La prolongada lucha armada hacía que la situación económica fuera siempre insegura y llegara a ser asaz precaria para las clases de escasos recursos, cuando comenzó la depreciación del nuevo papel moneda llamado infalsificable. El gobierno dictaba sus disposiciones con el objeto de remediarla; pero a nada práctico se llegó, tal vez porque el orígen del malestar esa muy diferente a lo que se suponía.

Se aumentó el sueldo a algunos elementos trabajadores dependientes del gobierno, como por ejemplo los ferrocarrileros; se suprimieron las alcabalas y varios impuestos más, se concedió exensión de derechos a determinados artículos de importación, y, en fin, se tomaron otras medidas por el estilo; pero ni así se lograba el objeto deseado, pues a medida que se daban esas facilidades desminuía el valor del dinero y todo quedaba en la misma situación.

Una medida que pudo haber aliviado la condición de los pobres era la libertad de comercio; pero las circunstancias del momento hicieron que el asunto viniera a complicarse en virtud de que en su mayoría, los comerciantes sostuvieron los altos precios señalados a sus efectos desde mucho antes.

El decreto decía en esencia lo siguiente:

No siendo ya necesarias a juicio de esta Primera Jefatura las medidas prohibitivas o de destrucción al libre ejercicio del comercio dictadas por los gobiernos de los Estados y los presidentes municipales, deróguense los decretos y disposiciones relativas, así como aquellos que establezcan contribuciones especiales por derechos de introducción o extracción de mercancías, cualquiera que sea la calidad de éstas, etc.

Y la causa de que esta disposición diera resultados contrarios, fue que existiendo de antemano cierta prevención contra el comercio por creérsele causante en parte de la mala situación, muchas de las autoridades inferiores quisieron darle una aplicación especial, que solo sirvió para que en el comercio se pretextara que los altos precios se debían a las pocas garantías con que se contaba.

También se cometió el error de querer establecer ciertas condiciones a los comerciantes, con fuertes penas para quienes no cumplieran tales condiciones, que eran más o menos, las de reducir hasta su grado ruinoso los precios de los artículos de primera necesidad. Hubo con ese motivo algunos atropellos, siendo el más notable el que se cometió con unos comerciantes de Torreón, quienes fueron deportados para las Islas Marías, lugar de reclusión de los grandes criminales, por no vender a los precios que fijó la autoridad municipal.

Algo parecido se hizo en Sinaloa.

Como detalle expresivo que puede explicar la ineficacia de aquella disposición del Primer Jefe don Venustiano Carranza, cabe recordar que mientras éste decretaba la libertad del comercio, suponiendo que así abaratarían los efectos del consumo, algunas autoridades y varios periódicos abrían verdaderas campañas contra los comerciantes, lanzándoles toda clase de amenazas.

El personal de un periódico que se publicaba en Chihuahua, renunció por el solo hecho de haber creído de que su labor quedaba destruída con el tantas veces mencionado decreto.

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