AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Emilio Portes Gil

CAPÍTULO QUINTO

LA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONALISTA

LA CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES.
Renuncia Carranza a la Primera Magistratura. Designación del General Eulalio Gutiérrez a la presidencia de la República. Salida del General Gutiérrez de la ciudad de México. Roque González se encarga del Poder Ejecutivo. El señor Carranza traslada el gobierno a Veracruz. Renuncia Roque González Garza a la presidencia de la República y es nombrado el licenciado Lagos Cházaro en su lugar. La Convención se traslada a Cuernavaca. Después a Toluca. Pacto entre Villa y Zapata. Carranza expide en Veracruz la Ley del 6 de enero de 1915 y otras importantes leyes. Ley Agraria expedida por Villa. Leyes de la Convención.

El 1° de octubre de 1914, de acuerdo con la convocatoria expedida al efecto por el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, se inició la Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los Estados.

Las sesiones tuvieron lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, habiendo asistido a la de inauguración el señor Carranza, quien informó ampliamente del desarrollo de la Revolución.

El primer acto de la Convención fue elegir la mesa Directiva, siendo designado para presidir la Asamblea, el general Eulalio Gutiérrez como presidente, los generales Francisco Murguía y Francisco P. de Mariel como vicepresidentes, los tenientes coroneles Gregorio Osuna, Marciano González y Samuel M. Santos como secretarios. La comisión revisora de credenciales estuvo integrada por los generales Ramón F. Iturbe, Juan Dosal y Luis Caballero.

El señor Carranza delegó su representación en el Lic. Luis Cabrera y en los generales Obregón, Ignacio L. Pesqueira y Rafael Sánchez Dávila.

En su informe, el primer Jefe manifestó que de acuerdo con lo ofrecido al iniciarse la lucha contra Huerta, los había convocado para discutir el programa político del gobierno provisional de la República, así como asuntos de interés general que llevarían al país a la realización de los ideales de justicia y libertad, por los que tan esforzadamente se había luchado.

Se refirió al convenio entre los jefes del ejército constitucionalista y los de la División del Norte, para señalar la fecha en que deberían celebrarse las elecciones que restablecerían el orden constitucional, y a la conformidad de ellos en que el gobierno provisional debía implantar las reformas sociales y políticas que en la Convención se consideraban de urgente necesidad pública antes del restablecimiento del orden constitucional.

El señor Carranza hizo alusión, como urgentes, al aseguramiento de la libertad municipal como base de la función política de los Estados y como principio y enseñanza de todas las prácticas democráticas.

Pasó después a analizar el problema agrario, que se haría efectivo por medio del reparto de los terrenos nacionales; de los terrenos que el gobierno comprara a los grandes propietarios y de los terrenos que se expropiaran por causa de utilidad pública, así como debería procederse a expropiar en las poblaciones que contaran con más de 50,000 habitantes, las superficies necesarias de terreno con destino a la edificación de escuelas, mercados y casas de justicia.

Reforma también importante que propuso el primer Jefe, fue imponer a las negociaciones que pagaran en efectivo semanariamente a todos sus trabajadores, los salarios convenidos, sugiriendo que dictaran disposiciones relativas a la limitación de horas de trabajo, al descanso dominical, sociedades de trabajo, y en general, al mejoramiento de las condiciones de la clase obrera.

Afirmó la necesidad de modificar todos los contratos, concesiones e igualas constitucionales; reforma de aranceles procurando se dieran facilidades a las clases proletaria y media para la importación de artículos de primera necesidad, y los indispensables de consumo que no se produjeran en el país.

Para cumplimentar y dar verdadero carácter de contrato civil al matrimonio, estimó necesario establecer el divorcio absoluto por mutuo consentimiento de los contrayentes.

Expuso con amplitud de detalles las dificultades que había provocado la insubordinación de Villa y de Maytorena, recomendando a los generales reunidos que vieran claro cómo él no había querido someter a Villa por la fuerza, pues deseaba que la armonía reinara entre todos, asegurando que si las circunstancias lo exigían, estaba dispuesto a combatir a las fuerzas que pudieran rebelarse, ya que contaba con 100,000 hombres, con los que combatiría al grupo rebelde.

Acto seguido presentó su renuncia a la Convención, retirándose inmediatamente. Dicha renuncia causó gran expectación entre los asambleístas. Una vez vuelta la calma, don Luis Cabrera, con su oratoria persuasiva, y el general Obregón, que también era gran orador, convencieron a la Asamblea de la necesidad de ratificar su confianza al primer Jefe a fin de que siguiera en el alto cargo.

Se notó desde luego en la Convención la ausencia de los delegados de la División del Norte, así como los de Zapata, que no reconocía la autoridad de Carranza.

Las razones que dieron los villistas para no asistir a la Convención en la ciudad de México, fue que allí el territorio estaba dominado por los amigos del primer Jefe y que carecía de libertad de acción y de expresión, proponiendo que la Convención se trasladara a un lugar neutral, como la ciudad de Aguascalientes.

Al aceptarse la proposición, fue apoyada por los generales Alvaro Obregón, Ramón F. Iturbe, Lucio Blanco, Rafael Buelna y otros, se nombraron comisiones para notificar al general Villa y a don Venustiano Carranza, la resolución tomada.

Los villistas, desde luego, aceptaron el acuerdo de la Convención. Carranza, por su lado, manifestó no tener inconveniente alguno para lograr un entendimiento a fin de que no se rompiera la unidad del constitucionalismo.

A la Convención de Aguascalientes no acudieron representantes civiles, como se había estipulado de antemano.

Se eligió el teatro Morelos para celebrar las sesiones.

Hecha la elección de Mesa Directiva, resultaron nombrados como presidente, el general Antonio I. Villarreal; como vicepresidentes José Isabel Robles y Pánfilo Natera y como secretarios, los generales Samuel M. Santos, Marciano González y Mateo Almanza. Todos los delegados juraron acatar los acuerdos de la Convención, para lo cual estamparon sus firmas en la insignia nacional.

Todo indicaba que la Convención procedería en forma parcial en favor del villismo.

En la sesión del 12 de octubre, el general Felipe Angeles presentó una iniciativa para que fueran invitados los representantes de la Revolución del Sur, así como los maytorenistas, con quienes estaba solidarizada la División del Norte.

El día 17 del mismo mes se presentó en la Convención el general Francisco Villa, jefe de la División del Norte, quien estampó su firma en la bandera nacional, tomando asiento al lado del presidente de la Convención, quien le tomó la protesta correspondiente.

La delegación del Ejército Suriano, encabezada por el general Otilio Montaño, el periodista Paulino Martínez y el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, al hacer su entrada en la Convención, fue aclamada entusiastamente por los representantes de la División del Norte.

La Asamblea publicó un manifiesto en el cual se hacía constar que en la misma radicaba el Poder Supremo Nacional, por ser los delegados del Supremo Poder de la Revolución. En consecuencia, se declaró la Convención soberana, porque en ella estaban simbolizados la fuerza y el pensamiento de la Revolución.

Se inició una nueva crisis en la Asamblea al negarse Antonio Díaz Soto y Gama, con ademán airado, a estampar su firma en la enseña nacional, arguyendo que se trataba de una trama de la astuta y habilidosa maldad carrancista; además manifestó que aquella bandera, que estrujó en sus manos, no era sino el engendro de Iturbide.

La Asamblea protestó ruidosamente por la actitud de Soto y Gama, que estuvo a punto de provocar un verdadero motín, pues muchos de los asistentes desenfundaron sus pistolas amenazando a Soto y Gama.

De hecho, los acuerdos de la Convención planteaban una nueva guerra, puesto que ya se consumaba el rompimiento entre el primer Jefe del Ejército Constitucionalista y la Convención.

En Aguascalientes se tomó el acuerdo de que el Plan de Ayala se aprobara y quedara como bandera de la Convención.

Al comunicarse al señor Carranza la determinación de la Asamblea de declararse soberana, el Primer Jefe pidió que se le dieran a conocer cuáles eran las facultades que entendía la Convención tener, con objeto de saber el alcance de esa soberanía.

La convención no dio ninguna respuesta al primer Jefe, y se nombró una comisión que integraron los generales Obregón, Chao y Cesáreo Castro, para que entrevistara a Carranza.

Ante esa Comisión Carranza se negó a reconocer la soberanía de aquella Asamblea.

Puso una comunicación a la Convención de Aguascalientes, haciendo reflexiones sobre los problemas latentes, declarando al final que si la Convención encontraba que el señor Carranza ya no era necesario para la Revolución, el primer Jefe declaraba estar dispuesto a retirarse, presentando su renuncia, si previamente se aceptaban las siguientes condiciones:

a) Que se estableciera un Gobierno preconstitucional apoyado por el Ejército Constitucionalista, que se encargara de realizar las reformas sociales y políticas que necesitaba el país, antes de que se restableciera un Gobierno plenamente constitucional.

b) Que el general Francisco Villa renunciara, no a la candidatura de presidente que nadie le había ofrecido, sino a la jefatura militar de la División del Norte, retirándose a la vida privada o saliendo del país en caso de que así lo decidiera la Convención, condición a la que Carranza también se sujetaría.

c) Que el general Emiliano Zapata debería renunciar a toda pretensión a puestos políticos, locales o federales, retirándose igualmente del país, y entregando a la Convención las fuerzas que lo reconocían como Jefe.

Agregando Carranza estar dispuesto a cooperar a la solución de los problemas existentes.

La Convención procedió a discutir las proposiciones del señor Carranza relacionadas con él y con el general Villa. Este manifestó estar dispuesto a retirarse, pidiendo a la Convención que fueran fusilados al mismo tiempo Carranza y él, para que los que queden a salvar la República, conozcan los sentimientos de sus verdaderos hijos.

Tras minucioso estudio del documento enviado por Carranza, la comisión propuso a la Asamblea el cese del primer Jefe, y el de Villa como jefe de la División del Norte, por convenir así a los intereses de la Revolución, y también sugería a la Asamblea la inmediata designación de un presidente interino, quien protestaría ante la misma, pidiéndose además un voto de gracias para Carranza y para Villa por sus altos servicios prestados a la Revolución, reconociéndosele el grado de general de división a Carranza.

Por lo que se refiere a Zapata, se aconsejó decir al señor Carranza que el asunto se discutiría tan pronto como los delegados del Ejército Libertador del Sur hubieran ingresado a la Convención y se sometieran a su soberanía.

Así se correspondió al primer Jefe, que había iniciado antes que ningún otro mexicano, la lucha revolucionaria contra la dictadura de Huerta, exponiendo sus intereses y su vida para salvar las instituciones.

La Convención designó al general Eulalio Gutiérrez para desempeñar la presidencia de la República por el término de 20 días, y el día 5 de noviembre de 1914 otorgó la protesta correspondiente, con lo cual la Asamblea dio por terminadas sus funciones.

Antes en su última sesión, la Convención nombró a los señores generales Alvaro Obregón, Antonio I. Villarreal, Eduardo Hay y Aguirre Benavides, a fin de notificar al señor Carranza los acuerdos tomados, fijándose al primer Jefe un plazo de diez días para entregar el poder al general Gutiérrez y, de no hacerlo, se le consideraría como rebelde.

Ante tal amenaza, el señor Carranza publicó un manifiesto desconociendo a la Convención.

El 1° de enero de 1915 el presidente provisional, general Eulalio Gutiérrez, organizó su gabinete en la siguiente forma:

General Lucio Blanco, secretario de Gobernación;
Licenciado José Ortiz Rodríguez, subsecretario de Relaciones Exteriores;
Licenciado Rodrigo Gómez, secretario de Justicia;
General Manuel Palafox, secretario de Agricultura.

Antes había sido nombrado el licenciado José Vasconcelos, en Educación Pública.

El general Eulalio Gutiérrez tuvo una conferencia telefónica con el primer Jefe, en la que éste le manifestó no reconocer la soberanía de la Convención, y que por no haberse cumplido las condiciones que él había impuesto, carecía de atribuciones para figurar como jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.

Aquellos acontecimientos indicaban claramente que se venía una nueva lucha entre el Jefe de la División del Norte y el primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

Eulalio Gutiérrez nombró al general Villa, jefe del Ejército Convencionista, y éste inició su avance hacia el sur, posesionándose de Lagos de Moreno y de León, plazas ocupadas por los constitucionalistas, rompiéndose el armisticio concertado.

El día 6 de diciembre de 1914 los convencionistas, con los generales Zapata y Villa a la cabeza, entraron en la Ciudad de México con un ejército de 60,000 hombres perfectamente pertrechados y armados.

Días antes, el señor Carranza se había trasladado al Puerto de Veracruz, donde estableció la primera Jefatura para dirigir desde ese lugar las operaciones en contra de los convencionistas.

En Xochimilco, Villa y Zapata se reunieron, y después de deliberaciones y de algunos discursos pronunciados por el general Roque González Garza, Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, se concertó una alianza entre el Norte y el Sur, alianza que comprendía los siguientes compromisos:

a) Alianza militar entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur;
b) salvando los ataques que se hicieron en el Plan de Ayala a don Francisco I. Madero, aceptación por parte del general Villa y de la División del Norte, de ese Plan, en lo que se refiere al reparto de tierras;
c) obligación a cargo del general Villa, por virtud de operar en la frontera Norte, de proporcionar elementos de guerra al general Zapata;
d) compromiso solemne entre los dos jefes por el que, al triunfo de la Revolución, pugnarían por elevar a la presidencia de la República a un civil, identificado con la Revolución.

Tal alianza se concertó a espaldas de la Convención y los jefes militares que quedaron bajo la bandera convencionista, tuvieron que aceptar, sin discutir, aquellos compromisos.

Entre tanto en la Ciudad de México los asesinatos y desórdenes que los convencionistas venían cometiendo habían llegado a un grado extremo. Sin formación de causa, fue fusilado el profesor David G. Berlanga, uno de los mejores líderes de la Revolución Constitucionalista. A su vez, Zapata pidió a Villa le entregara al general Guillermo García Aragón, miembro de la Junta Neutral de Aguascalientes, a cambio de entregar a Villa al viejo periodista Paulino Martínez. Ambos fueron fusilados.

Un escándalo que conmovió a la ciudad de México, fue el rapto que quiso consumar Villa en el Hotel Palacio, donde se hospedaba, de la cajera del establecimiento, una francesa de gran belleza.

Nuevos disturbios ocurrieron en la ciudad de México, pero el más grave fue el que tuvo lugar en la casa donde se hospedaba el general Eulalio Gutiérrez, presidente provisional, quien había expresado su descontento por los crímenes y actos de pillaje que venían cometiendo los villistas.

El general Villa, personalmente se introdujo en la casa, pistola en mano, con varios hombres armados, entre quienes figuraban Fierro, Urbina, los más sanguinarios de la División del Norte. Se hizo acompañar de más de 1,000 hombres a caballo, rodearon la casa, y cambiaron la pequeña guardia que allí se encontraba.

El general Gutiérrez, que se enfrentó a Villa con todo valor y dignidad, hizo público aquel acto de barbarie, declarando con el valor que les daba tal lujo de fuerza dirigida contra un solo hombre, me insultaron y me hicieron diversos cargos, entre otros el de que era débil en mi gobierno, porque no había mandado asesinar a los miembros de la Convención. En el manifiesto que expidió antes de salir en fuga de la Ciudad de México, hizo a Villa cargos tremendos, achacándole que explotaba los ferrocarriles haciendo cuantiosos despilfarros, echándole en cara las emisiones de papel moneda de las que el Gobierno de la Convención no tenía conocimiento, y finalmente, que las campañas militares las hacía sin conocimiento y sin autorización de la Secretaría de Guerra, afirmando que Villa intervenía hasta en las relaciones internacionales.

Por lo que respecta a Zapata, el presidente de la Convención lo acusó de que en el Estado de Morelos no había más autoridad que la del jefe suriano, que inclusive, se había olvidado de resolver el problema agrario, ya que en vez de hacerse la distribución de las tierras despojadas y el fraccionamiento de los latifundios, se ha venido observando el sistema de dar garantías y protección al gran terrateniente, a cambio de pensiones mensuales pagadas por éstos al general Zapata, quien dispone del dinero de acuerdo con su voluntad, lo que es contrario al bien público.

El general Gutiérrez abandonó la capital seguido de algunos de sus colaboradores, dirigiéndose a la ciudad de San Luis Potosí. Antes de llegar a la capital del referido Estado, fue derrotado por fuerzas de los generales Agustín Estrada y Alberto Carrera Torres, solicitando poco después su rendición ante el general de división Pablo González, jefe del Cuerpo de Ejército del Noreste.

Al abandonar la capital de la República el general Eulalio Gutiérrez, asumió el mando supremo de la República el presidente de la Convención, general Roque González Garza, habiendo tomado desde luego medidas para restablecer el orden en la capital. González Garza desempeñó su cometido con gran dignidad, viéndose obligado a castigar con toda energía los desmanes de los miembros del ejército, habiendo quedado como jefe de Estado Mayor el coronel Francisco González y González, quien anteriormente había fungido como pagador general de las fuerzas zapatistas.

Al general González Garza le otorgó la Convención facultades extraordinarias en los ramos de Gobernación, Guerra y Hacienda. De inmediato, ratificó el nombramiento hecho en favor del general Villa como jefe de las fuerzas Convencionistas.

Ante el amago de las fuerzas constitucionalistas al mando del general Obregón, el encargado del Poder Ejecutivo, previa anuencia de la Convención, se trasladó a la ciudad de Cuernavaca el día 26 de enero de ese año.

El 24 de mayo de 1915, Villa expedió una Ley Agraria que en su parte fundamental dice:

Articulo 1° Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales. En consecuencia, los gobiernos de los Estados, durante los tres primeros meses de expedida esta Ley, procederán a fijar la superficie máxima de tierra que, dentro de sus respectivos territorios, pueda ser poseída por un solo dueño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada, con la única excepción que consigna el artículo 18.

Artículo 2° Para hacer la fijación a que se refiere el artículo anterior, el gobierno de cada Estado, tomando en consideración la superficie de éste, la cantidad de agua para el riego, la densidad de su población, la calidad de sus tierras, las extensiones actualmente cultivadas y con todos los demás elementos que sirvan para determinar el límite más allá del cual la gran propiedad llega a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social.

Artículo 3° Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales en la porción excedente del límite que se fija conforme a los ártículos anteriores, dicho excedente, en todo o en parte, según las necesidades locales. Si sólo hicieren la expropiación parcial, el resto de la porción excedente deberá ser fraccionada por el mismo dueño con arreglo a lo prescrito en el inciso IV del artículo 12 de esta Ley.

Si este fraccionamiento no quedare concluido en el plazo de tres años, las tierras no fraccionadas continuarán sujetas a la expropiación decretada por la presente Ley.

Artículo 4° Se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas, en la extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos, que estén en aptitud de adquirir aquéllos, según las disposiciones de las leyes locales.

Artículo 5° Se declaran igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios para fundación de poblados en los lugares en que se hubiere congregado o llegare a congregarse permanentemente un número tal de familias de labradores, que sea conveniente, a juicio del gobierno local, la erección del pueblo; y para la ejecución de obras que interesan al desarrollo de la agricultura parcelaría y de las vías rurales de comunicación.

Articulo 6° Serán expropiadas las aguas de manantiales, presas y de cualquiera otra procedencia, en la cantidad que no pudiere aprovechar el dueño de la finca a que pertenezcan, siempre que esas aguas pudieran ser aprovechadas en otra. Si el dueño de ellas no las utilizare, pudiendo hacerlo, se le señalará un término para que las aproveche, bajo la pena de que si no lo hiciere, quedarán dichas aguas sujetas a expropiación.

Asimismo, la Convención expidió entre otras importantes leyes, la relativa a beneficiar a los campesinos y a los trabajadores.

Dicha ley, en su parte resolutiva, expresa:

Artículo 1° Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite la extensión de terreno que sea bastante para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, en el concepto de que se dará preferencia a los campesinos.

Articulo 2° Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a las poblaciones que, necesitándolos, no los tengan o los posean en cantidad insuficiente para sus necesidades.

Artículo 3° Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los agricultores en pequeño, e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantio de bosques, vías de comunicación y en cualquiera otra clase de obras de mejoramiento agrícola todas las sumas necesarias, a fin de que nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz.

Artículo 4° Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura y de estaciones agrícolas de experimentación para la enseñanza y aplicación de los mejores métodos de cultivo.

Artículo 5° Facultar al gobierno Federal para expropiar bienes raíces, sobre la base del valor actualmente manifestado al Fisco por los propietarios respectivos, y una vez consumada la reforma agraria, adoptar como base para la expropiación, el valor fiscal que resulte de la última manifestación que hayan hecho los interesados.

En uno y otro caso se concederá acción popular para denunciar las propiedades mal valorizadas.

Artículo 6° Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores, por medió de oportunas reformas sociales y económicas, como son: una educación moralizadora, leyes sobre accidentes de trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de las horas de labor, disposiciones que garanticen la higiene y la seguridad de los talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una legislación que haga menos cruel la explotación del proletariado.

Artículo 7° Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros, para que los empresarios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuertes y bien organizadas uniones de trabajadores, y no con el operario aislado e indefenso.

Artículo 8° Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el de boicoteo.

Artículo 9° Suprimir las tiendas de raya, el sistema de vales para el pago del jornal, en todas las negociaciones de la República.

La Convención continuó sesionando en la ciudad de Cuernavaca.

El día 18 del mes de junio, el general Roque González Garza renunció al cargo de presidente de la Convención; asumió desde esa fecha el mando de la Jefatura del Ejército Convencionista del centro y sur de la República.

Al renunciar el general Roque González Garza como presidente provisional de la República, la Convención nombró el día 1° de julio de 1915 al licenciado Francisco Lagos Cházaro para que lo substituyera. Posteriormente la Convención se trasladó a Toluca, en donde después de una serie de fracasos y derrotas, quedó disuelta.

Entre tanto, en Veracruz, el primer jefe del Ejército Constitucionalista procedía a organizar su gobierno y a expedir las primeras leyes de carácter general.

La primera de 12 de diciembre de 1914, sin duda de gran interés, vino a definir el verdadero programa de la Revolución. Su artículo segundo dice lo siguiente:

Artículo 2° El primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí, leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados, leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general de las clases proletarias, estableciendo la libertad municipal como institución constitucional; bases para nuevo sistema de organización del ejército; reformas de los sistemas electorales para obtener la efectividad del sufragio; organización del poder judicial independiente, tanto en la Federación como en los Estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de Reforma, revisión de los Códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, para destruir los monopolios creados por el antiguo régimen y evitar que se formen otros en el futuro, reformas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley.

Después expidió la ley de 6 de enero de 1915, que significó un avance social importante, ya que el decreto de referencia equivalió a quitar a Zapata la bandera del agrarismo.

En esta ley se señalaba la precaria situación en que se hallaban las grandes masas campesinas del país; su miseria y su incapacidad para ser un factor activo.

Se atacaba el latifundismo y el despojo que la dictadura porfiriana había consumado en contra de los pueblos y comunidades indígenas de la nación no sólo por medio de enajenaciones llevadas a cabo por las autoridades políticas en contravención a la ley, sino también por concesiones, composiciones o ventas concertadas por los ministerios de Fomento o Hacienda, que a pretexto de apeos y deslindes, para favorecer a quienes hacían donaciones de excedencias o demasías y a las llamadas compañías deslindadoras, que siempre invadieron los terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos y en los cuales tenían éstos fincada la base de su subsistencia.

La ley del 6 de enero ordenaba la dotación y restitución del ejido a los pueblos, señalaba las autoridades que deberían proceder a su ejecución, el procedimiento que debía seguirse y los plazos en que debían tramitarse los expedientes respectivos.

Con la ley de 6 de enero, el primer Jefe del Ejército Constitucionalista dio franco carácter agrario a la Revolución Constitucionalista, quitando a Zapata la bandera con que venía luchando desde el año de 1910.