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Capítulo X
La octava elección de Díaz por unanimidad
Con objeto de que el lector pueda apreciar por completo el hecho de que el reinado político del terror establecido por Díaz hace 34 años continúa en auge hasta el día de hoy, se dedica este capítulo a relatar la llamada campaña presidencial que terminó el 26 de junio de 1910, con la octava elección por unanimidad del presidente Díaz.
Con el fin de que la autenticidad de este relato quede fuera de duda, se ha excluido toda información que haya llegado por medio de rumores, chismes, cartas y noticias personales ..., todo, excepto lo publicado en la prensa como noticias corrientes. En muy pocos casos, sin embargo, la prensa es opuesta al régimen del general Díaz; casi toda lo favorece. Por lo tanto, si hay errores en sus noticias, se puede suponer que la verdad se ha escatimado más que exagerado. Se puede asegurar también que como las noticias se han tomado de los periódicos que se publican en México, donde están bajo la censura policíaca, habrán ocurrido otros muchos incidentes similares o peores que no se ha permitido que aparezcan en letra de imprenta.
Antes de anotar tales datos permítasenos insistir una vez más en el hecho de que el presidente Díaz se ha mantenido a la cabeza del gobierno mexicano por más de una generación. A fines de 1876, hace cerca de 34 años, encabezó una revolución personalista y condujo un ejército hasta la ciudad de México, en donde se proclamó presidente provisional. Poco después, convocó a unas llamadas elecciones y anunció que el pueblo lo había elegido como presidente Constitucional, por unanimidad. En 1880 cedió el gobierno a su amigo, Manuel González, quien fue elegido por unanimidad. González reinstaló a Díaz en 1884, después de una tercera votación unánime. Después de 1884, Díaz fue reelegido por unanimidad cada 4 años durante 20, hasta 1904, en que el periodo presidencial se alargó a 6 años, y por séptima vez fue elegido por unanimidad. Finalmente, el 10 de julio de 1910, Díaz resultó elegido presidente de México por octava vez.
La campaña presidencial mexicana que acaba de terminar, si se puede llamar así, se inició de hecho desde marzo de 1908. En esa fecha, a través de James Creelman y del Pearson´s Magazine, el presidente anunció al mundo: 1) que por ningún motivo consentiría en aceptar un nuevo periodo; y 2) que le agradaría transferir personalmente el poder gubernamental a una organización democrática. Según el señor Creelman, sus palabras fueron éstas:
No importa lo que digan mis amigos y simpatizadores; me retiraré cuando el presente periodo termine y no volveré a ocupar el puesto otra vez. Para entonces tendré 80 años.
He esperado con paciencia el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para elegir y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin perturbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado.
Será bienvenido un partido de oposición en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición y no un mal. Y si puede desarrollar su poder no para explotar sino para gobernar, estaré a su lado, lo apoyaré, le ofreceré mis consejos y me olvidaré de mí mismo al iniciarse con éxito en el país un gobierno democrático por completo.
La entrevista fue reproducida por casi todos los periódicos de México y causó profunda sensación. No es exagerado decir que todo el país, fuera de los círculos oficiales, se entusiasmó con la noticia. La nación le tomó la palabra al general Díaz, e inmediatamente comenzó una viva pero comedida discusión, no sólo sobre los varios posibles candidatos a la presidencia, sino también sobre incontables asuntos relativos al gobierno popular. Se escribieron libros y folletos sugiriendo a Díaz que se inmortalizara como un segundo Washington y cediera el gobierno a su pueblo, cuando podía muy fácilmente retener el poder supremo hasta su muerte.
Pero en lo más acalorado de la discusión se corrió con reserva la voz de que no era definitiva la promesa del presidente de retirarse al final del periodo. Para demostrar cuán completamente el gobierno tenía controlada la libertad de palabra y de prensa, hasta el hecho de que, al hacerse el anuncio anterior, de inmediato dejó de discutirse sobre los posibles candidatos presidenciales para 1910.
Díaz estaba tan perfectamente atrincherado en el poder que parecía casi inútil oponerse a él de modo directo; pero el pueblo recordaba la otra declaración formulada por el presidente y de la cual éste no se había retractado todavía; es decir, que sería bienvenido un movimiento de oposición. La declaración de que apoyaría un movimiento en este sentido parecía una paradoja, de modo que los hombres inteligentes del elemento progresista se unieron para proyectar un movimiento que, sin estar en oposición directa contra Díaz, pudiera abrir a la vez una brecha hacia la democracia.
El plan consistió en recomendar al presidente Díaz retener su puesto y al mismo tiempo, pedirle que permitiera al país elegir con libertad un vicepresidente, para que en caso de que falleciera durante el próximo periodo, el sucesor pudiera estar más de acuerdo con los deseos y ambiciones del pueblo.
El silencio con que el presidente Díaz recibió la publicación de este plan se tomó como consentimiento; en consecuencia, empezó extensa agitación; se organizaron clubes, hubo discusiones públicas y debates en los periódicos, todo lo cual podía muy bien tomarse como prueba de que el presidente tenía razón cuando declaraba que el pueblo mexicano estaba, por fin, preparado para gozar de las bendiciones de una verdadera República.
Según el señor Barrón, en una entrevista publicada en el New York World, en poco tiempo se habían organizado no menos de 500 clubes, los cuales, en enero de 1909, celebraron una convención en la capital, formaron un organismo central conocido como Club Central Democrático, eligieron funcionarios y adoptaron una plataforma, cuyos principales puntos eran los siguientes:
l. Abolición de los jefes políticos y transferencia de las facultades de éstos a las juntas municipales.
2. Ampliación de la educación primaria.
3. Promulgación de leyes electorales que establecieran el ejercicio del sufragio sobre una base mixta de educación y posesión de bienes.
4. Mayor libertad de prensa.
5. Cumplimiento más estricto de las Leyes de Reforma.
6. Mayor respeto para la vida y la libertad humanas y una administración de justicia más efectiva.
7. Legislación que permitiera a los obreros percibir indemnización económica de sus patrones en caso de accidentes de trabajo, y que capacitara al público para entablar demadas contra las compañías de transportes y otras sociedades de servicio, también por accidentes.
8. Leyes agrarias para impulsar la agricultura.
Los funcionarios elegidos para encabezar el nuevo partido fueron cuatro brillantes y jóvenes diputados: Benito Juárez hijo, presidente; Manuel Calero, vicepresidente; Diódoro Batalla, secretario; Jesús Urueta, tesorero.
El 2 de abril se efectuó la convención del Club Reeleccionista -organismo compuesto en su totalidad por funcionarios del gobierno, designados por Díaz-, y postuló la reelección del general Díaz y la de su vicepresidente, Ramón Corral. Poco después, de acuerdo con su plan original, el Partido Demócrata propuso también la reelección del presidente Díaz, pero nombró candidato para vicepresidente al general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León.
Véase cuál era la situación general. Existía un partido compuesto por elementos de los más cultos, más inteligentes y más progresistas del país. Su programa demuestra que sus demandas eran moderadas en exceso; había nacido bajo la promesa pública del general Díaz de que permitiría su funcionamiento; para asegurar su existencia y ponerse a salvo de la persecución, el partido había colocado al general Díaz a la cabeza de su planilla. Por último, la campaña que inició fue muy atemperada y respetuosa; no hubo llamado a las armas; no hubo conato de rebelión o revolución en ninguna forma; las críticas de las instituciones existentes se expusieron con estudiado cuidado y calma; además, el general Díaz era elogiado y se pedía al pueblo que votase por él; pero ... con el general Reyes como vicepresidente.
No pasó mucho tiempo sin que resaltara el hecho de que en caso de haber elección, Reyes triunfaría sobre Corral por una gran mayoría. Antiguos enemigos de Reyes se pronunciaron en su favor, no porque lo quisieran, sino porque el movimiento que lo apoyaba ofrecía una promesa de que México podría autogobernarse en alguna medida. Tan pronto como la popularidad del Partido Demócrata se hizo evidente, el general Díaz actuó para destruirlo, a pesar del orden que prevalecía en sus asambleas, a pesar de la moderación de sus periódicos, a pesar de que se observaran las leyes con escrupulosidad, a pesar de que Díaz había prometido darle apoyo y consejo como partido de oposición.
El primer movimiento abierto de Díaz contra el Partido Demócrata consistió en cortar en flor la propaganda en favor de Reyes, que había comenzado en el ejército; relegó en remotas partes del país a una docena de oficiales que habían manifestado simpatías por la candidatura de Reyes.
Esta acción de Díaz se ha defendido sobre la base de que tenía perfecto derecho a prohibir a los miembros del ejército funciones políticas; pero el presidente del Club Reeleccionista también era oficial del ejército y gran cantidad de militares se dedicaban abierta y activamente a la campaña en favor de Corral. Así, pues, parece que se procedió contra los militares reyistas porque apoyaban a Reyes más que por ser militares.
El Cap. Rubén Morales, uno de los oficiales castigados, había aceptado la vicepresidencia de un club reyista y se le ordenó renunciar al club o renunciar al ejército. Pidió su baja, pero ésta no le fue aceptada y se le envió al territorio de Quintana Roo. De los oficiales afectados, ocho fueron enviados a Sonora en campaña contra los indios yaquis.
La relegación de los militares ocurrió a fines de mayo; poco después del incidente se procedió contra algunos dirigentes demócratas que ocupaban puestos en el gobierno. Los diputados Urueta y Lerdo de Tejada, hijo, y el senador José López Portillo, fueron de los primeros a quienes se privó de sus puestos.
Los estudiantes de las escuelas nacionales de jurisprudencia, minería, medicina y preparatoria de la ciudad de México fueron alentados para que formasen un club en favor de la candidatura de Corral; pero cuando los estudiantes de las escuelas de leyes y medicina del Estado de Jalisco formaron un club para apoyar la candidatura de Reyes, el gobierno les ordenó abandonar sus actividades políticas o dejar las escuelas. Ellos designaron una comisión para pedir a Díaz juego limpio, pero éste no les hizo caso y renovó la amenaza de expulsión, con el resultado de que fueron expulsados tantos estudiantes de las escuelas de Jalisco, que éstas tuvieron que cerrar por falta de alumnos.
En julio, un comité reeleccionista de la Ciudad de México efectuó un mitin en favor de Corral en el Teatro Degollado de Guadalajara, capital de Jalisco con un auditorio compuesto, en gran parte, por estudiantes demócratas que sisearon a uno de los oradores; en vista de ello, algunas patrullas de policía que estaban preparadas recibieron órdenes de que hicieran desalojar el edificio y la plaza. Esto se cumplió a la manera mexicana; con sables, cachiporras y pistolas. Las cifras de muertos, heridos y encarcelados no fueron dadas a conocer por las autoridades; pero todas las noticias de los periódicos de aquel tiempo convienen en que hubo muertos y heridos, así como encarcelados. Los cálculos más altos mencionaban 12 muertos, 35 gravemente heridos y mil detenidos. Después de tales sucesos, Guadalajara se llenó de tropas federales y del Estado; se llamó rápidamente de Quintana Roo al general Ignacio Bravo, conocido como el más despiadado jefe en todo el ejército mexicano, para reemplazar de modo temporal al jefe de la zona militar; como resultado, toda expresión política de los demócratas fue ahogada con mano de hierro.
Entre los jefes prominentes del movimiento democrático en Guadalajara que sufrieron persecuciones en esa época figuraba Ambrosio Ulloa, ingeniero y abogado, fundador de una escuela de ingenieros y director de la compañía harinera La Corona. Era presidente del club reyista de Guadalajara. Surgió la teoría de que el club, en cierto modo, había sido responsable del llamado desorden estudiantil, y una semana después de los acontecimientos, Ulloa fue enviado a la cárcel y encerrado bajo el cargo de sedición.
Durante la represión del movimiento estudiantil de Guadalajara, se habló por lo menos de un caso de ley fuga aplicada en esa ciudad. La víctima fue Guillermo de la Peña, antiguo estudiante del Christian Brother´s College de Saint Louis, Mo., Estados Unidos, y también de la Universidad del Estado de Ohio, de ese país. Los periódicos de Saint Louis informaron sobre el caso, y la noticia fue divulgada por medio de la Associated Press. El relato decía en parte:
Estaba (Peña) en su casa de campo cuando un oficial de rurales lo invitó a que lo acompañase. Montó en su caballo y salió con él. Al día siguiente, unos sirvientes encontraron su cadáver acribillado a balazos.
El 7 de septiembre, el diputado Heriberto Barrón, quien había criticado moderadamente a Díaz en una carta abierta, huyó del país y fijó su residencia en Nueva York. Un periódico mexicano informó que algunos miembros de la policía secreta de Díaz embarcaron por la fuerza a Barrón en un vapor de la Ward Line, en Veracruz, y lo obligaron a salir del país; pero aquél declaró en los periódicos de Nueva York que había huido para no ser detenido. Algunos meses después, suplicó que lo dejasen volver a su hogar; pero se le contestó que tenía que permanecer en el exilio hasta la muerte del presidente de México. La perversidad del crimen de Barrón puede juzgarse por los siguientes párrafos, los más atrevidos de su carta abierta:
En la velada a que he aludido, cuando los oradores pronunciaron su nombre (el de Díaz) fue recibido con unánimes silbidos y señales de desaprobación.
Durante la función ofrecida en el Teatro Principal para ayudar a las vÍctimas de Guerrero, todo el auditorio mantuvo un siniestro silencio a la llegada de usted. El mismo silencio hubo cuando usted se marchó.
Si tuviera usted ocasión, como yo la tengo, de mezclarse con reuniones y grupos de gente de diferentes clases, no todos reyistas, oiría usted, Sr. presidente, expresiones de indignación contra usted que se manifiestan francamente en todas partes.
Dentro de los diez días siguientes, a la deportación de Barrón, un residente extranjero, Frederick Palmer, inglés, fue encarcelado en Belén; se le negó la libertad bajo fianza, estuvo incomunicado por varios días y, al fin, se le sentenció a un mes de prisión: su gran delito fue decir que Díaz había sido ya presidente de México demasiado tiempo.
El 28 de julio, Celso Cortés, vicepresidente del Club Reyista Central de la Ciudad de México, fue detenido en Belén por haber pronunciado un discurso en el club criticando a los miembros del gabinete de Díaz.
Después siguió una larga lista de arrestos de miembros del movimiento demócrata en todo el país. En general, eran acusados de sedición, pero nunca se presentaron pruebas para demostrarla en la forma que la entienden los norteamericanos. En este movimiento no hubo intentos de rebelión armada o de violación de las leyes existentes; todavía no he sabido de ningún caso en que hubiera habido motivo razonable para la detención. A muchos de los arrestados se les mantuvo encerrados durante meses y algunos otros fueron sentenciados a largas condenas. La cantidad de los perseguidos en esta forma es incierta, pues sólo aparecen en la prensa mexicana los casos más notables. Algunos de los que se han publicado son los siguientes:
En agosto fue detenido con otras personas José Ignacio Rebollar, secretario del Club Reyista de Torreón, por concurrir a una serenata que se daba al gobernador del Estado y tratar de hacer prosélitos para la causa de Reyes.
El primero de agosto de 1909, un batallón de rurales interrumpió un mitin de reyistas en Silao y llevó a la cárcel a muchos de ellos.
En noviembre de 1909, Manuel Martínez de Arredondo, rico agricultor, su sobrino Francisco de Arredondo, cuatro abogados -Pedro Reguera, Antonio Juárez, Enrique Recio y Juan Barrera- así como Marcos Valencia, Amado Cárdenas, Francisco Vidal y otros, fueron encarcelados por tratar de efectuar un mitin reyista en Mérida, Yucatán. Varios de ellos estuvieron detenidos por más de seis meses.
En enero de 1910, el abogado Francisco Escobar, miembro de la legislatura del Estado de Campeche, fue detenido por distribuir volantes que anunciaban un mitin de reyistas.
El 7 de diciembre de 1909, José López Portillo Rojas, prominente reyista de la ciudad de México, fue encerrado en Belén por una acusación infundada. Algunos meses más tarde se informó que todavía estaba allí y que iba a ser sentenciado a nueve años de prisión.
El 26 de enero de 1910, algunos demócratas celebraron un mitin en la Alameda de la Ciudad de México, presidido por el doctor Manuel Espinosa de los Monteros, presidente del Club Central Reyista. Don Enrique García de la Cadena y Ancona pronunció un patriótico discurso. La policía disolvió el mitin y aprehendió a García de la Cadena y a Espinosa de los Monteros bajo el cargo de sedición. Cuando estas líneas eran escritas, se anunció que ambos serían enviados a cumplir largas condenas en la colonia penal de las Islas Marías, en el Pacífico.
Durante los meses transcurridos después del intento de presentar un candidato contra el vicepresidente Corral, los demócratas trataron de fortalecer su posición tomando parte en algunas elecciones, estatales y locales; como resultado, hubo muchas aprehensiones y varias matanzas perpetradas por las tropas y por las autoridades locales.
En Petape, Oax., el 254 batallón de regulares disparó sobre un grupo de oposicionistas y mató a varios. Fueron encarcelados 70 de ese grupo.
En Tepames, Col., hubo muchos fusilamientos. Se dice que cuando la cárcel ya estaba llena, las autoridades sacaron a varios de los prisioneros, los obligaron a cavar sus propias tumbas y los fusilaron de manera que cayeran en las zanjas abiertas.
En Tehuitzingo, Pue., en el mes de abril, se anunció que habían sido ejecutados sin formación de causa 16 ciudadanos y que muchos otros habían sido condenados a 20 años de reclusión en la fortaleza de San Juan de Ulúa.
En Mérida, Yuc., se colocaron en las casillas electorales tropas federales y se detuvo gran cantidad de demócratas.
En el Estado de Morelos, en febrero de 1909, los demócratas intentaron elegir como gobernador a Patricio Leyva, oponente de Pablo Escandón, un propietario de esclavos a quien Díaz había designado para ocupar el puesto. Por aceptar la candidatura demócrata, Leyva fue cesado como inspector de riesgos de la Secretaría de Fomento. El presidente y vicepresidente del Club Sufragio Libre de Jojutla y los funcionarios de un club semejante en TIaquiltenango, así como otros muchos, fueron encarcelados acusados de sedición, y se informa que las autoridades han matado a varios. La policía que se hallaba en posesión de las casillas electorales impidió votar a muchos ciudadanos; al final, la elección fue falsificada en favor de Escandón, quien llegó a gobernador.
En julio de 1909 hubo muchas detenciones en El Fuerte, Sinaloa, y el pueblo fue ocupado por los rurales federales. En enero de 1910, 16 hombres que habían sido aprehendidos antes bajo la sospecha de estar confabulados contra el gobernador en Viesca, fueron sentenciados a muerte; la Suprema Corte de México confirmó la sentencia de fusilamiento.
Mientras sucedían tales incidentes, también se manejaba la situación de la prensa. El gobierno compraba o subsidiaba a los periódicos, o los suprimía. Entre 30 ó 40 publicaciones diarias y semanarias que sostenían la causa del Partido Demócrata no se sabe de una sola que no fuera obligada a suspender sus ediciones. A pesar del cuidado que ponían en sus artículos, no se les permitió trabajar; la mayoría de sus directores fueron detenidos y las imprentas incautadas.
El 16 de abril de 1909, Antonio Duch, director de La Tierra, de Mérida, Yuc., fue llevado por la policía secreta mexicana a bordo de un barco, en Veracruz, y obligado a dejar el país acusado de ser un extranjero pernicioso. Su periódico fue suprimido.
En 15 de julio de 1909, Francisco Navarro, director de La Libertad, órgano del Club Demócrata de Guadalajara, fue hecho prisionero por censurar el uso de los sables contra los estudiantes reyistas. Se impidió la publicación del periódico; se clausuró la oficina; se puso en ella a un gendarme de guardia y se anunció oficialmente que si se hacía intento de imprimir el periódico en otro taller, también éste sería clausurado.
El 3 de agosto de 1909, Félix Vera, corresponsal en México de los periódicos demócratas de Guadalajara, fue llevado a la cárcel de Belén, donde permanece actualmente, sin que hasta ahora se haya instruido proceso en su contra.
En octubre de 1909, Manuel M. Oviedo, director de La Hoja Suelta y presidente del Club Antirreeleccionista de Torreón, fue encarcelado y su periódico fue suprimido. Se procedió en su contra por el supuesto delito de abogar por una elección justa en el Estado, después del retiro forzoso del gobernador Cárdenas.
En noviembre de 1909, Martín Stecker, súbdito alemán, director de El Trueno, de Linares, N. L., fue encarcelado bajo el cargo de difamación y se clausuró su periódico. Stecker era sólo un reyista tibio; pero para aprehenderlo, se adujo que Linares era un buen campo para la propaganda periodística y algunos miembros de la maquinaria de Díaz querían tener el privilegio exclusivo de explotarlo. Poco antes de la supresión de El Trueno, el gobernador Reyes había sido desterrado y sus amigos destituidos del gobierno municipal de Linares.
En noviembre de 1909, el gobierno suprimió la Revista de Mérida, en Yucatán, y el director Menéndez y otros escritores fueron encarcelados y acusados de sedición.
Mas o menos en la misma época, se clausuraron otros dos periódicos de Mérida: Yucatán Nuevo, cuyos directores, Fernando M. Estrada y Ramón Peovide, están todavía en la cárcel; y La Defensa Nacional, cuyos directores, Calixto M. Maldonado y César A. González, fueron acusados de provocación a la rebelión. Las pruebas presentadas contra ellos ante el tribunal consistieron en copias de una circular del Club Nacional Antirreeleccionista, que ellos repartían entre sus amigos.
En febrero de 1910, Heriberto Frías, director de El Correo de la Tarde, fue expulsado de Mazatlán porque publicó la noticia de que en las llamadas elecciones de Sinaloa, se permitió que votasen por los candidatos del gobierno a muchachos de 10 y 12 años, mientras que algunos votantes de la oposición, con 40 y 50 años de edad, fueron rechazados con el pretexto de que eran demasiado jóvenes para votar. En octubre de 1909, Alfonso B. Peniche, director de La Redención, de la Ciudad de México, fue detenido por difamar a un empleado oficial de baja categoría. A pesar de su encierro, Peniche logró continuar su publicación por algún tiempo, aunque para hacerlo le fue preciso pasar sus originales a través de las rejas de la prisión. Al poco tiempo de estar en Belén, publicó un artículo para exigir que se investigaran las condiciones imperantes en esa cárcel; denunció que en ella se usaba con los prisioneros un instrumento de tortura llamado la matraca. Esto se tuvo en cuenta, sin duda, para imponer a Peniche un castigo con extrema severidad: después de permanecer cinco meses en Belén, se le sentenció a cuatro años de prisión en la colonia penal de las Islas Marías.
Es indudable que la acusación contra Peniche fue sólo un subterfugio para quitarle de un medio. La historia de su difamación, según México Nuevo, el diario democrático más conservador, era ésta:
En su periódico Redención, ahora suspendido, publicó una declaración firmada por varios comerciantes, donde se formulaban cargos contra un recaudador de contribuciones del Distrito Federal, relacionados con actos cometidos en el cumplimiento de su misión. La Oficina de Impuestos intervino en el asunto y ordenó una investigación; como resultado, los cargos fueron comprobados y el recaudador fue cesado por la Secretaría de Hacienda, con la aprobación del presidente de la República, por no merecer la confianza del gobierno. Además, se le consignó ante el Juez Primero de Distrito para que se investigara el supuesto fraude a la Tesorería; esta investigación se halla ahora pendiente.
Si tal era el caso, había muchas razones para suponer que Peniche, al publicar la acusación, obraba en interés público y no cometía delito alguno; pero se le procesó por difamación, delito aún más grave que la calumnia.
El Diario del Hogar, de la Ciudad de México, viejo y conservador, que ha apoyado la causa de los demócratas, publicó también un relato de la deportación de Peniche, el cual apareció bajo el título de Cuidado periodistas. Las autoridades obligaron inmediatamente a suspenderlo. Fueron encarcelados el propietario, Filomeno Mata, hombre de edad avanzada ya retirado de la vida activa; su hijo, Filomeno Mata, gerente; y el jefe del taller. Un mes más tarde se dijo que padre e hijo todavía se hallaban presos y que el primero se estaba muriendo a causa de los malos tratos recibidos a manos de los carceleros.
Algún tiempo después, en marzo de 1910, el gobierno impuso la suspensión de México Nuevo. Sin embargo, renació más tarde y es el único periódico demócrata que ha sobrevivido a la campaña de Reyes.
Paulino Martínez era uno de los más viejos y mejor conocidos periodistas de México. Sus periódicos fueron los únicos de oposición a la política del gobierno que habían podido capear la tormenta de persecuciones contra la prensa en los últimos años. Durante mucho tiempo -según me dijo el mismo Martínez- sus periódicos La Voz de Juárez y El Insurgente, se mantuvieron con la táctica de evitar siempre el hacer críticas directas contra los altos funcionarios o contra las acciones del general Díaz. Sin embargo, en la campaña contra el movimiento demócrata, estos periódicos tuvieron la suerte, de los demás. Cuando el gobierno inició su acción contra Martínez, este periodista tenía tres semanarios -La Voz de Juárez, El Insurgente y El Chinaco-, y un diario -El Antirreeleccionista-, todos en la Ciudad de Mexico.
El primer golpe cayó sobre La Voz de Juárez que fue suspendido y la imprenta confiscada el 3 de agosto de 1909. Se acusó al semanario de calumniar al ejército. La policía buscó a Martínez, sin encontrarlo. Los empleados inferiores de la imprenta fueron encarcelados y se anunció que ésta se pondría en venta.
El 3 de septiembre, la policía secreta allanó las oficinas de El Insurgente y El Chinaco, y también las de El Paladín, semanario publicado por Ramón Alvarez Soto. Los agentes se apoderaron de las matrices de las tres publicaciones y las llevaron a las oficinas de la policía secreta como pruebas del delito. Fueron detenidos Alvarez Soto, Joaquín Piña -gerente de El Chinaco-, Joaquín Fernando Bustillos, cinco impresores, dos empleados y la señora de Martínez. Después de cinco días, los reporteros y los impresores fueron puestos en libertad; pero a la señora de Martínez y a Enrique Patiño -miembro del personal de El Paladín, quien había sido detenido después-, fueron retenidos bajo el cargo de sedición.
El Antirreeleccionista, último de los periódicos de Martínez, sucumbió el 28 de septiembre. Sus oficinas fueron clausuradas; sus talleres decomisados y sellados por el juzgado; 22 empleados que se hallaban en las oficinas fueron detenidos por sedición. Eran ellos tres directivos del periódico, un reportero, 15 cajistas y tres muchachas encuadernadoras.
No se sabe cuánto tiempo permanecieron en prisión esas 22 personas; pero seis meses más tarde leí la noticia de que por lo menos uno de los colaboradores de Martínez, Félix F. Palavicini, estaba todavía en la cárcel. La señora de Martínez siguió detenida durante varios meses; su esposo logró escapar a los Estados Unidos y cuando ella se le unió; ninguno de los dos tenía un solo centavo. Por cierto, la señora de Martínez había nacido en los Estados Unidos.
Lo más notable de esa represión fue el trato que recibió el candidato del Partido Demócrata, general Bernardo Reyes, gobernador del Estado de Nuevo León. Resulta aún más sorprendente ese trato si se tiene en cuenta que el general Reyes nunca aceptó su postulación y la rechazó en cuatro ocasiones. Además, durante los meses en que llovieron calamidades sobre él y sus amigos, nunca dijo una palabra ni alzó un dedo que pudiera interpretarse como ofensa al presidente Díaz, al Vicepresidente Corral o a cualquiera de los miembros del gobierno de Díaz. El gobierno trató de crear la impresión de que el candidato de los demócratas estaba a punto de iniciar una rebelión armada; pero no existe la menor prueba de ello.
Como candidato, el general Reyes no satisfacía por completo el ideal de los dirigentes del movimiento demócrata, porque no había sido antes, en ninguna forma, campeón de los principios democráticos. Sin duda fue designado -como expresó un órgano del gobierno-, porque se creía que podría dirigir la orquesta, Reyes era una figura con fuerza militar y se requería un personaje así para atraer al pueblo cuyos temores eran grandes. Por esta razón, los jefes demócratas le entregaron su fe e iniciaron la campaña en el supuesto de que Reyes aceptaría su postulación cuando comprobara que el pueblo estaba unánimemente de su parte.<7p>
Los demócratas se equivocaron en esto. Reyes prefirió no dirigir la orquesta. Después de rechazar públicamente cuatro veces su candidatura, se retiró a su residencia campestre y allí esperó a que pasara la tormenta. Se puso fuera de contacto con sus partidarios y con el mundo y no hizo el menor movimiento que pudiera ofender al gobierno.
Y sin embargo, ¿qué le sucedió a Reyes?
Díaz lo depuso como jefe de la zona militar, con sede en Monterrey, y colocó en el mando al general Treviño, enemigo personal de Reyes. El sustituto marchó hacia Nuevo León a la cabeza de un ejército; en su camino se detuvo en Saltillo donde, mediante un despliegue de fuerza, provocó la dimisión del gobernador Cárdenas, de Coahuila, tan sólo porque éste era amigo de Reyes. Después lanzó sus fuerzas contra Monterrey y derrocó al gobierno local así como a las autoridades municipales de todo el Estado. Díaz ordenó que se impusiera una multa de 330 mil dólares a los socios financieros de Reyes con el objeto de aplicarles, también a ellos, un golpe económico aplastante. Treviño sitió a Reyes en su residencia de la montaña y lo obligó a regresar virtualmente prisionero para que presentara su dimisión. Por último, se le envió fuera del país con una supuesta misión militar en Europa, pero en realidad desterrado de su patria por dos años o más, según decidiera el dictador.
Así pereció el reyismo, como los periódicos del gobierno denominaban despectivamente a la oposición. El movimiento democrático se vio desmoralizado por algún tiempo. El gobierno, sin duda, creyó que el final de Reyes significaba el del movimiento democrático.
Pero no fue así. Las ambiciones democráticas del pueblo se habían elevado en tal forma que no podían ser anuladas. En vez de intimidar al pueblo, tanto el destierro de Reyes como los actos de fuerza que lo precedieron, sólo sirvieron para que el pueblo formulara con más energía sus demandas. Del atrevimiento de nombrar candidato sólo para la vicepresidencia, se pasó a designar candidato para la presidencia; el partido que apenas era de oposición se convertía en un verdadero partido de oposición.
Encontró su nuevo jefe en Francisco I. Madero, un distinguido ciudadano de Coahuila, miembro de una de las más antiguas y respetadas familias de México. Los Madero nunca se habían mezclado en la política de Díaz; eran agricultores ricos, bien educados, cultos y progresista. El primer interés notable que demostró Madero por la democracia fue en su libro La sucesión presidencial, que publicó en 1908. Este libro es una bien pensada pero tibia crítica del régimen de Díaz, donde se termina por recomendar al pueblo que insista en el derecho de tomar parte en las elecciones de 1910.
Se dice que el libro de Madero fue retirado de la circulación, pero después de haber sido muy difundido. De este modo, su influencia fue muy grande, sin duda, en el impulso inicial para formar un partido demócrata. Una vez que fue lanzada la candidatura de Reyes, Madero viajó por el país en su propio automóvil para pronunciar discursos en reuniones públicas; no hacía propaganda de esa candidatura, sino que se limitaba principalmente a propagar los elementos del gobierno popular.
La deportación de Reyes no detuvo la campaña oratoria de Madero. Antes que finalizara 1909 se anunció que los clubes demócratas y reyistas se reorganizaban como clubes antirreeleccionistas, y que se efectuaría una convención nacional en la que se organizaría el Partido Antirreeleccionista y se designarían candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República.
La convención se efectuó a mediados de abril de 1910; se designó a Madero como candidato a la presidencia y al Dr. Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Los elementos dispersos de la interrumpida campaña anterior se unieron de nuevo, y Madero, con algunos otros dirigentes de los clubes democráticos que habían salido de la cárcel, siguieron pronunciando discursos con la misma táctica de criticar sólo ligeramente al gobierno y de no alentar alteraciones de la paz.
El resultado fue instantáneo. La nación se encontró de nuevo entusiasmada con la idea de poder ejercer realmente su derecho constitucional al sufragio. Si el movimiento hubiera sido de escasa importancia, se le habría dejado seguir y extinguirse; pero, por el contrario, fue tremendo. En la Ciudad de México, se efectuó una manifestación que ni el mismo Díaz, con todos sus poderes de coerción, habría podido organizar otra igual en su favor. Quienes participaron en ella sabían que se exponían a la persecución, a la ruina y acaso a la muerte; sin embargo, fue tan grande la muchedumbre que los órganos del gobierno se vieron forzados a admitir que esa manifestación había sido un triunfo para los maderistas, como se llamaba a los demócratas.
Antes de la convención y durante ella la prensa de Díaz se burló de Madero, de su programa y de su partido; dijo que eran demasiado insignificantes para tenerlos en cuenta; pero aun antes de que los delegados demócratas regresaran a sus puntos de origen, el movimiento había crecido en proporciones tan grandes, que el gobierno procedió en su contra como había procedido contra los reyistas antes del destierro de Reyes. Todos los miembros de los clubes antirreeleccionistas fueron llevados a la cárcel; los periódicos progresistas que quedaban y que se atrevieron a apoyar la causa democrática fueron suprimidos; se usó el poder de la policía para disolver los clubes, interrumpir las reuniones públicas e impedir las recepciones que se organizaban en honor de los candidatos del partido en sus viajes por el país.
Tan severa fue esta persecución que el abogado Roque Estrada, uno de los más prominentes oradores antirreeleccionistas, dirigió una carta abierta a Díaz, el 21 de mayo, suplicándole que interviniera, para garantizar los derechos constitucionales. Esta carta fue seguida por otra de Madero, concebida en ténninos similares. Al relatar algunos de los ultrajes de que se había hecho víctimas a sus amigos, Estrada decía en parte:
Cuando el delegado de Cananea, Son., regresaba a su casa fue detenido, lo mismo que algunos presidentes de nuestros clubes; en Alamos, Son., fueron arrestados ciudadanos independientes y se martirizó a un periodista y a su familia; en Torreón, en Coahuila, en Monterrey y en Orizaba, los derechos de asociación y reunión han sido violados descaradamente; por último, en la atormentada ciudad de Puebla, inmediatamente después de la visita que los candidatos del pueblo hicieron en los días 14 y 15 del corriente mes, comenzó una época de terror capaz de destruir la reputación de la más sana y sólida administración. En la ciudad de Zaragoza, muchos ciudadanos independientes han sido puestos en prisión, otros han sido consignados al ejército, como en el caso del Sr. Díaz Durán, presidente de un club antirreeleccionista, y otros se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares para escapar a la furia de las autoridades.
Algunos de los ultrajes mencionados en la carta de Madero son los siguientes:
En Coahuila, los funcionarios públicos han prohibido arbitrariamente demostraciones en nuestro honor, impidiendo también la divulgación de nuestros principios. Lo mismo ha sucedido en los Estados de Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí ... En los Estados de Sonora y Puebla las condiciones son graves. En el primero, un periodista, independiente, César del Vando, ha sido encarcelado ... En Cananea, las persecuciones contra los miembros de mi partido son extremadas, y según las últimas noticias recibidas de allí, se ha encarcelado a más de 30 individuos, entre ellos toda la junta directiva del Club Antirreeleccionista de Obreros, tres de los cuales han sido forzados a enlistarse en el ejército.
En Puebla, Atlixco y Tlaxcala, donde se han cometido indecibles abusos contra mis simpatizadores, reina intensa agitación. Las últimas noticias recibidas indican que la situación de las clases trabajadoras es desesperada: que pueden recurrir en cualquier momento a medios violentos para hacer que sus derechos sean respetados.
En junio, mes de las elecciones, las condiciones llegaron a ser mucho peores. Estrada y Madero fueron detenidos en secreto durante la noche del 6 de junio; también en secreto fueron encerrados en la penitenciaria de Monterrey hasta que este hecho comenzó a conocerse y a divulgarse a voces. Entonces se especificaron los cargos contra ellos. A Estrada se le acusó de sedición y a Madero primero de proteger a Estrada para que no fuera detenido, pero poco después se desechó esa acusación para inculparlo de insultos a la nación. Se le trasladó de la penitenciaría de Nuevo León a la penitenciaría de San Luis Potosí y en ésta permaneció incomunicado hasta después de las elecciones.
La campaña presidencial terminó entre una lluvia de informes acerca de las persecuciones del gobierno. Un mensaje digno de crédito, fechado en 9 de junio, decía que al disolver una reunión en Saltillo, poco después de conocerse la detención de Madero, la policía cargó contra la gente e hirió a más de 200 personas. Otro, fechado en 14 de junio, informó que en las ciudades de Torreón, Saltillo y Monterrey, habían sido detenidas más de 100 personas bajo el cargo de insultar al gobierno; que en Ciudad Porfirio Díaz habían sido aprehendidos 47 ciudadanos prominentes en un solo día, y que se había iniciado un gran éxodo de ciudadanos de las plazas fronterizas hacia los Estados Unidos, por temor a ser arrestados. Otro mensaje más, fechado en 21 de junio, señaló que en el norte del país se habían efectuado más de 400 detenciones el día anterior a esa fecha y que se mantendrían incomunicados a más de mil presos políticos hasta después de las elecciones.
En el día de las elecciones había soldados y rurales en cada ciudad, pueblo o ranchería. Algunas casillas electorales se instalaron realmente aquí y allá y se llevó a cabo una farsa de elecciones.
Los soldados vigilaban las casillas y cualquiera que se atreviera a votar por candidatos que no fueran los gubernamentales, sabía que se arriesgaba al encarcelamiento, a la confiscación de sus propiedades y aun a la muerte. Por último, el gobierno cumplió con la formalidad de contar los votos, y a su debido tiempo, se anunció al mundo que el pueblo mexicano había elegido a Díaz y a Corral prácticamente por unanimidad.
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