EXPOSICIÓN AL CONGRESO

Señores Secretarios del Soberano Congreso de la Unión:

He dado cuenta al ciudadano Presidente de la República, con la nota en que ustedes se sirvieron participarme, la reprobación que ha hecho el Soberano Congreso del Tratado concluido con el representante de la Gran Bretaña, en 21 del corriente y me previene que antes de comunicar a la Legación inglesa este deplorable resultado y antes de desencadenar la tempestad que el voto de la Cámara va a atraer sobre la República, haga una última apelación a la cordura y al patriotismo de esá Asamblea que, atropellando por toda consideración de trámites y de fórmulas, haga oír una vez más, en esta crisis suprema de nuestra nacionalidad y de nuestra revolución, la voz de la razón desapasionada y del verdadero patriotismo.

El Soberano Congreso comprenderá fácilmente cuanta retentiva impone al Ejecutivo la naturaleza de este asunto. Para poner bajo su verdadero punto de vista los negocios internacionales y desarrollar todas las miras del gobierno acerca de ellos, sería preciso sacar a luz las relaciones latentes que hay entre los distintos ramales de la cuestión diplomática y aludir a medios de acción, cuyo simple anuncio los dejaría desvirtuados. Bastará insinuar, sin embargo, ciertas consideraciones proverbiales que aún están en el instinto público y llamar la atención sobre que entre las potencias extranjeras hay unas que amenazan nuestra nacionalidad y nuestra revolución progresista y otras interesadas en frustrar esta tendencia hostil. A estas últimas pertenecen, en la actualidad la Gran Bretaña y los Estados Unidos. La política natural, sensata y patriótica por parte de México, consiste, pues, en hacer a estas dos potencias el punto de apoyo de nuestra diplomacia, en estrechar nuestros lazos con ellas, en crear les intereses comunes con la República y en contar con su concurso más o menos eficaz, en el evento de un conflicto con las otras Naciones, que tienden asechanzas a nuestra independencia o ven con antipatía nuestra revolución. Para los que conocen el complejo de la actual política europea, no puede ocultarse hasta qué punto el arreglo de la cuestión inglesa venía a hacer menos probables las otras agresiones que nos están amagando. El gobierno, al hablar sobre este punto, pudiera referirse a las noticias que comunicó a la Cámara, en la mañana del sábado, relativamente a las circunstancias que han influido en el retardo de la expediciÓn española. Entrando en transacciones con la Inglaterra, el Ejecutivo ha empleado la verdadera política nacional y ha seguido no sólo la marcha de la razón, sino la iniciativa de la opinión pública. En las demostraciones populares, en los banquetes patrióticos, se ha oído constantemente este clamor: Transacción con la Inglaterra y con la Francia.

En virtud de la combinación a que servía de base el Tratado concluido el día 21, la Inglaterra sería hoy nuestra aliada virtual. En vez de estar haciendo su representante preparativos de viaje, habría venido a estrechar la mano del jefe del Estado y a prestar, con la lealtad que constituye una de sus dotes personales, el concurso moral que el Gabinete inglés ha ofrecido a nuestra política progresista. Sin entrar en detalles sobre la influencia probable que en las determinaciones de la Francia y de la España, podría ejercer este suceso, cualquiera percibirá que, en virtud de él, la República se presentaba dando la mano a sus dos aliados naturales, la Inglaterra y los Estados Unidos. Esta última Nación nos ofrecía lo necesario para cubrir, durante algunos años, no sólo los compromisos contraídos por el Tratado inglés, sino todas nuestras otras obligaciones internacionales y esto mediante garantías, no solamente nada gravosas, sino que equivalían a remachar para siempre las conquistas de la Reforma. Por esta combinación, a la vez que quedaban desempeñadas las rentas públicas y se hacía fácil el arreglo de la Hacienda, los grandes principios que a tanta costa ha conquistado el país, se aseguraban definitivamente y el orden constitucional venía a consolidarse, con la asistencia de dos grandes Naciones. Esta perspectiva que en unas cuantas horas iba a ser un hecho, ha desaparecido desde hace tres días. Al salir los ciudadanos Diputados de la sesión del viernes, la República y su revolución se habían quedado ya sin un amigo en el exterior. Los Estados Unidos nos han notificado al día siguiente, que no debíamos ya esperar el auxilio a que ponían por condición la cordura por parte de México. El Ministro de la Gran Bretaña se arrepiente, en estos momentos, de haber abierto negociaciones y de no haber imitado al representante del Imperio francés, a cuya dureza servirá hoy de pretexto lo que acaba de pasar respecto del Tratado concluido con Inglaterra. He aquí el cuadro que presentan las relaciones diplomáticas en México: volviendo la vista al exterior, tendremos que después de las esperanzas y de la reacción de benevolencia que producirán en Inglaterra las noticias despachadas a fines de octubre, sobre la probabilidad de un arreglo, va a sobrevenir una recrudescencia de fermento y exaltación, al saber en qué términos ese arreglo ha venido a frustrarse. La resolución expresada por aquel gobierno en la respuesta dada oficialmente a los peticionarios de la intervención, se llevará a cabo sin vacilar; Francia y España dejarón de hallar un obstáculo para la realización de sus miras en las simpatías ya entibiadas del gobierno inglés por nuestra revolución y la intervención extranjera vendrá sobre el país y tendrá, no sólo un carácter financiero, sino político y la revolución progresista y la Reforma, hechas a tanta costa, no serán ya la fuente del bien para muchas generaciones, sino un episodio pasajero que habrá servido sólo para preludiar la disolución y el avasallamiento de la República.

El gobierno ha creído un deber suyo insistir en la rectificación de los hechos que sirven de base a la cuestión sobre el Tratado con la Gran Bretaña. Entrar en pormenores sería ajeno de esta nota; pero, sin embargo, no es posible abstenerse de una alusión a las tres objeciones que más impresionaron a la mayoría del Congreso.

El arreglo transactorio sobre los 660 000 extraídos por los funcionarios de la reacción, de la calle de Capuchinas, se tomó como un reconocimiento implícito en cuanto a los actos de la facción usurpadora, olvidando que hay precedentes muy semejantes; que pocos años ha pagó la República una cantidad perteneciente también a súbditos ingleses y tomada con circunstancias menos agravantes a consecuencia de una sedición en San Luis Potosí y que a nadie ha ocurrido después decir que el gobierno de la República se hizo por ese acto responsable de todos los robos con asalto que puedan cometer los perturbadores de orden público. Por otra parte, en el artículo del Tratado relativo a este punto, sólo se consigna un hecho y es el de que el gobierno consiente en facilitar la expresada suma a los tenedores de bonos, sin consignar principio alguno, ni desistirse de sus anteriores protestas que constan muy explícitamente en la correspondencia que precedió a la redacción del convenio. La comisión ha dicho que al mencionarse en el mismo artículo la conducta de Laguna Seca y los fondos de Capuchinas se dejan equiparadas las dos responsabilidades y el Congreso ha creído, en efecto, que por la justa posición y el contacto material de las palabras se inoculan con un mismo carácter los hechos que ellas expresan. Esto equivaldría a decir que el historiador que junta en una misma columna de efemérides el rasgo heroico de Mucio Scevola y las atrocidades de Nerón, coloca ambas cosas en una misma línea de moralidad. La Comisión, partiendo de ahí, ha presentado el argumento en estos términos: si los dos hechos -dice- son iguales y el relativo a los fondos de Capuchinas es un robo, el gobierno confiesa, por medio de ese tratado, que robó también en Laguna Seca. Al aceptar la Cámara este raciocinio, ha cerrado los ojos sobre una diferencia evidente. La reacción vencida y expirante, cometió el atentado de Capuchinas, sin curarse de la restitución de los fondos robados, mientras que el jefe del Ejército federal, al ocupar la conducta de Laguna Seca, sabía que aseguraba con aquel acto el triunfo del gobierno Constitucional y los medios de restituir el fondo ocupado y de indemnizar a sus dueños. Este propósito leal y firme del gobierno, ha hecho que jamás se califique de robo aquella ocupación. El peligro de que se le dé ese carácter, ha comenzado ahora, desde el momento en que el Congreso ha reprobado el artículo 1° de la Convención, dando lugar a que se dude sobre la voluntad de México, en cuanto a cubrir esa sagrada responsabilidad.

Se objeta también que, en virtud del Tratado concluido el día 21, la deuda de Londres queda elevada al rango de diplomática. De dos maneras se refiere el Tratado inglés a esa deuda; primero, asegurando las asignaciones que le están concedidas; segundo, declarando que la nueva Convención no altera los decretos de 50 y 57, relativos a los tenedores de bonos. Por lo que hace a lo primero, la misma seguridad de asignaciones se consignó en el Convenio Dunlop, celebrado en Veracruz, sin que de entonces a acá haya ocurrido a nadie decir, ni a los mismos interesados pretender, que por ese Convenio la deuda contraída en Londres, recibía el sello diplomático. En cuanto a lo segundo, el artículo del Tratado, que se refiere a los decretos de 50 y 57 no implica más que la salvedad usual en las leyes y en los documentos públicos, cuando se quieren dejar en vigor algunos actos anteriores. Los expresados decretos quedan vigentes, no por el Tratado, sino a pesar del Tratado, sin estipularse que serán inalterables para lo futuro, lo cual sería el único medio de convertir en estipulación diplomática las disposiciones que esos decretos contienen. Muy frecuente es en los documentos legislativos decir, por ejemplo: quedan en vigor todas las leyes, reglamentos, circulares e instrucciones anteriores sobre la materia, y nadie podrá sostener que, por medio de esa fórmula, las circulares e instrucciones quedan elevadas al rango de ley.

La impugnación se ha recalcado de preferencia sobre lo que se denomina la intervención de los agentes ingleses en nuestras aduanas marítimas. En vano, el órgano del gobierno llamó la atención de la Cámara sobre el sentido legal de la palabra intervención que expresa el principio en un acto, que de otro modo no se reputa legítimo. Conforme a las estipulaciones del Tratado inglés, todos los actos del mecanismo de las aduanas, ajustes de buques, cobro de derechos, remesas a la Tesorería General, etc., etc., se consuman y son perfectos, valederos y subsistentes, sin participio alguno de los agentes británicos. La facultad que a éstos se concede, es sólo la de examinar la documentación de sus asignaciones, facultad que no puede negarse a un acreedor, sin que el deudor eche sobre sí una presunción desfavorable. Entre esa publicidad sobre los documentos aduanales y el empeño de encubrirlos a un acreedor interesado en ellos, ¿qué cosa es más leal y más digna? ¿qué cosa es más propia de una Nación que quiere acreditar su probidad y su honradez? Los adversarios del Tratado han visto la intervención en los actos más distantes de ella; llaman intervención a la circunstancia de quedar representadas las asignaciones inglesas por certificados del Ministerio de Hacienda, cuando esta estipulación está calcada sobre la del decreto de 5 de abril, relativa a la conclusión del camino de hierro inter-oceánico.

Entre las mil objeciones que se han hecho a este decreto, a nadie ha ocurrido presentar la de que, en virtud de él, el empresario del ferrocarril se convierte en interventor de las aduanas marítimas. Pues que se dió tal seguridad para garantizar una concesión graciosa, ¿qué extraño es que se dé para garantizar una obligación estricta? Se ha llamado también un indicio de intervención la firma de los agentes ingleses en los referidos certificados, que no son más que la representación de un valor que pertenece a los acreedores británicos y que no es extraño se firmen por los agentes de éstos, antes de la circulación. Se ha dicho, por fin, que hay intervención en el acto de liquidarse mensualmente el pago de las asignaciones entre los administradores de las aduanas y los agentes de los tenedores de bonos. Este acto tiene por objeto fijar definitivamente lo que en el curso del mes se ha pagado a los acreedores ingleses y no debe sorprender, por lo mismo, que su agente firme también las liquidaciones, porque esto equivale a confesar la percepción de las sumas aplicadas a la deuda inglesa, durante el mes. Se ha clamado con escándalo, que la República no queda exonerada de su deuda hasta que la liquidación se suscriba por el agente de los fondos británicos y ¿qué hay tampoco de extraño en eso? El deudor no queda exonerado de su deuda, hasta que el acreedor le ha firmado el recibo. ¿Por qué han de ser un rasgo de intervención estas prácticas, usuales en todas las transacciones comunes entre acreedor y deudor?

Ahora, aun suponiendo que hubiera razón en estos reparos, ¿la repulsa de las estipulaciones que el Tratado contiene, asegura al Congreso de que no tendrá que sujetarse a ellas la Nación? Este es el aspecto más práctico del negocio y el que debe fijar de preferencia la atención de la Cámara. El gobierno tiene que llenar en esta cuestión el último de sus deberes, llamando la atención del Congreso sobre la poca probabilidad de que la República resista con buen resultado a la triple agresión de la Inglaterra, de la Francia y de la España. Prevé el gobierno que el país levantará ejércitos y afrontará combates como los de 47; que habrá, como entonces, rasgos de patriotismo tan laudables como infructuosos y que el éxito de esa lucha contra tres potencias, será firmar tratados más duros que el que acaba de reprobarse y que tendrán por preliminares, capitulaciones y derrotas. La República está débil y lo sería más si se creyese fuerte porque el gobierno le ocultase su estado.

No obstante el voto definitivo del Congreso sobre esta cuestión, el Ejecutivo cree hacerse oír una vez más. Ya que todo ciudadano goza del derecho de hacer llegar su voz hasta la representación nacional, ¿por qué no ha de sonar en esta crisis suprema la voz del gobierno, que tiene más que nadie la ciencia de los hechos y que está viendo próximo e inevitable un conflicto en que zozobrarán todos los intereses vitales de la Nación? ¿Por qué no ha de venir el Ejecutivo, no en uso de sus facultades constitucionales, sino en nombre del supremo peligro que la Reforma y la nacionalidad están corriendo, a pedir al Congreso que pare mientes en los males cuyo dique va a levantarse, en la ruptura con todos nuestros virtuales aliados, en la agresión simultánea de tres Naciones, en la repetición de las escenas de 47, en algo peor todavía, en la resurrección del régimen colonial bajo el nombre de intervención o de protectorado y en la pérdida, por fin, de todo lo que ha conquistado el país en las guerras de la Independencia y de la Reforma?

El gobierno, después de este ocurso al Cuerpo Legislativo, habrá hecho el último esfuerzo por salvar al país que le ha confiado su Administración y el Ministro que suscribe que, desde la noche del día 22 tiene formulada su renuncia, habrá llenado también este último deber, cuyo cumplimiento le ha detenido ahora en el Ministerio y volverá a la vida privada a hacer votos para que la Providencia salve a la República de los peligros que se le aproximan.

Ruego a ustedes, por acuerdo del ciudadano Presidente, se sirvan dar cuenta con esta exposición al Congreso, a fin de que su Soberanra, movida por las reflexiones que quedan expuestas, se digne tomar nuevamente en consideración el Tratado concluido en 21 del actual, con el Ministro de Su Majestad Británica.

Al cumplir con este acuerdo, tengo el honor de renovar a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración.

Dios, Libertad y Reforma.

México, noviembre 25 de 1861.

Manuel María de Zamacona