UNA FARSA DE PROCESO

Hasta hace unos cuantos días pude conocer una copia certificada expedida el 11 de agosto de 1924, de las constancias que obran en la causa instruida en el Juzgado 1° de lo Penal, con motivo de la muerte del señor senador licenciado Field Jurado y al leer detenidamente sus veintiocho fojas escritas a máquina, no pude menos que sonreír escépticamente.

El comisario de la décima demarcación de policía, Salvador S. de Lara, levantó el acta N° 93, quien a raíz de cometido el proditorio asesinato se trasladó al lugar de los sucesos, dio fe de la posición que guardaba el cadáver y de sus heridas, tomó una breve declaración al doctor Adalberto Insáustegui Mena, pariente del occiso, y decidió dar cuenta con aquellas someras diligencias al agente del Ministerio Público en turno, remitiendo las ropas, dinero y objetos recogidos.

Con la firma de Ernesto G. Garza y con la fecha de 24 de enero de 1924, aparece esta constancia: Se consigna al juez 1° de lo penal, pidiendo se abra la averiguación, a las ... con noticias de H. J. (sic)

Quién era el juez 1° de lo penal

Era a la sazón juez 1° de lo penal, el licenciado don Alberto Gómez Jáuregui, quien antes había sido asesor de la Jefatura de la Guarnición de la Plaza de México cuando ésta se encontraba a cargo del general Jesús M. Garza. Alguna vez di acogida en El Demócrata, que estaba entonces bajo mi dirección, a múltiples quejas de ciudadanos que se lamentaban de atropellos cometidos en sus personas por miembros de la policía militar, sosteniendo que las autoridades militares sólo podían proceder contra individuos que estuviesen en servicio activo, pero nunca contra civiles, en los cuales no cabía la jurisdicción de las autoridades militares.

El licenciado Gómez Jáuregui, en su calidad de asesor, fue designado por el general Garza para defender el punto, y lo hizo tan desdichadamente que bastó la publicación del artículo 13 constitucional para demostrarle que ni el general Garza ni él tenían razón.

La parte final de dicho artículo dice así:

Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército.

Su elección como juez auspiciada por el Partido Cooperatista

Su elección como juez había sido reciente. Auspiciada por el entonces poderoso Partido Nacional Cooperatista, había encontrado muchos obstáculos, lo mismo que la de otros siete funcionarios judiciales, a quienes se ponían tachas, tanto por la prensa como por muchos senadores, que por algún tiempo se abstuvieron de completar el quórum para impedir que se efectuase la elección. Transcurrieron muchos días para vencer tales dificultades y a la postre el Partido Cooperatista logró hacer prevalecer los deseos de sus jefes con gran descontento de muchos senadores y de la opinión pública vigorosamente apoyada por la prensa.

A este juez se turnó el espinoso asunto del asesinato de Field Jurado. Para salir airosamente se necesitaba un temple muy particular.

Las primeras diligencias

Los presuntos responsables eran extremadamente poderosos y la averiguación tendría que tropezar forzosamente con grandes dificultades. El mismo día se recibió el certificado de autopsia subscrito por el doctor Pérez Gil y Ortiz. En el cadáver aparecieron diez heridas. Una verdadera carnicería. La muerte fue instantánea. El juez, el mismo día, auxiliado por su secretario el licenciado A. Ramírez Wiella, dictó el auto de iniciación dándose la debida intervención al Ministerio Público, personificado en esta causa por el licenciado Arturo del Moral. Trasladado el personal del juzgado al Hospital Juárez, se dio fe del cadáver y se le identificó.

En la misma fecha declararon el comisario que levantó el acta y el personal de la comisaría que lo auxilió en esta diligencia, quienes no aportaron ninguna luz en el asunto; el personal del juzgado practicó una inspección ocular en el lugar de los acontecimientos y tomó declaraciones al chofer español Luis Maestre, el que en un auto de sitio condujo desde las esquinas de las calles de Mérida y Tabasco hasta la Avenida de Chapultepec, cerca de la antigua cárcel de Belem, a dos individuos, de los que dio las señas, y que al enterarse después del asesinato del senador Field Jurado, supuso que los mismos individuos eran los asesinos.

El mismo día se tomaron otras declaraciones a testigos que habían presenciado todos o parte de los incidentes en que perdió la vida Field Jurado. Habían visto la persecución de que fue objeto el senador asesinado y dieron señas de los asesinos, que huyeron.

El 26 de enero, el juez acompañado de su secretario buscó inútilmente alguno de los proyectiles en el sitio del asesinato y tomó nuevas declaraciones con idénticos resultados que las anteriores.

Un Procurador de Justicia del Distrito Federal que no procura nada

Era entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal el licenciado Angel Alanís Fuentes, que después se hizo célebre por una peregrina teoría suya sobre la defensa del honor. Veamos cuál fue su única actuación en esta desdichada causa.

Los verdaderos responsables, quizá influenciados por el pernicioso ejemplo de Salas Barraza, quien se declaró culpable del asesinato del general Francisco Villa, pensaron imitarlo. De esta manera la atención se desviaría y la administración obregonista quedaría limpia de toda complicidad o encubrimiento.

Y nuestro flamante procurador envió al juez una nota subscrita por un tal Guillermo N. Flores, en la que se declaraba autor de la muerte del licenciado Field Jurado. El escrito no señalaba ninguna dirección.

Imitación del caso de Salas Barraza en el asesinato del general Villa

Aquel hombre de paja, a quien ni siquiera consta que hayan mandado buscar ni el procurador Alanís Fuentes, ni el agente del Ministerio Público, Del Moral, el falso Guillermo N. Flores dice en su escrito que Field Jurado hizo que lo condenaran a dos años de presidio, que manchó su honor, que destruyó la felicidad de su vida y que, para vengarse, el día de los hechos, acompañado de cuatro parientes, mató al senador por Campeche. La trama era burda y la complementaba con las siguientes palabras:

Esta es la verdad y no la que dan relativa a la acción directa que predijo el diputado Morones, hombre a quien considero con mucho valor civil, pero no con el valor verdadero para llevar a cabo sus amenazas, puesto que el que mucho grita poco hace; no conozco a este señor diputado, pero se me figura que no es para eso, pues allá en mi tierra lo tomamos en esta forma.

Pero seguramente los responsables aseguraron su impunidad y ya en lo sucesivo no se trató de llevar adelante esta farsa.

En busca de un chivo expiatorio en la persona del suplente de Field Jurado

Seguramente se pensó que la justicia habría de buscar a aquél a quien aprovechara el delito y se pensó también que nadie más indicado que el suplente del senador Field Jurado, ya que se sabe que la mayoría de los diputados o senadores suplentes son jurados enemigos de los propietarios respectivos y que los más santos de aquéllos, cuando menos, entonan plegarias por el fallecimiento de los primeros, con lo cual lograrán un puesto de representación, jugosas dietas y no menos jugosas gratificaciones. Y entonces se pensó en convertir en chivo expiatorio al licenciado don Pablo Emilio Sotelo Regil, senador suplente por Campeche.

Existía cierto distanciamiento entre éste y el propietario por cuestiones de política regional, pero nadie lo creyó capaz de recurrir al crimen para ocupar una curul. Era además Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Federal con sueldo cuando menos equivalente al de los senadores y con 'consideraciones casi idénticas. Sólo la maldad podía hacer que sobre él recayeran ciertas sospechas.

Citas que no llegan nunca y publicaciones capciosas

Sin embargo, algunos interesados malévolos hacían publicar casi todos los días en la prensa que el juez Gómez Jáuregui había citado al licenciado Sotelo Regil, pero esas citas no llegaron nunca a manos del interesado.

En 1° de febrero, el juez tomó declaraciones a la señora Cristina Pascual viuda de Field Jurado, quien no pudo ministrar grandes luces para el esclarecimiento de los hechos, pero como dijera que le constaba que el señor Sotelo Regil estaba distanciado de su esposo, ello bastó para que el juez, ni tardo ni perezoso, se dirigiese al Senado para inquirir si Sotelo Regil había protestado como senador y para que se librase a éste cita de comparecencia, cita que no llegó nunca a poder del interesado.

La espontánea comparecencia del Lic. Pablo Emilio Sotelo Regil

Picado Sotelo Regil por las noticias de aquellas citas que no le llegaban nunca y sabedor el día 4 de febrero de 1924 de que al Senado sí había llegado un oficio inquiriendo si tenía carácter de senador, él decidió presentarse espontáneamente al juzgado en la misma fecha. Agregó que desde un principio había querido comparecer, pero que lo disuadieron de ello los senadores Tomás A. Róbinson, José Ortiz Rodríguez y José D. Aguayo, aconsejándole que esperase el citatorio, pero que ya no había querido esperar más y se presentaba espontáneamente.

Depuso que fue suplente del mismo Field Jurado en el período 1918-1922 y que en este último año, contra su voluntad, el mismo senador, en nuevas elecciones lo incluyó en su fórmula, también como suplente. Dijo que estaba distanciado políticamente de Field Jurado por cuestiones locales de Campeche, pero que no eran enemigos. Que pocos días antes, en una calle de la Colonia Roma, conversaba en la noche con Field Jurado, cuando un desconocido arrojó algo que produjo una fuerte detonación, sin causarles daño. Que Field Jurado creyó que se trataba de un balazo y Sotelo, se imaginó que era una bomba o petardo. Que el desconocido desapareció. Terminó diciendo que en el momento del asesinato el deponente se encontraba en la biblioteca de la Cámara de Senadores en unión de los senadores Enrique R. Nájera, Juan Espinosa Bávara y Tomás A. Róbinson, el último en unión del empleado Jesús Vidales, mirando las listas de asistencia de los senadores, y de los señores Humberto Monteverde y licenciado Gustavo Martínez Zorrilla.

Nadie había pensado, ni por asomo, que el licenciado Sotelo Regil hubiese tenido la menor complicidad ni el menor interés en la muerte del senador Field Jurado.

Diligencias judiciales sin importancia para el esclarecimiento de los hechos

El juez nombró peritos balistas a los coroneles Alejandro Peña y José M. Salas; agregó en la causa el certificado de autopsia del cadáver, subscrito por los doctores José Torres Torija y Horacio Uzeta, mandó agregar ejemplares de los diarios de la capital, relativos al delito que se investigaba y proveyó en 6 de febrero de 1924:

... Apareciendo en algunos de estos periódicos, citados el diputado Luis N. Morones y. el regidor coronel Preve, diríjase a estos señores atento oficio para que pasen a declarar en esta causa ...

Publicado en El Día, de México, D. F., en la edición del 15 de diciembre de 1935.

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