A las numerosas idealizaciones de la democracia, que surgieron al triunfo del maderismo, seguirían, como consecuencia de las sediciones contrarrevolucionarias, las realidades democráticas. El país, notoriamente, deseaba no sólo una democracia popular, sino también una democracia práctica. En el ánimo de la gente estaba el deseo de probar que el pueblo de México se hallaba apto para ejercer sus derechos políticos y civiles; mas para esto se exigía que las empresas del Gobierno fuesen de tanta calidad y probación que se destacasen por sí solas sobre las del régimen porfirista.

El vulgo, en apoyo de estas exigencias no consideraba los males que había acarreado la guerra, ni los trastornos ocasionados por la discontinuidad de la vida administrativa, ni las fuerzas que sigilosamente se oponían al desenvolvimiento de la Revolución. Para los ensueños de los hombres del 1910, todas las empresas eran fáciles y factibles, de manera que no había motivo por el cual no se hicieran sentir, en la cortedad de seis meses, los beneficios de un gobierno democrático como el de Madero.

Madero creía, al igual del vulgo, en la necesidad de una democracia práctica; y al caso, y como medida primera, el gobierno procedió a dictar las órdenes conducentes a fin de estabilizar, en primer término, la hacienda pública.

Esta, se hallaba quebrantada y débil como resultado directo de la guerra civil; y tal, sin necesidad de culpar a la guerra, puesto que la causa y sus consecuencias estaban a la vista del mundo y el gobierno no tenía por qué hacer ocultaciones; pero tampoco ilusiones.

En el último presupuesto del régimen porfirista, esto es, el correspondiente al año fiscal 1911—1912, figuró como cifra de ingresos la de cien millones setecientos noventa y tres mil pesos, y la de cien millones trescientos seis mil doscientos sesenta y siete pesos como cantidad destinada a los egresos; pero sin incluir en esta última suma los gastos correspondientes a las operaciones militares en el norte de la República; gastos que en el primer trimestre de 1911 estaban representados por erogaciones de nueve y medio millones de pesos. Tampoco se consideraban en el presupuesto los pagos correspondientes a las obras para el abastecimiento de aguas potables a la ciudad de México, ni los hechos en la construcción de un palacio legislativo y de un teatro nacional, ni las destinadas al mejoramiento y construcción de planteles escolares. No se incluía asimismo, en tal presupuesto, el pago de la deuda pública, cuyo monto no estaba especificado en los informes de la tesorería de la Nación.

Al iniciar su presidenciado, Madero aumentó los gastos nacionales a ciento cinco millones de pesos; y aunque esta suma estaba nivelada a los ingresos, el hecho era sólo aparente; pues de los egresos se destinaban veinticinco millones de pesos para el pago de la deuda pública, veintiuno a los estipendios del ejército y dieciséis a la aplicación de obras públicas.

No se incluían en tales egresos, las partidas concernientes a los pagos por los empréstitos adicionales ni las subvenciones a los ferrocarriles; tampoco los requerimientos para la continuación de obras importantes iniciadas por el régimen porfirista, como las portuarias de Salina Cruz y Frontera; las de construcción del palacio legislativo; las de canalización en Tamiahua y las destinadas a la adquisición de los Ferrocarriles Nacionales.

Durante el gobierno interino de De la Barra, quedó concertado un empréstito de diez millones de dólares con la casa Speyer Company, de Nueva York, que debería ser pagado en semestres; y un segundo empréstito a corto plazo, destinado a gastos de pacificación, compra de armamentos y pertrechos de guerra y a fortalecer la moneda nacional fue hecho con la propia casa en mayo de 1912, al mismo tiempo que se autorizaba a la Comisión de Cambios para expedir certificados de pesos oro y pesos plata, que tendrían la garantía metálica del Banco Nacional, a fin de que tales certificados fuesen colocados entre particulares. Sin embargo, mostrándose el público reservado para adquirir tales certificados, éstos fueron absorbidos por los bancos, de manera que en lugar de mejorar la situación, la operación con las instituciones de crédito redujo la reserva para sostener las operaciones de cambio.

De la reserva monetaria hecha por el secretario de Hacienda José Yves Limantour, quedaban en septiembre (1912) cuarenta y cuatro millones de pesos, de los sesenta que en total constituían dicha reserva. La merma era consecuencia de los gastos de pacificación autorizados por el Congreso de la Unión, así como a la continuación de las obras dejadas inconclusas por el régimen porfirista.

El manejo, pues, de la hacienda pública, puesto a la vista del país se efectuaba sin mancha ni tacha y sin disfraz alguno; ahora que como en el procedimiento seguido por el régimen porfirista por lo que respecta a las cuentas fiscales, no se incluían en los presupuestos los gastos concernientes a la deuda nacional y a las subvenciones y deficientes en las vías férreas, el hecho de que Madero hiciera figurar tales partidas, daba la idea de que el gobierno de la Nación despilfarraba o malversaba los fondos públicos.

Por otra parte, como al éxodo de capitales porfiristas y extranjeros iniciado con el comienzo de la Guerra Civil, se unía el descenso en los ingresos aduanales, la merma se atribuía a la administración del maderismo y a la falta de garantías en el país. Las importaciones, por otro lado, acusaban un descenso, en 1912, a ciento ochenta y dos millones de pesos; y el acontecimiento, así como señalaba una merma aduanal en las percepciones de la hacienda pública, indicaba una disminución en el poder adquisitivo de los mexicanos. La pobreza de compra advertía -y esto era objeto de las censuras de la prensa periódica oposicionista— decaimiento en la economía nacional, puesto que el comercio en la República dependía, en un ochenta por ciento, de la manufactura extranjera. Poco se aliviaba, en efecto, el país con el aumento (en el año fiscal 1911—1912) a doscientos noventa y siete millones de pesos en sus exportaciones, máxime que estas ventas al exterior eran de metales preciosos.

A este acrecentamiento en las exportaciones y merma en las importaciones llamábasele crisis fiscal, porque no estando gravadas las exportaciones, la disminución de los derechos de importación significaba una condición azarosa para la tesorería de la Federación.

Esto no obstante, el gobierno en alas de la vocación creadora, y como una prueba de que la democracia era un acontecimiento práctico y no una ilusión política, proyectaba concluir las obras de los ferrocarriles de México a Zihuatanejo, de Alamos a Guadalajara, de Chihuahua a Topolobampo, de Santa Lucrecia a Campeche, de Tlacotepec a Huajuapan. Asimismo, había aumentado los hilos telegráficos en dos mil ciento diecisiete kilómetros, favoreciendo la comunicación entre las poblaciones rurales e inaugurando las transmisiones radiotelegráficas con las embarcaciones en el mar. Los proyectos oficiales, en lo que respecta a obras portuarias en los dos litorales mexicanos, advertían una inversión de doce millones de pesos para los años de 1912 y 1913. Además, se proponía el gobierno subsidiar a las compañías navieras con el propósito de proteger y desarrollar la marina mercante.

La minería, apenas vuelto el país a la paz, adquiría un extraordinario desarrollo. Las viejas empresas extranjeras y setenta y dos nacionales fundadas durante el primer semestre de 1912, aumentaron su producción de metales preciosos al través del 1912 en siete millones ochocientos mü pesos más que la del año de 1910, que fue considerado como el floreciente de tal industria.

En medio de los ensueños que siempre ha dado el subsuelo de los pueblos a los hombres de empresa, el país sonreía feliz con las noticias sobre los adelantos de la naciente industria del petróleo 1910 a dieciséis millones de barriles, en 1912.

Pero no era todo lo que satisfacía a la República. La satisfacción mayor la dio el gobierno de Madero al ordenar la inspección fiscal nacional en los campos de explotación de la Huasteca Petroleum Company y de El Aguila, entre los cuales, los de Juan Casiano, Cerro Azul y Potrero del Llano, empezaban a asombrar al mundo por el caudal de su producción de aceite. Ahora, el Gobierno se disponía a intervenir a fin de que el erario público gozara de los beneficios del aumento de la producción, que en esos días sólo favorecía a las empresas extranjeras.

Una tarea más dentro de la democracia activa que Madero dirigía estimulando las iniciativas de sus ministros y de la gente común, fue la concerniente a la fundación de la escuela llamada rudimentaria, puesto que trataba de llevar la enseñanza a las regiones más incultas y apartadas de la República, para transformar —se comunicaba oficialmente— la mentalidad del pueblo rural.

La idea de este tipo de plantel escolar era del ministro de Instrucción Pública José María Pino Suárez, quien al dar a conocer su proyecto fue objeto de las censuras del bando oposicionista, que por sistema combatía las preocupaciones y hechos prácticos del gobierno nacional.

Muy desentonada, violenta y criminal era tal oposición, movida por los diputados contrarrevolucionarios, quienes llevados por un espíritu antipatriótico y satánico, y pretendiendo causar destrozos en el alma maderista, dijeron, en la voz vibrante, pero falta de autoridad moral como la del licenciado José María Lozano, que deberían ser suprimidas las partidas destinadas al sostenimiento de la Universidad Nacional, porque ésta había sido fundada con el objeto único de llenar un número del Centenario.

Tanta era la violencia que movía al vocabulario político de esos días, que la Libertad estaba ahogando las libertades públicas. Todo lo que hacía o pretendía hacer el gobierno, ya en el orden económico, ya en el renglón de la enseñanza, ya en las disposiciones y dictados de paz, era contrariado por los diputados oposicionistas, quienes de esa manera alentaban tanto a la procacidad popular como a los restos del régimen porfirista, que sin saber con precisión qué es lo que querían, sólo deseaban el derrocamiento del presidente Madero.

De otro lado, también los hombres probos de la Revolución andaban desgaritados. Luis Cabrera pretendía un agrarismo político y una política violenta, de manera que sin causa de estadista, insinuaba la necesidad de un cambio total de las cosas, no obstante el sentido de paz que anhelaba la mayoría nacional.

Alfredo Robles Domínguez, quería una política sin Caudillo, a pesar de que histórica y realmente se debía al caudillo el triunfo de la Revolución. Andrés Molina Enríquez, pedía como consecuencia de una teoría política muy particular, la exclusión de los criollos y el gobierno de los mestizos. Manuel Calero se inclinaba hacia la supuesta necesidad de una oligarquía mexicana, de manera que ésta sustituyera el aparato político y administrativo que dejara como herencia a la República el régimen porfirista. Alberto García Granados, Toribio Esquivel Obregón, Carlos Pereyra, Aquiles Elorduy, Eduardo Tamariz y otros individuos de la política dorada, reunidos en una Liga de Defensa, en medio de muchos eufemismos, parecían decir que no existían en el país orden ni garantías.

El clero, por otra parte, no ocultaba su propósito de tomar posiciones dentro de la política nacional; aunque esto sin incitar a la violencia y con señalado respeto hacia la personalidad y categoría del Presidente, mientras que desde Alta California, Ricardo Flores Magón, ahora empleando como principio de la Junta Organizadora del Partido Liberal el lema de Tierra y Libertad, atacaba al gobierno de Madero y confirmaba tanto en hermosas como vehementes expresiones sus ideas anarquistas; y esto a pesar de que los ácratas franceses R. Friment y Jean Grave no creían en la sinceridad del adalid mexicano, a quien de otro lado defendía con calor y justicia en Les Temps Nouveaux, Pedro Kropotkin, el escritor del gran espíritu humano.

De esta manera no eran pocos los infortunios de los anarquistas de la Junta del Partido Liberal; porque además de los sacrificios que hacían por su causa, Flores Magón, acusado de violaciones a la ley de neutralidad de Estados Unidos, fue aprehendido una vez más, y entregado a jueces noramericanos que le sentenciaron, en California, a veintitrés meses de prisión.

Todo, pues, a excepción de la rectitud política de Madero, se presentaba incierto en la República hacia la mitad de 1912. En medio de tal incertidumbre, se perdía lo que el gobierno encaminaba hacia la efectividad de una democracia práctica. Influía asimismo al entorpecimiento de los planes oficiales, la rapidez con que ahora se desarrollaba la vida nacional; pues del abandono de los sistemas de rutina en los cuales había vivido la nación durante tres décadas a la entrada del camino de las actividades individuales y colectivas hubo tanta disparidad, que los mexicanos no sabían ya cómo juzgarse a sí mismos. En el alma de los individuos nacían y crecían todas las voluptuosidades de la ambición, mientras que en el alma de la multitud popular se desarrollaban los más ardientes ímpetus de lucha.

No era el de 1912, el año de un nuevo México, pero sí de un renaciente espíritu mexicano que no estaba dispuesto a hacer altos en los umbrales del movimiento de las cosas. Ahora no sería posible detener aquel despertar, en el que cada quien creía encontrar el espejo de su personalidad y de su futuro, dentro de los sucesos cotidianos. Y esto todo significaba, más que las luchas por las tierras o por la mejoría de los filamentos sociales, el meollo de la Revolución; también el disfrute de una verdadera paz constitucional.

Presentación de Omar Cortés	Capítulo séptimo. Apartado 8 - La rebelión orozquista	Capítulo octavo. Apartado 1 - La XXVI legislatura	Biblioteca Virtual Antorcha