Hasta el siglo XIV, los casos de piratería eran juzgados en Inglaterra por los tribunales civiles. Después de 1340, en cambio, año en que el rey Eduardo III aniquiló la flota francesa en La Esclusa y reivindicó el título de soberano de los estrechos, se establecieron cortes del Almirantazgo. Estos tribunales eran competentes para fallar sentencia en todos los hechos de piratería y demás crímenes cometidos allende la línea de alta mar.

Posteriormente, los reyes Enrique VIII y Luis XII firmaron un tratado comprometiéndose a suprimir la piratería entre sus propios súbditos y a lo largo de las costas nacionales.

En 1536, Enrique VIII promulgó la primera ley contra la piratería, creándose un nuevo tipo de funcionario, el vicealmirante de la costa, quien debía proceder en materia de piratería ... con arreglo a las prescripciones de la ley, aunque algunos de estos vicealmirantes y especialmente ciertos miembros de la familia Killigrew, en Cornualles, no fueran otra cosa que piratas.

El primer tribunal del Almirantazgo, establecido fuera del Reino, fue el de Terranova, en 1615, año en que el gobierno envió magistrados para juzgar los innumerables casos de piratería y de otros delitos cometidos por los rudos y revoltosos marinos que iban todos los años a pescar en el banco. Pero aquel tribunal se creó con objeto de hacer frente a una situación momentánea más que como corte permanente.

El segundo y el más importante de los edictos contra la piratería publicados por la legislación inglesa, fue el de 1699, que autorizaba a los tribunales del Almirantazgo para juzgar actos de piratería en las colonias y plantaciones de Norteamérica y las Antillas.

Conforme a la ley de 1699, cualquier persona detenida y acusada de actos de piratería en las colonias podía ser juzgada y, al ser reconocida culpable, castigada allí mismo. Ello constituía un considerable progreso comparado con el antiguo sistema según el cual tanto las personas acusadas como los testigos debían ser enviados a Inglaterra, sede del tribunal; procedimiento costoso e interminable y debido al cual, en los más de los casos, el acusado era puesto en libertad para evitar gastos y complicaciones.

Entre las cláusulas más significativas de la ley de 1699, figuran las siguientes:

... La experiencia de los últimos años ha demostrado de manera particular que los autores de actos de piratería y de crímenes cometidos en aguas de las Antillas y las Indias Orientales no pueden recibir el castigo a que sean merecedores sin dificultades y gastos considerables, originados por la necesidad de juzgarlos en Inglaterra ... de suerte que los malandrines y perversos se han visto alentados a hacerse piratas y a entregarse a ese género de mala vida, sabiendo que ... no tendrían que justificarse de tales actos de piratería ni de otros crímenes a causa de las complicaciones e importantes gastos que pesarían sobre quienes tratasen de hacedes arrestar y perseguir ...

Por consiguiente, fue ordenado que los actos se juzgasen por el tribunal del Almirantazgo más cercano y que cualquier funcionario de Estado competente pudiese detener y juzgar a una persona acusada de actos de piratería en cualquier mar, río, bahía, etc.

En 1721, se publicó otra ley contra la piratería, que extendía de manera considerable el alcance de la de 1699.

Esta ley señalaba, ente otros hechos:

Puesto que el número de individuos dedicados a actos de piratería en los mares ha aumentado grandemente en los últimos tiempos ... y que tales individuos se han hecho piratas y entregado a ese género de vida maléfica en grave detrimento del comercio y la navegación de los lugares más alejados, a despecho de las leyes vigentes ...

A continuación se enumeran las penas:

Todos los capitanes o pilotos de barcos que comercien con un pirata, ya sea por trueque, cambio, o negocio regular, ... al ser reconocidos culpables serán castigados como piratas.

Entre otras puniciones, había de negarse a los culpables los auxilios de la religión.

A fin de alentar la resistencia a los ataques piratas, se decretó que todo marinero herido en combate contra los piratas sería recompensado y admitido en el hospital de Greenwich con derecho de prioridad sobre todos los demás marinos o navegantes. Aquellos que por el contrario dejasen de defenderse contra los piratas, se verían frustrados de su paga y acreedores a seis meses de prisión.

La ley de 1721 ordenaba todavía que:

El capitán de un barco o cualquier otro individuo que comercie con un pirata o que le abastezca con pertrechos, víveres y demás aprovisionamientos, o que equipe un navío para tal comercio, o que entre en negociaclones o en correspondencia con un pirata, al que conozca como tal, será considerado de derecho como pirata, criminal y bandido.

Otras dos leyes relativas a la supresión de la piratería fueron promulgadas, una en 1744 y otra en 1837.

El castigo de los condenados por pirateria era la muerte y sigue siendo tal aún hoy en todos los casos en que haya sido hecho uso de la violencia; en los casos exentos de esta circunstancia, el convicto es acreedor a cadena perpetua, como sanción máxima, o de trabajos forzados por un tiempo menor.

En 1873, el Consejo de la Corona aprobó la definición de la piratería dada en Rex V. Dauson en 1696 y que es la siguiente:

La piratería no constituye sino un término marítimo que define el robo a mano armada en el dominio de la jurisdicción del Almirantazgo ... Cuando el marino de un barco despoja por la violencia al patrón y luego desplaza el navío o cargamento del mismo con intención criminal y esto dentro de la zona circunscrita por la jurisdicción del lord almirante, entonces se trata de robo a mano armada y de piratería.

En 1824 apareció una ley contra la piratería, que declaraba culpable de piratería a todo súbdito británico que secuestre en alta mar a una persona como esclavo. El castigo era la muerte, mas la ley de 1837 lo redujo a deportación perpetua. Esta ley amenazaba en particular a todos aquellos que se entreguen al tráfico de esclavos o que equipen un barco destinado al transporte de esclavos; que presten fondos para equipar alguno; que actúen de cirujanos o de sobrecargos a bordo de tal barco, o que aseguren a esclavos.

El símbolo de la autoridad que permite la confiscación de barcos por la Suprema Corte del Almirantazgo de Gran Bretaña, fue, y es todavía, el remo de plata. Este remo era introducido por el mariscal de la Suprema Corte y depositado sobre la mesa del juez.

El origen de este símbolo se ignora; se remonta ciertamente a tiempos muy remotos, pues encontramos indicios de su presencia a principios de la era de los Tudors. El más antiguo remo de plata existente data de la época de los Cinco Puertos. El que pertenece al ducado de Cornualles ha sido propiedad de Dartmouth, designando la jurisdicción de las aguas de Dartmouth. De manera general, todos los puertos importantes de Inglaterra tenían su remo de plata.

También poseen remos de plata otras partes del Imperio Británico, por ejemplo las Bermudas, la Colonia del Cabo, y Sidney. El que correspondía a Irlanda, fue robado en 1842 al mariscal suplente en el momento en que ejercía sus funciones en el Oeste de la isla, y nunca ha sido recuperado.

Durante todas las ejecuciones de piratas, el cortejo que les acompañaba al cadalso, era encabezado por el mariscal, que caminaba a pie o a caballo, llevando el remo de plata sobre el hombro.