Documento N° 103

Escrito promovido por la defensa de Maximiliano

Los que suscribimos, defensores del Archiduque Fernando Maximiliano, ante el C. General en Jefe del Ejército del Norte, como más haya lugar en derecho, salvas las protestas oportunas, decimos: que desde que llegó a nuestro conocimiento haber sido nombrados defensores del referido señor Archiduque, y que debía ser juzgado en Consejo ordinario de guerra, la primera impresión que tales noticias nos causaron, fue una repugnancia instintiva a admitir que la presente causa tan complicada y difícil, Y en la cual se han de fijar los ojos del mundo entero, pudiera decidirse dignamente por un tribunal militar formado, con excepción del señor Presidente, por oficiales que ocupan un grado inferior en el ejército. Son tan complicadas, graves y delicadas las cuestiones que en ella deben tratarse y resolverse, que es imposible que oficiales subalternos, muy dignos de la gratitud nacional por su valor y por los importantísimos servicios que acaban de prestar a la causa de la nación, pero extraños a los conocimientos necesarios para formar un juicio justo de aquélla, pudieran decidirla de manera que no comprometieran en la opinión de los pueblos civilizados el buen nombre del país, cuya causa acaban sin embargo de defender tan heroicamente con sus espadas. Pero si esta fue la primera impresión que nos causaron las primeras noticias que recibimos acerca de este negocio, la meditación detenida de él, el estudio concienzudo e imparcial que hemos hecho del mismo, no han servido sino para confirmar y robustecer esa misma opinión.

La Constitución de 1857, que introdujo en nuestra sociedad reformas tan importantes y radicales, y que por esa causa provocó de parte de los enemigos de ella una resistencia cuya tenacidad sólo ha sido sobrepujada por la perseverancia de sus patrióticos defensores, en su artículo 128, previó el caso de que sU observancia se interrumpiera por alguna rebelión, de que por un trastorno público se estableciera un gobierno contrario a los principios que ella sancionaba, y determinó que en ese caso, tan luego como el pueblo recobrara su libertad, se restablecería su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serían juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a ella. Nuestro defendido el señor Archiduque Fernando Maximiliano, es juzgado por haber sido jefe de un gobierno que se estableció contrario a los principios de la Constitución de 1857, y por lo mismo, conforme a lo determinado en el artículo 128 de esa misma Constitución, debe ser juzgado con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.

La misma Constitución al tratar del poder judicial de la federación, previene en el artículo 97, que corresponde a los tribunales federales conocer, entre otras causas, de aquellas en que la federación fuere parte. La federación es parte en todas aquellas causas en que tiene interés, y ¿en cuáles lo tiene mayor que en aquellas en que se trata de juzgar hechos que han lastimado sus derechos, que han tendido a destruir el vínculo federal que une los diversos Estados de nuestra gran confederación, estableciendo en su lugar un gobierno unitario cual es el monárquico? Es bien claro, pues, que la causa que se ha mandado formar al Sr. Archiduque Fernando Maximiliano, es de aquellas cuyo conocimiento corresponde según el artículo 97 de la Constitución de 1857, a los tribunales de la federación.

Conforme al art. 100 del mismo Código fundamental, de ese Código que según las contradicciones que casi inmediatamente después de su publicación sufrió, parecía destinado a muy corta vida, y sin embargo es el que ha llegado a echar más profundas raíces en el amor del pueblo mexicano, los tribunales de la federación son los juzgados de distrito y circuito y la Suprema Corte de Justicia, así como el Congreso de la Unión cuando ejerce funciones judiciales. A éstos, pues, y no a ninguno otro, a ellos y no a un Consejo de guerra, ni ordinario ni extraordinario, corresponde conocer de la causa en que el desgraciado acusado nos ha hecho la confianza de nombramos sus defensores.

Pero se nos dirá que las observaciones expuestas serían incontestables si no existiera la ley de 25 de enero de 1862, con arreglo a la cual se mandó formar el actual proceso, y que es nada menos la prevista en el art. 128 de la Constitución de 1857, al prevenir que los que hubiesen figurado en el gobierno establecido en oposición con los principios de ella, deben ser juzgados con arreglo a las mismas leyes que en su virtud se hubieren expedido.

Para contestar, pues, a la objeción que nos hemos propuesto, no hay que hacer otra cosa que examinar si la ley de 25 de enero de 1862, conforme a la cual se está sustanciando la presente causa, es de las expedidas en virtud de la Constitución de 1857, y basta enunciar tal cuestión para no poder resolverla sino en un sentido negativo.

Entre las grandes conquistas hechas por ese Código, que lo han hecho adoptar como bandera por el gran partido liberal, y que se hayan fijado en él las más caras afecciones del pueblo mexicano, la sección 1a. del tít. 1° que consigna y garantiza los derechos del hombre y asegura su ejercicio con las más robustas sanciones, en la parte de ese Código que si hay en él una porción que merezca más elogio que otra, es la más importante para la sociedad, la más digna de las profundas meditaciones del hombre pensador e ilustrado, el mayor título de gloria que pueden presentar a la posteridad y legar a sus descendientes los patrióticos autores de ese monumento legislativo. En esa sección resumieron en términos precisos y enérgicos todos los grandes principios que la filosofía política y el movimiento intelectual del pasado y presente siglo habían logrado establecer en favor de la humanidad y del progreso. En ella están registrados lós títulos de nobleza del hombre y del ciudadano, y establecida su completa inviolabilidad y su completa liberación de todo yugo, a excepción del de la ley. Y en esa sección se encuentran consignados principios contra los cuales peca de la manera más clara la ley de 25 de enero de 1862.

En el art. 13 que se halla en esa sección, declara que nadie en la República Mexicana (nadie, y por lo mismo ni nacional ni extranjero), puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Y la ley de 25 de enero de 1862 es una ley privativa, y los consejos ordinarios de guerra a que se confía el conocimiento de las causas a que dicha ley se refiere, son tribunales especiales. Es cierto que el mismo artículo contiene una excepción, y es la de que el fuero de guerra subsiste solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con el servicio militar; pero el Archiduque Fernando Maximiliano no pertenecía al ejército de la nación, y en consecuencia los actos por que se le juzga, no tienen conexión ni exacta, ni inexacta con la disciplina militar.

En la misma sección se encuentra el art. 23, en el que además de anunciarse para más tarde la completa abolición de la pena de muerte en todo género de delitos, para preparar la cual se determina el establecimiento del régimen penitenciario, se declara ella abolida para los delitos políticos. Y la ley de 25 de enero de 1862, que al pretender aplicarla a Maximiliano no tiene otra tendencia que el castigo de un delito político, no impone otra pena que la de muerte a la mayor parte de los hechos que se propuso reprimir, y entre ellos a los de que se hace cargo a nuestro defendido.

Es también cierto que el artículo a que nos vamos refiriendo establece también otra excepción, y es la de que la pena de muerte podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera: pero es bien claro que no siendo Maximiliano natural de México, sino de Austria, el cargo de traidor a la patria no obra contra él, y por lo mismo se encuentra en el caso no de la excepción, sino de la regla general. Es imposible, pues, sin desconocer las más simples inspiraciones del sentido común, pretender que la ley de 25 de enero de 1862 que en su carácter, en los tribunales que establece y penas que impone, está en perfecta contradicción con los artículos 13 y 23 de la Constitución de 1857, deba estimarse como una de las leyes expedidas en virtud de esa misma Constitución.

Es también cierto que el art. 29 del código constitucional a que nos vamos refiriendo, autoriza en casos de peligro público, como los que ha corrido nuestra nacionalidad con la invasión francesa y conatos de establecer una monarquía, a suspender con ciertos requisitos y formalidades las garantías otorgadas por la misma Constitución. Pero lo es igualmente, que dicho artículo, ni aun en los casos extremos a que se refiere, autoriza la suspensión de las garantías que aseguran la vida del hombre, pues están en él expresamente exceptuadas, y de esta clase son las contra que peca la ley de 25 de enero de 1862. Ella por lo mismo, ni aun en virtud de facultades extraordinarias, otorgadas con suspensión de las garantías individuales, pudo dictarse válidamente. Para hacerlo, puesto que ella importaría la derogación de los artículos constitucionales antes citados, y por lo mismo una reforma de la Constitución, habría sido necesario conforme al art. 127 del mismo Código, que ese cambio en la legislación se hubiera hecho con el voto de las dos terceras partes de los individuos del Congreso de la Unión y aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

En todos casos, señor, no hay cosa más digna de respeto que la invocación de la ley, sobre todo cuando es la fundamental aquella cuya observancia se pretende. Pero si esto es así, aun tratándose de una causa que ni por su naturaleza ni por la persona del acusado llamará sobre sí la atención pública, el deber de respetar tas prescripciones de la ley sube de punto tratándose de un negocio que ha de tener el mayor eco en todo el mundo civilizado, y sobre el cual han de expresar libremente su juicio propios y extraños. Si en él se va a decidir de la suerte de Maximiliano, a su vez todos los países civilizados examinarán con severidad todos y cada uno de los actos del proceso, pronunciarán sobre la conducta de todas las personas que en él intervengan, y ese juicio será tanto más grave, cuanto que si es favorable cederá en honor del país, y si es adverso cederá en mengua. Uno de los mayores deberes del hombre es el que tiene de conservar su propia reputación; pero cuando ella está estrechamente ligada con la de la secta religiosa a que pertenece, con la de la comunión política de que forma parte, con la de la nación en que ha visto la luz, las proporciones de ese deber crecen de una manera casi infinita, y de deber privado se convierte en deber público, constituyendo su cumplimiento uno de los actos más relevantes de abnegación patriótica. El hombre público que sobreponiéndose al grito pasajero de las pasiones hace lo que cree que conduce al buen nombre nacional y a su interés bien entendido, merece bien de la patria. Así, el C. General a quien tenemos el honor de dirigirnos, en los largos días que duró el asedio de Querétaro, resistió a la imprudente impaciencia que en muchos había, de emprender desde luego la toma inmediata de la plaza, resistiendo hacer operaciones atrevidas que habrían podido comprometer el éxito de la causa que tenía a su cargo, vio dentro de pocos días coronados sus esfuerzos con la victoria más completa que recuerdan los anales de nuestras guerras.

La fuerza de las observaciones que preceden crecen prodigiosamente si se considera que a consecuencia de la lucha que ha tenido que sostener la nación para salvar su independencia, la organización política y judicial del país exigida por la Constitución de 1857, está bien incompleta. Los tribunales federales mandados por ella establecer y que conforme los artículos 97 y 128 de la misma, debían conocer de los actos de que se hace cargo a nuestro defendido, no existen en estos momentos.

Si ellos existieran, habríamos ocurrido a los mismos para que en defensa de su jurisdicción constitucional, reclamaran el conocimiento de la presente causa. Existiendo esa imposibilidad de hecho para usar de ese recurso, nuestro defendido está privado de hecho de uno de los remedios que le otorgan para su defensa las leyes del país en que se le está juzgando. Y esta privación, no legal, sino puramente emanada de circunstancias de hecho, causaría ya una prevención desfavorable contra los procedimientos.

Es preciso que la jurisdicción a que se encomendó esta grave causa sea imparcial, inspirando todo género de confianza, de que los altos intereses de la federación que van a ventilarse, serán bien discutidos y tendrán además el celoso cargo custodio que según el principio constitucional deben tener.

No existe el tribunal de distrito, ni otro de la federación a que debiera ocurrirse para iniciar una competencia que la justicia exige y la necesidad pública demanda. No hay un tribunal a que presentarse por denegada apelaciÓn, y ¿no será esto digno de tomarse en consideración por el Sr. General en Jefe o por el Supremo Gobierno, en la causa más notable que acaso se haya presentado en los anales de los procedimientos políticos de este continente? Los tribunales de apelación tienen un objeto santo, pues que son una garantía contra la influencia o las resoluciones de una pasión. ¿Qué hacer, pues, en circunstancias tan excepcionales como las de esta causa? El honor de los defensores, su amor al país y a los principios liberales, exigen que si alguna duda, aunque sea ligera, tuvieren el señor General en Jefe, el Fiscal o el Asesor, se consulte al Supremo Gobierno si se organizan esos tribunales para evitar que el acusado quede privado de las defensas legales. Por tanto, de la manera más respetuosa y encarecida: Suplicamos al C. General en Jefe del ejército del Norte se sirva declarar que un Consejo de guerra ordinario no es competente para conocer de la causa que se forma al Archiduque Maximiliano, y que deben conocer de ella conforme a la Constitución de 1857 los tribunales de la federación, o por lo menos si esta resolución le pareciere de tal manera grave que no creyese poder tomar sobre sí la responsabilidad de dictarla, consultar, sobre los graves puntos que se han tocado, al Supremo Gobierno, remitiéndole original o en copia el presente ocurso, pues así es de justicia.

Querétaro, seis de junio de mil ochocientos sesenta y siete.
Lic. Jesús María Vázquez.-Una rúbrica.
L. Eulalio María Ortega.-Una rúbrica.