VENGANZA DE LA COLONIA

Lorenzo de Zavala

CAPÍTULO SEXTO

El señor Salgado en Zamora. Proyectos de coalición. Asamblea legislativa de San Luis Potosí. Iniciativas de ésta contra dos ministros. Otra para la traslación del Congreso general. Milicia cívica del mismo Estado. Apoya a la legislatura. Opinión pública. Cada uno la invoca a su favor. Defección del gobernador Romero. Sitio de Salgado en Zamora. Desampara la plaza. Es hecho prisionero. Movimiento de don J. J. Codallos. Carácter de este jefe. Pronunciamiento suyo en Barrabás. Su plan. Petición de los militares en México para que se disolviese el Congreso. Prisión del diputado Alpuche. Idem del diputado Cerecero y otros. Idem del coronel Valderas. Lazos tendidos al autor de este Ensayo para perderlo. Ataques dados a la imprenta. Don Francisco Tarrazo. Su elogio y muerte. Salida de Don Vicente Guerrero de su hacienda. Nuevas revoluciones. Don G. Armijo. Don Nicolás Bravo. Destinados a perseguir a Guerrero. Causas de la enemistad entre estos dos generales. Preferencia de Victoria sobre ellos. Ataque entre Bravo y Alvarez. Ocupación de Acapulco por las tropas de éste. Don Felipe Codallos. Su misión infructuosa a Yucatán. Reunión de Tabasco a la federación. Asuntos de Hacienda. Exposición de don R. Mangino. Reflexiones. Decreto del Congreso general sobre tejidos ordinarios de algodón. Prohibición a los americanos del Norte para colonizar en Texas. Breve descripción de esta comarca. Leyes de colonización. Reflexiones sobre ellas. Política mezquina de la administración de Bustamante. Medidas que deben adoptarse para colonizar. Providencias tomadas por el ministerio de Hacienda. Estado de la imprenta en aquella época. Breve descripción sacada de El Correo de la Federación de la misma.

La salida violenta del gobernador del Estado de Michoacán don José Salgado de su capital de Morelia, en consecuencia del despojo tumultuario que se intentaba hacerle de su autoridad legítima, fue la señal y el principio de una guerra civil desastrosa, así como lo había sido en 1828 la fuga del gobernador Zavala por la persecución que se intentó contra él. Salgado, como llevo dicho, se dirigió a la ciudad de Zamora, una de las más adictas a su persona y a su partido en el mismo Estado de Michoacán. La intención de Salgado era levantar una fuerza que combinada con la de Romero, de San Luis, pudiese oponerse a los proyectos de la tiranía militar, que amenazaba a la República con el establecimiento de un régimen central, objeto principal del pronunciamiento de Jalapa, según la opinión que entonces se tenía, y se confirmó posteriormente. El gobernador de Michoacán se situó en la ciudad de Zamora con 600 hombres mal armados y desprovisto de recursos, esperando que don Vicente Romero se reuniese con él para comenzar sus operaciones sobre Querétaro y llevar a efecto la coalición que se tenía proyectada entre los Estados occidentales y del Norte. La legislatura de San Luis Potosí había hecho una iniciativa al Congreso general, cuyo contenido era el excitarlo a salir de México, en donde se le consideraba sin libertad para deliberar, y que se trasladase a un lugar en donde no tuviese que temer violencias e insultos a que estaban expuestos los diputados por parte de algunos militares. Pedía además, que los ministros Alamán y Facio fuesen separados del gabinete, respecto a que ninguno los creía de buena fe adictos a las instituciones federales. La milicia cívica del mismo Estado formó una acta que contenía lo mismo, manifestando disposiciones hostiles en el caso de que no se accediese a su demanda, añadiendo que no obedecerían al nuevo gobierno mientras no protegiese las legislaturas y gobernadores despojados tumultuariamente. Ambos partidos, o más bien facciones, alegaban en su favor la opinión pública; pero la que dirigían Alamán y Facio era más osada, estaba mejor organizada, tenía más recursos y la fuerza que nace de esa tendencia aristocrática en la que se respeta más la clasificación de las superioridades, y en la que la conciencia de su poder es el secreto de su unión. Entre los otros existía ese sentimiento de independencia individual, que el temor de perderlo conduce muchas veces al aislamiento, a la insubordinación y a la anarquía. Si se hubiese tratado de decidir la cuestión por votos, la administración de Bustamante hubiera tenido ciento en contra por uno en favor; pero cien soldados armados, organizados y disciplinados hacen huir a mil paisanos.

Las maniobras del ministro Alamán en Guanajuato, en donde tenía un partido considerable, oponían un gran obstáculo entre la comunicación de los dos Estados de San Luis y Michoacán; pero lo que acabó de desconcertar las medidas de Salgado, fue la deserción de Romero, que engañado por las falsas promesas del vicepresidente, reconoció lisa y llanamente el nuevo gobierno, recogiendo por fruto de su defección y debilidad el oprobio de haber sido despojados él y la legislatura, la humillante calificación con que le notaron los de su partido, y el remordimiento de haber faltado, sin siquiera la recompensa que suele darse a los traidores.

Entonces Salgado quedó expuesto solo a los ataques de las tropas del Bajío, que a las órdenes del coronel don Antonio Garcia, y luego a las del general don Gabriel Armijo, fueron destinadas a atacarle. Quince días pudo resistir en Zamora, y la noche del 23 de marzo se vió en la necesidad de abandonar la plaza que ya no podía sostener. Las tropas sitiadoras ocuparon la ciudad, y una partida de caballería destinada a perseguirlo, hizo prisionero a este caudillo que pocos días antes era el supremo magistrado del Estado en que ahora se le destinaba a ser víctima.

Fue conducido a Morelia con el aparato humilde de un criminal. Salgado, reducido a una estrecha prisión y entregado al brazo militar, debía, según la jurisprudencia del nuevo gobierno mexicano, ser juzgado por un consejo ordinario de guerra; pero conforme a la Constitución federal, sus jueces debían ser los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, previa declaración de las cámaras de haber lugar a formación de causa.

Esta había sido la conducta seguida con don Nicolás Bravo y don Miguel Barragán, cogidos con las armas en las manos contra el legítimo presidente de la República don Guadalupe Victoria. No se alegó entonces esta ominosa ley de 27 de septiembre de 1823, dada antes de la Constitución federal contra los facciosos iturbidistas y salteadores de caminos, y ninguno osó pretender que el gobernador de un Estado pudiese tener por jueces cinco a siete oficiales, que en tiempo de facciones deben tener interés en condenar a los del partido contrario que caigan en sus manos. Este es uno de los grandes cargos que la posteridad hará al gobierno de Bustamante. Volveremos a su tiempo a hablar del señor Salgado.

El coronel don Juan José Codallos, no creyendo deber sujetarse a las autoridades establecidas en México, se dirigió a la parte del sur de Michoacán con algunos cívicos y se situó en el cerro de Barrabás, uno de los puntos más fortificables entre aquellas montañas. Desde este lugar inaccesible, célebre en los anales de la primera revolución, publicó en 11 de marzo (1830) un plan en el que exponía los motivos de su resistencia y de la disposición hostil en que se colocaba; llamando a la nación por juez de su conducta e invitando a los Estados a seguirla.

Codallos era un militar valiente, emprendedor y sincero amante de la libertad de su patria. Los actos de despotismo exaltaban su imaginación ardiente y siempre siguió con constancia el partido popular. Ni la clase militar a que pertenecía y que había hecho la última revolución, ni los atractivos que le presentaba el gobierno lIamándolo a la obediencia, ni las exhortaciones de su hermano el general don Felipe Codallos, ciego partidario de los nuevos gobernantes, ni el amor tierno que tenía a su esposa y pequeños hijos pudieron hacerle desistir de la causa peligrosa que había abrazado. Sin recursos, sin esperanzas, casi solo entre bosques y montañas inhabitables, se resolvió a oponer una resistencia inútil, aunque no sin glorias. El lector verá en el plan que publicó ese desgraciado caudillo, que sólo era estimulado por un noble sentimiento de libertad, y que previó con mucha anticipación los males públicos que amenazaban al país bajo la dirección de hombres que ponían interés en gobernarle militarmente. El plan estaba concebido en estos términos:

El jefe y oficiales que suscriben, viendo que algunos militares bajo el pretexto de Constitución, leyes y opinión pública, se han convertido con impunidad en atentadores contra la soberanía de los Estados, declarando ilegitimidad en sus honorables legislaturas y gobernadores, sin otra facultad que la ministrada por las bayonetas; palpando la felonía con que se ha sorprendido la buena fe de los pueblos, que celosos del pacto nacional celebrado en 1824, fueron engañados con el plan de Jalapa que les parecía garantizar dicho pacto; habiendo visto que lejos de sostener la Constitución y las leyes, las ultrajan, y desengañados de que cualquier atrevido, en logrando seducir algunas tropas a la revolución, o la parte del pueblo incauto y afecto a las innovaciones que tal vez no entiende, se sobrepone a las autoridades, despojándolas de sus destinos; observando igualmente que no se toma ninguna medida enérgica para conservar la integridad de la federación, acometida en las interesantes Californias, en los fértiles terrenos de la hermosa Texas y en la península de Yucatán; es demostrado que los actuales gobernantes tienen parte en estos acontecimientos o, por lo menos, que pesa más sobre sus intereses el temor de perder su presa que la independencia nacional y la forma de gobierno adoptada y jurada libremente por todos los pueblos. En fin, convencidos íntimamente de que bajo este orden de cosas la nación se encuentra en el momento crítico de perder su existencia política, que tantos y tan grandes sacrificios ha costado a los mexicanos; nos hemos resuelto decididamente a sacrificarnos en las aras de la patria, sosteniendo a todo trance el siguiente plan:

1° Las honorables legislaturas de los Estados, sus gobernadores y demás funcionarios públicos que hayan sido despojados de sus destinos, desde el 4 de diciembre último, serán inmediatamente restituídos a sus puestos según existían en aquella fecha.

2° El augusto Congreso general, con arreglo a la Constitución, no conocerá de las cuestiones que se hayan suscitado o puedan suscitarse acerca de la validez de los diputados y gobernadores de los Estados, por pertenecer exclusivamente éstos a su gobierno interior, y sólo cuidará de que sus actos no se opongan a las leyes generales_.

3° El gobierno federal prestará con energía todos los auxilios de su resorte a los Estados, para que tengan su debido efecto los artículos anteriores; y de no verificarlo, se juzgará a los responsables como traidores al sistema de federación.

4° Del mismo modo serán juzgados todos los empleados públicos que a la vista de este plan obren en sentido opuesto.

5° El augusto Congreso de la Unión, tan luego como se halle libre de la coacción con que ha dado leyes ajenas de sus principios y anticonstitucionales, resolverá sobre la persona que legítimamente deba subir a la silla presidencial, y si juzgare de absoluta necesidad para la salud del pueblo hacer una nueva elección de presidente, podrá verificarla.

6° Luego que la soberanía nacional adopte el presente plan, parte del ejército permanente será destinado a Yucatán, Texas y demás fronteras de la República para sostener su integridad, y la otra parte será retirada de la capital a los puntos donde crea conveniente el soberano Congreso para que sus deliberaciones sean enteramente libres.

7° Hasta que los cuerpos del ejército se hallen a la distancia necesaria a juicio del Congreso general, deliberará su soberanía sobre la persona que deba ser presidente legítimo, o acerca de la nueva elección.

8° Inmediatamente que se presente a sostener este plan un jefe de mayor graduación o más antiguo que el que suscribe, mereciendo toda la confianza de la tropa pronunciada, le será entregado el mando de las armas.

9° El ejército sostenedor de la soberanía de los Estados, se denominará: Federal Mexicano; el que respetará las autoridades, las personas y propiedades de los mexicanos, castigando severamente a los que atentasen contra ellas.

10° Si, como no es de esperar, el gobierno de la Unión no adopta este plan, los Estados formarán una coalición para sostener su soberanía estableciendo un gobierno provisional en toda su pureza.

11° Se remitirá un ejemplar de este plan a las augustas cámaras de la Unión, Exmo. Sr. Vicepresidente, a las honorables legislaturas de los Estados, a sus gobernadores, a los comandantes generales y de división, para que, mereciendo su aprobación, se adhieran a él.

Cuartel general en la fortaleza de Santiago (a) Barrabás.
Marzo 11 de 1830.

A principios de este mes hicieron los generales y oficiales del ejército, partidarios del gobierno establecido por la revolución, una petición al que acababan de formar, reducida a que disolviese el Congreso general, aplicando a sus diputados el art. 4° del plan de Jalapa, respecto a que no eran aceptas a la opinión pública, de la que ellos eran los intérpretes y representantes. Esta exposición circuló impresa, y ninguno dudaba que el gabinete accediese a una petición tan conforme a la marcha que se había adoptado.

En la noche del 7 fue arrestado el diputado don José María Alpuche, en consecuencia de la acusación que el general Terán hizo de él, remitiendo la carta original por la que le invitó a contrarrestar las demasías de los nuevos gobernantes. Alpuche además se había manifestado con tal imprudencia y audacia dispuesto a formar una reacción, que lejos de ocultar sus intenciones las publicaba él mismo, hasta llegar el caso de decir a uno de los ministros (don Rafael Mangino), que no comulgarían el jueves santo en la catedral, pues antes de este día, para el que sólo faltaban tres o cuatro semanas, ya estaría derribado el gobierno de los usurpadores, como lo llamaba a gritos.

Alpuche hacía entonces lo mismo que el Dr. Mier había hecho en tiempo del señor Iturbide; pero muy grande era la diferencia entre las dos épocas y los dos eclesiásticos. El gobierno de Iturbide sólo amenazaba, el de Bustamante ejecutaba; Iturbide quería intimidar, el gabinete de Bustamante, infundir terror; Iturbide creía que la gloria de su nombre y el recuerdo de sus grandes servicios serían suficientes para sostenerse; el gobierno de Bustamante debía desconfiar de su propio mérito, por decido así, y tenía necesidad de buscar apoyo en las mismas fuerzas y medidas a que debía su elevación; Iturbide se había propuesto dejar la memoria de sus pasadas atrocidades, y temblaba con la sola idea de derramar sangre; el ministerio de Bustamante venía con el ánimo de ensayar un nuevo resorte, un resorte aún no puesto en práctica, después de hecha la independencia; éste era el de presentar espectáculos de destierros y de sangre para hacerse temible. Vamos a verlo entrar en esta ruta.

En 25 de mayo fueron arrestados el diputado don Anastasio Cerecero, un hermano suyo, el general Figueroa, el coronel Pinzón y otros catorce individuos más, por suponérseles complicados en una conspiración. Cerecero, de quien se ha hablado repetidas veces, fue víctima de su candor, de la astucia del gabinete y de la perfidia de un malvado, llamado vulgarmente Medio Rey.

Los agentes del gobierno se valieron de éste para que se presentase a Cerecero como capaz de corromper una gran parte de la tropa de policía llamada de gendarmes, en cuyo cuerpo servía el mismo Medio Rey. No era la primera vez que Cerecero había caído en iguales lazos, como se ha visto en la conspiración del tiempo de Iturbide. Creyó fácilmente que podría echar abajo a un gobierno que acababa de elevarse sobre las ruinas del otro, cuando los ánimos estaban por una parte abatidos y consternados, y por la de los vencedores exaltados con su triunfo y orgullosos de su victoria. Se persuadió que un instrumento tan vil y despreciable podía ser a propósito para conmover de nuevo a la sociedad y transformar repentinamente el aspecto de los negocios públicos, y sin más examen, entró con Medio Rey en conferencias que el pérfido proporcionó en un lugar en donde pudiese ser escuchado. La consecuencia fue la prisión de este candoroso diputado y de su hermano don Mariano, que estuvo en la misma conferencia. Contra el general Figueroa y demás individuos presos no había otra prueba que el haber sido adictos al general Guerrero, y haber declarado Medio Rey que el señor Cerecero le había dicho que contaba con ellos.

Pocos días después fueron puestos en prisión don Lucas Valderas, coronel de cívicos, un tal Elguea, otro llamado Vega, don Agustín Gallegos y algunos otros acusados por conspiradores. Los agentes del gobierno se valieron de un hombre desconocido llamado Esteban Gutiérrez, para que éste los denunciase como sospechosos de conspiración, presentando para el efecto falsos documentos y mentidas provocaciones. Se siguieron las causas por sus trámites, y era imposible encontrar ni aún apariencia de un delito figurado entre personas que apenas se conocían, que no se habían visto mucho tiempo hacía y que podían probar con testigos irrecusables que todas las circunstancias con que se fingía estar acompañado el intento eran absolutamente inverosímiles. Fue preciso ponerlos en libertad después de muchos padecimientos; y la malicia de los gobernantes se llevó hasta hacer el aparato de condenar a pena capital al falso denunciante Gutiérrez, haciéndolo luego indultar por las cámaras, que eran ya como el senado romano en tiempo de Tiberio o Calígula. También fueron puestos en libertad al cabo de algún tiempo el general Figueroa y los demás a quienes no se pudo probar nada.

La capital estaba cubierta de soldados, de espías y de agentes provocadores.

Voy a referir dos casos que bastan para dar idea de la obscura y artera política del gobierno.

El día 20 de mayo pasó a visitarme don Cirilo Tolsa, como lo había hecho varias veces, con el objeto de invitarme a organizar una reacción que pudiese substituir un gobierno nacional a la anarquía militar que se establecía diariamente. Yo resistí constantemente a sus solicitudes, y en este día le manifesté francamente que mi ánimo era salir de la República dentro de pocos días. Entonces me dijo:

Para dar a usted una prueba de mi amistad, voy a escribirle una carta invitándolo a ponerse a la cabeza de una revolución, y usted, ocurriendo al gobierno con la carta misma, dará un testimonio de su resolución de no tomar parte en ningún complot contra él; y yo podré aparecer con este motivo para descubrir grandes iniquidades. El ministro Facio me ha comisionado para provocar a usted a una reacción, con el objeto de que usted fuese pasado por las armas dentro de pocas horas; yo mismo contestaré esto cuando se me llame para hacerme cargos.

Yo no podía aceptar propuesta semejante que me haría pasar por un denunciante, a Tolsa por un pérfido, el gobierno por malvado y que me implicaría en enredos que procuraba evitar retirado como estaba en mi casa.

El otro suceso fue una carta fingida, que se suponía escribi yo al gobernador de Zacatecas don Francisco García, con quien se figuraba estar ya en correspondencia para preparar una reacción, y en la que se pretendía decirle yo, que en una hacienda cerca de la capital de aquel Estado pusiese un número de fusiles a mi disposición, con otras cosas semejantes. El vicepresidente Bustamante me manifestó aquella carta, que decía habérsela dado uno que fingió haberla hallado en la puerta de un almacén de comercio, en donde se suponía la había dejado caer por descuido el conductor. La firma estaba visiblemente hecha con la estampilla que servía para poner mi signatura en los billetes de lotería, cuando yo era ministro de Hacienda. El fin era seguirnos causa a García y a mí y quitar dos enemigos temibles de la tiranía. Mi contestación a Bustamante fue llena de firmeza y dignidad.

Usted sabe, le dije, que jamás hago revoluciones por cartas; y es además un medio muy ruin para perseguir a un ciudadano.

Entonces me resolví definitivamente a salir de un país en el que no se podía vivir ya más con tranquilidad.

Un gobierno que atentaba de tantos modos contra las libertades de los ciudadanos, que empleaba medios tan inmorales para libertarse de las personas que aborrecía, que se valía de medios tan bajos para perseguir, no podía dejar subsistir la libertad de imprenta, arma terrible y poderosa para descubrir las maldades de los que mandan.

Se publicaba un diario titulado El Atleta, mal redactado, pero que oponía, sin embargo, una censura obstinada a las demasías de aquel poder militar y advertía a los Estados de los peligros que les amenazaban si no tomaban precauciones contra las tentativas de los que con capa de protectores de la Constitución absorbían todos los poderes, destruían las asambleas legislativas, aprisionaban ciudadanos, autorizaban desórdenes y preparaban suplicios. Los medios legales no satisfacían a los ministros o no eran bastante suficientes para hacer un ejemplar que manifestase a los escritores públicos que no ofenderían con impunidad a los gobernantes, ni ejercerían contra ellos la censura de que ellos usaron con tanta amplitud como licencia en la administración de Guerrero.

Muchas multas, prisiones y amenazas se emplearon inútilmente. Entonces se echó mano de publicar un decreto, que equivalía a una ley, por el que el gobierno se arrogaba el derecho de imponer multas a su arbitrio a los impresores de libelos. A continuación condenó al dueño de la imprenta de Ontiveros a pagar una multa de tres mil pesos, por haber impreso uno de los números de El Atleta. Con esto consiguió hacer cesar aquel periódico, y, con él, el único papel público que denunciaba los extravíos del gobierno. Creyeron con esto, diré con Tácito, extinguir en aquella hoguera la voz del pueblo mexicano, la libertad de los Congresos y la conciencia del género humano, habiendo además encarcelado y desterrado a los que podían reclamar los derechos del pueblo.

Por este tiempo murió en la capital el senador don Francisco Tarrazo, nacido en la ciudad de Campeche en el Estado de Yucatán. Sin mucha instrucción, sin un talento extraordinario, Tarrazo había hecho brillar en las discusiones del Congreso una elocuencia varonil y su voz sirvió de apoyo a los derechos de sus conciudadanos. Su conducta fue pura, su patriotismo noble y desinteresado, y su nombre un título de gloria y de honor para su patria. Se puede decir de este mexicano lo que decía Tácito de Pisón, con motivo de su muerte natural en medio de tantas persecuciones. Rarum in tanta claritudine fato objit. Parecía leerse en la tumba de un solo hombre de bien no perseguido, el epitafio de una multitud de víctimas ilustres que después fueron sacrificadas.

El presidente Guerrero, que hasta marzo se mantuvo en su hacienda, salió de ella para comenzar una guerra de partidas, igual a la que había hecho durante diez años a los españoles, sosteniendo la causa de la independencia. Todas las gentes que habitan la costa Grande, desde Acapulco hasta Zacatula, se levantaron a la aparición de su antiguo jefe, despojado y perseguido por las tropas de Jalapa. Parecían recordar sus pasadas fatigas y recibían con afectuosas memorias a su compañero don Vicente, como ellos lo llamaban. El coronel don Juan Alvarez, los Polancos, los Ramos, los Gallardos, nombres conocidos entre aquellas montañas y en aquellas costas ardientes, todos corrieron a alistarse bajo las banderas de su antiguo jefe, y éste, dirigiéndose a uno de los puntos más escondidos y seguros de la Sierra Madre, se ocupaba en esparcir cartas, órdenes, proclamas, todas en el sentido, poco más o menos, del plan del coronel Codallos que han visto los lectores.

Por la parte de la costa Chica del Estado de Oaxaca levantaba al mismo tiempo partidas de guerrillas el coronel Santa María; y a la parte de las montañas de Taxco, un antiguo guerrillero llamado Juan Cruz se pasó a la cabeza de 600 hombres.

A Codallos se le aumentaba diariamente el número de soldados y dependían de él varias partidas que se extendían hasta Colima y el Estado de Jalisco, bajo las órdenes de Gordiano Guzmán y otros jefes menos conocidos.

De manera que antes de dos meses las partidarios de Guerrero contaban con una fuerza de más de tres mil hombres, aunque esparcida en diferentes puntos. La disposición de los ánimos era verdaderamente alarmante para los nuevos gobernantes, porque, hablando imparcialmente, debe confesarse que el partido popular, aunque desorganizado ya con la persecución de sus principales jefes, aunque aterrorizado con las medidas rigurosas que se tomaban, aunque desprovisto de recursos con la deposición de las autoridades y legislaturas que pertenecían a él, respiraba en todos los ángulos de la República y, desde México hasta las Californias, una gran parte del pueblo hacía votos por el triunfo de las armas de Guerrero.

El gobierno de México destinó para combatir las fuerzas del coronel Alvarez, que eran las más temibles, al general don Gabriel Armijo, ocupado en el Estado de Michoacán en perseguir al coronel Codallos, cuya actividad y valor suplían a la escasez de recursos y corto número de gente armada que hasta entonces contaba.

Armijo era un antiguo general que hizo toda su carrera sirviendo al gobierno español contra sus compatriotas, y fue quizás el único mexicano que nunca cambió sus ideas con respecto a la independencia de su patria. Lo hemos visto tomar parte en la sedición de Tulancingo, y cómo Guerrero, en consideración a su edad, le permitió quedarse en la República a pesar de la ley que lo desterraba, y últimamente lo indultó generosamente con otros cómplices. Pero Armijo, que había estado enfermo para no salir a cumplir su destierro, se puso en campaña luego que tuvo oportunidad de emplear sus armas contra los antiguos insurgentes y su benefactor Guerrero. Los ejemplos de ingratitud desalientan para los actos de beneficencia voluntaria, y éste no es un pequeño mal para la moral pública de un pueblo. Pero el gabinete de Bustamante se había propuesto ahogar todos los buenos sentimientos, y no sólo empleó a Armijo, sino a Bravo, amigo antiguo y compañero de Guerrero, igualmente beneficiado por él en la amnistía, para que sirviese de instrumento de su desgracia, sin duda con el objetn de conseguir, con la destrucción del uno, la pérdida de reputación del otro.

El general Bravo es hijo de la ciudad de Chilpancingo (alias) ciudad de los Bravos, en donde, como es natural, tiene una influencia muy grande, así como el general Guerrero la tiene en su patria Tixtla o ciudad de Guerrero, distante una de otra cinco leguas.

La división de partidos en que han estado estos dos antiguos patriotas y respetables ciudadanos, ha dividido igualmente los ánimos de aquellas comarcas del Estado de México, todavía con más ardor que al resto de la República, porque entraba en la cuestión el orgullo y la vanidad de paisanaje. ¿Cuál pudo haber sido desde 1823 el principio de las rivalidades entre estos dos amigos, compañeros de armas, de infortunios y de gloria? Es una cosa que no se puede explicar de otra manera que buscándola en los diferentes caracteres de los dos personajes y, quizás más que todo, en el deseo de aparecer cada uno de ellos el primero, después de la caída de Iturbide.

Mientras vivió aquel caudillo, cuya superioridad era indisputable, ambos estuvieron unidos y vivían en una imperturbable armonía. La desaparición de Iturbide abrió el campo a los tres hombres más distinguidos, condecorados con la sublime denominación de beneméritos de la patria y en esta manera elevados a la apoteosis estando vivos. Estos fueron Victoria, Guerrero y Bravo.

El primero reunió más sufragios para la primera presidencia constitucional y hemos visto a Bravo levantarse para derribarlo, mientras que Guerrero lo sostenía. He aquí el origen de las enemistades de estos ilustres ciudadanos, entre los cuales indisputablemente Victoria ha dado pruebas de mayor moderación o de un patriotismo más ilustrado. Algún día, me dijo Victoria varias veces, cansada la República de choques continuos, de guerra civil y de proscripciones, recordará con complacencia los pacíficos días de mi administración; y los que hoy me acusan de apático, se convencerán de que la nación necesita más la calma y la circunspección que los esfuerzos inútües para hacerla andar. Quizá en el fondo decía bien este caudillo honrado.

El general Bravo había sido destinado igualmente a combatir a los insurgentes del Sur y a emplear su influencia para tranquilizar aquellos pueblos. Bravo ocupó el fuerte y puerto de Acapulco para quitar a los partidarios de Guerrero los recursos que podía ofrecer esta plaza y el lugar de una retirada en caso de un revés. En 24 de abril se dió una acción sumamente reñida entre las tropas de Bravo y las de Alvarez en las cercanías de Acapulco. Bravo se vió obligado a retirarse a la ciudad, de donde, en consecuencia de una pérdida considerable, tuvo que salir pocos días después, dejándola en manos del coronel Pita, quien antes de quince días capituló con la guarnición, que proclamó a Guerrero, habiendo de esta manera quedado en poder de aquellos partidarios.

Este golpe reanimó mucho las esperanzas de los guerreristas, que aun creían poder restablecer en el gobierno a un caudillo, que no habiendo podido sostenerse cuando tenía el mando de la República, los recursos y la ley en su favor, ni oponer resistencia a un puñado de facciosos, que sin más apoyo que su audacia y la calumnia pudieron hacerle caer, no era verosímil que pudiese conducir con más acierto una contrarrevolución que demanda más combinaciones, más genio y una capacidad superior a la que se necesita para conservar lo que se tiene. Además, aunque en realidad el general Guerrero era amante de la libertad y pertenecía al partido popular, muchos individuos ilustrados que pertenecían igualmente a este partido rehusaban prestar su cooperación a los esfuerzos de aquel desgraciado general, sea por preocupación, sea porque no lo creyesen apto para confiarle la suerte de una causa tan noble. Esto puede servir de explicación para entender cómo una administración tan notoriamente antiliberal y despótica como la de Bustamante, Facio y Alamán tuviese en su favor una fuerza tan considerable para combatir al partido popular de Guerrero.

Aunque los facciosos de Yucatán habían visto el triunfo de las tropas de Jalapa sobre el gobierno de Guerrero, no.quisieron con todo unirse al nuevo gobierno, porque no había adoptado el sistema central, como habían esperado que sucediese, y como en efecto todos creían entonces ser el proyecto de los jalapistas.

El gobierno de Bustamante comisionó en aquel tiempo a don Felipe Codallos para que pasase a aquella península a invitar a los rebeldes a adoptar el plan de Jalapa, ese plan fatídico y lleno de esperanzas lisonjeras para los que tomaron parte en él y que en realidad era la caja de Pandora para la República.

Codallos había estado de comandante general de Yucatán, de donde fue separado por el presidente Guerrero, en consecuencia de reclamos hechos contra él por el gobernador y representaciones hechas por diputados del mismo Estado. Conservaba, de consiguiente, relaciones íntimas con los jefes de la conjuración y existían entre él y aquéllos simpatías por uniformidad de opiniones. Sin embargo, Codallos no fue admitido en Yucatán, ni aun se le permitió desembarcar, reduciéndose las contestaciones entre él y el jefe Carvajal a simples e insignificantes cumplimientos, habiendo regresado a Veracruz sin otro fruto que un nuevo desengaño. Mas el gobierno de México estaba muy ocupado en los sucesos del Sur para distraerse en una cuestión que, como la de Yucatán, no era de mucha importancia para el gabinete, aunque sí lo era para la federación, escandalosamente interrumpida por los militares que dirigían aquella empresa.

El Estado de Tabasco que había sido obligado a adoptar el sistema de Yucatán por el comandante militar don Alejandro. Zamora, volvió al orden constitucional en 12 de diciembre, tan luego como este jefe, que tomó una parte activa en la revolución de la Acordada, vió la tempestad que amenazaba a la República con el plan de Jalapa que entonces llegó a su noticia.

Muy difícil era al pequeño Estado de Tabasco, en contacto con los de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, poder resistir a las fuerzas federales, que lo obligarían luego a seguir el sistema de la mayoría. La situación de Yucatán, separado por el mar o por ríos caudalosos, pantanos, lagunas y bosques por la parte de tierra, opone muchas dificultades a las tentativas de las fuerzas mexicanas para reducir a los rebeldes militares. Pero como la población no puede estar contenta con el gobierno arbitrario establecido por el acta de 17 de noviembre de 1829, es preciso que suceda una de dos cosas: o que se sometan de nuevo al régimen constitucional establecido en 1824 o que al fin se despedacen por una cruel guerra civil, lo que en Yucatán sería tanto más desastroso cuanto que aquella península es pobre y estéril.

Así como he insertado la exposición de don Lorenzo de Zavala a la entrada al ministerio de Hacienda, no debo omitir presentar al lector la que hizo don Rafael Mangino a los veinte días de haber tomado posesión de este mismo destino, para que pueda formar juicio acerca del estado de este ramo importante de la administración. No sé si esta sola exposición es una contestación suficiente a las innumerables acusaciones que multiplicaron y a las calumnias que se publicaron contra el gobierno del general Guerrero y especialmente contra el ministro de Hacienda. Pero evidentemente es un argumento en favor de los esfuerzos que debió hacer aquel funcionario para atender en lo posible a las urgentísimas necesidades que sobrevinieron con la invasión española y la ausencia de recursos, con la interrupción del comercio por la misma causa y otras que se han expuesto. Parecía obvio que al entrar el nuevo gobierno en la arena, para presentar los males públicos, a cuyo remedio se decía llamado por la opinión pública, exhibiese, digámoslo así, pruebas evidentes, incontestables, de los abusos, de los desórdenes que se habían cometido y que debía corregir. Oigamos la exposición del señor Mangino:

Angustiado el supremo gobierno por la carencia de recursos para cubrir el inmenso cúmulo de atenciones del momento que gravitan sobre el moribundo erario federal y no permitiendo la exigencia de las circunstancias que se espere a reunir los datos precisos para formar la Memoria del ramo de Hacienda, que tendré el honor de presentar a las Cámaras, me manda el Exmo Sr. Vicepresidente anticiparme a dar a los dignos representantes de la nación una breve idea de la azarosa situación en que se encuentra, con el fin importantísimo de salvar a la República del abismo a que pueden conducirla las escaseces del erario.

Los productos comunes de las rentas federales nunca pudieron cubrir los presupuestos, y así fue que los empréstitos extranjeros llenaron el déficit, mientras existieron fondos disponibles de esa procedencia.

Agotado este recurso, se adoptó para el mismo objeto el de los préstamos nacionales, como admisión de créditos, y aunque de esta manera se lograron por lo pronto algunos fondos para salir de los apuros del momento en que se hicieron los negocios, éstos causaron después una disminución progresiva de ingresos que al fin redujo a nulidad el más importante de los ramos del erario federal, que es sin duda el de las aduanas marítimas.

Empeñados en su totalidad, a consecuencia de estos contratos, los rendimientos que ellas debían tener por muchos meses, se encontró el gobierno precisado a rescindirlos, bajo cierto respecto, con anuencia de los principales prestamistas, disponiendo que sólo se compensasen sus créditos en razón de 68 por 100 de los derechos causados o por causar en las aduanas marítimas, percibiendo el erario en efectivo el 32 restante; y pendiente áún la amortización de esta deuda, se contrató otro nuevo empréstito de 2.180,000 pesos, en créditos y dinero amortizable en iguales términos, por cuyo resultado deberán entrar en la tesorería 150,000 pesos mensuales hasta el próximo julio, dejando afecto al pago el 68 por 100 de los productos de aduanas marítimas aún por más tiempo.

El temperamento de reducir las compensaciones al expresado 68 por 100 no ha tenido los resultados que pudieran esperarse. Los tenedores de órdenes, que antes de esta medida se apresuraban a amortizarlas sin aguardar los plazos del arancel, usan ahora de ellos para demorar la exhibición del 32 por 100 en numerario, y, de consiguiente, no puede contarse en lo pronto con el ingreso de su importe.

De todo ha resultado, que en lugar de 500,000 pesos o más que debiera percibir mensualmente el tesoro federal por productos de las aduanas marítimas, sólo cuenta en la actualidad con los 150,000 pesos de los prestamistas y con otros 50,000 a lo sumo del 32 por 100.

La renta del tabaco, que según los datos exhibidos por el departamento de cuenta y razón, produjo en el año económico anterior el ingreso de más de 1.000,000 de pesos, únicamente ofrece ya, a consecuencia de su enajenación, el auxilio de 50,000 pesos mensuales, estando 30 de ellos consignados al pago de créditos de los cosecheros del mismo fruto, y es de advertir que aun este recurso va a desaparecer dentro de algunos meses.

Los ramos de correos, lotería, salinas y las rentas del distrito y territorios de la federación, por un cálculo bastante aproximado, según datos también de dicho departamento, darán un producto ordinario líquido de 100,000 pesos mensuales, poco más o menos.

Por consiguiente, todos los ingresos que actualmente tiene el erario federal por las rentas que le pertenecen, en virtud de la ley de la materia, apenas llegan a 320,000 pesos en cada mes, con cuya suma es imposible cubrir ni aun los objetos que más ejecutivamente reclaman la atención del gobierno.

Los pagos corrientes de la lista civil y militar de sólo esta capital importan mensualmente sobre 140,000 pesos, y los haberes también corrientes de las tropas de la guarnición que hay en ella y sus inmediaciones, sobre otros 160,000 pesos; ambas partidas componen la de 300,000 pesos cada mes, y así del total calculado de los productos de las rentas, sólo quedarán disponibles 20,000 pesos, sin contar con otras erogaciones ordinarias y precisas de la tesorería general.

Yo agraviaría la ilustración de las cámaras si me detuviera a manifestar la imposibilidad de cubrir con tan mezquina suma los enormes gastos del servicio en todos los Estados y territorios de la República. Así es que el soldado, el empleado, el pensionista, la viuda, reclaman en todas partes los socorros indispensables para su precisa subsistencia. Los comisarios generales representan sin cesar el gran conflicto en que se encuentran por falta de recursos y para proporcionárselos en alguna pequeña parte, giran varias libranzas contra la tesorería general, que no puede pagarlas.

No es sólo esto, el atraso de cuatro, seis meses y hasta un año o más que ha habido en muchos pagos forman una deuda enorme, por la cual a cada instante es reconvenido el ministerio por todos los medios que puede sugerir la miseria que aqueja a los acreedores.

Nuestras legaciones se ven reducidas a la indigencia, aumentando en los países extranjeros el descrédito nacional que ha ocasionado la falta de cumplimiento de nuestras obligaciones con aquellos negociantes, y si ellas logran que algunos de éstos les proporcionen auxilios para su subsistencia, el gobierno tiene el rubor de demorar, o acaso no poder hacer, los reintegros correspondientes.

Las repetidas noticias que se reciben acerca del estado de las cosas en las fronteras del Norte, exigen medidas ejecutivas e importantes, que no pueden llevarse a efecto sin cuantiosas erogaciones.

En tan apuradas circunstancias, me previno el Exmo. Sr. Vicepresidente que excitase el celo y patriotismo de los señores gobernadores de los Estados y venerables cabildos eclesiásticos a fin de que hiciesen esfuerzos extraordinarios para proporcionar algunos auxilios; mas S. E. ha tenido el dolor de ver por las contestaciones recibidas hasta ahora, que ni remotamente han correspondido a sus esperanzas, cuando algunos Estados se hallan con sobrados recursos para mantener numerosos cuerpos de milicia cívica sobre las armas y cuando muchos de ellos son deudores el erario de la Unión por gruesas cantidades de atraso en el pago de sus respectivos contingentes y valor de los tabacos que han recibido del gobierno federal.

Dispuso también el Exmo. Sr. Vicepresidente que se convocase a los principales propietarios y negociantes nacionales y a los prelados de las comunidades religiosas de esta capital, con el objeto de solicitar un empréstito voluntario, realizable en los tres meses inmediatos; pero aunque han concurrido muchos de los señores citados y casi ninguno de los concurrentes se ha negado a prestar al gobierno los auxilios pecuniarios que estén en sus respectivas facultades, sólo ha podido obtenerse de todos una oferta que pasará poco de 100,000 pesos.

Pensó por último S. E. que se convocara con el mismo objeto a los comerciantes extranjeros, pero habiendo yo conferenciado con algunos de los principales de ellos, quienes me prometieron excitar a los demás a fin de que prestaran al gobierno algún auxilio, no produjo esta idea el resultado que se deseaba.

Tales son las medidas adoptadas por el supremo gobierno para ocurrir en lo pronto a algunos de sus principales compromisos, siendo ellas las únicas que caben en el círculo estrecho de sus atribuciones y cuyo éxito ha oído ya la cámara.

La intervención de las rentas de los Estados tendría acaso otros más favorables, aunque siempre insuficientes para llenar el déficit del erario federal; pero por más legal que ella sea, el supremo gobierno no ha podido decidirse a decretarla en circunstancias de que el funesto espíritu de partido tal vez se prevaldría, imputando al jefe de la República las siniestras miras con que se quiso mancillar su pronunciamiento como general del Ejército de Reserva.

Entre tanto el descontento, compañero inseparable de la miseria, comienza ya a manifestarse. Los desafectos a nuestras instituciones atribuyen a estas mismas las escaseces provenidas de la falta de su observancia. La puntualidad con que los funcionarios de los Estados perciben sus dotaciones y las milicias cívicas sus haberes, cuando los empleados y el ejército de la federación experimentan todo género de privaciones, es un objeto de murmuración de que la malignidad pretende deducir argumentos contra nuestra forma de gobierno. Los amigos del desorden trabajan incesantemente, ponderando estas circunstancias para desacreditar al gobierno y resfriar el entusiasmo de las tropas, que, en cambio de su laudable decisión por el restablecimiento de la Constitución y de las leyes, se ven desatendidas, careciendo aún de los socorros indispensables para su subsistencia.

En suma, la tranquilidad pública, el honor nacional, la integridad de nuestro territorio, la forma de gobierno, la libertad, y aun la independencia misma de la patria, pueden peligrar si los Estados de la Unión no hacen en esta vez extraordinarios sacrificios y si la sabiduría de las cámaras no dicta las prontas y eficaces medidas que exigen las tristes circunstancias a que un concurso de fatalidades ha reducido el erario federal.

Con este importantísimo objeto, el supremo gobierno propone que se forme una comisión compuesta de individuos de ambas cámaras, la que, oyendo al ministro que suscribe o a todos los secretarios del despacho, se ocupe de absoluta preferencia en discutir y redactar los proyectos de ley que sobre esta materia reclama con la mayor urgencia la crítica situación en que se halla la República por falta de fondos del erario.

México 1° de febrero de 1830.
Rafael Mangino.

Esta breve exposición, aunque inexacta en algunos puntos, por ejemplo, en la utilidad de un millón que supone haber dado la renta del tabaco en el año anterior, es una descripción verdadera del estado de las rentas dc la República. La utilidad imaginaria de la renta del tabaco era la siguiente: se compraban por ejemplo a los cosecheros de las villas un millón de libras de tabaco, unas con otras a tres reales; como la ley mandaba que se vendiese a once, el ministro presentaba la cuenta diciendo, que habiendo comprado un millón de libras que debían revenderse a un peso de ganancia sobre cada libra, se debía utilizar un millón de pesos. Pero como este tabaco no se vendía, se acumulaba cada año una cantidad que al cabo de algunos años vino a hacer los montones de paja de que he hablado. A esto se debe añadir que muchos Estados no pagaban las deudas de los tabacos que recibían y, de consiguiente, la federación tenía este nuevo quebranto. Sobre todo, como no había dinero efectivo para satisfacer a los cosecheros, y se les debía ya más de un millón de pesos desde tiempos muy atrás, éstos se veían obligados a hacer otras ventas clandestinas para poder continuar su giro, que de otro modo hubiera cesado. Tal era el estado de esta renta, que felizmente ha desaparecido de la República Mexicana, y con ella todas las consecuencias tristes de un monopolio creado por la avaricia colonial y conservado por el espíritu de rutina de los herederos de los hábitos españoles.

En el mes de mayo del año anterior se dió un decreto por el Congreso general, reducido a prohibir la importación de géneros ordinarios de algodón en la República. Nada era más antieconómico que esta medida, que el presidente Guerrero apoyó con toda su influencia, así porque la creía en su estrecha política muy útil para fomentar las manufacturas del país, como porque era conforme a la preocupación popular de que por este medio se disminuiría la exportación del numerario. Yo me acuerdo que antes de pasar a la discusión de este proyecto en las cámaras le manifesté con viveza que, si quería el bien de la mayoría, lo que debía procurarse era que tuviese los efectos más baratos y que pudiese vestirse, lo que únicamente se podría conseguir facilitando las importaciones de aquellas mercancías. Nada es más difícil que desvanecer una preocupación arraigada.

Luego veremos al señor Alamán seguir una ruta, si no tan antieconómica en sus consecuencias, al menos tan absurda como ridícula y mezquina.

En 6 de abril de 1830, el Congreso suspendió los efectos de la ley de 22 de mayo, ampliando los términos de la introducción de las mercancías de que habla hasta 19 de enero de 1831.

El decreto que suspendió los efectos de aquella ley es una de las muestras de la política estrecha adoptada por la administración de Bustamante. En primer lugar, prolongaba la importación de aquellos géneros solamente por nueve meses, aunque, como después se vió, el ánimo era derogar aquella disposición bárbara. Más franco hubiera sido y más benéfico decir que, no habiendo en la nación mexicana telares de algodón ni manufacturas suficientes para vestir el décimo de la población, y siendo una de las primeras atenciones del gobierno desterrar la vergonzosa desnudez en que se halla mucha parte de ella, se permitía la introducción de todos los efectos que pudiesen disminuir esta oprobiosa calamidad. En segundo lugar, el mismo decreto destina una vigésima parte del producto de los derechos que causasen en lo sucesivo estos efectos, para el fomento de tejidos de algodón, compra de máquinas y telares, conducción de manufactureros; erigiéndose el gobierno en inspector general de estos artefactos. Inútil es hacer reflexiones sobre esta disposición bajo el aspecto económico. Todos los maestros de esta ciencia levantan la voz contra tales medidas gubernativas. Luego las consideraré por el lado más importante, para dar a conocer las ideas de las personas que dirigían la República.

En tercer lugar, se ve en ese mismo decreto un artículo antipolítico y quizás el principio de grandes desavenencias que se preparan para lo sucesivo con una nación vecina y poderosa. El artículo es el 11°, que dice:

En uso de la facultad que se reservó el Congreso general en el artículo 79 de la ley de 18 de agosto de 1824, se prohibe colonizar a los extranjeros limítrofes en aquellos Estados y territorios de la federación que colindan con sus naciones. En consecuencia se suspenderán los contratos que no hayan tenido su cumplimiento y sean opuestos a esta ley.

Es una opinión muy generalizada, tanto en la República Mexicana como fuera de ella, que la rica porción del territorio llamado antes la provincia de Texas, y que hoy hace una parte considelable del Estado de Coahuila y Texas, está muy expuesto a ser ocupado por los habitantes de los Estados Unidos del Norte. Semejante opinión, que parece fundada sobre la clase de población que en el día ocupa una extensión considerable de aquellas tierras, sobre la emigración continua que se advierte invadida, sobre los varios artículos insertos en muchos periódicos de los mismos Estados Unidos, sobre las propuestas de que han estado encargados algunos de sus ministros cerca del gobierno mexicano, sobre la fertilidad y ventajosa posición de Texas, y, más que todo, sobre la clase de población, sus costumbres, su idioma, su tolerancia, su amor a la libertad, sobre la necesidad de formar una sociedad absolutamente igual a la de su país originario; semejante opinión, digo, y sus fundamentos, no pueden ser contrarrestados por un decreto que, lejos de disminuir las causas de aquella temida separación, parece precipitada. Examinemos la cuestión con alguna profundidad.

La provincia de Texas, situada sobre el golfo de México entre los Estados Unidos del Norte y el Río Grande y en su mayor parte entre los grados 35 y 38 de latitud, fue causa de grandes discusiones entre los Estados Unidos y el gabinete español con motivo de las Floridas en 1819.

Como el objeto principal del presidente Monroe era entonces adquirir esta hermosa península, que interrumpía la entera posesión de las costas de la gran nación americana desde las orillas del Sabina hasta la Nueva Escocia, cedió voluntariamente los pretendidos derechos que alegaban tener los norteamericanos sobre la provincia de Texas con motivo del tratado por el que entraron en posesión de la Luisiana, cuyos límites decían extenderse hasta el Río Grande.

Ya desde aquel tiempo había algunos americanos establecidos en los desiertos que bañan los ríos Brazos, San Jacinto y Nueces. La política estricta del gobierno español, sin embargo, el celo con que había prohibido la introducción de todo extranjero y la estación de tropas bajo el mando de jefes militares, con autoridad despótica e ilimitada en aquellos lugares, no había dado lugar al aumento de la emigración.

La independencia de México, verificada en 1821, abrió la puerta a los extranjeros que no encontraban ya obstáculos ningunos en las fronteras, y hemos visto como Mr. Austin comenzó desde esta época memorable su establecimiento, que es uno de los más florecientes en el día.

En 1824 el Congreso general dió una ley de colonización que debía servir de base a las de los Estados, reservándose únicamente la facultad de prohibir la entrada de los naturales de alguna nación, cuya permanencia en el país pudiese comprometer la paz pública, y sólo por imperiosas circunstancias. Igualmente exigió la necesidad del consentimiento del gobierno general en las empresas de colonización comprendidas entre algunas leguas de las fronteras o de las costas.

La legislatura de Coahuila dió en 24 de marzo de 1825 su ley de colonización, cuyo exordio era que deseando el Congreso constituyente del Estado soberano de Coahuila y Texas aumentar por todos los medios posibles la población de sus terrenos incultos y desiertos, promover el cultivo de sus tierras fértiles y fomentar los capitales y los progresos del comercio y de las artes, decretaba:

Que todos los extranjeros que en virtud de la ley general de 18 de agosto de 1824, que garantizaba la seguridad de las personas y de las propiedades en el territorio de la nación mexicana, deseasen establecerse en los terrenos del Estado de Coahuila y Texas, eran libres para hacerlo y se les invitaba por esta ley a verificarlo.

No se necesitaba de un llamamiento tan solemne y liberal para que, tanto los americanos del Norte como muchos extranjeros que buscan terrenos sanos, fértiles y cercanos al mar o a algún río navegable, concurriesen a centenares a establecerse en aquellos lugares.

Así es que en el año de 1829 ya se contaban 20,000 habitantes en la parte de Texas, que diez años antes sólo tenía tres mil. Estos colonos, que llevan consigo el espíritu de independencia y de libertad política y religiosa de sus países originarios con su industria y actividad, no podían adaptarse a las costumbres, usos, hábitos y preocupaciones de los antiguos, establecidos en corto número. De consiguiente, mientras su población era inferior, aparentaban, como hacen los extranjeros de todos los pueblos, acomodarse a lo que veían; pero cuando su población se aumentó considerablemente con respecto de los otros, éstos comenzaron a entrar en las ideas de sus huéspedes; como naturalmente acontece cuando dos pueblos se mezclan, participa el menos culto de las ventajas de la civilización. Se fue formando, pues, una generación nueva, cuyos progresos no podían dejar de alarmar al gobierno de la capital, que veía que las transacciones civiles, las actas públicas, los periódicos y el lenguaje común eran en inglés, y que las costumbres y manera de vivir eran absolutamente amoldadas sobre las de los Estados Unidos. De todas las conquistas conocidas, la de la industría y de las luces es la más sólida e irresistible.

Desde que la política del gobierno de México rompió los diques que por trescientos años opuso el sistema colonial al ingreso de extranjeros, debió ocuparse de los medios de proporcionar a los nuevos huéspedes leyes y garantías que los aficionasen a la nueva patria. El gran programa de esta importante transacción debió ser: Refundir la sociedad nueva con la antigua y formar de su fusión una sociedad libre, una nación digna de presentarse en el mundo civilizado como el modelo de los esfuerzos que el género humano hace para los adelantos de la perfección social, o al menos como una mejora sobre lo que hasta el día se ha presentado en orden a proporcionar al mayor número las ventajas de la asociación.

Imposible es, en verdad, mejorar la constitución de los Estados vecinos del Norte, pero los dones que la Providencia ha concedido a la República Mexicana ¿son por ventura un beneficio inútil? Ved aquí el punto a donde tienden mis observaciones.

Los nuevos colonos que se establezcan en los terrenos desiertos de la República Mexicana, no pueden tener mayor interés en pertenecer a la república de los Estados Unidos del Norte que a la primera, que les ha abierto la puerta generosamente para establecerse, que les ha concedido terrenos para cultivar y los ha elevado a la clase de ciudadanos. Los enlaces de familia, las conexiones que siempre se contraen, los intereses de comercio y el gran mercado que les abren los vastos Estados de aquella rica nación, son otros tantos vínculos que deben unirlos estrechamente con ella. Es necesario, pues, que un grande interés, un interés que sea superior a todos los referidos los obligue a segregarse de la patria adoptiva, exponiédose a perder su tranquilidad y el reposo tan deseado para los hombres laboriosos, para los propietaros que han levantado su fortuna en medio de desiertos, de bosques solitarios, luchando con las fieras e indios salvajes y contra tantos obstáculos como opone la naturaleza, tan áspera y rebelde en su principio, tan dulce, dócil y benefica cuando se han vencido sus primeras resistencias.

Este grande interés es el de la libertad en el ejerClClO de todas las facultades físicas e intelectuales, que nO se oponen a las leyes justas de igualdad, niveladoras de los derechos de los asociados. Esta es la solución de ese problema que el ministerio mezquino de la administración de Bustamante quiso resolver con cuatro renglones, que envuelven la declaración de hostilidades contra una nación rica, poderosa, cuya política toda consiste en predicar y, más que todo, en hacer prácticos los prlnclpios de la libertad más indefinida.

Si el gobierno mexicano, en lugar de esas trabas antipolíticas, hiciese de la nueva sociedad formada en Texas una escuela de libertad y civilización, enviando a esta rica comarca ciudadanos que ocupa inútilmente en sus ejércitos; si en vez de regimentar quinientos o mil hombres armados, que consumen y nada producen, festinados a oponer una débil resistencia en caso de ataque, fundase establecimientos de colonos agricultores, artlstas y comerciantes; si dejando a un lado ese sistema de violencia y opresión, impracticable ya en las nuevas repúblicas y mucho más entre gentes que conocen sus derechos, adoptase una marcha franca, generosa, liberal, que haga desaparecer esos sombríos anuncios de un por venir envuelto en tristes presentimientos, la República Mexicana nada debería temer sobre la integridad de su territorio. Una frontera de más de mil doscientas millas sería conservada por los nuevos pobladores de cualquier país que fuesen. El tiempo de las conquistas militares ha pasado ya en América, y sólo se conocerán, al menos por algunos siglos, la de la libertad y la de las luces.

A estas armas sólo pueden oponerse armas iguales; porque los progresos de la táctica militar se han detenido delante de los adelantos de la razón pública, de la convicción popular, fruto precioso de la imprenta y de la filosofía. Los americanos del Norte oponen siempre sus periódicos, el brillante ejemplo de su prosperidad creciente, las lecciones positivas de sus goces sociales, la doctrina sublime de su moral, de su actividad, de su admirable constancia; presentan el espectáculo de las virtudes republicanas, de su conciencia, de sus derechos, y a la vista de esta prosperidad, de estos goces, de su moral, de esta libertad, de estas virtudes, la Europa se mueve en masa para imitarlos; la soberbia Albión reconoce el poder de instituciones más liberales que las suyas, que hicieron su orgullo por tantos años; las nuevas naciones americanas se esfuerzan a seguirlos y el género humano parece que se detiene a contemplar el último grado de perfección a que pueden llegar los habitantes de este globo.

¿Qué diremos, pues, de la política de ese gabinete, que ha querido oponer un dique de papel a los torrentes impetuosos del Niágara? Las escaseces de numerario obligaron al ministro Mangino a solicitar de las cámaras una ley que acortase los plazos dados a los dueños o consignatarios de efectos, a cuarenta días una mitad y a ochenta la otra, de noventa a ciento ochenta que les concedía el arancel. Igualmente se concedió al gobierno la facultad de hacer préstamos, dando por hipoteca los derechos que causasen los efectos ordinarios de algodón al premio mensual de tres por ciento, que son treinta y seis al año. Poco después, no pudiendo conseguir las cantidades necesarias para el pago de las tropas, tuvo el Congreso necesidad de acceder a la demanda del ministro de una nueva autorización para hacer préstamos al cinco por ciento mensual. Aunque el decreto que concedía este exorbitante premio de setenta por ciento al año limitaba el término de la concesión a tres meses y a dos millones de pesos, el mismo decreto se ha repetido cuantas veces los plazos de los unos se van cumpliendo; resultando que el sistema de bancarrotas ha continuado aunque bajo diferentes denominaciones.

Algunas reformas hizo el señor Mangino a las contratas de la venta del tabaco hecha en la administración anterior; reformas útiles a la Hacienda y a los mismos contratistas, reducidas a prolongar el término del monopolio que se les había concedido por enajenación de los tabacos comprados. Por último, hizo convenios con los retenedores de órdenes sobre las aduanas marítimas, para que aquellas órdenes fuesen amortizadas por décimas quintas partes, que es lo que hacen todos los que, no teniendo con qué pagar, piden espera de acreedores.

Todas estas reformas, préstamos, variaciones; eran siempre anunciadas por los periódicos del gobierno, que eran los únicos que quedaban, como los portentosos remedios que la sabiduría, tino prudencia y probidad del benéfico gobierno establecido por el plan de Jalapa aplicaba a las profundas llagas con que había dejado plagada a la tesorería, y en general a la nación, la desastrosa administración de Guerrero. Esta era la cantinela diaria, y continuó siéndolo por todo este año.

Se publicaban en México únicamente dos periódicos, que eran El Sol y El Registro Oficial, creado desde principios de este año por el secretario de Relaciones don Lucas Alamán. Este diario se escribía con el mismo espíritu de partido que los que hasta aquella fecha se publicaban en el país; pero siendo papel oficial y pagado por la tesorería nacional, parece que era un abuso que se hacía en beneficio de un partido. No advertía el director de los negocios que al expresarse tan apasionadamente como lo hacía en un documento que podía llamarse obra del gobierno, desnaturalizaba la primitiva institución de éste, que es la de ser igual para todos los ciudadanos y jamás hostil a una parte de ellos; no advertía que los pueblos se fastidian al fin cuando ven repetir unas mismas inculpaciones con las mismas palabras y frases, sin que se presenten pruebas; por último, que los principales signos característicos de la justicia de una causa son la moderación, la caridad, la tolerancia y la generosidad.

En la ciudad de México sólo existían los dos periódicos referidos, y uno u otro que servían de auxiliares para la plebe. ¿Quiérese formar una idea de cómo pensaban los directores de estos periódicos? Véase un artículo de El Sol de 24 de mayo de 1831, hablando acerca de la revolución de Francia en julio del año anterior, de esa gloriosa revolución por cuyo buen éxito hicieron votos todos los hombres libres de la tierra, y contra la que sólo se declararon los opresores o sus adictos.

Parece que un furor simultáneo se ha apoderado de todos los pueblos de la Europa. Por todas partes se derrama sangre, en todas se experimentan los horrores de la guerra civil, y estas querellas intestinas amenazan una conflagración general. Es ciertamente una desgracia el que los hombres por ambición, por avaricia, por celos o por maldad se despojen, se incendien y se degüellen unos a otros, agotando las familias de herederos, llenando los Estados de viudas y huérfanos y privando de tantos brazos a las artes y a la agricultura. La Francia, anhelando por una monarquía constitucional, invade la autoridad de su rey, procesa a sus ministros y derrama la confusión y el espanto en la hermosa París. El desenlace de esta escena se cree que ha de ser muy sangriento.

En Polonia se va generalizando la insurrección por todo el reino y se hacen preparativos en Varsovia para ponerla en estado de defensa. Los papeles de Rusia aseguran que en los primeros días de la revolución se han cometido en aquella ciudad los mayores horrores que pueden degradar a los hombres y que no son comparables con los que se han experimentado en París y Bruselas.

En el mismo lenguaje, poco más o menos, se expresaba El Registro Oficial, y éstos eran los únicos papeles permitidos en México. Fueron cesando todos los que podían hacer cualquier género de oposición y, a la manera de la corte de Madrid, sólo era permitido publicar los elogios de los que dirigían los negocios públicos.

El autor de este Ensayo Histórico, que redactó El Correo de la Federación desde mayo de 1829 hasta fines de marzo de 1830, abandonó aquella empresa, amenazado de las venganzas ministeriales si continuaba.

Concluiré este capítulo con un artículo de aquel periódico, que daba una idea del estado político de la República en las circunstancias en que lo publicó, que fue en 6 de febrero de 1830.

Cuando escribimos el artículo editorial de ayer, no teníamos noticia de la coalición de los seis Estados que han resuelto formar en la villa de León una junta general para proveer a los medios de sostener el sistema federal. Sólo teníamos conocimiento del decreto del Congreso de San Luis que ya habíamos insertado, que anunciaba, más bien que disponía, la reunión de aquel Estado con el de Valladolid y Guanajuato. Nuestros pronósticos se van verificando, y cuando en uno de los números anteriores se hizo una reseña de la disposición política en que se hallaban varios Estados, no faltaron quienes se apresurasen a desmentirnos, atribuyendo nuestras observaciones a espíritu de partido ...

Es muy triste la actual situación de la República, agitada de tan diversos modos. En Yucatán una junta de oficiales se apodera de la representación nacional, se erige en cuerpo soberano, delibera acerca de los más sagrados y esenciales intereses del pueblo, y usurpando a los ciudadanos sus derechos y a la federación sus facultades, conculcando las leyes y los pactos, declara solemnemente que aquella junta de oficiales es el árbitro de los destinos del Estado. En los Estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas, levantan varios ciudadanos el grito pidiendo la renovación de sus congresos, y, lo que es peor, animados del furor que inspira el espíritu de partido, amenazan, insultan, injurian y abominan a la mitad de sus conciudadanos, que a su vez hizo otro tanto en el año pasado.

En Occidente y Norte, seis Estados se coligan y amenazan una separación; en el de México, más que en ninguno, es sumamente temible la organización de una fuerza armada en el Sur.

Los Estados de Oriente, formados de poblaciones heterogéneas, con hombres que están acostumbrados a vivir en sociedades que constan de todos los elementos capaces de garantizar los derechos del hombre bajo un gobierno, buscan esas seguridades y no encontrándolas hacen esfuerzos para formárselas.

La capital del distrito, entre tanto, lleva el inmenso peso de los gastos federales, y los poderes generales se encuentran en los embarazos que trae consigo este estado de cosas y la miseria del erario.

¿Quién no ha de convenir en que se necesitan algunas medidas extraordinarias para remediar tantos males y reorganizar la sociedad? ¿Cómo se puede concebir que con los medios ordinarios marche la nación y el gobierno tranquilamente? En nuestro modo de ver, los que así piensan desconocen enteramente la historia de las revoluciones, la fuerza de las pasiones y los resortes que mueven las masas de hombres reunidos.

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