EMILIANO ZAPATA
Y EL
AGRARISMO EN MÉXICO
General Gildardo Magaña
TOMO I
CAPÍTULO V
TRES VALIOSAS OPINIONES
La causa específica de algunos levantamientos
Españoles fueron, como queda dicho, los dueños de las haciendas de Morelos, y tanto ellos, cuanto sus empleados y administradores (pues los primeros no fiaban sus intereses sino a sus compatriotas), siempre trataron al indio, al sirviente, como cosa conquistada. Esa severidad tiránica no sólo produjo la matanza de hispanos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, el año 1856, acto que no sólo tuvo resonancia internacional, sino que provocó también los interesantes movimientos de carácter agrario que en distintas épocas, posteriores a la consumación de la Independencia, se llevaron a cabo en la sierra de Querétaro, en el Estado de San Luis Potosí, en Chalco, Estado de México, y en otros lugares del país. Esa conducta que no se atenuó siquiera bajo el régimen porfirista, cuando ya no eran españoles todos los dueños de las fincas de campo, exasperó los ánimos preparados ya por una causa tradicional y determinó que hicieran explosión, produciendo el formidable movimiento revolucionario que encabezó y sostUvo el general Emiliano Zapata.
En las fértiles, en las exuberantes haciendas de la entidad suriana, en oposición con la riqueza de la tierra, los trabajadores del campo vegetaban ignominiosamente, miserablemente, como si sobre ellos pesase una eterna maldición que los condenara a sufrir la tiranía del amo. Así vivieron luengos años; pero como el anhelo de la masa que sufre, no se pierde ni bajo el peso del yugo, ni en las sombras de las mazmorras, ni ante la amenaza de los fusiles, llegó el día en que, rompiendo las ligaduras que los retenían en abyecto servilismo, fueron a la revolución, porque no había otra forma de hacer oír sus protestas y sus quejas.
No cabe duda que el desequilibrio que imperó en la sociedad durante la época virreinal, con la existencia de dos clases: la una que integraba una minoría de privilegiados, y la otra, agobiada -con todas las cargas, ha sido causa de las luchas intestinas del pasado histórico, desde la encabezada por Hidalgo y vigorosamente sostenida por Morelos, hasta la iniciada por Madero en 1910. Finalidad de todas ellas ha sido la abolición de los privilegios, si bien en varios casos esa finalidad se desvirtuó por las ambiciones políticas de algunos caudillos que, al obtener el triunfo, se olvidaron de los humildes y los dejaron en las mismas o peores 'condiciones en que antes se encontraban.
Ese desequilibrio de que hablamos, extremado durante el régimen de Porfirio Díaz, en el que fue desmedido el enriquecimiento del grupo de favoritos, entre quienes repartió también el poder público, dió origen a la revolución que agitó al país durante los últimos años; pero como en ningún Estado de la República el acaparamiento de la tierra, con su cortejo de iniquidades, había tocado los extremos que en Morelos, el movimiento rebelde tuvo allí manifestaciones y exigencias a las que no se dió la debida atención, por lo que los surianos tuvieron que sacar fuerzas de su honda convicción, para esperar, resistiendo, durante un lapso de más de dos lustros, a que llegara el momento en que se les escuchase en justicia.
Lo que opina el licenciado Fernando González Roa
Hay dos clases de sociedades -dice don Fernando González Roa-: aquellas en que la cuestión de la tierra ha sido resuelta en beneficio del mayor número y aquellas otras en que unos cuantos privilegiados, poseedores de grandes extensiones, someten a la población a la servidumbre. Las primeras son sociedades sanas, en las que los utopistas, los fracasados y los criminaies son violentamente vencidos o eliminados. En ellas, cuando los hombres de buena intención apelan al supremo recurso de las armas para restablecer el derecho violado, la agitación se localiza y, una vez conseguido el objeto, la sociedad funciona normalmente. En ellas se sabe quién es el autor de los males y a la larga el culpable encuentra el castigo. Los pueblos occidentales de Europa están llenos hoy de agitadores y malvados y, sin embargo, éstos jamás logran conmover a la sociedad hasta sUs cimientos. Las revoluciones son allí transitorias, y limitadas, de ordinario, a fines meramente políticos. Los segundos, es decir, aquellas sociedades en que el problema de la tierra no ha sido resuelto, son sociedades enfermas, sujetas a la quietud sólo por la fuerza y dispuestas a entregarse a las más grandes violencias, cuando por cualquier circunstancia se relajan los resortes que las comprimen. En ellas, el menor movimiento político constituye un medio de manifestar el descontento de las masas oprimidas, que no siempre conocen, pero que siempre sienten los intensos males que sufren. De aquí se infiere la división de dos clases de revoluciones: las revoluciones meramente políticas y las de origen político pero complicadas, a poco de comenzar, con desórdenes económicos y sociales derivados de la mala organización de la sociedad. Los enfermos crónicos están expuestos a continuas crisis y la más leve enfermedad superviniente puede producir en ellos serios trastornos, cuando en los organismos sanos, la curación de ésta es violenta y casi nunca deja huellas. Nuestro sabio compatriota el doctor Mora comprendió bien la distinción cuando en su obra México y sus Revoluciones, citando el ejemplo de Irlanda, sujeta a continuas perturbaciones por el mal estado de su régimen territorial, afirmó que .en ciertos pueblos mal organizados el orden social será turbado a cada instante por el instinto de las masas, en las que ni la fuerza ni la convicción podrán extinguir el sentimiento de los males.
Cuando las clases educadas -continúa el licenciado González Roa- no toman participación en una revolución de las clases rurales oprimidas, ésta degenera en una jacquerie, es decir, en un movimiento desordenado y destructor. Cuando las clases educadas o una fracción de ellas, por motivos políticos acaudillan las revoluciones, entonces se ven en la necesidad de satisfacer las ansias de mejoramiento de las clases populares y voluntariamente, o a regañadientes, se ven obligados a inscribir en su bandera las reivindicaciones económicas del pueblo. De la unión de los dos elementos toma su carácter definitivo la revolución que los hombres de la clase media inician como fruto de sus especulaciones filosóficas y políticas o de su deseo de restablecer el derecho ultrajado. Así sucedió entre nosotros con la revolución de la Independencia. Así ha pasado con la revolución presente (Tomado de, Fernando González Roa, El aspecto agrario de la revolución mexicana).
En efecto, así pasó con la Revolución iniciada en 1910. La famosa entrevista Díaz-Creelman, en la que el Dictador anunció que permitiría el libre ejercicio del voto en las elecciones presidenciales, despertó en el pueblo mexicano dormidas energías.
Don Francisco I. Madero, alentado por la resonancia de sus prédicas que anunciaban un saludable y fuerte movimiento libertario, espoleado por las persecuciones que desató en contra de los inconformes el viejo dictador, se lanzó a la revolución armada, enarbolando una bandera más bien política; aunque se hablaba en el Plan de San Luis de restituir las tierras usurpadas al hacer mal uso de la ley de baldíos.
El movimiento tuvo eco en las regiones surianas, especialmente en el Estado de Morelos, donde la clase proletaria, agobiada por todas las injusticias, encontró en la Revolución un medio de manifestar su protesta, no exenta de esperanzas ni de deseos de venganza.
Pero mientras a Madero bastaba la dimisión de Díaz y el cambio incompleto de personal en los altos puestos de la Administración, los rebeldes morelenses encabezados por Zapata veían otra finalidad más importante en la lucha.
Ya veremos cómo los actos de la vida revolucionaria del humilde hijo de Anenecuilco tuvieron plena justificación, desde el punto de vista del motivo de su levantamiento y cómo el fenómeno apuntado por el licenciado González Roa en las líneas anteriores, tuvo exacta aplicación en el movimiento zapatista. Ni el derrocamiento del vetusto y carcomido edificio de la dictadura porfiriana, ni la transacción equivocada que presidió De la Barra, ni la desvirtuada administración de Madero, en todas las cuales se puso de manifiesto el fracaso de las especulaciones filosóficas y políticas de los hombres de la clase media, lograron hacer variar la actitud de Emiliano Zapata, quien pretendía implantar reformas radicales que garantizaran el mejoramiento de las clases populares, anhelo muy justo que comprendió en el Plan de Ayala, cuyos postulados, defendidos en esencia más tarde por un grupo de idealistas, forman la médula de la Revolución Mexicana que, por este solo hecho, tomó su verdadero carácter de reivindicadora de la clase laborante, que todavía hoy, ya despierta y fiada en sus propias fuerzas, vela y espera el triunfo definitivo.
Pero demos una ojeada al aspecto económico, político y social que ofrecía el Estado de Morelos antes de la iniciación de la lucha, según otras dos autorizadas personas.
Lo que dice el doctor José G. Parres
La independencia política de la Nueva España, sabido es que en nada favoreció las libertades de los indígenas -dice en un concienzudo estudio el señor doctor José G. Parres, ex Gobernador de Morelos y actual Subsecretario de Agricultura-. Las clases elevadas procuraron sostener invariablemente su predominio sobre las clases humildes. No bastaron las campañas de Ayutla y de la Reforma para asegurar los derechos de los caídos, y el indio siguió siendo el paria, cuya abyección se hizo más sensible en la época en que la administración porfirista ofrecía ante el mundo la perspectiva de una prosperidad ficticia, con sus soberbios palacios, sus ciudades modernizadas, su red de ferrocarriles, su ostentoso progreso que descansaba, sin embargo, sobre las miserias de un pueblo carente de ilustración y de derechos, explotado por los llamados científicos que iban a derrochar raudales de oro en el Viejo Mundo, en tanto a los indios, semiesclavos, se les exigía en trabajos enervantes sobre los campos, el sacrificio de su salud y de sus vidas, menos estimadas que las de las bestias, para aumentar las riquezas y las satisfacciones del poderoso.
En Morelos, en donde más arraigadas estaban las preocupaciones de raza, en donde la organización colonial se había no sólo mantenido, sino arreciado en sus síntomas, y en donde por otra parte, el suelo ofrecía ventajas innumerables con su fecundidad productora, los grandes latifundistas, interesados en la conservación de sus bienes, en el incremento de sus riquezas, si bien hostilizaron hasta donde más pudieron la idea del grupo que, presidido por el general y diputado don Francisco Leyva, inició y llevó a la práctica la creación de un nuevo Estado, de lo que fue el tercer Distrito Militar del Estado de México; más adelante y ante el fracaso de su aqitud, determinaron ganarse para sus propósitos al Gobierno Liberal, logrando que éste, en forma ignominiosa, secundara eficazmente sus proyectos.
En 16 de abril de 1869, el Congreso de la Unión decretaba la formación de la nueva Entidad Federativa bajo el nombre de Morelos. Se ha dicho que razones de índole política contribuyeron en gran parte para tal fin. Lo cierto es que aquel Estado pudo entrar bajo muy buenos auspicios al conjunto federal.
Los anticuados sistemas coloniales prevalecieron en Morelos hasta el año de 1880 en que dió principio la era moderna para la industria, substituyéndose los métodos de purga en la elaboración del azucar, por los de centrífugas que en algunos de los ingenios del Estado, fueron mejorándose paulatinamente hasta ser iguales a los empleados en las fábricas de los principales centros productores de caña.
Como asenté ya en el capítulo anterior, el cultivo de la caña en Morelos tuvo por base de su organización el aprovechamiento de las mayores extensiones de tierras que aseguraran el contingente que requerían las instalaciones industriales de las grandes haciendas. Y no sólo de las tierras, sino también y muy principalmente de las aguas que deberían emplearse en el riego de los campos. Para satisfacer sus propósitos, los hacendados no vacilaron en acudir a cuantos medios estuvieron a su alcance, contando como contaban con el apoyo de las autoridades y de manera especial bajo el gobierno del coronel don Manuel Alarcón, propietario que fue de la hacienda de Temilpa. Voy a insertar íntegros algunos párrafos del opúsculo que contiene las Dos conferencias sobre el Estado de Morelos, escrito en 1919 por el señor ingeniero don Domingo Díez, intelectual morelense que a más de conocer, como muy pocos, su Estado natal, posee la documentación más amplia sobre asuntos relacionados con aquellas tierras.
Dice el señor ingeniero Díez:
La inmensa mayoría de los pueblos son de fundación virreinal, y ya muchos de ellos o están completamente rodeados por las haciendas o con una cantidad de terreno tan pequeña y de tan poco valor agrícola, que no alcanza ni para la manutención de unas cuantas familias. Respecto a los ranchos, éstos se encuentran casi en su totalidad dentro de los terrenos de las haciendas y perteneciendo a ellas. Aun las ciudades tienen que sufrir: la de Cuautla se encuentra tan aprisionada por las haciendas cincunvecinas, que hasta las casas de una calle de sus arrabales pertenecen a una de ellas. Esta situación, tan brevemente expuesta, ha traído innúmeras desgracias; aun antes de la hecatombe actual se tuvieron que lamentar verdaderas tragedias precursoras del movimiento revolucionario y que nos hacía temer un noventa y tres terrible y devastador. La distribución territorial trajo como cortejo inherente a ella el problema de las aguas, el que se presenta con toda claridad corriendo parejas con el de las tierras; los pueblos disfrutaban del agua para cuya utilización habían hecho primitivas, pero eficaces obras de riego y abastecimiento de poblaciones. Los terrenos pasan a poder de las haciendas, éstas intensifican su cultivo y los grandes terratenientes se apoderan del dominio de las aguas contribuyendo a formar 10 que en Morelos podemos llamar un feudalismo agrario, que gradualmente invadió las esferas políticas y sociales. Pueblos enteros tuvieron que emigrar y desaparecer por no contar con el fertilizante líquido o la querida tierra de siembra para sus huertas y aun las poblaciones de importancia se vieron en condiciones difíciles por las disposiciones agrarias que dictaron los gobiernos.
Habla después el señor Díez sobre los montes de la parte Norte de Morelos y tras de condenar las inicuas explotaciones que en ellos se han consumado, agrega:
Posteriormente nuevas concesiones fueron dadas, sea a empresas o particulares, hechas a semejanza de la primera del ferrocarril, y la tala de los bosques adquirió las proporciones de un verdaaero escándalo; fortunas inmensas se amasaron con el producto de árboles; grandes tragedias se lamentaron y un buen número de los habitantes de los pueblos citados, que protestaron, fueron al contingente de las armas. El resultado no se hizo esperar; el descontento cundió y a la situación de las haciendas vino a agregarse la de los montes. Llama verdaderamente la atención que ante fenómenos naturales ocasionados directamente por la tala de los bosques, tales como el irregular régimen de las lluvias, y sobre todo la disminución del volumen de los manantiales, no haya habido una sola protesta de los poderosos. ¿Los hacendados de la parte Sur del Estado no se dieron cuenta del peligro que corrían sus siembras por la falta de agua para riego?
Esta ambición de los terratenientes, de aumentar sus tesoros con detrimento de las riquezas naturales, iba aparejada con la de absorber el poder público.
Unidos entre sí, por amistad, parentesco o por ligas comerciales, los veintitantos hacendados dueños del Estado no sólo defendieron en común sus intereses, sino que se apoderaron, directa o indirectamente, pero en ambos casos de manera efectiva, de la autoridad. Su mayor influencia la ejercieron cuando el gobierno estuvo en manos de los señores Manuel Alarcón y Pablo Escandón, propietarios de valiosos feudos. Dieronse entonces los más bochornosos casos de impunidad para algunos empleados de las haciendas, verdaderos delincuentes, y los impuestos decretados con el ánimo de aligerar la carga a los latifundistas, hicieron más crítica la situación del pueblo morelense.
Una conferencia del ingeniero Domingo Díez
Sobre esta preponderancia de la casta de privilegiados en la administración pública del Estado y su afán de disminuir los impuestos a los terratenientes, nos proporciona jugosos datos una conferencia dada en 1920 por el ingeniero don Domingo Díez, citado por el doctor Parres. Dice el señor Díez:
Desde que se estableció el Gobierno del señor general don Porfirio Díaz en 1877 y debido a la presión ejercida por los propietarios de fincas azucareras, las contribuciones fueron convertidas en cuestión política y se fijó a los hacendados una asignación común de $125,000.00, que debían repartirse entre sí, dando lugar a que por algún tiempo el Gobierno no tuviera intervención en el señalamiento de las cuotas e ignorara detalles de todo punto indispensables para una buena administración. El impuesto a las haciendas fue siempre una dificultad máxima para todas las administraciones; la presión de los grandes terratenientes derribó moralmente al Gobierno del señor general don Francisco Leyva. Los siguientes representados por los señores Pacheco, Quaglia, Preciado, Alarcón y Escandón, no pudieron o no quisieron evitarla, trayendo como final resultado un injusto recargo. a los comercios, pequeñas industrias, etc., etc., del Estado. Los archivos de la Dirección General de Rentas de Morelos nos dieron los siguientes datos sobre las cantidades asignadas a los diversos ramos de impuestos:
En el año de 1874 se elaboraron 9,306 toneladas de azúcar y 14,674 de miel, pagando un total de impuesto a $143,219.00.
A los giros mercantiles se les gravó con ... $27,105.65.
A los establecimientos industriales con ...$9,908.14.
Dando estos últimos un total de ...$37,013.79.
En el año de 1877, al inaugurarse el gobierno dimanado del movímiento político de Tuxtepec, se asignó a las haciendas una cantidad fija de $125,000.00.
En el año de 1878 la repartición fue:
A las fincas azucareras ... $135,000.00.
A los giros mercantiles ... $31 400.00.
A los establecimientos industriales ... $16 700.00.
Quedando entonces como totales, para las fincas azucareras: $135.000.00 y siendo la suma de los ingresos por actividades comerciales e industriales de: $46 100.00.
De lo que resulta que en el año de 1877 se les redujo a los productores de azúcar $18,219.00 y en 1878, $8.219.00, sobre la cuota de 1874; mientras que al comercio y a la industria en pequeño se les aumentó respecto del mismo año en pesos $11,086.00, sin que tal aumento tuviera una base de justificación.
Con el Decreto de 15 de noviembre de 1881 se modificó la forma de contribuciones para el siguiente año de 1882, modificación que alcanzó a todos los causantes, menos a los elaboradores de azúcar. En el citado año de 1882, pagaron los productores de azúcar y miel la suma de $134,913.32 y por adicional para la instrucción pública, $6.071.09, lo que da para las haciendas $140,984.41.
En el año de 1897 pagaron por elaboración de azúcar y miel ... $140,934.00
Por adicional para la instrucción pública ... $6,342.05.
Lo que da para las haciendas: $147,276.05.
El aumento de impuestos azucareros fue, pues, en 16 años, de: $6,291.62.
Lo que da para las haciendas ... $147,276.03.
El aumento de impuestos azucareros fue, pues, en 16 años, de ... $6,291.62.
En 1882, los demás ramos produjeron ... $118,751.91.
En 1897, los mismos ramos produjeron ... $214,624.68.
El aumento en los mismos 16 años fue de ... 95,872.27.
Resulta por lo tanto, para los azucareros, en el citado período, un aumento de 4.4 por ciento, y para el comercio y pequeñas industrias uno de 80.6 por ciento, cantidades verdaderamente desproporcionadas.
El 19 de octubre de 1898 se expidió la Ley de Ingresos que rigió hasta el 30 de junio de 1910 que señaló a los azucareros una producción fija de 27,300 toneladas anuales, por las que pagarían una contribución fija también de $ 135,000.00 anuales, aumentando o disminuyendo esa suma según la producción real, con $2.00 por tonelada. Con la expedición de esta ley se evitaron en gran parte las irregularidades que se notaron en las anteriores.
El gravamen por tonelada de azucar a su equivalente comercial en mieles, resultó en los diversos años como sigue:
1874 - 12,975 toneladas - $143,219.00 impuesto - $11.03 impuesto por tonelada.
1899 - 27, 164 toneladas - $145,000.00 impuesto - $5.33 impuesto por tonelada.
1900 - 27,243 toneladas - $155,000.00 impuesto - $5.68 impuesto por tonelada.
1901 - 28.846 toneladas - $155,000.00 impuesto - $5.37 impuesto por tonelada.
1902 - 27,784 toneladas - $155,000.00 impuesto - $5.58 impuesto por tonelada.
1903 - 38,352 toneladas - $177,504.00 impuesto - $4.60 impuesto por tonelada.
1904 - 39,183 toneladas - $178,766.00 impuesto - $4.56 impuesto por tonelada.
1909 - ??? toneladas - $201,417.00 impuesto - $4.17 impuesto por tonelada.
1910 - ??? toneladas - $140,473.29 impuesto - $4.17 impuestopor tonelada.
1911 - 45,000 toneladas - $103,500.00 impuesto - $2.30 impuesto por tonelada.
Debe advertirse que los productos en toneladas correspondientes a las zafras terminadas en los primeros meses del año y sobre cuyo producto recae la contribución, se empiezan a cubrir en el año fiscal siguiente, constituyendo otra deficiencia en favor de los azucareros. Los demás causantes ajenos a las industrias del azúcar y del alcohol, manifestaban antes del principio del año fiscal, o sea en junio, lo que creían elaborar, vender, etc., en el año siguieme, fijándoseles desde entonces y conforme a su manifestación, el impuesto que deberían cubrir en el siguiente mes de julio.
La última Ley de Hacienda de 23 de mayo de 1910, que empezó a estar vigente desde el 19 de julio del mismo año, vino con la Ley de Ingresos de 21 de junio del propio año, a aumentar las contribuciones con la misma desproporción que las anteriores, como se verá por lo siguiente:
Las fincas azucareras pagaron en 1909 por total de contribuciones, $253,550.17.
En el año de 1910-1911 tuvieron como fábricas de azúcar y aguardiente ... $140,473.29.
Pagaron por impuesto predial ... $146,272.00.
Lo que da un total de ... $286,745.29.
Resultando por consiguiente un aumento de $33,195.12, cantidad que poco más o menos importarían los réditos que pagaban a los Ayuntamientos por concepto de los terrenos y sitios de propios de las Municipalidades, de que se les excluyó indebidamente, dejando por lo tanto a los citados Ayuntamientos sin las entradas a que son acreedores.
Con la nueva Ley mencionada de 23 de mayo de 1910 quedaron derogados los ramos de Capitación y Utilidades pecuniarias que produjeron en el año anterior, $115,921.20.
El presupuesto de egresos de 1910-1911 tuvo un aumento sobre el anterior, de $144,931.77, lo que disminuyó en $230,853.27 el total de los ingresos. Esta diferencia se repartió en los siguientes ramos, de esta manera:
A las fincas azucareras ... 13,092%.
A la propiedad raíz ... 264,330%.
Al comercio e industrias pequeñas ... 132,760%.
A las ocupaciones lucrativas ... 589,818%.
En 1909 resultó gravada la tonelada de azúcar. según la nueva Ley, con $4.17 y pagaron las fábricas de azúcar y aguardiente por elaboración un total de pesos 241,465.26.
En 1910-1911 se gravó la tonelada de azúcar según la nueva Ley, con $2.30, y pagaron las fábricas, inclusive las de aguardiente, $140,473.29, resultando una cotización menor de $100,991.97.
Esta diferencia tan enorme se hizo indebidamente y en virtud de haberse creado el impuesto predial periódico de 7 al millar anual, que los gravó en el mismo año de 1910-1911 con la cantidad de $146,272.00, arbitrio que al ser creado, fue aplicado en la misma proporción a todos los propietarios del Estado en general, sin que por esto se haya rebajado ningún otro ramo, a excepción del de los fabricantes de azucas y alcohol, sino muy al contrario, se hizo como en todos los años anteriores, un aumento que duplica y aun triplica las contribuciones a los demás ramos, según el cálculo anterior.
Estas cifras no tendrían significación ninguna si en el Estado, el comercio y las demás industrias diferentes a la de la caña de azúcar hubieran tenido un real adelanto y desarrollo o si se hubieran fundado nuevas poblaciones. Nada de esto ha pasado.
En 1869 había 140,000 habitantes y aumentaron en cuarenta y tres años a 179,594.
En 1874 la arroba de azúcar valía $1.50, por término medio, y el costo de producción fue mayor que en la actualidad, puesto que se elaboraba por fuego directo, lo que producía sobre tres quintos de miel por dos de azúcar; mientras que hoy, por lo general, se produce una tercera parte de miel por dos de azúcar, es decir, que si el precio de la tonelada de frutos equivalentes, en 1910, fue de $155.00, comparado con el de 1874 que fué de $67.00 resulta una gran diferencia. En este concepto el impuesto representaba un 16% del valor de la venta, mientras que en el año de 1910 representaba el 1.48 por ciento.
En las cotizaciones hechas conforme a la ley del último año citado, el producto del impuesto general ha subido; pero el gravamen por tonelada ha bajado considerablemente. El estudio anterior, hecho con los datos oficiales que se obtuvieron en el año de 1912, nos manifiesta claramente cuál fue la verdadera significación de Morelos en lo relativo a su régimen hacendario. Para concluir con estos apuntes sobre la situación económica de Morelos, diremos que su presupuesto de gastos fue realmente pequeño; llegó en el año de 1912-1913, a $516,775.05.
¿Qué ventajas obtendría la clase trabajadora de Morelos con la decantada industria azucarera, si a mayores utilidades que percibían los hacendados, únicamente correspondía una alza en los artículos de primera necesidad, que hacían más cara la vida, ya de suyo misérrima, del jornalero?
Las inmensas fortunas amasadas en los ingenios morelenses salieron del Estado y muchas de ellas fueron dilapidadas en el extranjero; en cambio, se destrUyeron pueblos enteros, se talaron bosques de incalculable valor y se desperdiciaron otras fuentes de riquezas natUrales. Hubo pueblos que sufrieron por largo tiempo el tormento de la sed, mientras el agua se derrochó en las haciendas en forma absurda, como pueden dar una idea los siguientes datos estadísticos que tomamos del estudio del señor doctor Parres:
Para producción de los campos cultivados con caña en el año de 1908-1909, se gastaron las siguientes cantidades de agua por kilo de azucar producido:
Hacienda de Temixco ... 62,036 litros.
Hacienda de San Vicente y anexas ... 59,601 litros.
Hacienda de Cocoyotla ... 61,833 litros.
Hacienda de Treinta y Acamilpa ... 14,188 litros.
Hacienda de Santa Inés y Buenavista ... 71,205 litros.
Hacienda de Santa Clara ... 7,474 litros.
La propiedad en Morelos estaba distribuída como sigue:
- 62 por ciento en treinta haciendas;
- 18 por ciento entre parte urbanizada de los pueblos y,
- el 20 por ciento en montes poseídos por los pueblos en la zona norte del Estado.
La extensión de riego de las haciendas era de 30,000 hectáreas aproximadamente, de las que 10,000 se destinaban a la siembra de plantilla, 10,000 para producto inmediato y 10,000 en descanso alternativo cada ciclo de cultivo o sean diez y ocho meses.
La superficie de cultivos de temporal era beneficiada por unas cuantas personas favorecidas de los hacendados, y en cuanto a los vecinos de los pueblos inmediatos a las grandes haciendas, obtenían pequeñas extensiones en arrendamiento, pagando cinco cargas de maíz por cada yunta de sembradura (3 y 2 hectáreas más o menos), con obligación de abrir caminos en provecho de la hacienda y formar cercas de piedra o tecorrales en los linderos, sin retribución alguna. (Informes tomados de los contratos de época anterior a 1910, que se conservan en Morelos.
El salario del trabajador del campo era de cincuenta centavos a un peso diario, o sea un promedio de setenta y cinco centavos por jornada de once a doce horas, jornal que se aumentaba ligeramente en la época de zafra en que se pagaba un peso cincuenta centavos por tonelada de caña cortada e igual suma por acarreo de la misma.
El maíz producido en Morelos nunca fue suficiente a cubrir las necesidades locales, introduciéndose de los Estados de México y Guerrero, cantidades de consideración para el abasto.
El porcentaje de cultivos sostenido por los hacendados, es el siguiente:
Con relación a la superficie del Estado 1.6 por ciento.
Con relación a la superficie de las haciendas 2.7 por ciento.