Vieron la necesidad de una ley agraria

En uno de nuestros números anteriores hemos señalado a la consideración del Gobierno, como uno de los medios más a propósito para restablecer la paz pública, y para ganarle prestigio y popularidad sobre las clases más numerosas de nuestro pueblo, es impartirle ayuda y protección para sostener sus derechos en la lucha desigual hasta hoy que ha sido preciso mantener a las pequeñas poblaciones, principalmente de indígenas, contra los usurpadores de sus terrenos, que las ha reducido a la condición de colonos en sus propias heredades, y sometido a las más duras pruebas de miseria, y de tolerancia de las crudas leyes, de los severos castigos y de toda especie de vejámenes por parte de los amos, arrendadores o propietarios.

Hecha la conquista por los españoles, la propiedad territOrial se repartió a título de conquista, es decir, que los adelantados, lo mismo que los capitanes y cuantos habían presentado méritos para los descubrimientos de tierras o para someterlas al dominio de España, consiguieron con los títUlos de sus tierras, la asignación como feudos de inmensas propiedades que, permaneciendo vinculadas y en manos de una nobleza poco acostumbrada a la agricultura y a la industria, y mal avenida con el trabajo en general, las dejó yermas y sin cultivo, o bien, falta de capitales, tuvo necesidad de pedirlos al que en sus mejores tiempos fue el banco de avío para la agricultura: el clero prestó sobre hipotecas de bienes rústicos grandes sumas que sirvieron menos a los deudores para enriquecerse por el fomento y el cultivo, que hicieron en muy reducida escala, que para ostentar una riqueza aparente y ficticia, que no podía sostenerse sino con el abandono de las mismas fincas a los hipotecarios, a falta del cumplido pago de los réditos y capitales.

Tal es el origen de la acumulación de la propiedad raíz, que de las manos inexpertas de la primitiva y colonial nobleza, pasó a las no menos tOrpes del clero: la agricultura feé entonces el menos inteligente y el más infecundo de todos los monopolios, ejercido por cierto número de arrendatarios, favoritos de los mayordomos administradores eclesiásticos, españoles en su mayor parte, limitados por hábitos de nacionalidad a servirse de la misma coa, del mismo buey y del mismo terreno cultivado por sus predecesores. Nada de mejora, ningún adelanto, y las mismas mezclas extrañas de patrocinio de santos y de augurios sobre las estaciones, sobre lás lluvias, sobre la atmósfera y sobre la luna. La agricultura se limitó a la cosecha de los granos, que hace siglos eran ya el producto casi espontáneo de los campos.

Este estado lamentable de atraso no debía subsistir en medio del impulso general que daban a nuestra sociedad la adopción de instituciones modernas y los grandes descubrimientos y adelantos del siglo; así fue cómo, entre otros motivos poderosos del orden político y económico, surgió el pensamiento civilizador que presidió al noble espíritu de las leyes de reforma. Un hombre de Estado, como lo fue el autor de la desamortización, no podía, como economista, mantener el estanco de la riqueza, la esterilidad del suelo y la pobreza de los cultivadores precarios, por sostener el lujo del culto y las conveniencias fastuosas y mundanas de las sociedades propietarias; y un político tenía que hacer prosélitos y acallar las resistencias de conciencia con el aliciente del interés, de la subdivisión de esa propiedad estancada, de la que a cada uno tocaría su parte de lucro, y a la generalidad, a la sociedad y al tesoro, su aprovechamiento. La reforma se cumplió, y su desarrollo inteligente y equitativo habría justificado las previsiones de su ilustrado autor, si se le hubiera comprendido, y en vez de hacer muchos honrados y laboriosos propietarios, no se hubiera enriquecido a pocos favoritos que llevaron al campo, es decir, al cultivo, los mismos vicios, el mismo monopolio que ejercían en nombre del clero.

La reforma no salió de las ciudades, y su espíritu de favor para el pueblo y las franquicias y exenciones concedidas a los pequeños arrendatarios, no consiguieron hacerlos propietarios. Hemos tenido ocasión de conocer a un gran número de adquiridores de fincas urbanas, y aun muchas de éstas acumuladas en unas manos, y no hemos encontrado a los que en nuestro concepto eran más dignos de protección en la desamortización, a los que cultivando un pedazo de tierra, emprenden un trabajo ímprobo para ganar la subsistencia y hacen un positivo servicio a la sociedad, surtiéndolá de los consumos de primera necesidad.

No queremos entrar en el examen de las causas que mantienen esos feudos o señoríos inmensos, incultos e improductivos para la población y para las arcas públicas, que se llaman las haciendas o fincas rústicas de propiedad particular; ignoramos si se poseen a buen título, o si éste y los linderos se han perdido y extendido en la obscuridad de los tiempos: no queremos sospechar que los avances de una gran parte de esa propiedad haya sido efecto de una especie de accesión industrial que consiste en prestar dinero a los alcaldes de pueblos inexpertos e indefensos, con prenda de títulos de tierras para hacer la función de los santos patronos del lugar, y recibir, a falta de pago, los títulos y las tierras en definitivo dominio. Tampoco aventuraríamos con generalidad el juicio que tenemos sobre las tendencias absorbentes de los grandes propietarios, respecto de los rancheros en pequeño. El hecho existe; la impotencia de las leyes y de las autoridades para subdividir la propiedad, es la causa de ese enorme desnivel de fortunas y de intereses que alimenta sordamente los odios y da pábulo a la ociosidad por falta de trabajo, y engendra la guerra civil.

No se crea que seguimos las máximas socialistas de Proudhon y de Fourier; tampoco profesamos, sino con mucha sobriedad, los principios que autorizan la expropiación por causa de utilidad; pero entre la excesiva latitud y el ejercicio poco escrupuloso e innecesario a veces, de este derecho consagrado por nuestra legislación, y la teoría peligrosa e inverosímil de aquellos utopistas, existen medios indirectos, si no se quiere abordar la cuestión espinosa de la legitimidad en la posesión, que conducirían indefectiblemente al fraccionamiento de las heredades. Tal sería, entre otros, el de gravar menos los campos en cultivo que los incultos, y proporcionar las contribuciones a la mayor extensión de ellos y no al mayor fruto del trabajo.

Sin pretender que nuestra opinión sea muy conforme con los principios de economía en general, sí creemos que es justa, porque alentaría el trabajo y castigaría el punible abandono de una extensa parte del terreno; lo haría productivo y crearía, en resumen, un gran número de pequeñas fortunas, que son las que forman en conjunto la fortuna pública. Tales son los considerandos que el legislador debe tener en cuenta para expedir la ley agraria, cuya necesidad es imperiosa, y que nunca nos cansaremos de pedir, en beneficio de los pueblos.

J. N. SABORIO.