Desde los comienzos de su sexenio presidencial, el general Lázaro Cárdenas fue objeto de un sin número de detracciones, que fueron aumentando en procacidad difamatoria conforme corrían los meses.

Aunque toda esa maledicencia, protegida y aumentada por la prensa periódica, notoriamente entorpecía las tareas del Gobierno, el Presidente en aparente indiferencia correspondió a aquella infamia antipatriótica, dando mayor velocidad y aparato a su espíritu emprendedor y a su modestia cívica y privada.

Con respecto a su modestia, no pudiendo Cárdenas dominar el influjo que sobre él ejercía lo humilde de su origen personal, ordenó un cambio en el ceremonial oficial, suprimiendo al efecto los trajes de etiqueta; y aunque esto sirvió por el momento a que aumentaran la difamación y la burla, ya que en figuras, ya en voces, iban de un lugar a otro de la República siendo causa de mengua a la dignidad nacional y al Jefe del Estado, Cárdenas sin responder a la murmuración pública, acrecentó el valor y el número de audiencias populares.

Por otro lado, el Presidente, ante aquellas olas calumniosas permaneció impertérrito; y aunque mucho le excitaban sus colaboradores a que castigara a quienes ya sin recato aceptaban y reproducían aquella campaña insolente e insidiosa, el Presidente se negó a lesionar lo que consideró una función crítica de la libertad; ahora que ese respeto de Cárdenas a las libertades públicas sirvió para dar alas a la prensa periódica, que entró de lleno al juego de las censuras siempre agradables a la gente que lee para divertimiento y no para conocimiento, de manera que tales hechos engendraron una situación que se hizo peligrosa y agobiadora para la Nación, máxime que el número de periódicos en el país iba en aumento, llegando en diciembre de 1936 a noventa y seis diarios, quinientos veintiocho semanarios y doscientos ochenta y ocho mensuales.

Quiso Cárdenas, con inteligencia y habilidad minorar la crítica periodística fundando al efecto un organismo específico del que hemos hablado encargado de importar y vender el papel para la prensa informativa; y aunque el suceso fue señalado como un monopolio de Estado con la idea de limitar la vida periodística, los documentos oficiales enseñan lo contrario; pues fue propósito del Gobierno dar a los periódicos una indirecta subvención del Estado, de manera que con ello, sin hacer omisión de sus libertades, correspondiesen a las necesidades del propio Estado.

Dilató tal designio el general Cárdenas, fundando un establecimiento oficial que debería ser el único autorizado para proporcionar noticias gubernamentales, y aunque esto, explicable tanto en orden de acercar a los periodistas a la esfera oficial como en el deseo de que el Estado dispusiese, sin compromisos previos, de las tribunas periodísticas, fue considerado como un atentado a la libertad de prensa; y se hizo indispensable el correr de los meses, para que aquella oficina de información y publicidad oficiales, dirigida por Agustín Arroyo Ch., líder político de mucha estatura moral, alcanzase la confianza de los periodistas mexicanos.

Una concesión más hizo Cárdenas a la prensa periódica. Al caso, ordenó que los impresos periódicos circulasen por las vías postales libres de porte; y aunque aparentemente tal franquicia tuvo como fin favorecer al mundo de la lectura y de las letras, en el fondo fue con el objeto de subsidiar indirectamente a diarios y revistas, a pesar de que aquéllos y éstas eran empresas mercantiles.

De otros medios, todos legales y pacíficos, pudo disponer el Estado para moderar los excesos en los que a menudo incurría la prensa periódica; pero habiendo salvado al país de las exageraciones autoritarias de los antiguos caudillos políticos, Cárdenas se limitó a mantener en ejercicio todas las garantías constitucionales referentes a las libertades públicas e individuales, haciendo extensivo tal ejercicio a sus enemigos, políticos, ya civiles, ya militares.

A fin de consagrar este último designio, el general Cárdenas ordenó que las puertas de la República mexicana volviesen a quedar abiertas para todos los connacionales; aun para quienes habían sido parte, ora directa, ora indirecta, en asonadas y revueltas; y gracias a esta disposición tan constitucional como valerosa, regresaron al país paladines revolucionarios tan prominentes y dignos como Adolfo de la Huerta, José María Maytorena y Enrique Estrada.

También en materia de conciencia el Presidente fue dilatando las libertades y garantías; y aunque no faltaron asperezas tanto del Estado como de los obispos, la Iglesia pudo volver a la normalidad en sus cultos. Tampoco escasearon las funciones de la venganza, pues ciertamente estaban muy frescos los episodios del alzamiento cristero, de la persecución a los clérigos y de las limitaciones a la Iglesia.

Al efecto, el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, sabia y prudentísima persona, en quien los prelados y fieles mexicanos tenían depositada una confianza casi inefable, de la cual se originaría un nuevo brillo del culto católico, llevado por su celo apostólico, hizo pública una orientación a propósito de las corrientes socialistas que invadían al país; y esto fue motivo para que se le considerase como un intruso en los asuntos civiles y políticos de México.

Así, hallándose tanto el Estado como la Iglesia cargados de suceptibilidades y sutilezas, las palabras del prelado originaron nuevos accidentes políticos que, como en ocasiones anteriores, no perdieron la oportunidad para mostrarse extremistas.

Con ello, el Partido Nacional Revolucionario reemprendió una campaña anticlerical y antirreligiosa, diciendo, como advertimiento, que las religiones deberían ser sustituidas por el arte.

También las autoridades judiciales concurrieron a la respuesta a los prelados, amenazando con declarar sediciosas las actividades del Clero; ahora que ninguna acción fue tan determinante como la del Gobierno central al expedir (25 agosto, 1935) una ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia y del Clero, de acuerdo con la cual el Estado podía nacionalizar las fincas rústicas o urbanas a donde existieran centros de enseñanza confesional o que estuviesen destinadas a ejercicios religiosos. La ley comprendió la confiscación de los bienes de los ministros de culto, aunque tales bienes correspondiesen a sociedades anónimas o fuesen representados en acciones al portador.

Esa legislación, que no fue más que complemento de carácter político sobre una materia ya resuelta, sólo agravó las disposiciones de tranquilidad que estaban latentes en el mundo católico; y por lo mismo el clero, en esta vez con mucha mesura volvió a la controversia pidiendo al Gobierno la abrogación de tal ley que lesionaba los derechos de libertad.

Todo eso hizo temer que la polémica produjera una nueva exacerbación de ánimos nacionales, por lo cual el Estado rehuyó la probabilidad de una batalla política y literaria con los obispos, y Cárdenas se concretó a dirigirse a las colectividades revolucionarias para que éstas, organizadas debidamente cooperaran en la destrucción de las resistencias del fanatismo.

De esa suerte, el Presidente contentó a la parte exaltada de su partido, neutralizó los designios agresivos de algunos obispos y abrió una vez más el camino de las libres opiniones y del respeto a las conciencias. Determinó también aquella actitud de Cárdenas el desarme moral de quienes hacían nuevos proyectos subversivos en diferentes lugares del país; pues la juventud católica volvió a preparar un ambiente propio a la sedición.

Aquel respeto, pues, a la Fe y a sus ministros dictado por el general Cárdenas sirvió, más que el uso de la fuerza, para enfriar una situación que parecía llevar a la República hacia la segunda guerra de carácter religioso.

Presentación de Omar Cortés	Capítulo trigésimo quinto. Apartado 2 - Las empresas de Cárdenas	Capítulo trigésimo sexto. Apartado 1 - Alzamiento de Cedillo	Biblioteca Virtual Antorcha