AUTOBIOGRAFÍA DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

Emilio Portes Gil

CAPÍTULO OCTAVO

PORTES GIL, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SU DOCTRINA Y SU OBRA

VOLADURA DEL TREN PRESIDENCIAL

Tal y como se me había anunciado en Tampico, cuando Valente Quintana me entregó la carta de la llamada Liga Defensora de la Libertad Religiosa, el tren presidencial en que viajaba en compañía de mi esposa y de mi pequeña hija Rosalba, entonces de dos años de edad, la mañana del 10 de febrero de 1929 fue dinamitado al llegar al puente ubicado en el kilómetro 327, entre las estaciones de Comonfort y RinconcilIo, en el Estado de Guanajuato.

Serían aproximadamente las seis y media de la mañana del citado día cuando, en los precisos momentos en que terminaba de vestirme, se sintió un fortísimo choque en el tren. Inmediatamente salí, para darme cuenta de lo que ocurría, reuniéndose conmigo los señores generales Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina; Anselmo Macías V., jefe de las Guardias Presidenciales; Ing. Marte R. Gómez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Enrique C. Osornio, jefe del Servicio Médico Militar; Ing. Mariano Cabrera, director general de los Ferrocarriles Nacionales; Valente Quintana, jefe de las Comisiones de Seguridad; Adolfo Roldán, secretario particular, y otras personas, civiles y militares, que me acompañaban en mi recorrido.

Momentos después del accidente se me presentó el presidente municipal de Celaya, licenciado Ernesto Gallardo, actualmente subdirector administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otros funcionarios de la ciudad para ponerse a mis órdenes.

Todos pudimos darnos cuenta de que la dinamita que estalló había sido colocada bajo el puente, en cuyo lugar se encontraban aún varios cartuchos que no habían hecho explosión.

Cerca del sitio de la voladura había huellas que demostraban que los autores habían pasado la noche -o quizá días- en espera del tren. El saldo de aquel atentado dinamitero fue la muerte del garrotero Agustín Cárdenas; la destrucción de dos carros pullman y la voladura de la locomotora y el tanque que saltaron sobre el puente.

¡Y así fue como se cumplió la amenaza que los fanáticos de la llamada Liga Defensora de la Libertad Religiosa hicieron en la carta que recibí en el puerto de Tampico! ¡Y así también caían seres que ninguna culpa tenían de aquella contienda fratricida, como el garrotero Cárdenas; mientras que los autores verdaderos de aquel sangriento conflicto, líderes potentes y clérigos retardatarios, se paseaban, unos en el país y otros en el extranjero, disfrutando de las comodidades que su alta investidura les había deparado!

La ejecución de Toral se llevó a cabo el día 9 de febrero y el entierro del cadáver el 11 del propio mes.

Los fanáticos de la capital no podían dejar de aprovechar tal oportunidad para hacer patente su disgusto por aquel acto de plena justicia, que castigaba con la última pena a un delincuente.

La manifestación de duelo que los fanáticos hicieron durante el trayecto al cementerio, la aprovecharon los enemigos del régimen para escandalizar y cometer actos sediciosos que la policía se vio obligada a sofocar, a fin de evitar mayores consecuencias.

Como algunos diarios de la capital se sirvieron de aquellos acontecimientos para fomentar, con sus informaciones, el descontento de los enemigos de la Revolución, creí pertinente explicar al país cuál era el sentir del gobierno y cuál la conducta que S6 proponía seguir. A tal efecto, di a la prensa las siguientes declaraciones, que aparecieron en los diarios el sábado 12 de febrero.

Al cumplirse la sentencia que los tribunales competentes impusieron al asesino del señor general Alvaro Obregón, algunos elementos fanáticos de la capital han adoptado una actitud francamente subversiva, que contrasta con la línea de conducta, respetuosa de la ley, pero benevolente, que las autoridades habían venido siguiendo ante el llamado conflicto religioso. Tal parece, por lo mismo, que todos los pasos del Gobierno, encaminados a testimoniar su apartamiento de cuestiones religiosas y su respeto a la libertad de conciencia, han servido, en contra de lo que fuera de esperarse, para exaltar los ánimos de quienes con fines políticos explotan la credulidad de la masa católica y para dar ocasión a que ésta, y sus directores, se solidaricen con un crimen que la nación entera condenó y para que glorifiquen a su ejecutor.

Ante tal situación, el Gobierno juzga de su deber explicar a la Nación cuál es su sentir y puntualizar, con toda claridad, cuál será la conducta que de momento se fija; a reserva, naturalmente, de seguir, después, la que los mismos acontecimientos determinen.

Principia el Gobierno por declarar, al efecto, que no puede admitir la conducta de los elementos católicos como resultante de las persecuciones religiosas del mismo Gobierno. De acuerdo con el programa de la administración anterior y con empeño por parte de la administración actual, las medidas restrictivas que se impusieron a raíz de que estallara el conflicto y como réplica a la conducta subversiva del alto 'Clero, se fueron suprimiendo de manera paulatina, de modo que, excepción hecba de la supresión de cultos, que como bien se sabe, no fue decretada por la autoridad civil, nada hay a la fecha que denuncie la existencia de un estado de pugna en el que las dependencias del Ejecutivo fueran parte principal.

Tampoco puede el Gobierno admitir que se trata de una manifestación espontánea y desinteresada. La gran mayoría de los habitantes del país ha permanecido alejada de las influencias con las que se le ha pretendido mover y, lo ha testimoniado en su adhesión al gobierno revolucionario, si se trata de elementos proletarios, campesinos y obreros, o ha permanecido al margen de la situación en un estado de retraimiento que ni siquiera se puede llamar hostil. Inclusive se ha dado el caso de que varios grupos levantados en armas se someten al Gobierno, convencidos al fin del recto proceder de éste y de su ninguna participación en conflictos de carácter espiritual.

El mismo gobierno tiene, en cambio, datos suficientes para declarar que, a más de la conducta delictuosa de los grandes rotativos, que una vez más reiteraron su credo retardatario al hacer en los términos más cálidos la apología del delincuente, sin aludir siquiera a la repugnancia y a la cobardía del delito; hubo elementos que, disciplinadamente, se dieron a la tarea de reclutar dolientes, que quisieran acompañar en medio de la mayor pompa y ni siquiera con la debida postura, los restos de un criminal sentenciado y ejecutado conforme a las leyes que nos rigen.

El encarcelamiento de los manifestantes más exaltados, y aún la ejecución de nuevos instrumentos ejecutores de otros delitos, serían sanción suficiente. Los instigadores ocultos de todos los excesos que lamentamos no son, siquiera, católicos sinceros, que defienden la religión de sus mayores o el arca inviolable de su conciencia, sino burgueses acomodaticios, que buscan la manera de salvar los privilegios que la revolución les viene arrebatando. Lo comprueban así sin dejar lugar a duda, los asesinatos de campesinos agraristas que, para mayor sarcasmo, se cometen bajo el amparo de Cristo Rey, y la protección decidida que los rebeldes fanáticos reciben por parte de la seudo aristocracia mexicana.

En cambio, cree el Gobierno que una acción económica le será más efectiva. En vez de buscar abajo, buscará arriba. Por encima del brazo, buscará el cerebro. Y, aplicando la acción civil, incautará los bienes de quienes resulten autores o cómplices y tendrá un medio de continuar la obra revolucionaria entregando nuevas haciendas a los campesinos, y a los obreros, para que las manejen cooperativamente, las fábricas de quienes resulten sentenciados, tanto en uno como en otro caso, conforme a fallos de cuya rectitud cuidará la misma Presidencia de la República, para evitar toda posibilidad de fraude o de pasión.

El Gobierno quiere declarar, igualmente, que no habrá un solo caso en que las influencias, las convicciones o las amistades, nutifiquen o atenúen el estricto cumplimiento de los acuerdos de incautación que dicte. Seguro de que cumple con su deber, tampoco lo detendrá ni lo harán vacilar las criticas de los periódicos, que de antemano aguarda, y que, fiel a su programa, no tratará de acallar.

Y que la nación juzgue y resuelva y que ella, de acuerdo con su más intima convicción, se solidarice con el grupo revolucionario que lucha por alcanzar, para las mayorías desheredadas, un más alto grado de bienestar, o con el círculo de parásitos que pugnan por reconquistar las preeeminencias que nuestra Revolución les arrebató.

De las investigaciones que, para descubrir a los autores intelectuales del atentado, practicó el detective Valente Quintana, llegó a la conclusión de que la carta recibida en la Inspección General de Policía había sido escrita por una distinguida dama de la ciudad de México, miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Esta misma señora confesó a Quintana su participación y, arrepentida, se resolvió a denunciar a la policía aquel hecho.

En cuanto a los autores materiales, lo fueron un muchacho de 17 años, de nombre Fernando Islas, aprehendido en la casa de la señora Concepción del Moral, en la ciudad de Celaya, y Eulalio Anaya, que logró fugarse. La señora Del Moral manifestó que había sido llamada a México por señoras de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, quienes le entregaron trescientos pesos para que a su vez se los diera a un muchacho de nombre Fernando Islas a quien no conocía, éste negó terminantemente ser el autor del delito y para evitar que las autoridades inferiores cometieran con él una violencia, opté por mandarlo a las Islas Marías, recomendándole al Gral. Múgica, director de dicho penal que se le enseñara algún oficio.

Antes de entregar el poder a mi sucesor, el Gral. Múgica llevó a mi presencia a Islas y al interrogarlo para que confesara su delito, se negó terminantemente, y al decirme que pensaba radicarse en León para dedicarse al oficio de zapatero, le regalé mil pesos, poniéndolo en libertad. Durante años no volví a saber de este individuo hasta que Agustín Arroyo Ch. me informó que vivía en León en donde era propietario de un importante taller de calzado. En cuanto a la señora Concepción del Moral, cómplice de los dinamiteros, fue puesta en libertad inmediatamente después de haberse cometido el atentado.