Nombrado don José Ignacio Esteva comisario del Estado de Veracruz, partió para su destino en abril o mayo de este año. Era gobernador del mismo Estado don Miguel Barragán, de quien ya se ha hablado lo bastante para poder formar idea de sus opiniones, capacidad y carácter. Estaba encargado igualmente del mando de las armas y reunía, de consiguiente, la comandancia militar al gobierno político.

En el Estado de Veracruz, el partido escocés tenía una influencia decisiva por el gobernador; la mayor parte de los miembros de la legislatura y casi todos los comerciantes españoles obraban en este sentido y pertenecían a sus logias. Un periódico titulado El Mercurio, dirigido por don Ramón Ceruti y escrito en el sentido contrario, y dos logias yorkinas fundadas por don Ignacio Basadre, era todo el apoyo de este partido en aquel Estado; muy diferente de los de Jalisco, San Luis, Querétaro y México, gobernados enteramente bajo la influencia de éstos. Los ataques a la Constitución y las vías de hecho dieron principio en el Estado de Veracruz. La legislatura se reunió en sesiones extraordinarias, sólo para dar un decreto de expulsión contra don Ignacio Esteva, empleado por el gobierno federal y natural del mismo Estado. Barragán publicó este anticonstitucional y escandaloso decreto y lo comunicó a Esteva, manifestándole su resolución de hacerlo cumplir y de emplear la fuerza en caso necesario. ¡Cosa extraña! Barragán iba en este caso a servirse de la fuerza militar que el gobierno federal le tenía confiada, para hacer desobedecer una orden de aquel mismo gobierno. Barragán era también instrumento de un partido que lo impulsaba a obrar de aquella manera, y en tiempo de facciones no hay deber ni obligación que no atropellen los que tienen la desgracia de comprometerse en los partidos. Don Ramón Ceruti, amenazado por unos cuantos oficiales de ser asesinado si no dejaba el periódico, se vió obligado a pasar a México, abandonando el campo y mudando el título del diario en el de Noticioso, que aún subsistió por algún tiempo.

El atropellamiento cometido en la persona de Esteva contra las leyes federales y contra el derecho constitucional, que prohibe a los cuerpos legislativos ejercer funciones judiciales e imponer penas a los ciudadanos, causó un escándalo grave en toda la República, y no contribuyó poco a consumar el descrédito del partido que había obrado de aquel modo. Pero dado el primer paso era difícil detenerse, porque una vez saltada la barrera de la ley, parece que la propia seguridad obliga a buscar apoyo en una fuerza extraña. Los generales Santa Anna, Barragán y Verdejo formaron el proyecto de dar un grito contra el gobierno, como dicen en el país, y variar las instituciones. Contaban para esta empresa con el 7° batallón de infantería, mandado por don Félix Merino, que acababa de regresar de Yucatán para continuar a Nacodoches, en donde decían entonces los escoceses habían reunido tropas los norteamericanos para apoderarse de la provincia de Texas, con el 3° y 4° batallón y con algunas tropas nacionales del Estado.

Decíase que debían romper al mismo tiempo en Jalapa, en la Joya y en Veracruz, pasando inmediatamente Santa Anna a ocupar el castillo de Perote.

El pretexto era destruir las sociedades secretas, a cuyo efecto la legislatura del mismo Estado había dado una ley prohibiéndolas bajo penas graves, y pedir la salida de Mr. Poinsett del territorio de la República. Jamás el espíritu humano está más en contradicción consigo mismo que cuando él hombre quiere oponer una facción a otra y dominar sin un título legal. Los mismos miembros de la legislatura, el gobernador, los jefes con quienes deDía hacerse la revolución contra el gobierno legítimo, eran individuos y directores de la sociedad secreta escocesa, y fueron los primeros fundadores de este resorte revolucionario en el país cuando no existía la otra.

La legislatura preparó el movimiento con un largo manifiesto que publicó en junio de este año, documento capaz por sí solo de cubrir de oprobio y de ignominia a sus autores, y el más miserable que haya salido a luz después del principio de las revoluciones del país. El presidente Victoria vió en aquellos preparativos una amenaza a los poderes generales, y quizá no hubiera tomado ninguna resolución para conjurar la tempestad a no haber ocurrido un incidente bastante serio en la plaza de Veracruz.

Era comandante de la fortaleza de Ulúa don José Rincón, militar honrado y que no conoce más ley que la subordinación a los jefes y el respeto más invíolable a la disciplina militar. Un oficial llamado Soto puso en manos de Rincón documentos que daban un testimonio inequívoco de la existencia de un plan de conspiración contra el gobierno general, cuyo objeto no se sabía cuál sería; pero jamás se sospechaba que fuese en favor de una forma monárquica. Era más bien un ciego impulso de sustitutir a lo existente otras personas, otras cosas. Era esa inquietud que todos experimentan en una sociedad nuevamente reconstituída; esa ansiedad, ese deseo de mudar de situación. Era también un secreto instinto de la clase militar a tomar el mando y dirección de los negocios. El coronel Rincón se dirigió entonces al presidente Victoria, manifestándole que la unidad nacional, el rigor de la disciplina y el honor militar le obligaban a no obedecer las órdenes del comandante general del Estado don Miguel Barragán, y que desde aquel momento había dado orden al batallón número 9, que estaba de guarnición en la plaza y el castillo, de que no se obedeciese ninguna orden que él mismo no comunicase. Al comandante general Barragán le negó abiertamente la obediencia.

Este era ya un principio de guerra civil, y presentaba el aspecto de combates próximos entre las autoridades militares del Estado. Entonces el presidente comisionó al general don Vicente Guerrero para que pasase a cortar aquellas diferencias.

Guerrero tenía un nombre nacional adquirido por antiguos y constantes servicios; a un carácter pacífico y dulce, reunía la popularidad que estas mismas cualidades le habían adquirido. Pasó, en efecto, a la villa de Jalapa, teatro de los principales sucesos y el lugar en que residían los poderes del Estado de Veracruz. A su presencia desaparecieron todas las inquietudes. Barragán, Santa Anna y otros jefes del partido contrario al gobierno, lejos de manifestar ninguna oposición a las resoluciones supremas, protestaron que obedecerían a cuanto ordenase el presidente y que don Ignacio Esteva sería recibido a desempeñar sus funciones de comisario general. Algunos oficiales que habían manifestado malas disposiciones fueron trasladados de unos puntos a otros. Los batallones 7°, 3° Y 4° salieron bajo las órdenes de don Manuel Rincón, hermano de don José; unos cuantos fueron procesados sin ninguna consecuencia, y de este modo se terminó por entonces aquella revolución preparatoria, disimulando los unos su humillación, gloriándose los otros de una victoria insignificante y permaneciendo las cosas en el mismo estado y los ánimos más dispuestos a entrar en nuevas empresas.

En el Estado de Durango continuaba la anarquía pacífica. No acertaban a avenirse ni se podía conseguir que se intalase el Congreso constitucional. Afortunadamente no había combates ni batallas, pero las transacciones civiles estaban paralizadas, los tribunales de justicia en inacción y las autoridades todas como suspensas.

El gobernador, don José Baca Ortiz, procuraba mantener el orden en medio de este laberinto, y es justo decir que a sus cuidados y solicitudes se debió en mucha parte la tranquilidad de que se disfrutaba, aunque más que todo a la no intervención de las autoridades militares, que se mantenían puramente pasivas. Obsérvese que cuando se abandona al pueblo solo el cuidado de gobernarse y a los ciudadanos desarmados el de terminar sus transacciones, debates políticos y discusiones, nada hay que temer. Pero que cuando intervienen las bayonetas y las facciones armadas bajo una disciplina, la sangre de los ciudadanos corre y la esclavitud es el término.

Por el mes de agosto de este año, la legislatura del Estado de México promovió la primera la cuestión de expulsión de españoles del territorio del Estado. Hemos visto anteriormente que el partido yorkino preparaba este golpe y procuraba generalizar en los Estados la opinión de la necesidad de esta providencia para la seguridad de la libertad e independencia nacional. Hemos visto también cuánto ayudó a este proyecto la conspiración descubierta del padre Arenas, ramificada en Puebla, Oaxaca y Jamiltepec, y el vuelo que se le procuró dar con la prisión de los generales Echávarri, Negrete y Arana.

Gobernador del Estado de México, recibía yo diariamente denuncias de que los españoles de Cuernavaca, Cuautla de Amilpas y Llanos de Apam reunían armas y se preparaban a la reacción general que debía haber para destruir las autoridades nacionales y levantar sobre sus ruinas el dominio odioso de los peninsulares y de Fernando VII. Esto mismo hacían y decían al presidente don Guadalupe Victoria, y doy testimonio de estos hechos como testigo ocular y uno de los principales actores en los acontecimientos que refiero.

Todas eran ficciones de partido, en las que no me remuerde la conciencia haber tomado parte sino para oponerme a las demasías, y puedo decir con certeza haberlas algunas veces desvanecido y rechazado. Pero ¿quién podía desimpresionar al vulgo fácil en creer lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo dudoso? ¿Cómo podía desvanecerse la opinión de que los españoles residentes en el país trabajaban por restablecer su dominación, cuando se les había visto constantemente hacer todos los sacrificios posibles en las épocas anteriores en favor de la misma causa? Ninguno podía creer que en efecto estuviesen satisfechos con el cambio de orden de cosas y de sistema. Mas muy grande es la distancia entre el descontento y la conspiración, entre los deseos y la ejecución. ¿Era justo castigarlos por sus intenciones e imponer penas por malos pensamientos?

Aunque uno de los principales directores entre los yorkinos, me opuse a los proyectos de expulsión, y circulé a las legislaturas de los Estados Unidos Mexicanos una manifestación contra esta medida, por la que en mi opinión se faltaba a las promesas hechas en el Plan de Iguala, a los pactos del Tratado de Córdoba y a las garantías ofrecidas en la Constitución a todos los ciudadanos mexicanos. Se cometía un acto de injusticia contra una clase de habitantes imponiendo penas graves sin causa. Se proscribía una porción de familias inocentes. Se castigaba en cada español padre de familia cinco o seis mexicanos. Se destruían muchas fortunas, se extraían otras del territorio y se empobrecía el país en muchos millones de pesos, en población y brazos útiles e industriosos. Pero ¿qué puede la débil voz de la razón contra el torrente de las facciones? La derogación del edicto de Nantes por fanatismo religioso; la expulsión de los moriscos y judíos de España por espíritu de intolerancia y odio heredado contra los conquistadores del país; las persecuciones contra los puritanos y después contra los católicos en Inglaterra: todos esos excesos cometidos contra ciertas clases de personas por motivos políticos o de religión, si no justifican, disminuyen al menos a la vista de las naciones una falta en que incurrieron los pueblos más civilizados.

¿Quién creería que mi circular fuera el principio de mis grandes desgracias y persecuciones? La gran logia me llamó a su seno para hacerme cargos severos acerca de que sostenía a los españoles, mientras que éstos me hacían personalmente una guerra perpetua y no omitían medios de perjudicarme. Yo contesté a los que así me reconvenían que no podía entrar en ligas ni partidos en que se intentaba una injusticia; que no hay libertad en donde no se respetan los principios, y que en mi opinión era un crimen que no quedaría impune el proscribir tantas familias y derramar la desolación en las casas de tantos mexicanos.

Sostenían la expulsión en la Cámara de diputados don José María Tornel, don Juan Tamés, don Ramón Pacheco, don José Manuel Herrera, don Anastasio Cerecero, don Isidro Rafael Gondra y otros de que ahora no tengo memoria. En el Senado, don José Sixto Verduzco, don Juan Nepomuceno Acosta, don J. N. Rosains, don Demetrio del Castillo. Contra la expulsión se pronunciaron con energía y calor en la Cámara de representantes don Andrés y don Matías Quintana, don Manuel C. Rejón, don Cayetano Portugal, don Fernando del Valle, don José Ignacio Espinosa, don Juan de Dios Cañedo; en la de senadores, don Francisco Molinos del Campo, don Ignacio Paz, don Francisco Tarrazo y otros.

Era un esfuerzo de filosofía y civismo hacer frente a la multitud y contrarrestar una opinión pública facticia expresada con amenazas y furor.

En enero de 1824 había ocurrido una asonada en México pidiendo la separación de los españoles de sus destinos, como recordarán los lectores; en 3 de agosto de 1827, el Congreso de la Unión dió una ley, cumpliendo con los deseos que constantemente habían manifestado los pueblos, de que se tomase esta medida que llamaban salvadora. Los españoles fueron separados de todo servicio activo, quedando con los sueldos que correspondían a sus destinos, entrando a desempeñarlos aquellos que les eran inmediatos en la escala, sin por eso obtener mayor sueldo. Esta medida parecía deber contentar a los que la reclamaban y quitaba todo pretexto de influencia y abuso que pudiesen hacer los peninsulares en sus destinos. Pero los partidos son insaciables en sus pretensiones, y cuando alcanzan una concesión aspiran a conseguir otra. La noche del 11 de diciembre, el teniente coronel don Manuel González, uno de los más crueles partidarios entre los antiguos insurgentes, se puso a la cabeza de dos mil hombres en el pueblo de Ajusco, a seis leguas de México, y formó un plan de expulsión de españoles, protestando no dejar las armas de la mano hasta que no saliesen de la República. Esta resolución la comunicó por una nota que pasó a don Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado, residente en la ciudad de Tlalpam (San Agustín de las Cuevas), dos leguas de distancia del pueblo de Ajusco en que estaba González con su fuerza.

Tlalpam es una población de menos de tres mil almas, la mayor parte de indígenas, que salieron a unirse a los revoltosos. Estos estaban irritados contra Zavala porque sabían la oposición vigorosa que hacía a que se tomase aquella medida; de veintiún diputados de que se componía la legislatura del Estado, once habían provocado la ley de expulsión: el vicegobernador del mismo, don Manuel Reyes Veramendi, era uno de los más fuertes y acalorados propugnadores de la expulsión, y el gobernador tenía motivos muy fundados para creer que la asonada de Ajusco era obra de Reyes y de algunos diputados del Estado. Esta era la triste situación en que se hallaba don Lorenzo de Zavala, amenazado por hombres que habían dado en otros tiempos testimonios de ferocidad, comprometido por una mayoría de la legislatura y sin ningún recurso por lo pronto. Al mismo tiempo el teniente coronel Espinosa levantó en los llanos de Apam quinientos hombres de caballería para responder al mismo intento, y se preparaba en todo el Estado de México un movimiento en este sentido. Don Pascual Muñiz y don Ramón Parrés hicieron otro tanto con dos mil hombres en el valle de Toluca, y los del Sur en Acapulco, bajo las órdenes del general Mon. tes de Oca y coronel Alvarez. El 1° de octubre dió la legislatura del Estado de México el decreto de 'expulsión de todos los españoles del territorio de aquel Estado, haciendo excepción de los física y moralmente imposibilitados a salir, y auxiliando con cierta suma a los que no tuvieran los medios de verificarlo. El más vehemente promovedor de este bárbaro decreto era don Epigmenio de la Piedra, cura de Yautepec, partidario en otro tiempo del gobierno español. Pero estaban en contra de la medida otros eclesiásticos moderados, y eran los señores Lope de Vergara, Caraalmuro y Castorena. La mayoría dió la ley y el gobernador no pudo hacer observaciones, porque teniendo al Consejo de Estado, presidido por el vicegobernador, en contra, y bastando la mayoría de la legislatura para que una ley se publique y obligue su sanción, su oposición hubiera sido inútil y quizá habría aumentado la irritación que ya se manifestaba lo bastante.

En el Estado de México residían los españoles más ricos de la República, y las fincas valiosas que les pertenecían comenzaron a decaer. Aun tenían el recurso de pasar a habitar al Distrito Federal, que es la ciudad de México, sin poder entrar en el territorio del Estado, que rodea aquella pequeña área. Entre los españoles que había en el Estado se hallaban los que en el año anterior habían entregado el navío Asia y el bergantín Constante a la República Mexicana. ¿Qué injusticia más notoria que hacer salir a estos hombres, que no solamente habían venido a buscar hospitalidad, sino que hicieron traición a su gobierno para hacer un gran servicio al que ahora los arrojaba de su seno?

Nada hay más ciego y temible que los partidos en acción. Son ingratos, son injustos, son crueles, son sanguinarios, y los excesos de las masas son más terribles que los de los tiranos, porque siendo el resultado de las pasiones de muchos individuos y de diversos intereses, la explosión es más violenta. Felizmente son de poca duración, en vez de que los efectos del despotismo organizado no tienen ni término ni límite.

Los tumultos de Ajusco, Apam, Toluca y Acapulco eran un funesto ejemplo para toda la República; el gobernador Zavala ocurrió al presidente Victoria y le hizo presente su situación apurada y lo peligroso que era dejar crecer aquellos desórdenes. El ministro Pedraza no tomaba ninguna providencia para oponer una fuerza organizada a esas masas informes de hombres armados en tumulto y desorden, que no se podía prever hasta dónde llegarían sus pretensiones. El general Guerrero pasó a Tlampam a procurar, en unión de Zavala, disolver esos cuerpos de gentes que corrían de un punto a otro arrojando a los españoles de sus casas, y que, aunque por entonces no cometían desórdenes sobre las propiedades de los ciudadanos, echaban mano de las rentas del Estado en las administraciones. Se dijo a los jefes o cabezas que el Congreso general tomaría aquella materia en consideración y su resolución sería llevada a efecto; pero que las peticiones con la fuerza armada tenían todo el carácter de la violencia y llevaban consigo la nota de nulidad.

Consiguieron estos dos individuos que se disolviesen aquellas masas en Ajusco y Toluca y que todos se retiraran a sus casas esperando la decisión del Congreso general. Mas permanecieron armados Acapulco y Apam. En las cámaras de la Unión se discutió la cuestión con mucho calor por ambos partidos. Los escoceses y los imparciales sostenían -fundados en principios de justicia, de conveniencia y de razón- que el Congreso general no tenía facultad para dar una ley en que se imponía una pena tan grave como el destierro a una considerable porción de ciudadanos mexicanos, como eran los españoles avecindados en el país después de muchos años, con hijos, esposas, familias numerosas y bienes adquiridos legalmente. Los españoles habían venido a establecerse cuando aquel país era parte de la monarquía española; habían adquirido, o mejor dicho, conservado sus derechos civiles y políticos, y con el Plan de Iguala se había estipulado que permanecerían como los demás mexicanos. Entraron en la nueva sociedad formada en 1821; como los hijos del país, contribuyeron a la independencia, unos activamente con sus caudales, otros con sus servicios como militares; continuaron en los destinos de la mayor confianza, y no se había advertido que faltasen a sus deberes; pues si unos cuantos traidores a sus juramentos habían proclamado la ruina de las instituciones o cooperado para el restablecimiento del sistema colonial, en lo general no se notaba el mismo espíritu.

Los yorkinos, hablando a las pasiones y a la imaginación, exponían: Que los españoles no habían cesado de conspirar contra la independencia nacional desde que pasado el primer momento de sorpresa habían vuelto a sus antiguas esperanzas. Recordaban los sucesos de Juchi y Toluca, cuando las tropas expedicionarias intentaron en abril de 1822 restablecer la dependencia; pintaban con los más fuertes coloridos las escenas sangrientas de la pasada revolución; invocaban los manes de las víctimas ilustres sacrificadas por las manos de los españoles que disfrutaban tranquilos, en el seno de la nación que habían despedazado, de las riquezas que habían usurpado en las guerras civiles. Yo no voy a la ciudad -decía uno de los exaltados- por no ver al asesino de mis padres. Las familias arruinadas, las viudas y huérfanos que pedían venganza, y la justicia nacional hollada, a la que se debía una reparación correspondiente a la grandeza de los males. Muchos oradores remontaban hasta Hernando Cortés, y se constituían defensores de los manes de Guatimotzín y Moctezuma. Pero el proyecto horrendo de la última conspiración, ese atentado en que era imposible, según decían, que no fuese el resultado de combinaciones profundas y de una complicidad general, era suficiente causa para que el Congreso, acordándose de que la salud del pueblo es la suprema ley, decretase la general expulsión de los españoles.

La exaltación era extraordinaria, y el presidente Victoria nada hacía para contenerla. El general Guerrero influía cuanto podía para que se diese la ley de expulsión; Pedraza hacía otro tanto, aunque con menos franqueza; y en medio de tantos clamores, Zavala era el único que entre los del partido yorkino se atrevía a oponer su voz contra aquel grito de ostracismo general. He referido lo que contestó a los cargos que se le hicieron en las logias; oigamos ahora lo que decía a la legislatura del Estado cuando abrió sus sesiones extraordinarias, en el discurso de apertura:

Sucesos sumamente desagradables y de funesta trascendencia han obligado al gobierno y diputación permanente a reuniros antes de la época que se había pensado. Al acudir a buscar remedios a los males que afligen al Estado os encontráis con una fuerza armada dentro del mismo, que, lejos de proponerse sostener las leyes, intenta darlas a las legislaturas de la Unión y obligaros a ser el conducto de sus peticiones; y como los cuerpos legislativos sin libertad son considerados en el derecho común como no existentes, parece que el acto solemne de dar principio a vuestras augustas funciones debería al mismo tiempo ser el de cerrarlas. Sin embargo, la presunción de que el exaltado entusiasmo de los armados cederá a la presencia de sus legisladores, y la de que las medidas que éstos tomarán con el tino y prudencia de que han dado pruebas bastarán para calmarlos, da esperanzas al ejecutivo, de que no será infructuosa esta convocación anticipada. Con el dolor más profundo os anuncio que muchas personas cuya principal obligación es la de mantener el orden y el respeto religioso a las leyes, si no han tomado parte directamente en estos movimientos, mucho menos han empleado su influencia, autoridad ni recursos para comprimirlos. No está quizá remoto el tiempo en que el ejecutivo descorrerá el velo que cubre misterios de iniquidad; y vosotros, legisladores, aplicaréis la mano fuerte a curar los males que afligen a la patria. Por ahora se necesitan leyes represivas que restituyan la paz y la confianza, que nacen de la persuasión en que deben estar los ciudadanos de su seguridad; bienes todos que son el fin de las asociaciones políticas, cualquiera que sea su denominación. Los pretextos de los movimientos tumultuarios han perdido su magia después que los congresos de los Estados y el de la Unión han tomado ya conocimiento de sus causas y consecuencias. Los ciudadanos tienen siempre expedito su derecho de petición; pero las reuniones con las armas en la mano y en actitud hostil, imponiendo condiciones a los poderes y autoridades, son el oprobio del nombre mexicano, el mayor insulto a su civilización y la amenaza más terrible a las libertades y a las instituciones republicanas.

Así hablaba don Lorenzo de Zavala a la legislatura del Estado de México en diciembre de 1827, cuando por varios puntos del mismo Estado y de la República se pronunciaban con fuerza armada por la expulsión de los españoles: Los diputados Del Río, Portilla y Piedra, y el vicegobernador Reyes Veramendi, habían cooperado a los movimientos tumultuarios, y éstos eran los misterios de iniquidad a que hacía alusión en su discurso.

El Congreso general, movido por los agitadores, dió el primer decreto de expulsión de los españoles del territorio de la República en 20 de diciembre de este mismo año. Las hijas, las esposas, las familias de los expulsados corrían de uno a otro punto implorando la clemencia de los legisladores. Hicieron exposiciones enérgicas, pidieron al presidente Victoria apoyo en sus infortunios; pero no encontraban quien escuchase sus reclamos, y apenas puede creerse cómo el corazón de los mexicanos, tan noble, tan generoso, tan compasivo, resistía al espectáculo que presentaban estas familias desoladas que reclamaban un derecho como se pide una gracia, que exponían sus desgracias y no inspiraban compasión, que manifestaban sus hijos pequeños, la miseria y abandono en que iban a quedar, o la obligación de seguir la suerte de un padre desventurado en países desconocidos, y no hacían revocar una resolución tan bárbara. ¡Tanto el espíritu de facciones desvirtúa el verdadero carácter del hombre y sustituye a la razón los efectos de las pasiones!

Mientras este fermento agitaba los espíritus, armaba las pasiones y ponía en movimiento los intereses, las causas contra los acusados de conspiración continuaban su curso. Fueron sentenciados a pena capital los religiosos Martínez Méndez y Arenas, don Manuel Segura y otro paisano llamado David, cuyas sentencias se ejecutaron en la capital de México. En Oaxaca se verificó lo mismo con otros, y posteriormente, esto es, en 1829, en Puebla; habiendo sido agraciados algunos de la pena capital por el Presidente de la República don Vicente Guerrero, en virtud de facultades que entonces tenía. Los generales Negrete y Echávarri eran trasladados de unos a otros puntos, manteniéndolos en continua alarma sin poderles probar ninguna cosa. Afortunadamente para ellos y para la causa de la justicia no aparecía ningún indicio que pudiese ofrecer un pretexto a esos miserables que hacen su carrera sobre las persecuciones de los hombres notables. Su inocencia era tan palpable, y sus defensores hacían valer sus razones con tanta evidencia, que no era posible resistir por más tiempo a las pruebas que presentaban. El tribunal los declaró inocentes y era necesario ponerlos en libertad. Mas se había dado ya la ley de expulsión de españoles, y el gobierno, aprovechándose de esta coyuntura, los hizo salir de la República después de haber sufrido un año de prisiones e incomodidades. No sucedió lo mismo con el general Arana. Fue sentenciado a pena capital, aunque según el juicio de abogados imparciales e ilustrados la causa no prestaba mérito para esta pena. Al licenciado don José María Bocanegra, asesor de la causa, toca el justificarse ante la posteridad de este hecho grave; pues no sólo se trata de la vida de un hombre, sino de apreciar si un tribunal de la nación mexicana, compuesto de militares y dirigido por un abogado que ha obtenido los primeros empleos, cometió o no un asesinato jurídico.

A mediados de este año de 1827, para contraponer los escoceses un partido nuevo al yorkino que los había abrumado, formaron una sociedad llamada de los novenarios. Parece que para facilitar prosélitos, cada uno de los miembros de su gran consistorio debía catequizar nueve individuos, que debían tener otros nueve, y así multiplicarse indefinidamente, poniéndose todos a disposición de los grandes directores, entre los cuales estaban Bravo, Tagle, y no sé si don Francisco Molinos del Campo, aunque evidentemente era de este partido. Crearon un periódico semanal titulado El Observador, dirigido por el doctor don José María Mora, don Francisco Molinos del Campo, don Manuel Crescencio Rejón y don Francisco Sánchez de Tagle. Este es uno de los periódicos de partido que han merecido alguna reputación, por el estilo con que estaba escrito y las materias de que se ocupaba. Aunque no estaba exento de personalidades, atacó con vigor y fuerza de raciocinio los abusos del partido popular y expuso con más claridad los derechos hollados por los excesos de las facciones.

La razón tiene un imperio tal sobre el hombre, que aunque en ciertas circunstancias su voz sea menospreciada, el remordimiento al fin triunfa entre el tumulto de las pasiones, y ningún servicio es más útil a la causa de la humanidad que el de los hombres ilustrados y filósofos, que en medio de las persecuciones que aborta la anarquía o el despotismo hacen valer los derechos de la especie humana. Pero los esfuerzos de estos escritores son ineficaces cuando el espíritu de partido se mezcla en su conducta, y entonces algunas frases de sus discursos dan motivo a pensar que no el bien general, sino alguna mira particular dirige la pluma del escritor.

Ved aquí el escollo que debe evitar todo el que se proponga servir a la causa de la justicia y de la razón, ultrajada por los excesos de las facciones. El Observador era el eco de un partido y procuraba cubrir su objeto verdadero, que era el triunfo de éste sobre el otro, embelleciendo algunas veces con materias de literatura, prestando otras el tono de la sátira contra el vicio, revistiéndose quizá del saco austero de la moral, reclamando siempre los derechos sociales del ciudadano, pero trabajando sin cesar al fin por las ventajas de un partido y procurando destruir el otro. Además, cuando los escritores no tienen el fondo suficiente de saber e instrucción, al fin se degenera en la declamación, o en esa fraseología tan insignificante como insufrible, triste fruto y efecto inevitable de la educación de periódicos que es por desgracia la de muchos escritores en los nuevos Estados. Esto sucedió con El Observador.

Los escoceses, que veían inútiles sus esfuerzos para sobreponerse a sus adversarios por las vías legales y tranquilas de las elecciones populares, formaron, por último, la desesperada resolución de tomar las armas y la de destruir las instituciones y arrojar las autoridades para colocarse al frente de los negocios y dirigir la República.

Su nueva sociedad se había extendido en los Estados de Veracruz, Puebla y Guanajuato. No eran muchos sus prosélitos, pero había entre ellos varias personas ricas. Los españoles fueron también de este partido, y ellos los que suministraron sumas considerables para hacer la revolución. Adviértase que esta rebelión a mano armada nada tenía de común con esas asonadas tumultuosas en que, reunidos algunos centenares de hombres mal armados y sin ninguna disciplina, todo se hacía por impulsos del momento. Aquí se verá que había general en jefe, estado mayor, tesorería, en fin, todo cuanto constituye una fuerza organizada. El movimiento comenzó de esta manera:

Mientras el teniente coronel don Pedro Espinosa, de quien he hablado poco antes, vagaba con doscientos hombres por los llanos de Apam hasta Pachuca, se publicó en diciembre, bajo el nombre de un administrador de la hacienda de don Ignacio Adalid, llamado don Manuel Montaña, un plan que comprendía cuatro artículos:
1° Expulsión de españoles.
2° Salida de Mr. Poinsett, ministro de los Estados Unidos, de la República.
3° Extinción de sociedades secretas.
4° Remoción de don Manuel Gómez Pedraza del ministerio de la Guerra.
Este plan corrió impreso en México suscrito por Montaño, y todos sabían que Montaño era una persona insignificante, un testaferro, y que otros eran los que lo sostendrían. No tardó mucho en descubrirse quiénes eran los verdaderos autores y sostenedores del Plan de Montaño, pues el día siguiente comenzaron a salir de México con dirección al pueblo de Tulancingo los generales Bravo y Verdejo, los coroneles Correa, Gutiérrez, Tres Palacios, Castro, Alvaro Muñoz y otros muchos oficiales del partido escocés o novenario. Don Antonio Facio se ocultó por muchos días, y ni el gobierno ni los de su partido sabían en dónde se había refugiado. En el Estado de San Luis Potosí el general don Gabriel Armijo, y en el de Veracruz el general Barragán, correspondieron al mismo grito de alarma adoptando el Plan. Se decía que los generales Morán, Santa Anna, Terán y Hernández estaban igualmente comprometidos. La verdad histórica no puede descansar sobre voces vagas y aserciones, sin más prueba que la presunción que nace de las opiniones que profesan los individuos. Terán, Hernández y Morán no hicieron ningún movimiento; este último recibió en su casa a los conspiradores. El primero no es hombre que osa aventurar mucho en tales casos, aunque no deja de comprometer a los demás. Santa Anna había venido a pretexto de una feria a Zacatlán de las Manzanas, en las cercanías de Apam; esto es, del teatro de los sucesos. Lo veremos luego obrar contra los rebeldes. Lo que sí es incontestable fue que muchas cantidades en oro se suministraron por los españoles y que no omitieron ningún paso para que se lograse el golpe.

Don Manuel Gómez Pedraza desplegó en aquellas circunstancias una actividad que suplía muy bien la indolencia del presidente Victoria. Don Nicolás Bravo, vicepresidente de la República, general de división, antiguo patriota, colocado al frente de una facción armada para pedir la remoción de un secretario del despacho y que se diese pasaporte al ministro de una nación amiga, vecina y poderosa, prestaba motivos para hacer reflexiones muy melancólicas acerca del porvenir de la República. ¿Qué estado de cosas es éste en que la segunda persona de la nación se arma contra el gobierno legítimo para exigir de él a la fuerza lo que se le antoja pedir?

Lo más raro era que el Plan en que se exigía la extinción de las sociedades secretas había sido formado en la de los novenarios, que se reunían en casa de don Nicolás Bravo, calle de la Perpetua. Además del atentado que se cometía en pedir con las armas en la mano una providencia cualquiera, el delito se hace mayor si se considera que siendo atribución constitucional del Presidente de la República nombrar los secretarios del despacho se atacaba una de las principales facultades de este magistrado con semejante demanda. De manera que en este acto de rebelión se atropellaban todas las leyes, formando un motín militar contra las autoridades establecidas; se comprometía la paz exterior de la República atentando contra la persona del ministro de una nación vecina y respetable; se atacaba un derecho constitucional del presidente, a quien toca separar libremente los secretarios del gobierno, y se cometía un acto de mala fe pidiendo la extinción de sociedades secretas cuando todos estos proyectos emanaban de una sociedad secreta. Todo llevaba el carácter de la perfidia, de la felonía y de la traición. El artículo 1°, que pedía la expulsión de españoles, sólo era para cubrir los proyectos de subversión que existían. No se necesita más prueba que la de que los españoles hacían todos los gastos de esta conspiración y que los corifeos de ella eran sus más celosos partidarios.

El general don Vicente Guerrero fue nombrado por el gobierno para salir a atacar a los rebeldes, que hicieron su cuartel general en Tulancingo. Este es un pueblo distante veinticinco leguas de la capital federal, en el Estado de México, de diez a doce mil habitantes, situado al pie de una colina que podía protegerlo de un primer ataque con gruesa artillería, pero que no es punto fortificable. Los rebeldes no habían tenido tiempo para prepararse a la defensa, pues que entre la salida y la derrota no mediaron ni quince días. Guerrero partió casi al mismo tiempo que Bravo, y llevaba al menos tres mil hombres cuando Bravo no tenía ni quinientos. Parecía natural que Bravo evitase todo encuentro con el enemigo mientras que los conspiradores de los otros puntos comenzaban a distraer la atención del gobierno, en vez de que exponiéndose a una derrota se ahogaba en su cuna la revolución. Aunque Guerrero contaba con mayor número de tropas, con todos los recursos del gobierno y con la gritería del partido democrático, la facción de Bravo no dejaba de ser temible. Ninguno dudaba que algunos generales de opinión estaban en el secreto de la conspiración y que tomarían parte conforme fuese presentando la causa probabilidades de buen éxito. Pero don Nicolás Bravo no tenía ni el genio ni la capacidad conveniente para dirigir una empresa tan difícil como arriesgada. Creyó que encerrándose en Tulancingo daría tiempo a los comprometidos en la capital y los Estados a pronunciarse en el mismo sentido, y que el gobierno, amenazado por varios puntos, haría retirar las tropas que se destinasen a sitiarlo, para proveer a la seguridad de la capital. Su cálculo fue errado, y los resultados funestos para Bravo y su facción. Tulancingo fue atacado el 6 de enero de 1828, y después de una muy débil resistencia, en que el número de muertos no pasó de cinco o seis y el de heridos de otros tantos, fueron hechos prisioneros todos los jefes de la rebelión. El general don Antonio López de Santa Anna, que había ido al campo del general Guerrero, sirvió activamente en esta acción contra los facciosos, aunque evidentemente éstos contaban con su cooperación. Los generales Barragán y Armijo corrieron la misma suerte que Bravo y Verdejo. Barragán había salido huyendo de Jalapa, y en vez de dirigirse a Veracruz, al castillo de Ulúa o a otro punto fortificable, se refugió en una hacienda con unos cuantos nacionales, en donde fue hecho prisionero sin resistencia. Se le condujo a México a ser juzgado por los tribunales que establecen las leyes.

Al ver obrar así a estos generales se formará el lector una idea muy triste de sus talentos. Tal fue el término de la famosa Conspiración llamada de Tulancingo o de Montaño, formada tan fuera de tiempo como mal dirigida por una de las facciones que han despedazado la República Mexicana. El mayor error de los hombres de revolución consiste en no conocer la oportunidad de los proyectos que emprenden. El pueblo, o al menos una grande mayoría, estaba infatuada con las promesas populares de los yorkinos, que habían echado mano del pretexto que parecía más nacional, y era el de acabar de sacudir el yugo de los gachupines, como ellos se explicaban. Trescientos mil criollos querían entrar a ocupar el lugar que tuvieron por trescientos años setenta mil españoles, y la facción yorkina, que tenía esta tendencia en toda su extensión, halagando las esperanzas y los deseos de la muchedumbre, era un torrente que no podía resistir la facción escocesa, compuesta de los pocos españoles que habían quedado y de los criollos que participaban de sus riquezas y deseaban un gobierno menos popular. En la acción, o más bien inacción -pero derrota-, de Tulancingo, las bolsas de los prisioneros estaban llenas de onzas de oro que los españoles habían repartido con profusión. Este es un hecho incontestable. Pero ¿podía haber mayor absurdo que constituirse agentes armados de los españoles residentes en el país, haciendo una revolución en su favor, cuando en todos los estados masas armadas pedían su expulsión y las legislaturas la decretaban?

Después veremos caer a los yorkinos por su propio peso, por sus extravíos, por sus desórdenes, y cuando ya no podían entenderse entre sí. La masa de la población que no toma parte en esas intrigas y movimientos de los partidos; esa masa invisible que no habla, que no grita, que no alborota, pero que produce valores, que trabaja útilmente, que observa en silencio la marcha de los directores, se cansa de sufrir el yugo, los engaños, la perfidia de una facción, y poniéndose al lado de la otra, la hace triunfar de su contraria. Condenada a ser el juguete de ambas, al menos se venga alternativamente de la una por la otra y castiga de esta manera sus ambiciones.

Los prisioneros fueron conducidos a México para ser juzgados por los tribunales. Los generales Bravo y Barragán debían ser previamente juzgados ante una de las cámaras de la Unión, como jurado de acusación del vicepresidente de la República y de los gobernadores de los Estados. La discusión ante la Cámara de diputados, en donde se entabló la acusación, sólo sirvió para manifestar hasta dónde conduce el extravío de la razón en tiempo de facciones. Los diputados Tagle, Espinosa, Rejón y otros sostenían que no había lugar a formar causa a estos jefes de facción cogidos en una acción con las armas en la mano. No es extraño. Catilina se presentó en el Senado a ejercer las augustas funciones y a disputar con el cónsul que lo acusaba, al mismo tiempo que tenía a los facciosos, sus cómplices, a cinco leguas del Capitolio. Los diputados que habían conspirado con Bravo, ¿podían dejar de sostenerlo en la Cámara de que eran miembros? Yo no sé si Catilina hubiera tenido la audacia de hacer su defensa después de la derrota de Pistoya. Su muerte en la acción evitó quizá este nuevo escándalo a aquella República.

La mayoría de dos tercios declaró haber lugar al juicio, y las causas de estos dos generales pasaron a la Corte Suprema de Justicia, mientras los otros cómplices eran juzgados por los tribunales que designa la ley. Era grande el fermento que había en la República después de la derrota de los facciosos y su prisión. Los vencedores, especialmente los que por falta de ilustración no calculaban sobre los resultados funestos que producen las medidas de terror, pretendían que todos los principales jefes fuesen castigados con la pena capital. En realidad ésta es la que las leyes imponen a los que toman las armas contra su gobierno, y mucho más a los militares, contra los que en estos casos las Ordenanzas del ejército son sumamente rigurosas. ¿Pero se había de conducir al patíbulo a hombres que habían adquirido tantos títulos al aprecio de sus conciudadanos y a la gratitud nacional con sus anteriores servicios? ¿Había de derramarse la sangre de tres generales de división, entre los cuales estaba el vicepresidente de la República? Estas consideraciones eran de mucho peso, y el presidente Victoria y el general Guerrero, ambos antiguos compañeros y amigos de Bravo, ambos dotados de sentimientos dulces y humanos, juzgaron más oportuno buscar fuera de las leyes, y con la sanción de la Asamblea Nacional, un arbitrio para evitar la triste catástrofe de tantas víctimas, sin dejar por eso impune un atentado contra la legítima autoridad del Presidente de la República y un ataque tan escandaloso a la Constitución federal.

El gobierno propuso al Congreso general el destierro temporal, fuera del territorio de la República, de todos los facciosos cogidos con las armas en la mano o cuyo delito estuviese comprobado suficientemente. Esta medida fue adoptada; se prescribió el máximum de seis años; se dejó al juicio del presidente el lugar y el tiempo que se asignase a cada uno y la pensión que se le señalaba para mantenerse. Bravo y Barragán salieron, por el puerto de Acapulco para Guayaquil, aunque su destino era a Chile; Armijo quedó en la República, a pretexto de enfermedad, y algunos oficiales heridos en la acción permanecieron tranquilos sin que se les molestase.

Jamás hubo un triunfo más completo ni menos costoso. Pero ¡ah! Siempre es triste y de amargas consecuencias la victoria conseguida sobre conciudadanos. Las familias desamparadas, los odios reconcentrados, la alegría insultante de los vencedores, el despecho de los vencidos, los epítetos, la mofa, el escarnio a que quedan expuestos entre la canalla del partido triunfante, ulceran el corazón de los oprimidos y excitan la compasión, las simpatías y después la afección de las gentes imparciales, que no estando contaminadas de la epidemia de las facciones ni habiendo de consiguiente renunciado a esa inclinación tan natural al hombre de auxiliar al oprimido, corren al socorro de sus conciudadanos desgraciados y parece que toman parte en sus ideas. Indudable es que no se sacrificó una sola víctima, y que Bravo -que había hecho fusilar a don Eduardo García y al coronel Rosemberg en Tepic por haber sido cogidos, como él en esta vez, con las armas en la mano en acción contra el gobierno- no experimentó la misma suerte, aunque las leyes deben ser iguales para todos los ciudadanos en un país en que hay constituciones que arreglan y fijan los derechos sociales. Hago esta observación para llamar la atención de los lectores acerca del carácter de las personas que hacen papel en los anales mexicanos, porque los hechos dicen más que los discursos, que los testigos y que los testimonios siempre equívocos de los partidos. Posteriormente veremos cómo este mismo general, olvidando la clemencia usada con él, no endulza por eso sus costumbres ni humaniza su carácter.

No será quizá desagradable a los lectores ni ajeno del carácter de este Ensayo referir una curiosa anécdota de esta época. En el mes de diciembre de 1827, cuando salían los oficiales partidarios de la facción para formar su cuartel general en Tulancingo, el senador don Francisco Molinos del Campo partió igualmente de México, mientras Bravo y sus compañeros obraban por el Norte. El hecho no podía pasar de una presunción, fundada en la amistad íntima entre Molinos y Bravo, en las opiniones manifestadas por el primero y más que todo en la coincidencia de su salida de la capital al mismo tiempo que los facciosos. Salieron de México, para perseguir a Molinos, Zavala y el comisario general don Ignacio Martínez, comisionado por el presidente. Alcanzaron a Molinos cerca de Cuajimalpa, en compañía de un licenciado Quintero, igualmente partidario de los revoltosos. El primer encuentro fue desagradable entre personas de opiniones tan opuestas y en circunstancias tan críticas.

- Vea usted, señor Molinos -dijo Zavala-, el efecto de las revoluciones: un senador, antiguo compañero mío como usted lo es y ha sido, no puede entrar en el Estado que gobierno sin que yo me vea en la necesidad de lanzarlo de él inmediatamente.

- Cierto, mi amigo, ¡éstos son los efectos de las revoluciones! Y ¿cómo remediarlos?

- Ya no es tiempo. Quizá dentro de poco veremos derramar sangre mexicana por mexicanos.

- Este es mi dolor.

- Yo también lo siento indeciblemente.

- Pero ¿usted me lleva preso? -dijo Molinos.

- No, señor -replicó Zavala-: únicamente prohibo a usted en estos días entrar en el Estado de México.

- ¿Por qué?

- Porque existe en algunas partes de este Estado una revolución promovida por un partido al que se dice que usted pertenece.

- Yo no pertenezco a ningún partido.

- Usted ha escrito en el sentido del partido de que hablo, y esto es bastante.

- Yo he escrito con mis ideas y mi opinión.

- También yo tengo las mías, y ésta es una de ellas. Usted ha salido al mismo tiempo que muchos oficiales que van a levantar armas contra el gobierno constitucional, y la hora y la ocasión, todo hace creer que usted lleva un intento semejante.

Molinos fue conducido a México y el asunto no tuvo ninguna consecuencia.

Don Francisco Molinos, nacido en la provincia de Caracas y avecindado en México desde su tierna edad, ha servido al país con sus luces y conducta patriótica. Si pudiese desprenderse del espíritu de pedantería que algunas veces lleva hasta el ridículo, y de un sí es no es de vanidad y presunción, Molinos tendría más concepto entre los mexicanos. Padeció por la causa de la independencia, fue después diputado a las Cortes de España, como hemos visto; luego, gobernador del Distrito Federal y senador en las cámaras de la Unión. A Molinos sucedió en el gobierno del Distrito Federal don José María Tornel. Este ha hecho un papel muy subalterno en las revoluciones del país y, sin embargo, ha obtenido cargos elevados, más bien por servicios personales que públicos. Sirvió al presidente Victoria de secretario privado, y de aquí ha venido el principio de su carrera. Digo el principio de su carrera porque aunque era coronel graduado sin haber servido en el ejército nadie hablaba de él antes de su ingreso en la secretaría de Victoria ni se había hecho notable por ningún género de servicios. No se sabe nunca cuáles son sus opiniones, porque jamás toma un color permanente. Dolus an virtus quis in hoster requirat? Esta es la norma de su conducta y el principio de sus acciones, y como él califica al enemigo, jamás puede decirse cuándo juzga oportuno usar del dolo. Un carácter frívolo hace la parte más notable de este individuo. Acaba de darse un espectáculo en los Estados Unidos del Norte, adonde Guerrero, entre otras faltas, cometió la de enviarlo de ministro plenipotenciario. Parece, cuando habla, estar inspirado por algún espíritu extraño a sus propios sentimientos. La pintura más exacta que puede hacerse del carácter de este mexicano es la de que él mismo ha mandado imprimir certificaciones de los diferentes gobiernos en que sirvió y que se hicieron la guerra a muerte. El público perdona errores de opinión, extravíos del espíritu, pero nunca las infidelidades a la conciencia por seguir tras de la fortuna. El público conoce la diferencia que hay entre un hombre que renuncia a un error y el que sacrifica a sus intereses sus principios o afecciones, o que no teniendo ni unos ni otras finge tenerlas con los que triunfan. Estas reflexiones ocurren naturalmente cuando se pinta el carácter de un hombre tal como Tornel.

Antes de terminar este capítulo referiré brevemente dos hechos: uno es la expulsión que hizo sufrir don José María Tornel, siendo gobernador del distrito, a Mr. Lissautte, francés de nacimiento, naturalizado en los Estados Unidos Mexicanos, o al menos declarado ciudadano del Estado de Jalisco, en donde era director del Instituto y profesor de matemáticas nombrado por el gobierno del mismo Estado. Se había publicado un periódico titulado El Tribuno en la ciudad de Guadalajara, en el que se combatían con alguna exaltación las pretensiones del clero, y no se economizaba al ministerio, especialmente al secretario de Justicia Ramos Arizpe. Aunque no aparecía como redactor Mr. Lissautte, el gobierno general sospechaba que de su pluma salían los artículos más fuertes y más razonados. Esto bastó para que se librase una orden por la que Lissautte debía salir de la República. Refugióse en la ciudad de México bajo la protección del coronel Almonte, quien lo recomendó al gobernador del Estado de México, don Lorenzo de Zavala, pasando en consecuencia a Tlalpam, en donde éste se hallaba. Mientras se mantuvo en la casa de este magistrado estuvo con toda seguridad, y muchas veces concurría con Tornel y otros de sus perseguidores a la misma sociedad y en la mesa misma. Pero un día que tuvo necesidad de pasar al distrito a evacuar algunas diligencias, el jefe político Tornel echó mano de él y le hizo salir custodiado hasta el puerto de Veracruz, en donde se le embarcó para Nueva Orleáns. Después regresó este ilustrado extranjero en tiempo de Guerrero, y casado en el país, lo sirve con sus doctrinas y buenas costumbres, ocupando su destino en Guadalajara. Poco antes había procurado don Miguel Ramos Arizpe la expulsión de don Ginés Quintana, diputado que fue en las Cortes de España, emigrado después de la destrucción de las libertades en la península y siempre celoso defensor de la causa popular. Zavala lo había hecho juez de letras de la ciudad de Toluca, en donde, a pesar de su calidad de español, era respetado por sus luces, incorruptibilidad y buenas costumbres, y estimado por su sincero amor a la independencia y libertades nacionales. El origen de su desgracia fueron algunos artículos que publicó relativos a los abusos de la curia romana, en los que predicaba las doctrinas de los Villanuevas, Gersones y Van Spens. Esto fue bastante para aplicarle la ley de expulsión de españoles. Murió de vómito en Veracruz en 1828.