Documento N° 139

Dictamen del Asesor Militar

Ciudadano General en Jefe.

El proceso instruído contra Fernando Maximiliano de Habsburgo y sus llamados Generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, por delitos contra la independencia y seguridad de la Nación, el orden y la paz pública, el derecho de gentes y las garantías individuales, ayer ha sido devuelto a ud. por el ciudadano fiscal, a fin de dictar ya lo conveniente sobre su final resolución.

Una simple hojeada a este proceso basta para comprender desde luego, a los que por la naturaleza misma de los hechos que le sirven de materia, se separan de un todo de la esfera de los del orden común, sujetándose por lo mismo a disposiciones muy particulares aun en su misma tramitación.

El de que me vengo ocupando es tanto más excepcional, cuanto que su punto objetivo no es la averiguación de los hechos criminales que lo motivan, porque éstos están ya compreobados con su pública notoriedad, sino que sólo se ocupa de hacerlos constar para entrar desde luego en su examen y apreciación, oídas que hubieren sido las exculpaciones de los reos.

Cualquiera especie de delito, por leve e insignificante que sea, como que envuelve un ataque a la misma sociedad, (y) el que estuviera encargado de velar por sus garantías, debe cuidar de reprimirlo, evitando su repetición y dando al mismo tiempo la satisfacción debida a la vindicta pública, imponiendo la pena proporcionada a su gravedad al que de este modo hubiere faltado a los deberes de asociación.

El punto de partida para la graduación de los delitos, debe, pues, tomarse de las consecuencias más o menos funestas que por ello se siguieren a las sociedades donde se hubiesen perpetrado; y siguiendo este principio, no creo se pueda señalar mayor graduación en esta escala, que los que se dirigen a atacar directamente la existencia y derechos primordiales de toda una nación o sea una sociedad.

A esta clase pertenecen los de que son acusados Fernando Maximiliano y los llamados Generales Miramón y Mejía, el primero como usurpador de los poderes públicos de la Nación mexicana, prestándose de este modo a servir de instrumento para el mejor desarrollo de la invasión francesa entre nosotros, y.los segundos como sus cómplices. Veamos, pues, lo que el proceso ministra, y si las exculpaciones de los reos han sido suficientes para destruir la acusación y eximirlos por lo tanto de la responsabilidad en que se dice han incurrido.

En cumplimiento de la suprema orden de 21 del pasado, que obra en las primeras fojas de este expediente, la sustanciación del proceso, no obstante la premura del tiempo por lo angustiado de los plazos, ha sido en todo conforme a las prescripciones de la ley de 25 de enero de 1862 y a las relativas consignadas en la Ordenanza general del Ejército.

Maximiliano se negó desde un principio a contestar a las preguntas que se le hicieron, porque dijo eran cuestiones de política a las que aquéllas se contraían, y que por lo mismo, no podía reconocer la competencia de un tribunal militar para juzgarlas, y sobre todo, que ignoraba el idioma español en el sentido legal.

La causa siguió todos sus trámites, aunque en rebeldía contra él, con arreglo a lo prevenido en este caso por nuestra Legislación.

Durante el curso del proceso, por medio de sus defensores elevó varios ocursos contraídos a hacer observaciones sobre lo impracticable de la ley de 25 de enero, y declinando la jurisdicción militar a que por ella se le ha sujetado, sosteniendo esta declinatoria en todas sus instancias.

Concluídas las diligencias del sumario concretadas a la declaración preparatoria de los reos y a su confesión con cargos, se declaró que el proceso estaba en estado de defensa, comenzando desde luego a correr el término que la ley señala a los defensores para evacuarla.

Don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, por medio de sus defensores, siguieron el mismo camino en cuanto a los recursos interpuestos por Maximiliano, teniendo todos a la vez un mismo resultado, es decir, denegación completa de sus pretensiones fundada en el espíritu y letra de las disposiciones conforme a las cuales se mandó procesar.

El Supremo Gobierno, única autoridad a quien está reservado conceder mejores franquicias a los acusados, decretó varias ampliaciones prorrogando el término que por la ley de 25 de enero está concedido a los procuradores para la formación de su alegato, y una vez expirado el último plazo, con arreglo a lo prevenido en el artículo 7° de la ley antes citada, se dictaron las providencias convenientes para reunir el Consejo de Guerra.

Este acto tuvo lugar el 13 del corriente, donde fueron oídas las defensas de cada uno de los reos, el pedimento fiscal y las observaciones que sobre él quisieron hacer los abogados defensores. Discutido entonces el examen del proceso y recogida la votación sobre la absolución o la pena que debía imponerse a los reos, el Consejo tuvo a bien formular la sentencia que se lee a fojas 294 y 295 frente.

Tal es hasta aquí la historia de este proceso. Como se ve por las constancias que ministra, el cargo principal hecho a Maximiliano se reduce a haberse prestado para ser el instrumento principal de la intervención francesa en México, coadyuvando con su aquiescencia y conducta posterior a la realización de los inicuos planes de N apoleón III contra las instituciones de la República y su forma de Gobierno. Sobre esto poco tendré que añadir a las observaciones expuestas por el Ministerio Fiscal, en su pedimento leído ante el Consejo.

Es un hecho, y a nadie se le oculta, que en las miras bastardas de Napoleón III para contrariar la democracia americana, entraba el ocupar militarmente una parte de este continente, para influir en su política haciéndola desarrollar como mejor cuadrase a sus propósitos. Con este motivo, y aprovechándose de nuestras disensiones intestinas y de algunos malos mexicanos, promovió el establecimiento de un trono en México, que debía ser ofrecido al príncipe Fernando Maximiliano de Austria.

Consecuente a este programa, sólo se pensó después en efectuarlo. Pretextando reclamaciones contra nuestro Gobierno, las huestes francesas en unión de las de España e Inglaterra desembarcaron en las costas de Veracruz. Lo demás, de todos es bien conocido. Separados los franceses de la triple alianza, rompiendo con mengua de toda civilización los preliminares que conocemos con el nombre de La Soledad, y hollando el derecho de gentes, desconocieron a nombre del Gobierno de su Emperador los compromisos a que se habían sujetado mientras tenían lugar las negociaciones del arreglo que se estaban trabajando, y sin más declaración, y ya entonces sin pretexto alguno, comenzaron sobre México sus operaciones de guerra.

Los defensores de Maximiliano antes de descender a la impugnación de los cargos que se le formularon, comienzan por sostener de nuevo la incompetencia del tribunal militar, repitiendo con más extensión las observaciones que antes habían hecho impugnando la legítima expedición de la ley de 25 de enero.

Demostrado como está que esta ley ha sido dada por autoridad legítima y en virtud de facultades extraordinarias y omnímodas que el Congreso le concedió en diciembre de 61, creo que no se debe ni aceptar la discusión en este punto, puesto que sólo está reservado al Congreso de la Unión, cuando llegue el caso de que el Ejecutivo le dé cuenta del uso que hizo de las facultades que aquél le concediera.

Descendiendo después a la impugnación y examen de los cargos, alegan en favor del acusado que no puede llamarse usurpador, porque el ejercicio que ha hecho de los poderes públicos fue en virtud de la buena fe con que creía ser llamado por la nación para regirla.

Es de advertir que antes de hacer esta manifestación, comienzan por confesar que la multitud de actas de adhesión que motivaron su error, eran realmente arrancadas por la fuerza y opresión de las armas francesas, negando la posibilidad de haber conocido este error aun después de su arribo al territorio.

Que no fue un instrumento de los franceses, lo fundan en que sus esfuerzos se redujeron en lo posible a disminuir la influencia de la política francesa, y que la expedición de la bárbara ley de 3 de octubre fue debida a la triste necesidad en que se veía algunas veces de hacer ciertas concesiones a la intervención, y que aun en esa ley se encuentran algunos artículos redactados por el mismo Mariscal Bazaine.

Estas son las defensas por las que, comprobadas en la opinión de los abogados que las emitieron, el encausado debe ser absuelto.

Quiero suponer por un momento que con la mayor buena fe se hubiera creído llamado por la voluntad nacional para regir los destinos de México, ¿no era un hecho público y notorio que la nación estaba entonces invadida por el ejército francés? e invadida como estaba, ¿podría suponerse de algún modo, que la multitud de adhesiones que se dieron eran emanadas y extendidas con la mejor libertad? ¿si se sabía la presencia de las bayonetas francesas, cómo poner en duda su influencia para actos, como éste, de tal importancia y trascendencia? Si, como según dicen, le constaban los propósitos del gobierno francés para desmembrar nuestro territorio, ¿cómo pudo creer que la intervención tenía un fin loable en su programa? Francamente, C. General, esto no me parece creíble ni tampoco está probado; pero suponiendo, como llevo dicho, que ese error le hubiese mantenido en todo aquel tiempo, al llegar a nuestro territorio ¿se le pudo ocultar también que el flujo y reflujo de los límites del imperio era decidido únicamente por las victorias o derrotas del ejércitos francés? Pero pasemos adelante.

Que no fue un instrumento de los franceses para la opresión de nuestros nacionales, se exculpa con decir que sus esfuerzos se redujeron a disminuir la influencia de la intervención; pero luego, casi a renglón seguido, incurre en una contradicción, por la respuesta que antes dije daba al negar la responsabilidad que pudiera reportar por la ley de 3 de octubre.

¿Qué clase de compromisos podrían existir entre el encausado y los jefes de la intervención para hacerles concesiones en que se atropellaba de la manera más cruel el mismo derecho de la guerra a que tratan ahora de apelar? Yo por mi parte no lo comprendo, ni mucho menos cuando veo que se admitía la redacción de esa ley del Mariscal Bazaine. Había, pues, una coacción respecto de él para sus actos, pero que no consigue disculparlo.

Además, el enganche de extranjeros pertenecientes a naciones que habían estado en guerra con nuestra República, para que viniesen a ayudar a la intervención, a más de ponerlo como jefe y director de esa nueva invasión filibustera, prueba también de una manera inequívoca la convicción que tenía de que el sostenimiento de su trono jamás podría deberlo a los nacionales, y que para esta empresa no juzgaba suficientes los esfuerzos aislados de los franceses.

Nunca, pues, hubo motivo para suponer otro objeto en la intervención, que establecer en México un gobierno que, aunque contrario a la opinión nacional, debía favorecer los intereses de la Francia; ¿ni cómo suponerlo de otra manera? Napoleón III ha dicho que la intervención en México es el pensamiento más feliz de su reinado, y ya la historia nos prueba que el pensamiento de la familia reinante de la Francia, jamás ha sido la felicidad sino la ruina de los pueblos.

Pero se dice que antes de admitir la Corona de México consultó a respetables jurisconsultos de Inglaterra sobre si estaría bien manifestada la voluntad nacional con las actas de adhesión que se le remitieron, y que en virtud de su respuesta afirmativa, se decidió a aceptar el llamamiento.

Ciertamente no hace mucho honor a los jurisconsultos de que se habla, la resolución emitida en tal sentido, porque para la sola duda, bastaba la reflexión de que al proclamar el imperio, México estaba en guerra e invadido, y mal podía suponerse libertad para tal proclamación.

Tiempo es ya de ocuparnos de lo relativo a don Miguel Miramón y don Tomás Mejía. El primero niega absolutamente el cargo de complicidad en la intervención, asegurando que lejos de tener algún participio en ella, siempre fue de opinión contraria, y que en virtud de la constante oposición que hacía a los jefes intervencionistas, se le obligó a salir del territorio nacional, paliando su destierro con una comisión al extranjero.

Como se ve por esta contestación y lo que con motivo de ella se alega en su defensa, se sienta el principio de que, por no haber querido nunca servir bajo las órdenes de ningún jefe francés, se infiere por lo mismo que jamás quiso ni sirvió a la intervención.

La consecuencia no me parece arreglada a los principios de una buena lógica, como paso a demostrarlo.

Cuando don Miguel Miramón regresó de Europa, al empezarse a extender el ejército francés en el interior de la República, como él mismo lo confiesa, aceptó una comisión para marchar a Guadalajara. ¿Es de suponerse que esta comisión se le confió sin haber sido antes aceptados sus servicios por el imperio? Y si el imperio era conocido ya como obra sólo de la intervención, ¿cómo se pudo suponer que al prestar sus servicios al primero no coadyuvaba a las intenciones de la última? Unidas como estaban la intervención y el imperio, mal se podría servir directamente a cualquiera, sin que estos servicios fueran de igual importancia para la otra.

Si se le mandó a Berlín porque su presencia aquí era nociva a los intereses de la intervención, como que no consta ninguna especie de protesta, por parte del encausado, contra esta determinación, es claro que al admitirla con tanta subordinación, o reconocía su delito y trataba de expiarlo con la más ciega obediencia, o en realidad existió la comisión, y por tanto sirvió al imperio y en consecuencia a la intervención francesa.

Se añade, que al regresar de este destierro, cuando los franceses efectuaban su reembarco, supuesto que la intervención había desaparecido, se creyó con más perfecta libertad de acción para tomar parte en la lucha que los franceses sólo pudieron comenzar, pero no llevar a cabo; como si por haberse retirado la intervención no hubiera quedado su proyecto de la erección de un trono, pudiendo mantener su influencia moral sobre él, y aplazar para más tarde la realización de los proyectos que esta vez fracasaron en su cuna.

Pasemos a ocuparnos de lo relativo a don Tomás Mejía:

Las excepciones que en su favor alega este encausado, se reducen a las siguientes: como que constantemente ha hecho oposición al Gobierno Constitucional, porque su fe política le dice que no es el que quiere ni conviene a la Nación, por esto es que, cuando se acercó la intervención lo encontró con las armas en la mano. Hace advertir que desde ese momento permaneció neutral, aunque sin deponer las armas, guardando que la Nación diera su fallo para luego decidirse él por su parte, y que en el momento que se proclamó la Regencia y el imperio se creyó obligado a reconocer ese Gobierno mexicano, cuyas instituciones cuadraban mucho con las que siempre ha defendido.

De todos estos antecedentes intenta luego deducir que fue víctima de un error, y que como tal, no debe suponérsele culpable.

No opino yo de esa manera.

El señor Mejía tuvo oportunidad, como que estuvo en puntos ocupados por el invasor, de observar muy de cerca la manera con que eran extendidas y arrancadas las actas de adhesión al régimen imperial, y sobre todo, mal podía reputar legítimo ese Gobierno, cuando su principal apoyo se hizo consistir desde entonces en los mismos cuyo rigor trataba él de templar a cada paso, es decir, en los franceses; y no obstante la convicción que al poco tiempo abrigó de que el imperio tenía que sucumbir a pesar del formidable apoyo de la Francia, por ser contrario a la opinión nacional, continuó prestándole con toda eficacia sus servicios concurriendo a varias acciones de guerra que decidieron en gran parte la prolongación de ese gobierno.

Cuando una nación como México se encuentra envuelta en los horrores de una guerra civil por más de medio siglo sostenida, nada más natural que sus fuerzas parezcan agotarse; y cuando el enemigo extranjero aprovechándose de esta misma debilidad se propone invadirla, nada más natural que los hijos de esa Nación, olvidando sus reyertas intestinas se apresten a defender su nacionalidad; y el que lejos de acudir a ese llamado se uniese al enemigo de su patria, su acción es tanto más criminal, cuanto alevosa, y por algún acaso puede admitírsele error como disculpa, por lo que en virtud de él se hubieren adherido a la invasión, secundando sus proyectos, siempre simulados en el programa de la humanidad, en el momento que las dudas siquiera sustituyeran al error, desde ese mismo instante la criminalidad no conoce límite, porque en materia de nacionalidad e independencia, el sólo titubear constituye otro delito.

El señor Mejía al militar bajo las órdenes del comandante en Jefe de la intervención, contribuyendo por su parte a aumentar las víctimas de su patria en los campos de batalla, en el momento en que desconfió de la veracidad y buena fe de los que habían comprometido al reconocimiento y defensa del imperio, desde ese mismo instante su deber de mexicano era deponer luego las armas decidiéndose por la causa nacional, o si continuaba en las filas imperiales, cosa que ya repugnaba a su convicción, debió hacerlo en la inteligencia de que entonces ni el error podía alegar como defensa respecto de sus actos anteriores, porque su conducta equivalía nada menos que a ratificarse en lo pasado.

Otra objeción se hace que abraza a todos los encausados.

Según los sanos principios, se dice de la verdadera civilización, los vencidos sólo pueden ser juzgados conforme al derecho de la guerra y no por leyes ad hoc. En apoyo de esta verdad citan los defensores todas las doctrinas de Wheaton, Vattel y otros respetables publicistas, deduciendo, por consecuencia final, que la pena de muerte jamás debe imponérseles a los reos de que nos vamos ocupando, porque el derecho antes citado lo prohibe, por la consideración que deben tener a nuestros ojos como prisioneros de guerra.

Cierto es, y sin que nadie lo cuestione, que los prisioneros de guerra no deben ser tratados con ese rigor en virtud de la ley recibida en todas las naciones civilizadas. Pero estamos absolutamente fuera del caso que ella se supone. No se trata aquí de una guerra justa o legal seguida contra nosotros con arreglo a los principios adoptados por la civilización. Se trata de una guerra injusta, bárbara e ilegal en la que se ha despreciado el derecho de gentes, declarando fuera de la ley no sólo a los que tomaban las armas en defensa de su nacionalidad, sino aun a los que mantenían algunas relaciones con ellos; se trata de personas que son responsables cada una solidariamente de atentados cometidos contra el derecho de gentes a las garantías individuales, caso también previsto por los mismos publicistas que acaban de citar, y que, en opinión de sus mismos autores, forman la excepción de la regla antes citada.

Además, el Supremo Gobierno con anterioridad a la comisión de estos delitos expidió la ley de 25 de enero, donde con toda regularidad fueron previstos los casos de que hoy nos ocupamos. En ella se trataba de impedirlos, con la imposición de penas severísimas a los que se decidieran a cometerlos, porque antes de todo, se quería salvar a la sociedad de los trastornos de que pudiera ser víctima con la guerra que entonces se iniciaba, y nada más justo y natural que en cumplimiento de su deber recurriera a medidas tan severas como ésa para precaver males mayores, como la pérdida de nuestra nacionalidad.

Estas son, Ciudadano General, las apreciaciones que en mi opinión deben hacerse de los descargos de los reos, y que por lo mismo, no habiendo sido suficientes éstos para destruir los cargos que se les formularon, y encontrando perfectamente fundada la sentencia que el consejo de guerra ordinario pronunció el 14 del corriente, contra los reos de esta causa, soy de opinión que confirmándose en todas sus partes por los fundamentos en que se apoya, se condene a la pena capital a los reos Fernando Maximiliano de Habsburgo llamado Emperador de México, y sus llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía.

Querétaro, junio 15 de 1867.
Lic. Joaquín M. Escoto.-Una rúbrica.