas cosas; José Silva Herrera; Enrique Parra y Sánchez Tenorio, abogados que dieron sus luces en las discusiones; Juan Ruiz, actualmente general del ejército; Rafael Vega Sánchez; poeta, médico y bohemio; Alfonso Cravioto, gran orador, poeta y diplomático, y otros más que siento no recordar de momento.
Un acontecimiento que conmovió a la Cámara de Diputados en la sesión del día 8 de abril, fue la declaración que hizo en la tribuna el diputado don Alfonso Cravioto, en el sentido de que la Jefatura de la Guarnición de la Plaza había aprehendido al ingeniero Félix F. Palavicini, presunto diputado por el Estado de Tabasco.
Ante aquella arbitrariedad, la Cámara, por unanimidad, aprobó una moción a fin de que se hicieran gestiones ante la primera Jefatura de la Revolución para que se pusiera en libertad al ingeniero Palavicini, lo que desde luego ordenó el primer Jefe.
Me tocó conocer de este asunto siendo abogado consultor del secretario de Guerra, señor general Obregón. Palavicini, en aquella época director y fundador de El Universal, reprodujo en este diario un artículo que había publicado, en el periódico de que era director el señor Gonzalo de la Parra, artículo que se titulaba La prerrogativa de las Aguilas, en el cual se ponía de oro y azul a los generales de la Revolución. Como aquellos ataques tan violentos indignaran al general don Benjamín G. Hill, jefe de la Guarnición, ordenó de inmediato la aprehensión de Palavicini y de Gonzalo de la Parra. Recuerdo que cuando ya estaban en prisión se presentó el general Hill ante el general Obregón (escena que yo presencié), diciéndole:
Ya ha visto usted, jefe, lo que dicen de nosotros y de todo el ejército estos ... a quienes ya tengo en prisión. Si estuviéramos en campaña ya los habría fusilado.
El general Hill era violento e irascible; pero tenía un gran fondo de bondad.
El general Obregón, después de oír la catilinaria de don Benjamín, calmadamente le dijo:
No se violente usted, compañero. Este asunto lo he puesto en conocimiento del primer Jefe para que él resuelva lo que estime procedente, y lo que él disponga será inmediatamente acatado. Venga usted conmigo al acuerdo con el señor Carranza.
Después del acuerdo, el general Hill se fue a la Guarnición a cumplir las órdenes de libertar al ingeniero Palavicini.
La XXVII Legislatura eligió también a los ministros de la Primera Corte de Justicia de la Nación, habiendo quedado integrada por los distinguidos abogados: Enrique M. de los Ríos, Enrique Colunga, Victoriano Pimental, Agustín del Valle, Enrique García Parra, Manuel E. Cruz, Enrique Moreno, Santiago Martínez Alomía, José María Truchuelo, Alberto González y Agustín Urdapilleta. Esta Corte ha sido una de las mejores integradas del Poder Judicial de la Revolución. Funcionó de pleno acuerdo con lo que disponía la Constitución de 17 y, jamás, ninguno de los ministros fue censurado por mal comportamiento en el desempeño de sus funciones.
Recuerdo que alguna vez que se trató en el pleno algún asunto que interesaba al régimen revolucionario, don Enrique M. de los Ríos, encargado de dictaminar en este asunto, ante los argumentos de sus compañeros para que modificara su dictamen que no estaba muy apegado a derecho, tuvo aquella famosa frase que fue aplaudida por los revolucionarios y vituperada por los enemigos:
Quiero definir mi criterio en este asunto, no como ministro de la Corte, sino como revolucionario, pues primero soy revolucionario que ministro.
También se trató en la XXVII Legislatura una consignación al Gran Jurado en contra del diputado don Alfredo Robles Domínguez, acusándosele de haber repartido en una de las sesiones de la Cámara, una hoja suelta en la cual desconocía la Constitución de 1917.
El escándalo que se armó fue mayúsculo.
Se interpeló a Robles Domínguez sobre si era suya aquella hoja, habiendo manifestado que sí era suya y que ratificaba todos los ataques que hacía a la Constitución. La Cámara, ante aquella declaración, acordó de inmediato la destitución del diputado Robles Domínguez de la primera vicepresidencia y dispuso su consignación al Gran Jurado.