Bien comprendió el general Victoriano Huerta, que tanto para dilatar su autoridad, como a fin de garantizar una paz nacional, no bastaba el apoyo del ejército. Requeríase la colaboración de los gobernadores; de la máquina política y administrativa que éstos dirigían. También se necesitaba cuando menos de una neutralidad de los jefes armados del maderismo; y a ambos fines, y como si los acontecimientos en la ciudad de México no hubieran tenido gravedad e importancia y por lo mismo no merecieron justificación, se dirigió Huerta. Al efecto, admitiendo con responsabilidad personal, tener presos al Presidente y Vicepresidente y diciéndose autorizado por el senado, puesto que los prohombres de este cuerpo habían sido los directores intelectuales de la sedición. Huerta se dirigió a las autoridades locales (18 de febrero) en los términos de quien ha recibido el poder pacífica y legalmente, dando la idea de que los gobernadores no estaban en aptitud de negar la constitucionalidad del nuevo mando federal. Y, en efecto, jurídicamente, como ya se ha dicho, el huertismo había destroncado la posibilidad de una reivindicación constitucional. Mas esto no tenía el mismo valimiento moral que político. Así, una voz y una acción de cualquiera autoridad local en la República, era capacidad suficiente para desconocer la autotitulación de Huerta y coger de esta manera la bandera de la constitucionalidad.

No todos los gobernadores estaban catalogados como miembros del partido maderista caído; pero era evidente que, llegados al poder como consecuencia del triunfo de la Revolución, sus simpatías podían ser fácilmente identificadas. Además, elegidos, legalmente, eran por tal naturaleza fieles representantes de la constitucionalidad.

Los gobernadores, bajo la vigilancia de los comandantes militares, estaban obligados de hecho a reconocer a Huerta como Jefe del Estado nacional o, de otra manera, tenían que abandonar su posición y por lo mismo entregarse prisioneros a los jefes del ejército.

De esta vigilancia y fuerza militar sobre los gobernadores, estaba excluido circunstancialmente el de Coahuila, Venustiano Carranza: y gozaba también de una mediana independencia, el de Sonora, José María Maytorena, pues a excepción de las guarniciones federales en Guaymas y Torin, y de los destacamentos en las poblaciones fronterizas con Estados Unidos, la mayor parte del estado se hallaba sin la amenaza del ejército; y en algunos lugares, bajo los designios de fuerzas irregulares de filiación maderista, que obedecían el mando del gobernador Maytorena.

Gozando, pues, de la ventaja que otros gobernadores no disfrutaban, Carranza, viva y resueltamente apoyado por el Congreso del estado, procedió a poner en duda la autoridad legal de Huerta; y al efecto, se dirigió a la legislatura local (19 de febrero) transcribiéndole el mensaje, en el que Huerta comunicaba ser presidente de la República y haciendo consideraciones de juicio reposado y responsabilidad constitucional de las cuales se deducía que Huerta estaba usurpando el poder presidencial. No contenía la nota sustancia jurídica, pero sí meollo político, negando que el Senado tuviese facultades para nombrar Presidente.

Por todo eso, el gobernador Carranza, con pie en la democracia, consultaba a la diputación coahuilense el camino a seguir, puesto que la vida orgánica del país estaba quebrantada.

No demoró el Congreso de Coahuila su resolución. El mismo día 19, expidió un decreto desconociendo al general Huerta, en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación y otorgando facultades extraordinarias al gobernador del estado a fin de que procediera a armar fuerzas, para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República; de todo lo cual se originó una autoridad nacional, que sin poseer la ascendencia federal constitucional directa, quedaba investida de tal, por resolución de un Congreso local elegido legalmente, y por lo tanto libre y soberano para decretar lo conveniente para el bienestar y seguridad de la Nación mexicana.

Con esa doble autoridad que le otorgaba el Congreso, Carranza no vaciló en levantar la bandera de la legalidad, y el 20 de febrero (1913) se dirigió telegráficamente a todos los gobernadores, comunicándoles la resolución de la legislatura, e invitándoles a la defensa y recuperación de la constitucionalidad perdida como consecuencia de la cuartelada.

Aunque sin estar de cerca amenazado por las fuerzas federales, como se hallaban otros gobernadores maderistas, Carranza procedió con tanto carácter, resolución y patriotismo, que eso fue suficiente para que el país, lesionado en su cuerpo y en su alma por el crimen de Huerta, le diera el bien merecido nombre de Caudillo.

La empresa de Carranza, si no era tan osada como la de Madero en 1910, era muy valerosa y excepcional; porque si de un lado, en el día de la resolución localista, no se ofrecía posibilidad de triunfo sobre los soldados de Huerta; de otro lado, no existía otra fórmula para recuperar la dignidad de México y rehabilitar el nombre, posición y constitucionalidad de la Nación, que la guerra. Pocas veces un país pudo considerar, como en febrero de 1913, que la violencia era el medio capaz de rehacer el crédito de su República.

Y, en realidad, la resolución coahuilense, seguida de la firmeza del gobernador no significaba otra cosa que los preliminares de una Segunda Guerra Civil. Y el pueblo de México, excitado por pasiones tan vigorosas como son la violencia y la venganza, estaba de hecho entregado al pensamiento de la guerra. Era un infortunio que los mexicanos volvieran las armas contra sí mismos, pero aquellos apetitos tan bastardos como antipatrióticos de los senadores que habían movido a la clase castrense, reunían en sí toda la responsabilidad de la catástrofe que se avecinaba.

Colocada dentro de las mediciones más exactas la responsabilidad de la grey civil contrarrevolucionaria y la francomasonería militar porfiriana, no será posible determinar cuál de tales partes cometió mayor delito trastornando el orden, quebrantando las leyes de la moral política y violando los preceptos de la Constitución.

Presentación de Omar Cortés	Capítulo undécimo. Apartado 3 - La continuidad constitucional	Capítulo undécimo. Apartado 5 - La personalidad de Carranza	Biblioteca Virtual Antorcha