A principios del segundo semestre del año de 1916, el gobierno de facto había comenzado a poner en práctica algunas reformas prometidas con anterioridad, y otras que recientemente habían sido acordadas; en el número de estas últimas se contaba la referente al culto católico, y puede asegurarse que, debido a la predisposición que hubo para el clero, fue la que con más entusiasmo acogieron los colaboradores del jefe de gobierno, y especialmente los gobernadores de los Estados, quienes desde luego lanzaron sendos decretos sobre el particular.

Con ligeras variantes entre uno y otro, los decretos mencionados, para el efecto de su tendencia de moralización del clero y regeneración del culto católico, comprendían estas disposiciones: Prohibir en los templos la venta de reliquias y otros objetos como velas de cera, rosarios, escapularios, medidas, estampas, etc.; establecer la condición de que solamente los sacerdotes de nacionalidad mexicana podrían ejercer; prohibir, como medida profiláctica contra el tifo y otras enfermedades contagiosas, el uso de bancas y cualquier asiento permanente, así como las pilas de agua bendita; suspender definitivamente la práctica de verificar misas y responsos de cuerpo presente en los templos y, asimismo, los responsos en los panteones públicos.

Casi todos los decretos sobre este asunto prevenían que las prácticas religiosas, en los templos católicos, deberían tener lugar solamente cuando fuese necesario, y a horas en que para asistir a ellas no se entorpecieran las labores de las familias ni los trabajos de los varones. Se disponía también en los decretos que quedaran suprimidos los confesionarios, los que, para mayor eficacia de la disposición, fueron incinerados públicamente en varios lugares del país, como por ejemplo en Monterrey, capital del Estado de Nuevo León.

Esto último causó verdadero desagrado entre el elemento católico de México, pues con tales actos se hacía más notable la complacencia que el gobierno tenía para otros cultos, especialmente para el protestante.

En los puntos en que con más franqueza se externó el resentimiento contra los autores de tan terminantes restricciones para con el clero, llegó a temerse que el orden público se alterara; así fue que, los respectivos gobernadores, a fin de que la impresión pasara cuanto antes, aprovechaban cualquiera oportunidad para hacer algún acto que estuviera en contraposición con lo que había causado desagrado tan manifiesto.

En Querétaro, por ejemplo, en donde acababa de ocurrir una tremenda inundación que causó considerables perjuicios, el gobernador, general Federico Montes, llevó a cabo algunos actos que en mucho atenuaron la excitación que existía con motivo de las persecuciones a los católicos. Además de disponer que los expendios municipales proporcionaran sin costo alguno todo lo que pudieran necesitar las familias de los damnificados, decretó un gasto de diez mil pesos que fueron repartidos entre ciento setenta y tres de esas mismas familias.

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