Luego que se declara abierta la sesión, la Secretaría da lectura a una moción del licenciado Díaz Soto y Gama, en la que pide que se suspenda la sesión previa, para tratar desde luego asuntos interesantes. La Asamblea da su aprobación. El secretario lee una comunicación del Encargado del Despacho de la Secretaría de Guerra y Marina, en la que solicita que la Convención dictamine sobre las pensiones a viudas y huérfanos de los revolucionarios muertos en campaña. Pasa a la Comisión de Peticiones.
El general J. A. Díaz envía al vicepresidente de la Asamblea los planos de los terrenos que pueden ser repartidos, y el padrón de los que tienen derecho al reparto, en los pueblos de San Martín.
La Secretaría lee un dictamen que en su parte resolutiva dice:
que se autorice al Ejecutivo para que por los conductos legales suministre a los deudos de los que perdieron la vida en defensa de la Revolución, la mitad de los haberes que corresponderían a los desaparecidos. El secretario pregunta, después de poner el acuerdo a discusión, si es aprobado; mas el delegado Mancilla le interrumpe, diciendo que le informen si ya no está en vigor un decreto, por el cual se asigna a las familias de los que han perecido, la cantidad de dos meses de haberes. La Asamblea, en votación nominal, manifiesta su aprobación. Se da lectura a otra iniciativa referente a la organización del Ejército, y que insinúa el establecimiento del servicio militar obligatorio, así como la creación de fábricas, donde se hagan los equipos militares, para evitar los abusos de los contratistas, y para emplear en ese trabajo a los huérfanos de los soldados. Pasa a la Comisión de Guerra, e imprímase. LA CUESTION ECONOMICA En seguida se pone a discusión el dictamen, cuyos artículos son: I. Ordénese al Ejecutivo que inmediatamente, y por todos los medios que estén a su alcance, adquiera cereales y artículos de primera necesidad, para expenderlos a los menesterosos a precios módicos. II. El Ejecutivo deberá invertir quinientos mil pesos antes de cinco días en la compra de esos víveres, y con cargo al acuerdo que autorizó el gasto de cinco millones para ese objeto. III. Dígase al H. Ayuntamiento, que, de acuerdo con la Cámara de Comercio, fije semanariamente el precio de dichos artículos, a fin de evitar los abusos de los comerciantes. IV. Comuníquese al Gobierno del Distrito, para que dicte las órdenes necesarias, a fin de que los acaparadores no continúen explotando, y nombre inspectores que vigilen eficazmente. V. Prohíbase a los jefes militares que se dediquen a negocios de esta índole, recordándoles que su misión es únicamente la de impartir garantías. Firman el dictamen los delegados Fierro y Liñeiro; éste advierte que no está conforme con que el dictamen sea rendido sólo por la Comisión de que forma parte, puesto que en algunos artículos deben tener participación la Comisión de Gobernación. Hay un instante de desorden. El delegado Piña se levanta y dice que no está el dictamen firmado por la mayoría de la Comisión. Sostiene que Liñeiro tiene razón, y la Secretaría afirma que el dictamen está debidamente firmado, puesto que lleva las firmas de dos miembros de la Comisión de Hacienda y, por lo mismo, hay mayoría. Habla el delegado Samper, y el delegado Cervantes hace una breve explicación. Liñeiro quiere retirar su firma, pero no se le permite, y entonces dice que sostiene su criterio. Puesto a discusión en lo general, el delegado Treviño pide la palabra, en contra. Dice que no está en contra de la idea del dictamen; sólo hace oposición a su forma. Sé -y lo puedo probar- que el Gobierno del Distrito, lejos de cumplir con su obligación, lucra con la miseria del pueblo. (Aplausos) El señor Jurado, pariente del licenciado Díaz Soto y Gama, abusa de su posición. La miseria cesará, señores delegados, cuando cesen de lucrar los revolucionarios de última hora con la miseria del pueblo. Yo soy inspector ad honorem de los Ferrocarriles, y sé que éstos son facilitados para negocios de lucro. Se vende el servicio de transportes a quien menoscaba los intereses del proletariado. Yo no me opongo a que se apruebe el acuerdo, porque entraña una medida que remedia las necesidades presentes. Pero aseguro que más que los acaparadores, tienen la culpa de la situación actual, los jefes que sin conciencia abusan de los cargos que se les han confiado. Para que hallemos el remedio del mal, debemos empezar por atacarlo en nuestra casa. Demos garantías a los comerciantes, y bajará el precio de los artículos. (Aplausos nutridos) Habla el licenciado Díaz Soto y Gama, y dice que su preopinante, por defender a los acaparadores, ataca al secretario de Gobierno, que es pariente suyo, y de una
honradez que el delegado Treviño ya quisiera para los días de fiesta. Agrega, que si se trata de un ataque para él, que lo tiene sin cuidado, y después de unas palabras relativas a los acaparadores, ataca al Ejecutivo, amigo -según expresa- de los burgueses, y reaccionario de última hora. Oye en el curso de su peroración, aplausos y siseos. Entonces, desde su curul, el delegado Treviño exclama: Empeño mi honor, de que el lunes demostraré a la Asamblea que el secretario del Gobierno del Distrito, ha robado ... (aplausos y bravos en las galerías) y en cambio, desafío al licenciado Soto y Gama a que me eche en cara el acto más insignificante en contra de mi honradez. (Aplausos y bravos de tribunas y galerías) El delegado Piña cree preferible y más eficaz el que se dicten medidas enérgicas para que los jefecillos que abusan no impongan alcabalas a los comerciantes, que deben gozar de amplias garantías. Sé que el Ejecutivo ha dictado órdenes para que se transporten cereales a esta capital, así como carbón y otros artículos; y por influencia de personas que pueden mucho, no se ha hecho caso del Ejecutivo, porque están lucrando algunos escandalosamente. Manifiesta que los mismos comités de socorros tropiezan con dificultades, y que han pedido a una de estas agrupaciones hasta quinientos y setecientos pesos por cada furgón. LA ACCION DEL EJECUTIVO Lo que hacen estos individuos es criminal. Y si no remediamos primero este mal, es inútil que el Ejecutivo vaya a gastar los millones que pide el dictamen. Cuenta que en los alrededores y en la misma ciudad, hay almacenado frijol, maíz, y otros efectos, pero que sus propietarios sellan los sitios donde guardan tal mercancía, porque si no tienen garantías ... tienen derecho a proceder de esa manera. (Aplausos) Además -agrega- sólo nos ocupamos del presente, sin que tengamos nunca en cuenta el porvenir, que será una ruina, si seguimos desatendiéndonos de prevenir el hambre que nos amenaza. Es necesario dar garantías a los que cultivan la tierra, a los industriales y los comerciantes: si en el Norte no hay miseria, es porque allá nos hemos ocupado de dar facilidades a los trabajadores. (Aplausos) El delegado Lecona dice que se han venido lanzando cargos contra los soldados del Sur, al referirse a los comerciantes de artículos de primera necesidad; pero que va a decir, lo que como empleado del Cuartel General ha visto. La primera causa (la de los surianos) es consecuencia de la segunda (la de los acaparadores), porque sucede lo siguiente: yo doy muchos salvoconductos para que puedan introducir mercancías, pero los interesados le agregan notas de también para pulque, etc., etc., y como las notas no llevan el sello, los soldados que hacen la vigilancia, me envian a los que de ese modo abusan, y les recogen las mercancías, que en el Cuartel General son vendidas a muy bajos precios. Esto lo puedo demostrar a quien lo solicite. Termina diciendo que por los salvoconductos que expide, ha hecho el cálculo de que diariamente entran de 300 a 200 cargas, con lo que si no existieran los abusos de los acaparadores, la situación no sería tan aflictiva. Por lo mismo deben dictarse medidas enérgicas contra los agiotistas que son los causantes principales de este estado de encarecimiento. (Aplausos) Piña tiene razón, dice el delegado Fierro, al asentar que la escasez de víveres es producida en parte por la falta de garantías a los introductores, citando algunos casos, y después de objetar que no obstante las medidas tomadas por la Comandancia Militar de la Plaza, a fin de reprimir ciertos abusos, no se ha podido obtener un resultado eficaz, propone se autorice a dicha Comandancia para que tras de un juicio sumarísimo sean pasados por las armas aquellos militares que obren arbitrariamente. Para impugnar el dictamen, el delegado Casta pide la palabra. Asienta que el resultado de tantas discusiones sólo ha venido a probar que el dictamen a debate no soluciona el problema como lo quiso hacer con sólo una plumada el señor Lic. Soto y Gama; que lo que se pretende es formular nuevos cargos contra el Ejecutivo, a quien tanto se constriñe en su esfera de acción, que no tiene siquiera la libertad que le corresponde a un simple Presidente Municipal, y está subordinado hasta a un coronel de última hora. (Las galerias prorrumpen en aplausos frenéticos y se oyen algunos bravos) Yo quisiera, continúa, que los señores que gustan de hacerle tantos cargos, tuvieran el valor civil suficiente de pedirle su renuncia. (Nueva estruendosa ovación) Dice a continuación que para resolver tan importante como trascendental problema, deben de combinarse las acciones del Gobierno del Distrito, del Ejército y de la Secretaria de Hácienda; el pnmero dictando las medidas necesarias para evitar el acaparamiento; el segundo, impartiendo garantías, y la tercera, interviniendo en la inversión de aquellas cantidades cuyo gasto se autorice para la adquisición de artículos de primera necesidad. UNA COMPARACION DE PRESUPUESTOS El delegado Soto y Gama habla a continuación. Nunca hubiera creído, dice, que el espíritu de defender al Ejecutivo llegara hasta el extremo de tomarse como mala una proposición benéfica y patriótica. En cuanto a la declaración chistosa del señor Casta, de que el Ejecutivo no tiene ni siquiera las facultades de un Presidente Municipal, le voy a contestar leyendo el presupuesto de egresos de la última decena. (Fuertes siseos que parten de las tribunas, impiden que se escuchen las frases subsecuentes) Después de dar lectura al presupuesto, establece una comparación entre los gastos que originaba el Estado Mayor de Díaz (veinticuatro mil y tantos pesos al año) y los que origina el del muy demócrata y muy revolucionario Presidente actual (veintitrés mil y tantos decenales). (El orador termina en medio de los aplausos de las curules de la Delegación suriana, y los siseos crecientes de las galerías) Tercia luego en el debate el delegado Herrera, quien extrañándose de que en Cuernavaca todos los delegados estuvieran de acuerdo al votar la emisión de veinticinco millones de pesos, en que de ellos se tomaran Cinco para emplearlos en viveres, no lo estén ahora. PIDEN LA PENA DE MUERTE Acto continuo, la Secretaría da lectura a una proposición que firman los ciudadanoa delegados Héctor Fierro, Francisco Velázquez y Carlos M. Samper, relativa a que sean fusilados aquellos militares o civiles que se incauten mercancías, o que cobren gabelas para permitir su paso. Por respeto al Reglamento y al sentido común, pido que no se tome en cuenta esa moción, dice desde su asiento el señor Soto y Gama, y continúa el debate del dictamen. Va a la tribuna el delegado Treviño, Carlos, y dice que es asombroso que el señor Soto y Gama, que siempre ha sido rehacio para los viejos moldes, invoque ahora el Reglamento. Entra después en consideraciones sobre el arduo problema cuya solución se busca; defiende al Ejecutivo de los cargos que se le hacen, y al terminar su discurso, el delegado Cervantes manifiesta a la Asamblea que el ciudadano Soto y Gama tiene razón, y ruega a los proponentes retiren su moción. Se concede la palabra al general Montaño, quien excita a la Asamblea a prescindir de todo lo que no signifique algo en beneficio del pueblo. (Las galerías aplauden) En apoyo de la proposición de los ciudadanos Fierro, Samper y Velázquez, habla en seguida el ciudadano Castellanos, en cuyo concepto, los firmantes de la proposición se han dado cuenta exacta de la verdadera causa en que radica la carestía de los artículos. Dice que no es producida por la escasez precisamente, sino por los crecidos gastos que tienen que erogar los comerciantes en el pago de gabelas. Con la imposición de la pena de muerte, dice, para terminar, ya veremos que bajan los precios de los artículos antes de una semana. El delegado Soto y Gama pretende interpelar a la Presidencia, y se arma un alboroto en que hay siseos, murmullos, golpes de mesa, etc.; se hace escuchar al fin, y pregunta al vicepresidente Mesa y Salinas si la Mesa considera que la moción que se discute sea suspensiva. Contestando que no, pide a la Presidencia que haga cumplir el Reglamento. Llueven aclaraciones, y, por fin, la Secretaría pregunta a la Asamblea si toma en consideración la moción de Samper, Fierro y Velázquez. Se contesta que no, y las curules del Sur prorrumpen en largo aplauso. El delegado Casta presenta otra moción en el sentido de que se pregunte a los ciudadanos delegados, si consideran la proposición que tiene presentada, relativa a que las Comisiones de Hacienda, Guerra y Gobernación, formulen un dictamen que resuelva tan intrincado problema. Replica Méndez: Lamenta que se haya perdido tanto tiempo, y tras de largas consideraciones, expresa que los causantes de la situación actual, son los acaparadores. Preguntada la Asamblea si toma en cuenta la proposición de Casta, resulta rechazada. El delegado Piña expresa que la única manera de conjurar el peligro del hambre, es dando garantías a los introductores de víveres; que la carestía de artículos no proviene de la escasez, pues sabe que a los alrededores de la capital hay gran cantidad de grano almacenado, aunque sabe también que es de extranjeros. ¿Y eso qué nos importa? -dice Méndez. Piña A continuación, se pone a discusión el dictamen presentado por la Comisión respectiva, y cuyo primer inciso dice: Ordénese al Ejecutivo que inmediatamente y por todos los medios que se hallen a su alcance, adquiera, en donde los encuentre, articulos de primera necesidad, para expenderlos a precio equitativo a los habitantes del Distrito Federal. Toma la palabra en pro el delegado Ortiz, que, en medio de los siseos de las galerías, va a la tribuna. Considera que la causa de la actual situación no es otra que la labor de los acaparadores, y no la falta de dinero que invocan los delegados del contra. En seguida, y a solicitud del delegado Cervantes, se da lectura a la proposición que presentó en la sesión anterior, y que se contrae, entre otras cosas tendentes, a solucionar el problema de la carestía, a que se nombren servicios de retenes en las garitas para evitar los abusos, prebostes que vigilen las casas comerciales para que no alteren los precios, y facultades que se concedan a la Comandancia Militar para que. tras de un juicio sumarísimo, imponga pena de muerte a los autores de robos de mercancías. Impugnando el dictamen y la proposición que se discuten, el delegado Treviño hace la historia de los veinticinco millones de pesos cuya emisión se acordó en Cuernavaca; añade que, en su concepto, lo que se propone, lejos de solucionar el problema, tiende únicamente a obstruccionar las labores del Ejecutivo, para lanzar después nuevos cargos en su contra, y que ese deseo de obstruccionarlo no obedece a otra causa que a la del resquemor que sienten algunos delegados por el caso Palafox, y que se hacen esta reflexión: si cayó aquél, que caiga éste. Castellanos, para un hecho, y dice: El delegado Ortiz, como representante de Palafox, ha dicho que el Ejecutivo vuelva a ocupar su sitio en esta Asamblea. Esto nos demuestra la tendencia de los cargos que continuamente se le hacen. El delegado Marines Valero excita a los señores delegados a prescindir de todas esas manifestaciones, considerando que es llegado el momento de salvar al partido convencionista. LOS ACAPARADORES BURLAN LA ACCION DE LAS AUTORIDADES El delegado Soto y Gama habla después. Dice que ya está hastiado de tantas alusiones personales; que en puras aclaraciones y simples incidentes se está perdiendo el tiempo; que con todo lo dicho no se ha resuelto nada, pues nadie aduce razones; que el único discurso razonado y concienzudo que resuelve la cuestión, es el del delegado Cervantes, en cuyo gran fondo y forma llena las exigencias del criterio socialista y económico. Señala a los acaparadores como los únicos y verdaderos causantes de la carestía de víveres, que, valiéndose de subterfugios como el de sellar sus casas, acudiendo a algún cónsul extranjero, burlan la acción de las autoridades. Expresa que está conforme en que se apliquen severos castigos a los militares que cometan abusos, pero que esto no trae la solución del problema, que se resolverá con aquellas medidas y con los correctivos que se impongan a los acaparadores. La Secretaría pregunta si el dictamen se aprueba en lo general. Se aprueba. Se pone a discusión, en lo particular, y principian los debates con el inciso primero. El delegado Nieto lo impugna, manifestando que es impracticable. QUE LA ASAMBLEA SE DECLARE EN SESION PERMANENTE Se da lectura en seguida a una proposición del delegado Cervantes, pidiendo que la Asamblea se declare en sesión permanente hasta dejar resuelta la cuestión. En seguida se interroga a la Asamblea, sobre si está conforme con la proposición de Cervantes, de que se declare sesión permanente. Un aplauso ruidoso responde de manera afirmativa, y, a continuación el secretario Casta solicita el asentimiento de la Asamblea, para que se retire el vicepresidente Salinas, por encontrarse enfermo. Se opina sobre quién deba substituirlo, y algunos delegados del Norte, dicen que, en ese caso, mejor que se suspenda la sesión. El Sur se opone; ocupa la presidencia el primer secretario Nieto; varios delegados abandonan la sala; Piña se muestra inconforme con el trámite, considerándolo, como una imposición de Soto y Gama, y dice que se retirará si se acepta; el Sur se ríe y lo aplaude; Piña abandona el salón en compañía de otro delegado. Se pasa lista, y hallándose presentes cincuenta y cuatro delegados únicamente, se da por terminada la sesión, a las ocho y veinte minutos de la noche. En la sesión del sábado, se dio lectura a la siguiente iniciativa: En vista de que en la época porfiriana fue creada una institución denominada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el fin de atender a la educación de las masas: Considerando I. Que en la misma época fue instituida otra titulada Universidad Nacional; Artículo 1° Se declaran independientes el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la Universidad existente a la fecha y las que en lo sucesivo se fundaren, en cuanto a la parte técnica y directiva, quedando sujetas al Ministerio, sólo en lo que respecta a su administración. Artículo 2° El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes tendrá su esfera de acción en las escuelas primarias generales y especiales, en la Preparatoria General, en las Normales, en las de Artes y Oficios, en la Academia de Bellas Artes y Conservatorio Nacional de Música, en las de Comercio y Administración y en las Escuelas Granjas, que se establezcan. Artículo 3° La Universidad se entenderá con las Escuelas Preparatorias Especiales y con las Profesionales, inclusa la de Altos Estudios. Artículo 4° Se establecerán escuelas primarias, bajo cualquier denominación que sea, en todos los pueblos y rancherias que tengan una población de doscientos cincuenta habitantes o más. Artículo 5° Se establecerán en toda la República, de preferencia en las capitales, escuelas normales y escuelas especiales y en número que pueda sostener el Erario, a fin de formar profesores competentes y especializar a los alumnos seleccionados en todas las escuelas del país. Artículo 6° La dirección de los planteles educativos, así como las plazas que desempeñe el personal docente de las escuelas especiales, serán conferidas a personas que triunfen en la prueba de rigurosa oposición. Artículo 7° El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, será elegido entre los pedagogos de mayor reputación en el país, siempre que sea de ideas avanzadas y revolucionario de convicción. Artículo 8° La alta dirección de la educación pública en la República, queda encomendada a un Consejo de Educación, que será presidido por el Ministro del ramo. Una ley determinará las condiciones que se requieren para ser miembro del Consejo de Educación. Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
¿Nos vamos a convertir ahora en una Alemania, desafiando a todo el mundo? ¿Se quiere continuar esta anarquía no más porque al Lic. Soto y Gama se le ocurre que esta situación es ideal? Si el Sr. Soto y Gama se ha ocupado aparentemente de este asunto, entiéndase bien que es por que ha encontrado un pretexto para atacar al Ejecutivo. Yo no tengo candados en los labios para decir la verdad, dice, dirigiéndose al delegado suriano. (De las curules del Sur parten risas y voces que le dicen: no se exalte, no se exalte; las galerías aplauden a rabiar; suena la campanilla varias veces y los puños se descargan encima de los pupitres)
Considerando II. Que ambas instituciones no han reportado mayores ventajas a la Nación, y sí han sido motivo de muchos derroches, ya por la mala fe de los que han estado al frente de ellas, ya porque la primera ha sido regenteada por secretarios ignorantes de todo punto en materia de pedagogía práctica;
Considerando III. Que hasta la fecha ambas instituciones se han invadido recíprocamente sus atribuciones, quizá debido a que no han interpretado debidamente sus papeles, y
Considerando IV. Que para llevar a feliz término los ideales que persigue la Revolución, se hace necesaria la reglamentación de todos los planteles educativos y el fomento de la educación en toda la nación mexicana, a fin de formar el alma nacional;
Proponemos para su deliberación a esta Honorable Convención:
México, mayo 6 de 1915.
Máximo Mejía.
A. M. Arellano.Índice de Crónicas y debates de la Soberana Convención Revolucionaria Recopilación de Florencio Barrera Fuentes Sesión del 14 de mayo de 1915
Sesión del 17 de mayo de 1915 Biblioteca Virtual Antorcha