Después de la derrota a los civiles y jefes del ejército que concurrieron al pronunciamiento de marzo (1929), la creencia de que el gobierno, en virtud de ser dirigido por los herederos políticos de la Revolución, era débil e impopular y que por lo mismo al soplo de un movimiento armado podía ser destruido, empezó a perder adeptos; y aunque esto último no parecía tener más explicación que la decadencia del espíritu revolucionario, en la realidad, dentro de México se operaba un fenómeno singular, aunque poco objetivo: la República asistía a la mutación de Gobierno en Estado. Al reconocimiento y práctica del principio de autoridad se asociaban ahora un conjunto de direcciones disposiciones y regímenes, de manera que al arte de mandar, dentro del cual tuvieron una gran función los hombres de la guerra -los ciudadanos armados-, se había unido la ciencia de gobernar, a la cual abrió puertas y ventanas la inspiración creadora de Calles.

Sería hiperbólico y por lo mismo escaso de método histórico afirmar que el Estado mexicano nació con Calles; pero en cambio es probable decir que el Estado mexicano concebido por Benito Juárez en los umbrosos días de la Reforma, y el Estado naturalizado por Porfirio Díaz en las alegóricas horas de los Treinta Años, llegó a su más alta evolución al ser entregado al intuitivo talento de Calles.

Más por adulación que por certeza a este último le llamaron estadista; y si no lo fue, se debió a que el Estado mexicano estaba en la parte final de su formación y en la primera de su embarnecimiento; también de su burocratización, por lo cual, si en ese período que analizamos, presentaba no pocos aspectos de gobierno que mucho se asemejaban a los de una entidad faccional, esto serviría para que poco a poco, pero siempre en serie progresiva se limaran sus asperezas, se contrajeran sus violencias y tocaran a su fin las excepciones que la guerra y la política sembraron en el país.

La mutación observada durante esa época produjo no pocos notorios cambios en la mentalidad nacional. A la idea sobre la indestructibilidad de aquel gobierno hecho Estado, se siguió la idea de las concordancias; esto es, de una necesidad de entendimiento y armonía -necesidad de la paz misma. Una paz que ya no sería obligada, sino voluntaria, que había hecho comprensible y posible la seguridad de que no era factible derrumbar lo que constituía la nación misma.

De esta suerte, paso a paso y sin humillación alguna, sino por títulos de racionabilidad, fueron rindiéndose las fuerzas contrarias a lo que había sido anticallismo y ahora era antiestado. Una de tales fuerzas, quizás la más importante, puesto que lidiaba con el valer del ser y creer individuales, fue la religiosa.

La más pura y entrañable de las religiosidades, asociada beatífica y píamente al fanatismo insurrecto, comprendió que si Calles, a pesar de lo poco amable que era su nombre entre el vulgo, había dominado con facilidad la sublevación de una parte del ejército, pocas esperanzas de triunfo restaba a las partidas armadas de cristeros que se movían en el centro de la República, y cuyos recursos y vidas estaban muy mermados después de una lucha de desigualdad con el ejército de la Nación.

Esta sedición, dirigida desde los sótanos por la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, que mucho entusiasmó a la juventud católica por el atractivo que siempre tienen las conspiraciones, las aventuras armadas y los combates idealizados y que en ocasiones alcanzan el poder magnético de las correrías recreativas, no había tenido un solo triunfo, capaz de estimular un porvenir más o menos notorio, hasta los días que se siguieron a la derrota del Ejército Renovador.

Numerosos, es cierto, fueron los actos de heroísmo desesperado y de altas manifestaciones litúrgicas y confesionales catalogadas al través de aquel alzamiento. Un buen número de sus abnegados capitanes fueron sacrificados impiadosa e inmerecidamente; pero no sólo con el aniquilamiento de los renovadores pudieron calcular los jefes cristeros lo infructuoso de su lucha. Lo infructuoso provino también de que no sería de aquellas filas juveniles de donde saliese un caudillo con capacidad para alcanzar un título de guerrero.

Tenía la jefatura cristera el general Enrique Gorostieta, hombre impetuoso, valiente; pero ilusivo. Creía, no obstante los años transcurridos, en las enseñanzas de la Guerra Civil, y ello por haberse formado en la escuela porfirista, en la táctica de la milicia pura, por lo cual, colocado al frente de una masa rural que luchaba por su fe y no por el orden, no hizo más que idealizar el cristerismo, caer pronto en el campo de la fantasía y así quedar muerto (2 de junio, 1929) en el campo de la realidad.

Además, aquel juego de semejanzas guerreras, al cual concurrían lo mismo grupos de excelsos posesos que una pléyade de ricos e inteligentes jóvenes jaliscienses, se debilitó con el fusilamiento (9 de febrero, 1929) de José de León Toral, a quien se ponía como ejemplo del sacrificio personal y juvenil. León Toral, como ya se dijo, fue sentenciado a la pena capital por el jurado reunido en la ciudad de México, en noviembre de 1928.

Por otra parte, los obispos expulsos, acusados no siempre con pruebas, como los instigadores del alzamiento cristero, comprendieron que su obra catequista y pía en México estaba siendo sepultada por una acción armada que no era en tiempo, ni en recursos, ni en método, la mejor expresión de la fe. Comprendieron asimismo que la República tenía instaurado, al fin, un Estado civil fortalecido por las ideas de la Revolución y por las nacientes pléyades revolucionarias; también por las primicias de un ambicionado desarrollo económico que ya apuntaba sobre la línea frontal de México.

Así, tan dignos como cautos varones -y sin comprometerse ni comprometer a quienes andaban alzados—, midieron con su religiosidad, sus reglas y su saber, las posibilidades para acabar con el estado de cosas motivado por la acción bélica de la Liga de Defensa; y como advirtieron que dentro del Estado no existía un propósito específico para aniquilar o excluir del país a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, convinieron en aprovechar, siempre con recogimiento cristiano y medidas prudenciales los ofrecimientos privados inspirados por muy buena fe, para conversar con las autoridades civiles de la República, que a su vez, creyendo en la necesidad de hacer volver la tranquilidad a las conciencias azoradas por la guerra y las maliciosas incitaciones belicistas, parecieron dispuestas a no perder la oportunidad de hacer un entendimiento verbal recíproco y de consideración honorable, con los representantes de la Iglesia, gracias a lo cual se calculó que era factible terminar con una situación nacional conflictiva, tan compatible a los deseos de paz que animaban a todos los mexicanos.

No faltó, frente a ese estrado comprensivo en el cual de un lado se presentaban la Ley y de otro lado la Fe, la oposición; hecha ésta lo mismo dentro del Estado como dentro del Clero.

Ello, sin embargo, era explicable; pues los atropellos llevados a cabo a veces con excesos, arrogancias y burlas, por las autoridades del Estado y las violencias de los sediciosos, lesionando los intereses de la Nación, amenazando el resto a la Constitución e inspirando la desobediencia a los gobernantes, produjeron tantos odios y recelos, que pareció imposible que una palabra de una parte y de la otra parte, fuesen suficientes para que los rencores quedasen sepultados y cada quien volviese a su punto de partida sin poner en práctica la función de la venganza.

Sin embargo, la gravedad y decoro, la habilidad y patriotismo de los obispos Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz y Flores, alcanzaron tanta magnitud, que aquella época conflictiva, que parecía insondable, terminó felizmente, sin convenios ni compromisos.

El presidente Portes Gil, con ser tan impulsivo y extremoso en los alardes de ideas no concordantes a su manera de ser, sin descender un solo minuto de su jerarquía civil, de su responsabilidad de Jefe de Estado y de sus deberes constitucionales, con extraordinario acierto restó a las conversaciones con los prelados todos los signos de una negociación para hacerlas motivo de una mera acción informante, con lo cual ni el Estado transó ni la Iglesia se sometió. Pocas veces se ha visto un acontecimiento llevado al final con tanto comedimiento como felicidad.

Al efecto, el 21 de junio (1929), el Jefe de Estado hizo pública la conversación con los obispos Díaz y Ruiz y Flores, indicando que asi como los dignatorios católicos le habían expresado el deseo de reanudar el culto, él a su vez establecía que el Gobierno no pretendía destruir la identidad de la Iglesia ni intervenir en las funciones espirituales de esta.

Y lo anterior fue todo lo que se necesitó para poner fin a una situación anormal, en la que mediaban las armas y las ofensas y que causaba empacho a la República, dolor a los ciudadanos, tristeza a las familias, incomprensión al extranjero e inseguridad y alarma a propios y extraños.

Después de cinco guerras civiles y de un buen número de alzamientos, ora locales, ora nacionales, aquella rebelión cristera, con todos los ejercicios que traen consigo los odios y venganzas, dañó tanto la respetabilidad de México y el desenvolvimiento del Estado, que sólo puede quedar como una manifestación heroica y, por lo mismo, será ajena a aquellas promociones del alma alterada de los pueblos que dejan las huellas de una grandeza ideal.

Tan profundamente habían perjudicado al alma del país los acontecimientos desarrollados en torno a la grey católica, a los obispos y a la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, que los caudillos de ésta pretendieron desconocer la solución tomada por los prelados, a pesar de que los propios obispos habían consultado previamente el caso con la Santa Sede.

Aquel encono de ánimos, no sólo llevado contra las autoridades supremas de la República y las Leyes nacionales, sino también dentro de la jerarquía eclesiástica, produjo tantos quebrantos y recelos, que entre algunos prelados nacieron dudas respecto a la reanudación del culto, sobre todo porque a esa hora de terminar con aquel estado de cosas fue aprehendido y obligado a salir del país el obispo Francisco Orozco y Jiménez; y porque los gobernadores de Veracruz y Tabasco, partidarios de una rigurosa observancia del radicalismo, se negaron a desistir de la aplicación de leyes que hacían escarnio del clero y de la Iglesia.

En efecto, tanto el gobernador veracruzano Adalberto Tejeda, como el tabasqueño Tomás Garrido Canabal, pusieron la situación conflictiva que existía en la República sobre el camino de la política; y esto, que más obedecía al oportunismo y a la jactancia que a la convicción, lastimó nuevamente a la grey católica e hizo recelar a algunos obispos, quienes insistían en creer que el poder eclesiástico mexicano, muy duramente castigado por las contingencias y luchas examinadas, no debía de retirarse de un campo de luchas mientras no recogiera ventajas; pues parecía absurdo que la sangre de una abnegada y hermosa juventud católica no tuviese premio material y que todos aquellos sucesos conocidos con el nombre de conflicto religioso, llevado al teatro mundial con gran aparato contra el Estado mexiano, quedase reducido a la reanudación del culto en los templos católicos.

Sin embargo, las inquietudes finales de la juventud alzada en armas, de la Liga de Defensa Religiosa y de los prelados más recelosos, fueron finiquitados ante la firmeza de los obispos Díaz y Ruiz y Flores. Así, el culto quedó reanudado, y lo que parecía imposible: el regreso de la grey católica a la paz, se hizo realidad, no sin dejar en el país profundas huellas de amargura social y de desnivel económico, principalmente en el centro de México, a donde las mermas del comercio, agricultura e industria, así como en los ingresos del fisco, produjeron una pérdida a la Nación de cincuenta millones de pesos oro.

Presentación de Omar Cortés	Capítulo trigésimo primero. Apartado 6 - Consecuencias del pronunciamiento	Capítulo trigésimo segundo. Apartado 2 - Desarrollo económico	Biblioteca Virtual Antorcha